Argentina: 50 mil millones más endeudada a cambio de un duro ajuste
Cristine Lagarde (directora del FMI) en la reunión de marzo de éste año con Macri y Dujovne (ministro de Hacienda). Gentileza: REUTERS.
El gobierno de Mauricio Macri y el FMI acordaron un préstamo «Stand-By» de 50 mil millones de dólares, con una duración de tres años, en un claro espaldarazo del organismo a la política macrista y una señal a los mercados. A cambio del préstamo el FMI exigirá el cumplimiento de duras metas fiscales y de inflación: quita de subsidios, recorte de gastos en obras públicas y en salarios estatales (congelamiento de sueldos), achique en las transferencias a las provincias y que se avance con un ajuste en el sistema de la seguridad social. Esto en un marco de fuerte caída del valor del peso, dólar e inflación en aumento, bajos salarios, recesión, y despidos masivos en el Estado y empresas privadas. Como antecedente, el domingo pasado renunció el primer ministro de Jordania, Hani al Mulki, luego de movilizaciones y tres días consecutivos de una inédita huelga general contra la reforma tributaria recomendada por el FMI para reducir el déficit fiscal. Por ANRed.
Paradójicamente, el organismo destacó en un comunicado que el préstamo que endeuda más a la Argentina busca «reducir las necesidades de financiamiento del gobierno, encauzar la deuda pública por una trayectoria descendente y, como lo ha señalado el Presidente Macri, aliviar una carga que lleva a cuestas Argentina».
En una clara señal a los mercados, el FMI ratificó el apoyo al rumbo del gobierno de Macri, y respaldó «enérgicamente los redoblados esfuerzos por reducir la inflación, que, como sabemos, carcome los cimientos de la prosperidad económica de Argentina y recae directamente en los segmentos más vulnerables de la sociedad». En éste sentido, destacó: «Avalamos la decisión del Banco Central de adoptar metas de inflación realistas y significativas, así como su compromiso por mantener un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado«.
Los primeros 15 mil millones del megaendeudamiento llegarán antes de fin de mes, y las condiciones del acuerdo son nuevas metas fiscales e inflacionarias. Las metas fiscales del FMI son: 2,7% del PBI en 2018 (contra 3,2% de las metas previas), 1,3% en 2019 (contra el 2,2% anterior), equilibrio fiscal primario en 2020 (contra el 1,2% previo), y un superávit de 0,5% en 2021 (contra el 0 previsto).
En cuanto a las metas inflacionarias, se acordó: una suba del 17% para 2019, 13% para 2020, y 9% para 2021. Los antecedentes indican que éstas metas son de difícil cumplimiento, en una Argentina donde la meta inflacionaria anual para 2018 que el gobierno estimaba era del 15%, pero que estaría cercana al 28 o 30%, de acuerdo a diferentes agencias privadas.
También, según el informe oficial del acuerdo, se van a tomar medidas tendientes a «fortalecer la autonomía del Banco Central», que serán cuatro: «dotar al BCRA de la autoridad para establecer las metas de inflación, con una anticipación de tres años, en consulta con el Ministerio de Hacienda»; «cero transferencias del BCRA al Tesoro«; «saneamiento de la hoja de balance del BCRA», donde el Tesoro se compromete a emitir un programa de cancelación anticipada de Letras Intransferibles; y «se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA que refuerce su autonomía».
Finalmente, el FMI aclaró su plan B en caso de que las metas exigidas no funcionen: «Si las condiciones sociales empeoran, existen disposiciones para incrementar más la asignación presupuestaria dedicada a las prioridades sociales«.
En tanto, en conferencia de prensa, y en una suerte de «aquí no ha pasado nada», el ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró que«el paquete es suficiente para cubrir el financiamiento hasta el fin de la presidencia de Macri y más también». En éste sentido, se mostró optimista y despreocupado: «El acuerdo superó las expectativas. El monto disipa cualquier preocupación sobre el programa económico y de los mercados en general».
¿Cuáles son las condiciones del FMI por el préstamo?
Imagen: Clarín
En la práctica, el ajuste general que condiciona el préstamo implicará que el gobierno de Macri continúe con la quita de subsidios, recorte los gastos en obras públicas y en salarios estatales (congelamiento de sueldos), achique las transferencias a las provincias y que avance con un ajuste en el sistema de la seguridad social.
En una declaración pública, personalidades, intelectuales y docentes repudian el acuerdo de Macri con el FMI, donde remarcan: «Ante la corrida cambiaria, el gobierno apela al Fondo Monetario Internacional como garante para aplacar a los acreedores. Como ya hemos vivido en la Argentina, un acuerdo con el organismo vendrá de la mano de fuertes exigencias en el terreno fiscal, centradas en atacar a los trabajadores del Estado y limitar el gasto social», remarcaron las personalidades. También sostienen que del acuerdo pueden «exigencias de más ataques a los jubilados, reforma laboral, privatizaciones. Nada bueno puede esperarse del acuerdo con el FMI para las y los trabajadores y sectores populares«. En éste sentido sostienen: «debemos rechazar del plano el pago de la deuda externa, que es fraudulenta e ilegítima desde su origen. Y que desde la vuelta de la democracia ha sido saldada varias veces, a pesar de lo cual no para de crecer, siendo una formidable hipoteca que lastra recursos en beneficio del capital financiero e importantes segmentos de la clase dominante argentina».
Como antecedente de las consecuencias que generan las políticas del FMI en los países que toman deuda del organismo, el domingo pasado renunció el primer ministro de Jordania, Hani al Mulki, luego de movilizaciones y tres inéditos días consecutivos de huelga general, luego de que su gabinete aprobara un polémico texto de reforma tributaria – que luego debía tratarse en el Parlamento – que afectaba a los sectores menos favorecidos, recomendada por el FMI para reducir el déficit fiscal. La medida buscaba recaudar más impuestos ampliando el número de contribuyentes de renta baja, lo que supone un impuesto hacia la clase trabajadora.
En 2010, en plena crisis económica, política y social griega (similar a la de Argentina en 2001) el FMI también acordó con Grecia 110 mil millones de euros (US$ 146 mil millones) para el «salvataje» de su economía. En aquella ocasión el comunicado de Cristine Lagarde, directora del organismo, utilizó la misma justificación para apoyar el préstamo que utiliza hoy: «Proteger a los más pobres». Para Grecia el acuerdo significó recortes presupuestarios, congelamiento de salarios y pensiones durante tres años, reducción del salario mínimo, eliminación de los de los convenios colectivos de trabajo, aumentos de impuestos, recorte del gasto en salud y despido de enfermeros y médicos, despidos de trabajadores estatales, y privatización de buena parte del patrimonio estatal, incluyendo algunas de sus islas.