09/06/2018

El acuerdo con el FMI agudizará aún más la caída de la actividad económica (II)

Caída de ingresos, aceleración de la inflación, freno en la actividad económica, recorte del gasto público y presión sobre los que menos tienen. Por Mario Hernández.

La consultora LCG (Labor Capital Growth) proyecta “una marcada contracción de la actividad en el segundo y tercer trimestre y una recuperación recién a finales de este año o a principios del que viene”. Estima un crecimiento (techo) de 1,4% anual promedio en 2018”. Y enumera: el impacto en el consumo a partir de la caída de los ingresos reales derivados de la aceleración de la inflación post devaluación y una mayor incertidumbre, un menor aporte del crédito por tasas de interés muy altas, un todavía menor impulso fiscal ante la necesidad de sobre cumplir la meta inicial de déficit primario, inversores atentos a la dinámica de corto plazo demorando las decisiones de inversión de capital y menores proyecciones de crecimiento de Brasil, son todos factores que ayudan a explicar las menores perspectivas de crecimiento.

Por su parte, la consultora ACM señaló en su informe que “esperamos un freno en la actividad en los próximos meses por la extensión del fenómeno de la sequía, el impacto de la depreciación del peso y los recortes del gasto público para cumplir las metas fiscales”.

De 19 economías regionales que monitorea Coninagro mensualmente, una decena presentan signos de crisis (arroz, cítricos, forestal, hortalizas, leche, yerba mate, vino y mosto, papa, ovinos y mandioca) y dos -peras y manzanas y tabaco- directamente se definen “en crisis”. Para Carlos Iannizzotto, su presidente, es determinante el aumento de los costos, en especial las alzas de tarifas y de combustibles. “[…] también el retraimiento en las góndolas pesa en la ecuación”, dijo.

A ese contexto, se le suma la sequía, con un impacto importante en la producción.

La sequía

Tanto la FAO a nivel regional como los grupos CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) informaron que el 87% de las empresas agrícolas y el 94% de las ganaderas que pertenecen a esos grupos y son de punta, “muestran impacto negativo producto de la fuerte sequía”.

La falta de agua generó pérdidas de área de 5,2% en maíz temprano; 8,6% en soja de primera; 18,4% en soja de segunda; y 13,4% en maíz tardío. El informe añade que el maíz temprano presentó un 54,2% de área afectada y la proyección de caídas del rendimiento fue de 20,8%; la soja de primera un 58,9% y 29,6% y la soja de segunda 66,8% y 47%, respectivamente. En las Bolsas se informan pérdidas equivalentes a unos U$S 5.000 millones a pesar del incremento de los precios, particularmente la harina de soja (soymeal) que es lo que realmente exporta la Argentina, junto con el aceite.

Un tema adicional fue que se desplomaron las ventas al exterior de biodiesel cuando el gobierno de Donald Trump le aplicó un arancel de 70% a las importaciones desde la Argentina y la Unión Europea tuvo una nueva arremetida contra la entrada del producto. El año pasado se exportaron 1,7 millones de toneladas y para este año se proyectan 600.000 o menos.

Para Pablo Adreani, analista de mercados agropecuarios, las pérdidas no son solo los 12 millones de toneladas de soja y las 4 millones de maíz. Una merma de 16 millones de toneladas equivale a reducir la carga de transporte de 533.000 camiones y una pérdida de ingresos para los camioneros de U$S 720 millones. Además se dejan de consumir 40 millones de litros de gasoil equivalentes a U$S 60 millones. Si agregamos la pérdida de ingresos directos e indirectos en las poblaciones urbanas, solo en el rubro camiones y microeconomía, tendrá menos ingresos por un total de U$S 1.000 millones.

La menor producción de soja implica una menor oferta para abastecer a la industria aceitera (se importará soja de Paraguay y 560.000 toneladas de EE UU para procesar), y el principal producto afectado será la harina de soja. La merma estimada de harina es de 6 millones de toneladas, afectando el saldo exportable de dicho producto, donde Argentina ocupa el primer lugar en las exportaciones mundiales.

