Caso Franco Casco: policías a indagatoria

En la mañana de ayer, jueves 18 de junio, los abogados querellantes en la causa por desaparición forzada de Franco Casco aseguraron que se está en condiciones de empezar a llamar a indagatoria al personal policial de la Comisaría 7ma. Con gran hermetismo sobre las pruebas concretas, subrayaron que el material recopilado al momento corrobora la hipótesis de que el joven que apareció en avanzado estado de descomposición en el Paraná el 30 de octubre, fue detenido el día 6 de dicho mes, no el 7 como indica la versión policial, y que en su desaparición y muerte estuvo implicado personal de dicha seccional. Se realizará una nueva autopsia. Por Indymedia Rosario.

En el día más frío del año, los periodistas se agolparon alrededor de los abogados Guillermo Campana, Santiago Bereciartúa e Ignacio Salvador Vera y los padres de Franco, Elsa Godoy y Ramón Casco. El llamado avisando de las novedades en la causa, generó expectativa en la prensa que acudió a la hora establecida al frente del Tribunal Oral Federal, donde se tramita la causa que busca echar luz sobre lo sucedido con el joven de Florencio Varela.

«En este tiempo pudimos incorporar nuevo material probatorio a la investigación y estamos en condiciones de llamar próximamente a indagatoria a los presuntos responsables penales de la desaparición forzada de Franco Casco. Pudimos confirmar nuestra hipótesis inicial que distorsiona la versión dada por la policía y seguida por la investigación provincial en su momento”, comenzó Campana, quien representa formalmente a la madre del joven. Las tres querellas trabajan coordinadamente sobre la hipótesis de que Franco fue detenido el 6 de octubre y no el 7, como indica la versión policial y que en su desaparición y muerte está implicado el personal policial.

«No estamos en condiciones de afirmar cuánto personal policial será llamado porque tenemos que establecer el grado de participación de cada uno de ellos. Tenemos identificados autores materiales, es decir personas que estuvieron en contacto con Franco Casco y entonces no pueden deslindarse de responsabilidad. Insisto en que a cualquier personal policial que haya estado en la comisaría durante la detención de Franco, alguna responsabilidad le va a caber”, señaló a su turno Santiago Bereciartúa, quien representa al Estado nacional vía la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Los policías implicados desde esta perspectiva serían quienes estuvieron en la seccional de Cafferata al 300 en la noche del 6 de octubre y el día siguiente.

Según lo reconstruido con el trabajo de la Fiscalía y de las querellas, Franco fue detenido e ingresó a la comisaría, pero tanto las actas policiales, como los libros de ingresos y egresos, contendrían datos fraguados, para así ocultar lo sucedido con el joven. «Si no hay ninguna prueba de que salió con vida, nosotros entendemos y está probado que la desaparición forzada se produjo en la comisaría”, sentenció Santiago Bereciartúa.

A la par del anuncio del acercamiento de las indagatorias a los presuntos autores materiales, informaron que el juzgado federal a cargo de Carlos Vera Barros autorizó la realización de una nueva autopsia que iba a realizarse el miércoles, pero se suspendió por cuestiones organizativas para los próximos días. Tal decisión se desprendería de una serie de constataciones que hablan de que Franco murió de manera violenta, elemento no probado por los estudios previos. «Las autopsias que se realizaron en la justicia provincial fueron deficientes y no otorgaron material suficiente para confirmar la causa de la muerte de Franco”, aseguró Campana, por lo cual queda señalada cierta falencia en el desempeño del Instituto Médico Legal en el caso. Haciendo hincapié sobre la imposibilidad de dar mayores detalles que pudieran entorpecer el desarrollo de nuevas pruebas, el joven letrado consideró que este nuevo estudio sobre el cuerpo será «una prueba fundamental”.

Durante la primera etapa de la causa tramitada en la justicia provincial, el Defensor Público de Santa Fe, Gabriel Ganón, asumió la representación de la familia y entre otros puntos, denunció las irregularidades que también se extendieron al accionar de los médicos policiales que dijeron haber revisado a Casco (ver abajo). Bereciartúa indicó que con la prueba acumulada en autos pueden extenderse indagatorias tanto a los médicos como a la fiscalía provincial que intervino entonces. «Queremos saber la verdad”, sentenció ante los padres de Franco.

