09/06/2018

Chubut: El final de un modelo de saqueo provincial

En Chubut estamos ante una crisis provincial de características semejantes a la que se vivió a inicios de la década del ’90, surcada por lo que, en aquel momento, se conoció como el “Chubutazo”: un gran proceso de movilizaciones populares que derivó en la renuncia del gobernador Néstor Perl y la asunción de su vice, Fernando Cosentino. Por Gonzalo Pérez Alvarez | Fotos: Alex Dukal


Primer acto: el Chubutazo y la década del ’90

Aquella ruptura era parte del proceso de imposición de la hegemonía neoliberal a nivel nacional, de la mano del gobierno del partido justicialista encabezado por Carlos Menem, y como parte de la transformación regresiva que se impulsaba en toda la estructura económica y social del país.

Para algunas regiones, como Patagonia, este cambio era especialmente abrupto: veníamos de décadas de sostenido crecimiento, en torno a un programa desarrollista que impulsaba la radicación de industrias en la región, con el consiguiente arribo permanente de nuevos migrantes y la dinamización de la actividad económica. Las familias trabajadoras que llegaban a Chubut durante las décadas del ’60, ’70 y ’80, tenían la posibilidad de conseguir trabajos relativamente bien remunerados y de acceder a mejorar sus condiciones de vida, aunque esto fuese al costo de extenuantes jornadas de labor y de ver muy poco a sus hijos.

Esa situación de posible crecimiento social fue brutalmente modificada: el triunfante neoliberalismo demandaba profundizar la explotación de todos los bienes comunes (que para su discurso serían, simplemente, “commodities”), transformándolos en mercancías privadas. Uno de los puntales del anterior modelo de desarrollo, aún con sus evidentes imperfecciones, era que la administración de algunos de nuestros bienes comunes (“recursos naturales” para el discurso desarrollista) era llevada adelante por empresas estatales y, por ello, el estado nacional y provincial recibía una relevante porción de lo producido. Cuando se inició la privatización de YPF (un proceso que se completó hacia 1994), de inmediato los estados provinciales dependientes de los recursos petroleros sufrieron el ajuste en sus cuentas.

El hecho de que el “chubutazo” de los ’90 se enmarcó en un proceso nacional lo demuestra que la caída del gobernador en el marco de grandes conflictos sociales sucedió de manera casi idéntica en Santa Cruz, Jujuy y Chubut. En las dos provincias patagónicas el vice que asumió, y los gobernadores que los sucedieron en 1991 (Maestro en Chubut y Kirchner en Santa Cruz) fueron, al menos hasta 1998, seguidores de todas las políticas menemistas, y entusiastas impulsores de la funesta privatización de YPF. El caso de Chubut es interesante, porque Maestro, de la UCR, fue un discípulo del neoliberalismo aún más disciplinado que Kirchner. Eso evidencia la unidad casi sin fisuras entre las direcciones políticas del PJ y la UCR, en torno a los lineamientos estratégicos del saqueo provincial.

Durante los años ’90 los gobiernos radicales profundizaron en Chubut una cultura rentística, que dependía estrictamente de las regalías petroleras: pero además ellos tuvieron la base que les otorgó la millonada recibida por la privatización de YPF. En lugar de utilizar esos recursos en ampliar la estructura económica regional, los mismos se malgastaron y, si bien nunca nada se investigó (ni siquiera cuando ganó el PJ), seguramente también fueron alimento de las sorprendentes nuevas fortunas que por entonces nacieron, especialmente en la zona del Valle.

En definitiva aquel chubutazo, una legítima lucha de los sindicatos y sectores populares contra el retraso en el pago de sueldos y la situación económica provincial, no consiguió construir una alternativa propia para la resolución de la crisis. Los grupos populares tuvieron peso al momento del conflicto, generaron la lucha, defendieron correctamente sus derechos, pero no consiguieron proponer una alternativa de “nuevo orden” ante la caída de la vieja sociedad desarrollista: así, la clase dominante retomó los peores elementos de aquel viejo orden, le sumó algunos rasgos para disfrazarlo de “nuevo”, y reformó la estructura económica provincial. Los años ’90 serán los de la desaparición del proyecto industrialista, la privatización de los bienes comunes y el despilfarro de la venta de YPF.

