30/03/2008

La Masacre de Margarita Belén

mbelen001.jpg En diciembre de 1976, veintidós presos políticos fueron fusilados en lo que se conoció como la Masacre de Margarita Belén. A más de 31 años de esa matanza, la causa aún no ha sido elevada a juicio, a pesar de los discursos presidenciales que llaman a acelerar los procesos por los crímenes cometidos durante la última dictadura. Gran parte del poder judicial chaqueño apareció señalado por su complicidad con los genocidas.


La masacre

El 13 de diciembre de 1976, a casi nueve meses del golpe de Estado, Chaco se teñiría de sangre. En un paraje cercano a la localidad de Margarita Belén, el Ejército masacraría a veintidós presos políticos, que estaban alojados en la alcaldía policial de Resistencia. Sólo 17 de los fusilados pudieron ser reconocidos; los cinco restantes no han sido identificados. Esa matanza recibiría el nombre de la Masacre de Margarita Belén.

A un costado de la ruta nacional 11, se cometió el asesinato. Antes de ser fusilados, los veintidós presos habían pasado por la Unidad 7, la Alcaidía, y la Brigada de Investigaciones, donde fueron ferozmente torturados , en algunos casos, casi hasta la muerte. “En la noche del 12, los forman en doble fila, los llevan a los muchachos y le dan una golpiza que prácticamente los mataron para que no opusieran resistencia. Después los fusilan en Margarita Belén”, resume el horror Mirta Clara, ex presa política y esposa de Néstor Sala, uno de los fusilados en Margarita Belén.

De acuerdo a testimonios presentados ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP), los torturadores eran integrantes del sector de Inteligencia 124 del Ejército- al mando del entonces teniente coronel Armando Hornos- y de la brigada de investigaciones de la policía del Chaco.

En la madrugada del 13, un grupo de detenidos políticos fueron retirados de la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia y trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Formosa, por orden del jefe de la Brigada de Infantería 7 y la Subzona 23, el entonces coronel Cristino Nicolaides. Por supuesto no llegaron. Se ponía en funcionamiento uno de los mecanismos represivos más aceitados de la dictadura genocida: el fusilamiento de prisioneros y la operación mediática para presentar una masacre como un enfrentamiento.

En dos camiones militares a los que seguía un patrullero de la policía del Chaco fueron conducidos hasta un descampado en el que se los ejecutó alegando un intento de fuga durante el traslado, metodología ya implementada en 1972 en la base Almirante Zar.

Un jefe del Ejército comprometido con la masacre

En diciembre de 1999 el ex presidente Fernando de la Rúa puso a Ricardo Brinzoni al frente del Ejército. Como señaló Página/12, “entre sus políticas o acciones como jefe del Ejército figuraron: enviar al entonces secretario general de la fuerza, Eduardo Alfonso, a Córdoba para respaldar “institucionalmente” a militares que habían sido arrestados por negarse a declarar y solidarizarse con el dictador Luciano Benjamín Menéndez cuando fue detenido por robo de bebés; encabezar el entierro con honores de Leopoldo Fortunato Galtieri, que estaba bajo arresto domiciliario, y repudiar la captura en Italia del mayor retirado Jorge Olivera, quien finalmente logró evadir a los tribunales extranjeros a través de la falsificación de un documento. También se quejó por la demora en los ascensos de sus subordinados involucrados en el terrorismo de Estado e intentó desdibujar las fronteras definidas en las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior para que el Ejército pudiera intervenir en actividades de seguridad interior e inteligencia”. Aunque el perfil de Brinzoni debía completarse con otros datos. Durante la dictadura genocida, había sido secretario de la intervención en la provincia de Chaco y pesaba sobre él una acusación por su participación en la Masacre de Margarita Belén.

Mientras se desempeñaba al mando del Ejército, Brinzoni dijo en mayo de 2001 al diario chaqueño Norte que lo ocurrido en Margarita Belén “fue una operación militar para eliminar delincuentes terroristas” y reconoció que consistió en “un fusilamiento encubierto de detenidos”. A raíz de estas declaraciones, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una querella criminal contra todos aquellos
responsables de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y torturas.

