“El aeropuerto de El Palomar continúa operando desde la clandestinidad ambiental”
A dos meses del inicio de las operaciones de la empresa low cost Flybondi desde el predio de la Base Aérea El Palomar, partido de Morón, la justicia federal continúa ampliando los privilegios de la compañía a pesar de la ilegalidad en la que funciona el aeropuerto. En diálogo con ANDAR, el abogado Lucas Parisi, que representa al movimiento Stop Flybondi -integrado por asociaciones ambientalistas, organismos de DDHH y vecinos de Morón, Hurlingham y Tres de Febrero- afirmó que “según los datos del propio gobierno nacional, este aeropuerto está en el cuarto lugar mundial respecto a las peores ubicaciones geográficas”. Por Andar.
El pasado 10 de abril se produjo el último avance judicial en beneficio de Flybondi: el juez subrogante del Juzgado Federal de San Martín, Néstor Barral, levantó una medida cautelar y autorizó a la empresa aérea a operar sin límites desde el aeropuerto construido en tiempo record y contra toda legalidad en el predio de la Base Aérea El Palomar, trágicamente célebre por ser el lugar de despegue de los “vuelos de la muerte” coordinados por la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura.
“El incremento de la cantidad de vuelos permitirá obtener más datos”, consideró el magistrado con relación a los estudios de impacto ambiental que, hasta la fecha, no han sido realizados, contrariando lo que dispone la Ley Nacional General de Ambiente 25675 y la Ley de Ambiente 11723 de la Provincia de Buenos Aires.
El abogado Lucas Parisi destacó que “hay un aeropuerto trucho en El Palomar, que funciona con la misma ilegalidad que en noviembre de 2016 tanto por lo ambiental como por la destrucción de un sitio de memoria”, y agregó que “el aeropuerto se encuentra técnicamente en clandestinidad ambiental porque la legislación presume que, ante la falta de estudios de impacto antes las autoridades pertinentes, el proyecto es nocivo y perjudicial para el ambiente y la salud de la población”.
En este sentido, explicó que como el aeropuerto se construyó sobre un predio federal se aplica la “competencia concurrente” de las leyes ambientales de nación y provincia, las cuales prevén como requisito ineludible e irremplazable la realización del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que lo aprueban el Ministerio de Ambiente de la Nación y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
“Nunca se formalizaron esos estudios ni tampoco se realizó el acto administrativo -obligatorio en este caso- ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo que la justicia pretende mostrar como cumplimiento de esas instancias no es más que un estudio de impacto ambiental presentado por el gobierno ante el Juzgado Federal 2 de San Martín y una escandalosa audiencia pública convocada por la jueza Fonts (quien se tomó licencia en marzo y hoy la subroga el juez Barral). Ninguno de esos actos tiene valor para la habilitación del aeropuerto, porque en ninguno intervinieron las autoridades de aplicación”, detalló.
En cuanto a la actuación del juez Barral, que considera que con más vuelos podrá reunirse mayor información para la cuestión de fondo, también incumplió su obligación de notificar al movimiento Stop Flybondi el día que fue designado para subrogar en el juzgado de San Martín.
“Violó el derecho de defensa en juicio por lo que toda su actuación es nula. Ya apelamos también sus decisiones y ahora la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones es la que tiene que resolver. Más allá de esto, también presentamos a fines de marzo un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia y estamos convencidos de que nos va a dar la razón”, afirmó Parisi.
Mientras tanto, el próximo miércoles se realizará, frente al Concejo Deliberante de Hurlingham, un repudio popular por el levantamiento de la medida cautelar efectuado por el juez Barral. “Fue una victoria pírrica para el gobierno porque estamos convencidos de que la Corte Suprema nos va a dar la razón. Es tan trucho todo que durante el fin de semana pasado, en el marco de una barrileteada organizada por una escuela cercana a la pista del aeropuerto, se presentaron operarios de Flybondi para suspender la actividad por la cercanía a la pista”, concluyó el abogado.
Cabe recordar que la primera intervención de Stop Flybondi se realizó con una acción de amparo presentada el 14 de noviembre de 2017 ante el Juzgado Federal 2 de San Martín a cargo de María Isabel Fonts, y luego se fueron sumando a esa acción como terceros coadyuvantes todos los integrantes del Concejo Deliberante de Hurlingham excepto los 3 del bloque Cambiemos, además de concejales de los partidos de 3 de Febrero y Morón, espacios de DDHH, organizaciones sociales y sindicales.
El amparo señala que el aeropuerto no cumple “con nada de lo establecido en la normativa legal y vigente”, que “no se efectuaron los estudios previos de estudio ambiental que exige la ley nacional y provincial de ambiente” y que es “absolutamente imposible que ese aeropuerto ilegal funcione con condiciones mínimas de seguridad”. Por eso el reclamo no es la suspensión de los vuelos si no la clausura inmediata del aeropuerto.