Irlanda: victoria del referéndum por el derecho al aborto
Como habían previsto las últimas encuestas, el referéndum contra la 8ª Enmienda ha supuesto una importante victoria para los movimientos de mujeres irlandesas en su lucha por el derecho pleno al aborto y la laicidad de la República. El bloque del Sí ha obtenido el 66,5% frente al 33,6% del No, con una participación del 64,51%. Solo el distrito de Roscommon-Galway ha votado mayoritariamente por el No, con un 57,2% de los votos. Por James Harvey.
La convocatoria de este referéndum ha costado mucho. La 8ª Enmienda de la Constitución irlandesa, que sitúa en un mismo plano de igualdad los derechos de la mujer gestante y las del feto, fue aprobada en 1983. Su texto dice: “El estado reconoce el derecho a la vida del no nacido y, con igual preocupación por el mismo derecho a la vida de la madre, garantiza en sus leyes el respeto, y en la medida de lo posible, mediante sus leyes la defensa y salvaguardia de ese derecho”.
Aunque el aborto era ilegal en Irlanda, la campaña de 1983 del conservadurismo católico y de sectores de la clase política para introducir esta enmienda en la Constitución tenía como objetivo reforzar la prohibición ya existente y bloquear cualquier campaña por los derechos de las mujeres. En retrospectiva, la victoria de 1983 de la derecha católica marca su pico de mayor influencia en la Irlanda contemporánea.
En las siguientes décadas, la autoridad de la Iglesia Católica se fue erosionando por una serie de escándalos y acusaciones de abusos viejos y nuevos. Desde finales de la década de 1980, el poder y la influencia de la Iglesia fueron disminuyendo visiblemente, acelerando un proceso iniciado en los años sesenta. La elección como presidenta de una abogada laica, Mary Robinson, en 1990 y la victoria del referéndum (aunque por un estrecho margen) que levantó la prohibición constitucional del divorcio en 1995 fueron señales de que se aceleraba este proceso.
Sin embargo, el derecho al aborto siguió siendo un terreno en el que se mantuvo el consenso católico sobre las políticas sociales, tanto legal como médicamente. El ejemplo fueron toda una serie de casos muy conocidos en los tribunales, en especial el “caso X” en 1992, que incitó una campaña cada vez más masiva por el aborto. Las enmiendas constitucionales de la coalición Fianna Fáil- Demócratas Progresistas, que permitieron a las mujeres viajar al extranjero para abortar y el derecho a la información sobre clínicas de aborto en el extranjero, fueron aprobadas en 1992, pero la 12ª Enmienda -que habría acabado con el criterio del Tribunal Supremo de que el riesgo de suicidio era motivo suficiente para permitir el aborto- fue rechazada. El derecho a viajar y el “derecho a la información” eran la expresión de las 3.000 mujeres que cada año viajaban al Reino Unido para abortar. Es decir “una solución británica para un problema irlandés”.
Aunque muchos legisladores y moralistas católicos pretendían ignorar esta “solución” y la consideraban mejor que otorgar a las mujeres sus derechos reproductivos y el control de sus propios cuerpos, otros no pudieron esperar a que cambiase la ley. En muchos aspectos, el punto de arranque de la campaña actual fue la trágica muerte de Savita Halappanavar en 2012. Savita murió como consecuencia de las complicaciones y la septicemia en un aborto natural cuando tenía 17 meses de embarazo. La 8ª Enmienda impidió que los médicos pudieran llevar a cabo un aborto profiláctico porque el feto aún latía. La publicidad y la indignación popular que rodearon el caso dieron un nuevo aliento a la campaña y a las presiones para que el estado irlandés hiciera algo.
La actual propuesta de rechazar la 8ª Enmienda surgió de un largo proceso de consultas de una “Asamblea Ciudadana” elegida al azar -una representación transversal de la sociedad irlandesa- y de un comité conjunto de ambas cámaras del Oireachtas (Parlamento irlandés). El rechazo permitirá a los legisladores legalizar el aborto hasta la 12 semana de embarazo con restricciones. Después, solo se permitirá si hay peligro para la salud de la madre, o en caso de anormalidad fetal grave. Será un servicio incluido en la sanidad pública, pero el personal sanitario podrá alegar objeción de conciencia. Aunque se gane el referéndum, la ley tendrá que ser aprobada por el parlamento. Estas restricciones muestran las dudas y limitaciones de la campaña “oficial” pro-aborto, en la que participan figuras de los principales partidos
Aunque la “Irlanda oficial” está en su mayoría a favor del Sí, quienes han ido puerta por puerta han sido las y los activistas. Si la campaña Juntos por el Sí ha sido moderada en su argumentación, muchos grupos locales han defendido posiciones más radicales y ampliado la campaña con temas sobre los derechos reproductivos y sanitarios de las mujeres. Pero la consigna “¡Abajo la 8ª, nosotras decidimos sobre nuestros cuerpos!” es bastante clara.
Los temas de la campaña han salido de una vez por todas del armario y ya no serán temas tabú para los ministerios. Cuando caiga la 8ª Enmienda habrá comenzado de verdad la lucha por el derecho pleno al aborto. La campaña debe continuar y aumentar la movilización: hay que aumentar la presión sobre los parlamentarios para que no voten nuevas medidas restrictivas en la ley. La lucha de las mujeres irlandesas para tener control pleno sobre su cuerpo y por el derecho completo al aborto debe continuar.
Traducción: Sin Permiso