Segundo acto: del 2001 al saqueo dasnevista

El quiebre del 2001 también se hizo sentir en Chubut: a los gobiernos radicales le siguió la hegemonía dasnevista, que, con idas y vueltas, se mantendría desde el año 2003 hasta el presente. Es importante recordar aquí, que Das Neves era hasta 1990 el secretario general de Néstor Perl, y uno de los que ejecutó parte del plan para obligarlo a renunciar.

El dasnevismo usufructuó la recuperación económica posterior a la crisis del 2001 y, especialmente, un barril de petróleo que superó durante varios años la histórica cifra de los U$S 100. Sin embargo, nuevamente, en lugar de pensar un esquema de desarrollo con algún grado de sustentabilidad en el tiempo, los dirigentes del gobierno sólo se dedicaron a malgastar ese dinero en obras públicas innecesarias y evidentemente sobre facturadas (quizás, para el Valle, el caso más emblemático fue el del “embellecimiento” céntrico de Trelew).

No había que ser ningún genio de las finanzas para saber que ese precio del petróleo era circunstancial. Al dasnevismo le permitió amasar varias fortunas personales y financiar las sucesivas campañas electorales, especialmente la absurda aventura presidencial del mismo Das Neves, fracasada en 2011… Aún no sabemos cuántos millones se fueron por allí: quizás nunca conoceremos el número de años de un futuro digno para nuestra provincia que así fueron saqueados.

El saqueo fue la marca registrada del dasnevismo. Al sistemático robo del petróleo en manos de las compañías multinacionales, se le sumó el caso más escandaloso de la historia de Chubut: la extensión, ¡por 40 años! de la concesión petrolera a Pan American Energy, desde 2007 a 2047.

Esa prórroga implicó, para PAE, beneficiarse por recursos que superaron los 40.000 millones de dólares: la provincia recibió, a cambio, la miserable suma de 200 millones de dólares. Todavía no sabemos cuánto embolsaron los responsables de ese descarado robo a nuestro futuro: en primer lugar Mario Das Neves, pero también sus ministros y diputados: Norberto Yahuar, Javier Touriñán, Néstor Di Pierro, Martín Buzzi, entre otros.

A ese saqueo estructural le siguieron otras extensiones de concesión. A su vez, en todo el largo período dasnevista, se sostuvo el saqueo en la actividad pesquera, que nunca fue controlada por el estado provincial, permitiendo a las empresas privadas (especialmente de capitales europeos) la depredación de nuestro litoral marítimo. Esa práctica se había iniciado en los ’90 y se profundizó durante el dasnevismo de la mano de su antiguo “superministro” Yahuar (luego ministro nacional del área).

En los años posteriores al 2003 se impulsó la privatización y concentración de tierras, para lo cual era necesario acentuar la praxis represiva contra el pueblo mapuche-tehuelche. Grandes millonarios extranjeros y argentinos se apropiaron de miles de hectáreas, desplazando a sus legítimos pobladores y transformando lo que era propiedad de muchos en simples mercancías privadas. Una importante porción de la tierra de Chubut, de sus bosques, lagos, ríos y montañas, dejaron de ser de todas y todos, para pasar a ser propiedad de unos pocos. En la zona del Valle la privatización de la costa del río Chubut es quizás el ejemplo más evidente; en la cordillera y la costa marítima son innumerables…

Das Neves gobernó directamente del 2003 al 2011. Ese año se lanzó, con nuestro dinero, a su tragicómica campaña presidencial, e impuso, a dedo, al siguiente gobernador provincial: el casi desconocido Martín Buzzi. Ambos compartieron el acto fundante del dasnevismo: la entrega a PAE. La posterior ruptura personalista llevó a que Das Neves debiese conformar un nuevo partido, el ChuSoTo (Chubut Somos Todos), con el cual ganaría las elecciones del año 2015.

Desde el inicio de su último gobierno Das Neves se lanzó a una enloquecida carrera de endeudamiento externo, que sólo podía terminar mal: pero claro, un gobernador acostumbrado a “gestionar” con un barril a 100, no sabía qué hacer con el petróleo por debajo de los 50. Menos aún cuando su primer acto de gobierno fue la increíble decisión de subsidiar a las “pobres” petroleras, para que no ganasen tanto menos. En los dos años finales de su vida, Das Neves terminó de saquear la provincia, hipotecando las regalías petroleras de los próximos gobiernos.

