19/04/2018

Sobre el uso político y la impunidad de un crimen laboral

El crimen del chofer de la línea 620 Miguel Alcaraz, el pasado domingo 15 de abril, disparó diversos debates. La cobertura de los medios hegemónicos se quedó en lo inmediato sin informar sobre la historia de reclamos por episodios similares y otros vinculados a muertes laborales desviando el eje hacia un caso de “inseguridad” dejando lugar a numerosos pedidos de “mano dura” sin el fundamento pertinente. Por ANRed

Los hechos de inseguridad laboral, en algunos casos con muerte, son muchos. Muchos más de los que se ven en los medios hegemónicos. La gran mayoría de ellos ni siquiera son mencionados y si los trabajadores llegan a tomar una medida de fuerza exigiendo soluciones ante pedidos desoídos, es ahí donde los medios informan: “paro de metrodelegados, otro día sin subte, los pasajeros perjudicados” suele ser un titular frecuente en muchos medios de comunicación. Quizás, después de mucho insistir, algún noticiero tiene la ética de entrevistar a un delegado que informe los motivos de esa medida. Ocurrió en 2016 con Matias Kruger, que además era jugador de futsal, lo que le dio algo más de prensa al hecho. Pero el caso de Matias Kruger no era el primero. Fue el quinto trabajador de Metrovías que murió electrocutado en seis años, producto de la desidia empresarial. No hubo condenas ni detenidos por esos crímenes. Los casos anteriores tuvieron poca o nula difusión en los medios hegemónicos, muchos de ellos solo informaron del paro criticando la medida de fuerza. 

Algo similar ocurre en líneas de colectivos. El ejemplo de David Ramallo, mecánico de la línea 60 cuya muerte está vinculada a las condiciones precarias en las que la empresa lo hizo trabajar, es uno de los casos emblemáticos por la inquebrantable lucha de sus compañeros a pesar de los aprietes de la patronal. Entre muchos otros diversos episodios de muertes laborales, aparecen situaciones de choferes atacados en zonas liberadas mientras realizan su recorrido. Uno de los antecedentes más cercanos a de Miguel Alcaraz fue el de Santiago Barros, colectivero de 29 años, que el pasado 6 de marzo fue apuñalado en Villa Diamante, Lanús, mientras se encontraba conduciendo su unidad de la línea 158. Sus compañeros denunciaron la zona liberada y que hace tiempo vienen reclamando por sus condiciones de seguridad sin tener respuesta, más que promesas incumplidas, como la del secretario de seguridad, Diego Kravetz, que les había prometido botones antipánico y otras medidas que actualmente los colectiveros siguen esperando. En ese municipio, Lanús, pocos meses antes de este episodio fuerzas de seguridad irrumpieron y reprimieron un merendero infantil, arrojando gas pimienta. Kravetz minimizó lo ocurrido. Sin embargo la cocinera del merendero, Laura Zaracho, perdió su embarazo por esa represión. Hubo otros episodios de detenciones a colectivos sin motivos (como ocurriera con la línea 188), pero la zona donde Santiago Barros fue apuñalado meses después estaba liberada. Mientras se utilizan los crímenes buscando algún responsable menor para usarlo de excusa y así bajar la edad de punibilidad, las fuerzas de seguridad que abandonan a trabajadores en zonas liberadas, caen sobre los jóvenes más vulnerables, como los niños del merendero “Los Cartoneritos” en Villa Jardín.

La única medida “de seguridad” que se implementó últimamente fue la de incorporar cámaras en algunas cabinas, pero que justamente los choferes habían denunciado porque las patronales las utilizan para controlar a los trabajadores y así la única seguridad que brinda es la de la ganancia empresaria. Algo similar ocurre con el incremento de inspectores que suben a controlar la SUBE para asegurarse que la totalidad de los pasajeros y pasajeras haya abonado el pasaje. De esta manera se puede percibir la desigualdad en la predisposición de las autoridades para brindar seguridad a los trabajadores (tanto choferes como pasajeros) con la predisposición para proteger la ganancia empresaria mediante el control hacia choferes y usuarios/as.