Como afirma este organismo, “la responsabilidad en la Masacre de Margarita Belén no sólo involucró a militares sino que se extendió finalmente sobre miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial, que aún teniendo a algunos de los detenidos a su disposición, nunca investigaron lo sucedido”.

La ¿Justicia? chaqueña

En marzo de 2003 el juez federal del Chaco, Carlos Skidelsky, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida en la causa sobre la masacre de Margarita Belén. Como consecuencia de esa decisión ordenó la detención de los represores involucrados en el traslado de 22 presos políticos. Los militares apresados presentaron un hábeas corpus a través del defensor oficial Carlos Pujol. La Cámara chaqueña les dio la razón y se libera a través de un hábeas corpus a quienes estaban apresados por haber cometido crímenes de lesa humanidad, por haber sido parte del genocidio cometido en Argentina. “El juez pide la lista al Ejército Argentino de los represores que comandaban el convoy la noche del 12 de diciembre de 1976. Hay una maniobra interna del sistema judicial por lo cual en un mes salen en libertad. Ahí nos presentamos con una recusación a dos fiscales y ahí se retoma el cuestionamiento a lo más ‘veterano’ del poder judicial del Chaco. Pedimos un jury para los fiscales y para los camaristas del Chaco que habían dejado en libertad. Fuimos al jury y perdimos. Seguimos luchando igual”, reconoce Mirta Clara.

Los fiscales a los que se había pedido un jury de enjuiciamiento eran Roberto Domingo Mazzoni y Carlos Flores Leyes, quienes renunciaron a sus cargos y sus dimisiones fueron aceptadas por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi. En una carta a la Procuradoría, Mirta Clara dejó en claro: “Las instituciones tienen que estar al servicio de la población para que vuelva a creer en la Justicia, no encerrarse y regodearse narcisísticamente en cuestiones internas donde se van otorgando poderes ficticios entre ustedes cuando el problema central es la ausencia de racionalidad jurídica pública. Al aceptar las renuncias de los fiscales se pervierte la función de la institución que Usted dirige en esta ocasión”. Además, enfatizó: “Los familiares seguiremos luchando por hacer legal lo legítimo que deviene en que haya juicio y castigo en otra instancia por lo cual no olvidamos, ni perdonamos las faltas en la concreción de Justicia”.

Como tantas otras causas, la de Margarita Belén espera ser elevada a juicio y juzgados algunos de sus responsables. “Calculamos que en 2008, en algún momento, se los juzgará”, confió Mirta Clara a ANRed. Los familiares de los masacrados siguen exigiendo justicia desde que en 1984 hicieron su primera presentación judicial “La causa de ese año derivó en testimonios que condujeron al juicio a los comandantes en 1985”, recuerda Clara.

A la causa no le faltó ningún tipo de contenido. Durante la audiencia del 5 de agosto de 1985 del juicio a los Comandantes, el ex miembro de la Conadep Edwin Tissembaum transmitió a los jueces los detalles de la confesión brindada en su lecho de muerte por el parapolicial Eduardo Pío Ruiz Villasuso, quien había sido herido por un oficial de la policía del Chaco. “Hay uno de los represores que fue acuchillado . En aquellos años, 1985, pasó con las incógnitas nuestras”, relata Clara. Cualquier similitud con el asesinato del ex prefecto Héctor Febres, cometido el 10 de diciembre último, no es mera coincidencia; es parte de la construcción de impunidad.

“Si ahora todavía tenemos dificultades– afirma Mirta Clara-,en aquellos años, primera y segunda instancia y Cámara era muy aceitado el mecanismo de la organización sistemática en función de defender la impunidad y defenderse ellos. Recorrió un camino kafkiano, otra cosa no se puede decir. Resistencia lo pasó a Rosario, diciendo que era la cabeza del Segundo Cuerpo. Rosario se lo pasó al Tribunal Militar. Éste lo pasó de nuevo a Corrientes”. La causa por la Masacre de Margarita Belén fue transitando por distintos juzgados con un objetivo claro: evitar el juicio y el castigo a los genocidas. En 2008, aún se espera que sea elevada a juicio oral.



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