27/04/2018

Un Estado vigilante las 24 horas

El miércoles, tras un tratamiento express, se aprobó en el Senado – por 49 votos contra 10 y dos abstenciones – la modificación del Código Procesal Penal acordada por el PJ y Cambiemos, que reformó 68 artículos. El artículo 30 del proyecto, denominado “técnicas especiales de investigación”, buscaba legalizar el espionaje masivo y sistemático estatal sobre dispositivos electrónicos de las personas (celulares, pc y tablets, entre ellos), ampliando las facultades que la interceptación de una llamada hoy no permite. Finalmente se frenó en el recinto, en medio de una fuerte polémica y denuncias de organismos de DD.HH, ONGs y partidos de la oposición. Las luces de alerta, igualmente, quedaron encendidas, en el marco de una gestión cuya ministra de seguridad, Patricia Bullrich, ya había blanqueado que los servicios de inteligencia realizan “ciberpatrullaje”, vigilando activamente las redes sociales de sus habitantes. Por ANRed.


El tratamiento express de éstos temas tan delicados – que se extendió desde las 11 hasta las 18 del miércoles – aprobó en principio por unanimidad el régimen de Ley de Subrogancias para jueces y conjueces que llegó en revisión desde Diputados. En tanto, el proyecto sobre escuchas telefónicas pasó a cuarto intermedio para ser tratado en una próxima sesión.

Luego se aprobó la reforma del Código Procesal Penal, que obtuvo media sanción y fue girado a Diputados, con la reforma de 68 artículos, y que incorporó figuras penales como las del arrepentido, delitos de flagrancia y la responsabilidad penal empresaria.

Por las numerosas críticas de los organismos de DD.HH., ONGs y partidos de la oposición, se eliminó de la sanción el artículo 30 que preveía legalizar “técnicas especiales de investigación”, que suponen un sistema de vigilancia remota que hubiera permitido intervenir teléfonos celulares, tablets, o cualquier otro dispositivo electrónico.

“Es preocupante que el Estado avance sobre la posibilidad de intervenir en el fuero íntimo de las personas”


La Coalición de ONG por la Reforma Procesal Penal nuclea a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Ya había fijado la semana pasada su rechazo a la aprobación de las reformas del artículo por considerar que “amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal”.

Es preocupante que el Estado avance sobre la posibilidad de intervenir en el fuero íntimo de quienes son objeto de una investigación penal – remarcó la coalición en un documento – sin que exista un debate respecto a la forma y alcance que dichas medidas deben tener para ajustarse a un debido respeto de las garantías constitucionales de los imputados”.


Asimismo, los organismos calificaron de “alarmante” lo establecido por el proyecto de ley, por permitir “la vigilancia acústica de conversaciones privadas del imputado que tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores, la vigilancia remota de los equipos informáticos y la vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización”. Además señalaron que “la iniciativa habilitaría el uso de tecnologías sofisticadas de vigilancia, que en otros países han dado lugar a casos de espionaje masivo y sistemático“.

Finalmente, consideraron que el proyecto contiene “varias disposiciones preocupantes, como ser: la ausencia de un límite máximo para la duración de las medidas de vigilancia (con la única excepción de la medida de acceso remoto); la introducción de un concepto ambiguo como “delitos de especial gravedad”, que brinda discreción al juez competente para ordenar las medidas; la ausencia de notificación al investigado acerca de que está siendo o fue sometido a vigilancia, lo cual le impide el pleno ejercicio de un recurso efectivo bajo el principio del debido proceso; y la autorización para llevar a cabo medidas de vigilancia aunque tuvieren efectos inevitable sobre terceros, lo cual puede causar grandes afectaciones a personas que ni siquiera forman parte de la investigación”.

María del Carmen Verdú: “Es la puesta en blanco de algo muy parecido a lo que ya se viene realizando”

María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) dialogó con ANRed y señaló que éste intento del gobierno de Mauricio Macri de legalizar el espionaje masivo y sistemático estatal “es la puesta en blanco, legalización o legitimación de algo muy parecido a lo que ya se viene realizando, que venimos denunciando desde CORREPI y organizaciones como la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), a partir de las decisiones federales que se han tomado contra los detenidos y detenidas de las movilizaciones masivas del año pasado, como la marcha del 1 de septiembre por la aparición con vida de Santiago Maldonado, o las movilizaciones contra la reforma previsional del 14 y 18 de diciembre”.

Verdú remarcó que en esas causas “los jueces han, no solamente, ordenado lo que llaman ’ciberpatrullaje’, que no es otra cosa que el análisis y estudio bien detallado de los perfiles de las distintas redes sociales, del contenido de los posteos en Fcaebook, en Instagram y en Twitter, entre otras, por parte de las personas imputadas para tratar de encontrar elementos que sumen a sus imputaciones por delitos federales de gravedad, como intimidación pública, sedición y rebelión, entre otras, sino que incluso han retenido de manera arbitraria sus elementos, como tablets, computadoras y celulares”.

Asimismo, denunció que en esos elementos secuestrados “no solamente han verificado, como sí suele suceder, los cruces telefónicos, para ver si alguien estuvo hablando con todos, por ejemplo, en el momento que sucedían los hechos, dando cuenta así de una suerte de cosa organizadala”, sino que la justicia ordenó que se hagan “distintos tipos de pericias que incluyen la descarga de la totalidad de los archivos (documentos, videos, fotografías, o cualquier otro tipo de elemento archivado en éstos dispositivos) como también la lista de contactos y, lo que es mucho más grave, además de las llamadas, el contenido y los distintos cruces de contactos de los grupos de mensajería“.

“Lo que hay es una verdadera intrusión en la intimidad de las personas – opinó la referenta de CORREPI – que de ninguna manera pueden ser considerados como elementos de cargo, cuando lo que se está imputando es un hecho ocurrido en determinado momento y lugar con una conducta concreta, que no está vinculado con lo que dos personas hayan estado discutiendo por un sistema de mensajería tres meses antes. Y sin embargo, se está acopiando de forma sistemática toda esa información en éstas causas. Hay todavía compañeros y compañeras detenidos en éstas movilizaciones que no han recuperado todavía sus teléfonos celulares”.

Finalmente, Verdú enmarcó la intención de la reforma en el marco de acuerdos Argentina-Israel: “éste proyecto de reforma lo que hace es darle la legalidad necesaria a éste tipo de prácticas pero, además, abrir la puerta a una superación tecnológica aún mayor a través de la adquisición de tecnología, puntualmente del estado de Israel, que además de proveer distinto tipo de pertrechos para las fuerzas de seguridad, y en particular, para la Policía de la Ciudad, y las fuerzas federales, también serían los proveedores de ésta tecnología que, por ejemplo, en México ha sido utilizada en la persecusión, le espionaje, el hostigaamiento y la vigilancia de defensores de derechos humanos“.

El proyecto de ley de aumento de las facultades gubernamentales de vigilancia, tal como solicitaron varios legisladores y legisladoras, volverá a comisión para continuar su tratamiento, lo cual deja abierta la puerta para que pueda ser tratado y, quizás, aprobado más adelante, en lo que sería un blanqueamiento de una política de seguridad interna que el gobierno de Cambiemos ya está llevando con sus servicios de inteligencia, con ley o sin ley.


Imagen de tapa: Partido Interdimensional Pirata



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