Un caso paradigmático

Franco Casco, de 21 años, vino a Rosario de Florencio Varela a visitar familiares. El 6 de octubre de 2014 debía volver en tren a sus pagos, pero por varios días nada se supo de él. Desde el momento de su desaparición Elsa lo buscó incesantemente en la ciudad. El cuerpo de Franco Ezequiel Casco apareció en la boya 4-18 en medio del Río Paraná cuando habían pasado 23 días de su desaparición. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y, pese a ello, algunos medios se esmeraron en decir que «˜no presentaba signos de violencia»™, aún antes de la intervención del forense. En un primer momento intervino la justicia provincial de manera al menos irregular, cuestión denunciada por la familia, las organizaciones solidarias y el Defensor Público Provincial.

Casco fue visto con vida por última vez aquel 6 de octubre. Según la policía estuvo detenido en la Comisaría 7ma el día siguiente y esgrimieron un acta de salida catalogada de «trucha” por el propio Defensor Público Provincial. Luego nada más se supo de él, hasta que el 29 de octubre su cuerpo fue hallado en el río Paraná. «Lo detuvimos porque lo vimos parado al lado de un árbol en una plaza y nos pareció sospechoso”, se sinceró uno de los uniformados en la audiencia realizada días después del reconocimiento del cuerpo, que se realizó en la mañana del 31 de octubre.

Recién a fines de diciembre la causa pasó a la justicia federal caratulada como desaparición forzada de persona y se constituyeron tres querellas: los abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud representando a Elsa, Matilde Bruera por la Defensoría General de la Nación, en nombre del padre del joven y, en una resolución paradigmática, el Estado nacional vía la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se instauró como querellante mediante los letrados Santiago Bereciartúa y Matilde Gatti.

La búsqueda de Franco, en primera instancia, y el pedido de justicia tras el macabro hallazgo de sus restos, se encontraron con escollos que echaron a perder múltiples elementos que hubieran podido acelerar los rastreos iniciales y, una vez aparecido el cuerpo, dificultó la acumulación de pruebas claves en torno a la responsabilidad policial. Sólo para puntear algunos de los más importantes:

 Las maniobras del poder ejecutivo expresadas en las vergonzosas declaraciones de Ignacio Del Vecchio, Secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, insólitamente mantenido en su cargo, en las que afirmó que Franco había sido visto y filmado en una iglesia pidiendo ropa y alimentos. Esto avalado por el fiscal Guillermo Apanowicz

 Según los partes que figuran en la causa, la médica policial que rubricó la atención a Casco habría sido capaz de hacer revisiones casi concomitantes en diversas comisarías. La 4°, 25°, 30°, habrían contado con su presencia «con diferencias de 5 minutos”. Un elemento gravísimo si se piensa que su función es establecer el estado de las personas privadas de su libertad al ingreso y egreso, muchas de ellas sin ser judicializadas aun, como el caso de Franco.

 El acta esgrimida, en un primer momento negada por el personal de la Comisaría Séptima a los familiares y que indicaría que Casco se retiró de la misma, fue calificada de «trucha”. No sólo aparecía firmando como Franco Godoy (apellido materno), sino que siquiera parecía ser su letra. La hipótesis es que Franco no sólo no firmó esa acta, sino que no salió con vida de la Séptima.

 Las sucesivas autopsias sobre el cuerpo no pudieron establecer con exactitud el causal de muerte y desde las querellas actuales se señala que hubo deficiencias en los estudios realizados inicialmente. Eso pondría también en el foco de investigación a los médicos intervinientes.

 Se perdieron las filmaciones que podían dar cuenta de los movimientos en inmediaciones de la Comisaría, según se indicó, por el sistema de auto borrado de las cámaras.

 Las desafortunadas palabras «“que reflejaron el acuerdo político en torno al caso- del gobernador Antonio Bonfatti, quien horas después de la segunda marcha pidiendo justicia y sin haberse pronunciado sobre el caso ni haber recibido siquiera a los padres del joven, acusó a los más de 2000 participantes de la movilización de ser «militantes oportunistas”.

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