Jorge Vasconcelos, investigador del Ieral, destacó un dato: en 2009 la pérdida de 15 millones de toneladas en la cosecha implicó una caída de 1,5% en el PBI. Por el lado del frente fiscal podrían perderse U$S 700 millones de recaudación.

La suba en el precio de la harina de soja también afecta a los consumidores en el mercado interno (feedlots, tambos, avícolas, etc.) que han visto incrementado el costo en U$S 250 millones. El incremento en el costo del maíz implica un encarecimiento entre consumo en campo e industria de U$S 455 millones. Sumando el aumento en los precios de sorgo, avena, alfalfa y cebada forrajera, el mayor costo entre todos llegaría a los U$S 1.000 millones. Es decir, no solo se reduce el ingreso de divisas en U$S 5.000 millones, sino que también se encarece el costo de producción de carnes y lácteos en U$S 1.000 millones. Y este mayor costo se trasladará a los precios al consumidor impactando al índice de inflación.

Sigue la presión a los que menos tienen

A modo de ejemplo, tomemos el caso del pan. En febrero la bolsa de harina costaba 210 pesos y hoy está entre 750 y 800. Si ese incremento se trasladara a las panaderías el kilo de pan debiera oscilar entre 80 y 90 pesos. El presidente del Centro de Industriales Panaderos del Oeste bonaerense, Rodolfo Silva, reconoció que esto no es posible porque las ventas caerían de manera significativa. Vende el pan a 50 pesos y hay colegas en los barrios que lo tienen a 35 pesos para poder vender, aseguró.

Pero la suba de la harina, acelerada por la devaluación del 20% en la primera quincena de mayo, es solo un factor. También suben las tarifas de electricidad, gas, impuestos, el alquiler, la levadura. Al respecto, propone un precio fijo interno de la materia prima básica que reclama al Gobierno. “La bolsa de harina debe ser de entre 300 y 350 pesos”, explicó.

El 3 de abril el Boletín Oficial publicó un Decreto con las firmas de Mauricio Macri y Marcos Peña que señala que los productores pagarán las retenciones que rijan al momento del embarque, en lugar de las que rigen al momento de presentar las declaraciones juradas, lo cual permite reducir los montos que pagan las exportaciones de soja, favorecidas por la baja en las retenciones del 0,5% mensual. De hecho para esa fecha el sector llevaba declaradas exportaciones a futuro por solo 11.475 toneladas de la actual cosecha, frente a las 870.000 toneladas del mismo período del año pasado. Al cierre del mes de abril las liquidaciones estaban en niveles muy similares a las del año pasado, superando los U$S 6.000 millones.

El miércoles 23 se instaló la versión que el gobierno estaba evaluando revisar el esquema de retenciones para reducir el déficit fiscal como lo exige el FMI. Trascendió que analizaba detener la baja progresiva en las retenciones a la soja y volver a imponer una tasa del 10%  al maíz y al trigo. Recordemos que el campo se vio beneficiado por la fuerte suba del dólar un 33% en lo que va del año más la suba de los precios que compensa la caída en la producción. Las retenciones servirían para captar parte de esa renta adicional y además permitirían ponerle freno a la suba de los alimentos en el mercado interno.

El jueves Nicolás Dujovne eludió pronunciarse sobre el tema, aunque señaló que “todas las opciones están sobre la mesa” para lograr el equilibrio fiscal.

El pronunciamiento de la Mesa de Enlace no se hizo esperar, solicitando una audiencia al Presidente y condenando cualquier cambio en el esquema de retenciones. El viernes Marcos Peña confirmó que no habrá cambios y aprovechó para ratificar la política tarifaria oficial.

Fuentes: La Nación, Clarín, Clarín Económico, Página 12.

Leer: El acuerdo con el FMI agudizará aún más la caída de la actividad económica (I)



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