Los casos de corrupción recientemente “descubiertos” y el encarcelamiento de parte de la cúpula dasnevista (aunque, eso sí, aún no se tocó a nadie de la familia Das Neves, ni a ninguna familia “ilustre” del Valle) son apenas una muestra del saqueo estructural que representó esa línea política para Chubut. El previsible fallecimiento de Das Neves (al ser elegido se sabía que sufría una enfermedad terminal) dejó un gobierno políticamente débil e inexperto, un partido gobernante sin liderazgo y fragmentado entre distintas bandas con intereses económico-personales, y una provincia saqueada, fundida y sobre endeudada. Ninguno de los bienes comunes claves es provincial y todo ha sido privatizado: en los últimos años se sumó al negocio privado la producción energética, vía la consolidación del monstruo económico que es Aluar, y a través de las concesiones a los parques eólicos, que se llevan la energía producida por nuestra naturaleza sin dejar ni siquiera algunos puestos de trabajo en Chubut.

Tercer acto: nuevo “chubutazo”… ¿nuevo futuro?

La crisis económica de Chubut, varias veces prevista, hizo eclosión a poco de asumir la gobernación Mariano Arcioni. Un déficit que en 2017 llegó a $6.232 millones y un endeudamiento con vencimientos cada vez más cercanos y que supera los $29.000 millones, más la falta de aportes del gobierno nacional, llevaron a que el 2018 comenzase con atrasos en el pago de sueldos y la cancelación de varios servicios esenciales.

Con una economía en plena recesión, esa medida sólo consiguió contraer aún más el consumo popular e impactó de inmediato en el empleo privado. La inflación en Patagonia es la más elevada del país, con un incremento del 4,7% entre los meses de enero y febrero. Además la desocupación en el aglomerado urbano Trelew-Rawson llegó al 8,9% en la última medición, la más alta de Patagonia y la segunda a nivel nacional (sólo está peor Mar del Plata). Es un dato especialmente preocupante, ya que se trata de la región que concentra la mayoría del empleo provincial de Chubut: demuestra que el empleo privado está absolutamente en retroceso.

A estas cifras se suma que la producción petrolera de enero-febrero cayó un 3,3% en Chubut, acumulando un descenso del 9,7% desde 2015. Los anuncios de inversiones y creación de fuentes de trabajo, promesas tantas veces hechas por las operadoras petroleras, siguen siendo una mentira: mientras el estado provincial las financió cuando el barril de petróleo estaba bajo a nivel internacional (ese gasto es una de las claves que explican el déficit provincial), hoy, que volvieron a ganar dinero, no “derraman” nada sobre Chubut.

La deuda tomada por Das Neves fue en bonos a diez años, en dólares, garantizados con regalías hidrocarburíferas y regidos por la ley de Nueva York. La deuda pública de Chubut se incrementó un 140% y pasó de representar el 49% al 94% de sus ingresos. Arcioni, como primera medida relevante de gobierno, aceptó la presión nacional y consiguió que se apruebe el “pacto fiscal”: esto ya impactó en las cuentas chubutenses, anulando diversos ingresos que hasta entonces tenía la provincia; su firma limita la autonomía provincial e impide formular impuestos propios. Si bien hasta marzo los municipios lograron pagar los sueldos, en gran medida gracias al efecto arrastre del pago anticipado de impuestos, la quita del impuesto a ingresos brutos será un golpe muy significativo, que dificultará aún más el manejo de sus finanzas.

Todo parece un escenario ideal para que el gobierno nacional profundice su presión para imponer la megaminería en Chubut: lo descarado de la extorsión que está en marcha no hace necesario dar demasiados ejemplos, al menos para quienes vivimos en esta provincia. Día a día las operaciones de prensa “muestran” que la megaminería sería la receta mágica para solucionar todos los males financieros, asegurar el pago de los salarios a los trabajadores, solucionar la deuda con los proveedores del estado y refinanciar la deuda externa. Cuando terminaba de escribir este artículo, el 29 de marzo, nos enteramos que ocho intendentes presentaron un proyecto a la Legislatura para habilitar la megaminería: Cambiemos los utiliza para que parezca un pedido de esos pueblos necesitados, cuando es sólo una maniobra de un grupo de ambiciosos y nada representativos políticos, y de las grandes multinacionales que los financian.

