11/04/2018

Paritarias y aprietes

Con Macri el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió una caída brusca. Éste es uno de sus objetivos principales: bajar “el costo argentino”. En la presente ronda paritaria, de inicio prematuro y atizado por las protestas de diciembre, aplica la política del garrote y a veces, zanahoria, con énfasis creciente y legalidad dudosa. Se trata de una estrategia que va mucho más allá de lo coyuntural. Por Indymedia Trabajadoras/es y Periódico El Roble.

La ronda paritaria 2018 comenzó anticipadamente. El macrismo la apuró al calor de las protestas contra las reformas, el creciente desgaste de la deriva económica y el escándalo que rodea a Jorge Triaca júnior por el uso de las intervenciones ministeriales como caja política para los punteros del PRO.

Una cantidad importante de dirigentes gremiales firmaron acuerdos salariales que, al menos en lo propagandístico, se encuadraron en el techo paritario del 15%. Esta cifra es la “meta” de “inflación futura” determinada por el gobierno (a partir de oscuras razones, o la imaginación fértil del funcionariado, quizás).

En verdad, buena parte de estos acuerdos fueron acompañados por anexos que terminan definiendo un aumento superior.

Esto se resolvió mediante la firma de un acta donde figura el numerito mágico que quiere el macrismo, acta que se envía a los medios afines para su difusión. Aparte, se suman otras actas donde figuran recomposiciones o adicionales que mejoran el resultado salarial, pero que ni el Ministerio ni los dirigentes muestran a la prensa, para sostener el marketing del 15%.

En esta ronda también se generalizó la inclusión de claúsulas “de revisión”. Se trata de una modalidad que había sido reemplazada por las claúsulas gatillo, en parte por sus frecuentes incumplimientos, y que ahora retorna por iniciativa del Ministerio.

El club del 15%

El puntapié lo dió el sindicato regional de aceiteros de San Lorenzo (desafiliado de la Federación nacional desde hace dos décadas), firmando al finalizar enero una paritaria engañosa del 15% (con sueldo complementario y un 5% adicional en tres meses). Como la movida pasó desapercibida, Triaca viajó a San Lorenzo y “re-firmaron” con el secretario general Pablo Reguera el mismo acuerdo para brindarle una foto a la prensa oficialista.

Ya que estaba, Reguera también firmó modificaciones a la baja del Convenio Colectivo de Trabajo de su gremio, de las cuales la más terrible probablemente sea la garantía de guardias “mínimas” ante medidas de fuerza, que de “mínimas” no tienen nada: vuelven inocuo el paro.

Algo similar firmó luego el ferroviario Sergio Sasia, en línea con la iniciativa del gobierno de “trozar” la reforma laboral, introduciéndola de a pedazos en varios sectores laborales y proyectos de ley distintos, tras las protestas de diciembre. Se suman así a los antecedentes del “convenio Vaca Muerta” del petrolero Guillermo Pereyra, y la flexibilización para los afiliados de ATILRA que firmó su secretario general Héctor Ponce, ambos gestionados por el gobierno en el 2017.

Al ejemplo de Reguera lo siguieron otros gremios pequeños y muy burocratizados, como tintoreros (de recordada actuación por su accionar contra los delegados del Lavadero Virasoro de Rosario), remiseros (cuyo titular, Alejandro Poli, tiene una causa por falsificación de afiliaciones), y el de la pintura, cuyo secretario general, Pedro Victorio Zambeletti, está abrochado al sillón hace 44 años. Todos con un 15% en dos cuotas.

Luego empezaron a desfilar los dirigentes de sindicatos mayoritarios. José Luis Lingeri de Obras Sanitarias firmó a mediados de febrero el 15% sin gatillo.

Días después, Roberto Fernández firmó para los trabajadores de la UTA un 15% en tres cuotas, aunque el acuerdo sumó un bono no remunerativo adicional equivalente a un 3,6.

En los primeros días de marzo Armando Cavalieri acordó para más de un millón de empleados de Comercio un aumento del 10% a partir del 1º de abril y 5% en agosto.

Hacia fines de marzo, Gerardo Martínez firmó para los obreros de la construcción un 15% en dos tramos, aunque a diferencia de los anteriores son acumulativos, lo que termina dando 16,5. Además firmaron un 3 adicional en concepto de “recomposición salarial” por 2017.