“Pedirle al lobo que proteja al ganado”

El uso político que se le dio desde algunos sectores al asesinato de Miguel Alcaraz fue en dirección del discurso de la “mano dura”. Pedir penas duras y castigos sin las pruebas pertinentes. Sin tener la seguridad de quienes fueron, con dos detenidos ya había medios afirmando que “se trataba de un menor”, después se informó de dos detenidos: uno de 17 y otro de 18 años (ambos por encima de la edad mínima de responsabilidad criminal, que en Argentina es de 16 años). Al cerrar esta nota se conoce un nuevo allanamiento hacia un nuevo sospechoso, que le agrega incertidumbre a información que muchos medios días atrás dieron como “cierta”, actualmente hay 3 detenidos cuando todos los testimonios afirman que fueron dos los atacantes, lo que muestra que al menos hay un detenido sin motivo. Vale recordar que en el año 2009 mientras estos debates en torno a la edad de punibilidad ocupaban los titulares de los medios hegemónicos con numerosas posturas pidiendo más penas y bajar la edad, Luciano Arruga era asesinado y enterrado como NN por la policía después de negarse a robar para la policía en una “zona liberada” en el partido de La Matanza, el mismo donde fue asesinado Miguel Alcaraz. Los choferes denuncian que la policía libera zonas, tanto en el caso de Alcaráz, como en el de Santiago Barros, entre otros. 

“Es por la droga” suele ser otra frase de “sentido común” repetida una y otra vez. Mientras desde los Ministerios de Seguridad nacional, provincial y algunos municipales (como por ejemplo Lanús) pagan publicidades con fondos públicos o posteos en redes sociales sobre drogas incautadas y pequeños episodios de allanamientos, “la droga” sigue siendo el chivo expiatorio de todo. Mientras este discurso se repite, un caso de un crimen ejercido bajo los efectos del consumo de cocaína fue probado recientemente: el resultado del examen toxicológico de los agentes de policía acusados de haber disparado por la espalda a Facundo Ferreira, el chico de 12 años que murió asesinado el pasado 8 de marzo.

Los casos de “gatillo fácil” siguen en ascenso. Según el reporte anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el estado mediante sus fuerzas represivas asesinó a una persona cada 23 horas en los primeros dos años del actual gobierno. El gobierno anterior había terminado con una cifra elevada de un muerto cada 28 horas que fue superada por el actual. 
Posterior al cierre del último relevamiento se sucedieron los casos, y algunos fueron tristemente apoyados por las autoridades. Uno de ellos fue cuando el oficial Chocobar, que luego de fusilar por la espalda a Pablo Kukoc, fue recibido por el presidente y defendido públicamente por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La Correpi denunció con nombres y testimonios al menos 16 casos de asesinatos por parte de las fuerzas represivas durante el pasado mes de febrero, en todos ellos los relatos dan cuenta de numerosas irregularidades por parte del accionar policial.

Muerte laboral, impunidad patronal

Mientras desde muchos sectores se fomenta la lucha de “pobres contra pobres” enfrentando y dividiendo a los trabajadores, el factor común de la muerte de Alcaraz como tantas otras es la impunidad patronal y gubernamental al desproteger a sus trabajadores. Recorrer una zona liberada, reparar con riesgo a morir electrocutado, no disponer de los descansos pertinentes para reducir el riesgo, son algunos de los múltiples motivos de muerte que afectan a trabajadores. 
El último relevamiento de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) publicada en Octubre del 2017, releva los casos accidentes laborales ocurridos en la totalidad del 2016. Solo son relevados trabajadores registrados/as en blanco, es decir que, aproximadamente un tercio de la clase trabajadora no figura en la estadística, y en esa población “ausente” suelen ser aún más precarias sus condiciones laborales. El resultado arrojó 389 muertes laborales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, más de una muerte por día. También reportó más de un millar de accidentes laborales diarios. Estas estadísticas no contaron con la difusión mediática pertinente, motivo por el que estas muertes no son de público conocimiento. De hecho, con las limitaciones pertinentes de este relevamiento hubo quienes se quedaron en una “baja” de la mortalidad, sin especificar la baja en el trabajo registrado, en este caso el encuestado, en detrimento del trabajo en negro. Resulta pertinente acotar que organizaciones de trabajadores, además de denunciar las muertes laborales, vienen alertando sobre el desmantelamiento de la SRT. 

El desamparo a la clase trabajadora sigue en ascenso. En un contexto de baja del poder adquisitivo del salario y la intención de implementar una reforma laboral que deteriore aún más las condiciones laborales, el uso político del crimen de Alcaraz por parte de los mismos medios que demonizan a la clase trabajadora cada vez que hay una medida de fuerza es clara: proteger la ganancia empresaria. Tanto las medidas de seguridad dentro y fuera de los ámbitos de trabajo van en esa dirección: mientras los casos de gatillo fácil, que afectan a sectores populares, crecen, también crece la precariedad laboral y con ella los accidentes y muertes laborales. Mientras el aumento del boleto no se traduce en un aumento al salario de trabajadores (tanto choferes como de otros rubros), sí se ve un aumento de inspectores para garantizar la recaudación.

A modo de cierre, una pregunta debe ser repetida una y otra vez ante un reclamo por casos de inseguridad: ¿a quién protegen las fuerzas represivas?

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