Las y los chubutenses ya hemos demostrado, hasta el cansancio, que no queremos esa actividad contaminante en nuestro territorio: para los poderosos este sería el paso final en su modelo de saqueo y privatización de todo lo que son nuestros bienes comunes. La megaminería sería la privatización definitiva de la tierra, las montañas, el agua. Y sólo nos dejaría contaminación y muerte: pero, a cambio, los poderosos ganarían miles de millones de dólares. Ellos lo saben, por eso están dispuestos a todo. Pero, esta vez, parece que nuestro pueblo también sabe que nada bueno puede esperarse de ese proyecto: como máximo algunos años de relativa “prosperidad”, para luego caer en una ruina total.

Macri y Aranguren seguirán intentando imponer ese proyecto. Nosotros, movilizados, podremos impedirlo. Las grandes movilizaciones de trabajadores no tardaron en ponerse en marcha ante el atraso salarial, así como las huelgas y retenciones de servicio. La conformación de la mesa de unidad sindical y la masividad de las marchas hacen remedar de inmediato a las impresionantes movilizaciones del año ’90, aquellas conocidas nacionalmente como “chubutazo”. Pero hoy parece existir una nueva conciencia: la mayoría de las y los trabajadores no quieren que, para pagarse sus salarios, se abra la puerta a la megaminería. En esa conciencia se expresa una experiencia acumulada de luchas económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos, que es parte, al menos, de una fracción importante del pueblo que hoy ocupa las calles de Chubut.

Esa experiencia es la que debemos retomar, esa fuerza social que se expresa en las calles, para hacerla proyecto político transformador, logrando que no sólo digamos “NO a lo viejo”, sino que, además, podamos construir, desde abajo, un “nuevo Chubut”.

Los que buscamos generar profundas transformaciones sociales cargamos siempre con un peligro: ser capaces de romper lo viejo, pero incapaces de construir lo nuevo. Gramsci, ese gran dirigente revolucionario, decía que lo complejo de los momentos de crisis orgánica, era que lo viejo ya no podía vivir cómo antes, pero que a la vez se resistía a morir, y que lo nuevo aún no tenía la suficiente fuerza para nacer. Así, el “nuevo orden” que se imponía tras el momento de abierto conflicto, solía ser una reconfiguración de lo viejo, de ese orden moribundo pero resistente, apenas con algún nuevo disfraz. Por eso, quienes pretendemos transformar la realidad, debemos hacer un gran esfuerzo para tratar de poner en pie “un nuevo orden”. No limitarnos a enfrentar lo viejo, a decir ya no queremos este gobierno o ese sector dirigente, sino también a construir lo nuevo.

El pueblo trabajador no quiere, ni puede, vivir en un estado de permanente conflicto. Tras los momentos de irrupción popular, sectores cada vez más importantes empiezan a buscar soluciones: si quienes intentamos transformar las cosas no las ofrecemos, aquellos que sólo buscan profundizar el saqueo las disfrazarán.

En los ’90 el chubutazo dio por tierra el antiguo orden, pero esa fuerza social popular no pudo construir un orden nuevo favorable a las mayorías populares. En su lugar se consolidó el saqueo y la depredación. Hoy el contubernio de los partidos tradicionales nuevamente busca dar otra vuelta de tuerca a ese saqueo: la anhelada imposición de la megaminería terminaría de cerrar todos los cepos sobre nuestro futuro.

Desde el pueblo, desde abajo, debemos entonces construir la alternativa. La misma necesita expresar en una propuesta política unificada que diga sí a lo nuevo, esa fuerza popular que se expresa en las calles diciendo no a lo viejo. Lo nuevo será un estado provincial que recupere la administración de sus bienes comunes, que imponga impuestos a las grandes compañías, que impulse la producción a partir de encadenamientos productivos locales, que dinamice la economía desde la defensa del medio ambiente y el cuidado de la naturaleza, que construya un estado eficiente que multiplique la obra pública, rompiendo con el esquema corrupto de los políticos y empresarios que saquearon la provincia.

Eso debemos construir, un nuevo Chubut, un verdadero futuro.

Gonzalo Pérez Alvarez, integrante de Movilización y Acción por un Pueblo Unido (MAPU)



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  1. El “Chubutazo” sigue encendiendo la provincia – ANRed · 2018-06-21 13:23:41
    […] todos, que no quede ni uno sólo!”, haciendo recordar al clima de diciembre de 2001 y a las luchas en la provincia en los 90′ contra las políticas de ajuste, despidos, privatización y flexibilización del menemismo. Era […]


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