Los primeros días de abril se sumaron los químicos de la FATYQyP. Su secretario general, Fabián Hermoso, firmó en la sede del Ministerio de Trabajo un 15% en dos tramos con una cláusula de revisión allá lejos, en diciembre.

Los que no quieren firmar bajo el techo

Fuera del corralito de los dirigentes colaboracionistas, hay un país recorrido por importantes conflictos. En el sector estatal, los primeros días de abril encontraron en la capital de la provincia de Buenos Aires a docentes, estatales, judiciales y de la salud movilizados en rechazo al 15% de María Eugenia Vidal. En Santa Fe, veinte mil docentes, estatales y de la salud repudiaron el cierre por decreto de la paritaria al 16% por parte del gobernador Lifschitz.

En la ciudad de Buenos Aires docentes, estatales, junto a movimientos sociales, metrodelegados y camioneros cerraron la semana pasada con una gran jornada de protesta contra el 15% de Larreta. La agitación continúa en la Ciudad esta semana con un acampe estatal frente al Congreso, liderado por un sector distinto -ATE nacional- pero donde vuelven a confluir buena parte de los participantes de las protestas previas. En Jujuy el gobierno de Morales reprimió salvajemente una movilización que protestaba contra el aumento del 5% sin paritarias para los docentes. En Rawson también el estado provincial desató la represión contra manifestantes en el marco de un paro de 48 horas.

En el sector privado, bancarios, camioneros y aceiteros son tres de los sectores que más ruido están haciendo por su oposición al tope.

El dirigente camionero Pablo Moyano anunció que van por un 23 por ciento, luego de conseguir en marzo el bono pendiente de fin de año. Forma parte de una reubicación confrontativa de los Moyano, luego de zigzaguear durante años en su vinculación con el gobierno nacional, que tuvo su pico máximo en el multitudinario acto del pasado 21 de febrero en la porteña Avenida 9 de Julio, enmarcado por la Evita gigante que persiste, al menos de momento, en el frente del Ministerio de Desarrollo Social. La respuesta oficial fue fundamentalmente mediante una batería de causas judiciales, unas nuevas, otras reactivadas, junto a una fuerte campaña de propaganda mediante sus operadores en medios hegemónicos y redes sociales que tuvo su pico en los días previos y posteriores al #21F.

Por su parte, la paritaria bancaria está vencida hace tres meses, pero está trabada por la decisión del gobierno de “quebrar” a Sergio Palazzo, tanto por su identificación con el kirchnerismo como por su lugar en un sector crucial de la economía: el que más ganó con el macrismo. La negociación comenzó con provocaciones de la patronal -que arrancó ofreciendo un grotesco 9%- y del Ministerio, que le derogó un aporte solidario, lo cual fue luego rebatido por la justicia laboral. En la negociación Palazzo se demostró dispuesto a resignar puntos porcentuales pero no la cláusula gatillo, entre otros ítems. El gremio concretó cuatro paros en lo que va del año.

Por parte de aceiteros, la Federación nacional no hace su planteo en porcentajes sino que reivindica el concepto del salario mínimo vital y móvil según su definición legal, según el cual el mismo tiene que garantizar una vida digna para quien trabaja y su familia. Según sus cálculos, lo mínimo que debería ganar cualquier trabajador argentino al 1° de enero de 2018 es de $30.560. Esto es, el sueldo inicial, el que debe cobrar el trabajador que realiza las tareas más básicas.

De acuerdo a la escala salarial vigente de los aceiteros, ese aumento consistiría en un 22%. Pero como ellos dicen, no es una cuestión de porcentajes, porque el porcentaje de inflación correctamente aplicado a un sueldo de miseria, da como resultado un sueldo de miseria. El eje debe ser cuánto se debe ganar para vivir dignamente.

La Federación enfrenta ahora un conflicto durísimo en Cargill, lockout incluído, a la vez que una negociación paritaria mucho más difícil que en años previos, y su secretario general, Daniel Yofra, señaló la mano del gobierno en ambas instancias. “Si una empresa de estas características pone en vilo a uno de los sectores de mayor liquidez y que le da al gobierno los principales beneficios tributarios y el gobierno no hace nada, no interviene y no se esmera por dar una solución inmediata, es raro” reflexionó Yofra.

