Intervención, desamparo gremial y desinformación
El pasado martes 10 de abril, mediante una resolución firmada por la Jueza María Romilda Servini el día anterior, fue intervenido el Partido Justicialista designando a Luis Barrionuevo como interventor para “normalizar” el órgano partidario. El hecho de intervención del mayor partido opositor no conoce antecedentes durante gobiernos electos democráticamente. La intervención se suma a una serie de procesos judiciales a dirigentes sindicales por hechos de corrupción desde los cuales mediaticamente se los utiliza para deslegitimar el derecho a defenderse de una clase trabajadora que se encuentra desamparada desde hace tiempo. Por Ramiro Giganti para ANRed
En un contexto de retroceso y creciente pauperización de los derechos de la clase trabajadora, con paritarias muy por debajo de la inflación, un desempleo creciente y la intención del gobierno de implementar una nueva reforma laboral que perjudica aún más a los sectores asalariados, se dio la intervención al Partido Justicialista. Con una resolución escasa de citas a artículos y leyes, pero abundante en manifestaciones políticas y citas selectivas a Juan Domingo Perón, el Poder Judicial se hizo eco de la denuncia presentada por Carlos Acuña, dirigente sindical afín a Luis Barrionuevo, flamante interventor del partido, de conocido prontuario en acciones muy contradictorias con un perfil de “normalización democrática”.
Si bien existe al menos un antecedente de intervención del PJ durante un gobierno democratico fue con el mismo partido en el gobierno. Un dato curioso es que aquella intervención había tenido a la misma jueza como protagonista.
El 2 de marzo de 2003, Luis Barrionuevo fue protagonista de un episodio muy recordado en la provincia de Catamarca luego de que la justicia de la provincia inhabilitara su candidatura por no cumplir con el requisito de 4 años de residencia efectiva. Su respuesta fue el accionar de fuerzas de choque para secuestrar y quemar urnas y así evitar el proceso electoral. Las elecciones se terminaron desarrollando en agosto de ese año con la derrota de su hermana Liliana Barrionuevo, que había ocupado su lugar ante la imposibilidad de su candidatura.
La designación de Luis Barrionuevo da cuenta de una denuncia “selectiva” contra las irregularidades institucionales, similar a los “procesos selectivos” donde se denuncia la corrupción de sindicalistas y funcionarios del gobierno anterior al mismo tiempo que se obstruyen las denuncias contra quienes forman parte del actual gobierno. Mientras el actual ministro Luis Caputo abandonó el congreso la semana pasada sin dar respuestas sobre las denuncias en su contra, amparado en el revuelo generado por la denuncia del “papelito”. 
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El desamparo gremial
Mientras todo esto sucede y se lleva la atención de los medios hegemónicos las clase trabajadora se encuentra en una situación de creciente desamparo. Más allá de la complicidad del Partido Justicialista y la Confederación General del Trabajo (CGT) en numerosas medidas que dan la espalda a miles de trabajadores, la desarticulación de un partido político que, al menos, discursivamente se autodenomina representada de la clase trabajadora, supone un paso más en este proceso de desamparo que se viene desarrollando desde hace tiempo. La mayoría de las paritarias ya cerraron y todas ellas con números muy por debajo de la inflación proyectada al igual que el año pasado.
Son numerosos los casos de despidos o reestructuraciones empresariales con amenaza de despidos o pauperizaciones de las condiciones de trabajo. Mientras seguía el cruce entre Luis Barrionuevo, interventor, y José Luis Gioja, presidente del PJ hasta la intervención, durante la mañana del miércoles 11 de abril trabajadores fueron reprimidos en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Los desamparos a la clase trabajadora tienen varias aristas. Diversos fallos judiciales han dañado acciones de trabajadores en defensa de sus puestos laborales. Un curioso anteceden es una resolución firmada por la Jueza Maria Romilda Servini de Cubria firmada el 13 de julio de 2015 en la que, durante el lock-out patronal de la Linea 60 y la lucha de sus trabajadores en defensa de sus puestos laborales y contra los 53 despidos, la jueza intervino prohibiendo el ingreso de toda persona a la cabecera de Constitución, que había sido tomada por trabajadores, dejando aislados a quienes estaban en su interior, además de garantizar el lock-out prohibiendo la circulación de vehículos. 
Pero resulta fundamental destacar que no es algo nuevo, sino que se viene dando de manera progresiva con distintos gobiernos: la precarización laboral viene en ascenso desde hace años con más de un tercio de la población económicamente activa con diversas condiciones de precariedad laboral o directamente en negro. Las muertes laborales son otro flajelo silenciado: en los ultimos años se han registrado cientos de muertes laborales, mas de una por día contemplando solo a trabajadores en blanco.
La desinformación
La complejidad y abundancia de contradicciones tanto en las filas del Partido Justicialista como de la CGT presentan un terreno fértil para la desinformación. Mientras Desde sectores afines al kirchnerismo se acusa a Duhalde, pero se evita la confrontación con Moyano buscando un posible aliado, fuentes periodísticas dan cuenta de un posible aval de Hugo Moyano a la intervención, como lo informara un artículo firmado por Mariano Martin en el periódico Ambito Financiero el pasado miércoles 11. En consonancia con esta hipótesis, Pablo Moyano había evitado mostrarse cercano al kirchnerismo en una entrevista en el canal “Cronica TV” el día anterior mientras se desarrollaba la intervención, declarando no haberse visto nunca con Maximo Kirchner y no tener dialogo con ningún integrante del Frente Para la Victoria. Sí habló de su hermano Facundo, Diputado Nacional por el Frente Renovador y compañero de bloque de Graciela Camaño, esposa de Luis Barrionuevo.
En este mar de contradicciones vale recordar que todavía no se cumple dos meses del multitudinario acto convocado por Hugo Moyano contra los despidos y el ajuste, en el marco de denuncias en su contra, pero con la presión de decenas de miles de trabajadores de diversas corrientes políticas (incluida la izquierda) exigiendo un plan de lucha, y por qué no, un paro nacional. Finalizado el acto masivo, no hubo ni plan de lucha ni fecha de paro nacional, Hugo Moyano bajó su perfil y “sorpresivamente” se bajó de las luchas. La posible relación con las denuncias por abuso de menores en el Club Independiente pueden ser un dato, como también un elemento más a este mundo de contradicciones y vejaciones cruzadas, como si algo tan delicado como el abuso de menores fuera utilizado solo como amedrentamiento sin importar la situación de las víctimas. 
Mientras el moyanismo cogobierna la AFA junto al macrismo queda la incertidumbre sobre si el rumor acerca de un posible intento de imponer la reforma laboral mientras se juega el mundial de fútbol en Rusia se confirma, o solo quedará como rumor, ya sea por la falta de desinformación o porque un mal rendimiento del seleccionado nacional no logre desviar la atención popular, y el conocido “hit del verano” se termine imponiendo por sobre aquel tristemente recordado “el que no salta es un holandés”.
* Información relacionada: Repudian el ataque a un camarógrafo de Télam mientras registraba la intervención al PJ