Ambos hechos se suman a la demora irregular que sostiene la cartera laboral con respecto a la certificación de autoridades de la Federación y del Sindicato Aceitero de Rosario desde sus respectivas elecciones, junto a la no homologación de los últimos acuerdos paritarios. Todo podría apuntar hacia una de las herramientas más utilizadas por el macrismo: la intervención de la organización.

El apriete metódico

Es que la hilera de firmantes del 15% no es un rayo en cielo sereno. Por una parte, muchos de estos sindicalistas han sabido demostrar que son oficialistas de todos los oficialismos. Por la otra, es determinante el accionar de un gobierno que en todo momento ha desplegado una hostilidad manifiesta contra la organización colectiva y los derechos de los trabajadores.

Y, para disciplinar, viene siendo un mecanismo privilegiado el intervencionismo.

El SOMU es el caso más conocido. Intervenido en febrero de 2016, estalló mediáticamente el último enero cuando la ex casera de Triaca, Sandra Heredia, denunció que cobraba parte de sus ingresos de la caja del gremio. Ese era sólo un detalle: doscientos punteros del PRO pasaron a cobrar de igual manera, bajo la dirección de la actual senadora nacional Gladys González que así se pagó su campaña.

Lo central sin embargo no es esto, sino el efecto aleccionador para el resto del sindicalismo de la detención de su titular Omar “Caballo” Suárez y consecuente intervención.

Luego siguieron la UPSRA, de vigiladores privados, la FEIA de azucareros tucumanos cuya intervención fue revertida judicialmente, los judiciales de Mendoza, el allanamiento a Canillitas por Canicoba Corral (mismo juez que accionó con el SOMU, donde su cuñado quedó como interventor de la obra social), los ferroviarios de APDFA y el SOEME tras la detención de Balcedo.

Los fallos judiciales en contra de los intereses del Ministerio por parte de la justicia laboral desataron la reacción furibunda del gobierno, entre los que se cuentan los pedidos de juicio político de cinco jueces laborales por el contenido de sus sentencias y los ataques a los abogados laboralistas. En esto jugó también la convergencia de intereses con las empresas de ART, que desembocaron en la nefasta nueva ley de riesgos de trabajo.

También de maneras más sutiles, el Ministerio despliega su política de disciplinamiento. Un buen ejemplo es el de las negociaciones colectivas.

El periodista Jorge Duarte señala que en 2017 cayeron de forma brusca las homologaciones del Ministerio, alcanzando sólo los 1088 casos, contra los 2 mil promedio entre 2010 y 2016.

Duarte marca que desde la gestión se establecieron mecanismos selectivos de no homologación de acuerdos para disciplinar organizaciones gremiales díscolas (caso denunciado por la Federación aceitera y el Sindicato Aceitero de Rosario, como señalábamos antes); se congelaron negociaciones salariales (con los Visitadores Médicos como caso testigo); se obstaculizaron los acuerdos a los gremios pequeños que compiten con los Gordos; y se deslindó responsabilidades en lo referente a los acuerdos por empresa.

Por el lado de la zanahoria, en cambio, se puede mencionar el reparto a fines de febrero de mil millones de pesos “en concepto de capacitación” de Triaca a sólo diez gremios, entre los cuales no había ningún opositor. Los beneficiados fueron Antonio Caló (UOM), Ricardo Pignanelli (Smata), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Gerardo Martínez (Uocra), Carlos West Ocampo (Sanidad), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Ramón Ayala (Uatre), Roberto Fernández (Uta), Luis Ramón Hlebowicz (Pasteleros) y Armando Cavalieri (Comercio).

Claúsulas y caídas

Con Macri el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió una caída brusca. Según datos relevados por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, el salario mínimo cayó 6,1%, en la Argentina entre 2015 a 2017, el país de Sudamérica donde más se deterioró.

Éste es uno de los objetivos principales del gobierno: bajar “el costo argentino”.

El impulso de una u otra modalidad de claúsulas -gatillo o revisión- por parte del Ministerio de Trabajo está vinculada a esta política.

Como señala el periodista Alfonso de Villalobos, en base a datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA, la aparición de las cláusulas gatillo durante 2017 persiguió un propósito muy definido: consolidar la pérdida del poder adquisitivo en 2016. Ante el reclamo de los sindicatos por obtener una recomposición hacia atrás, el gobierno promovió una garantía hacia adelante, desconociendo precisamente cláusulas de revisión vigentes para viabilizar el cierre de paritarias durante ese año.

Ahora, el propósito es garantizar la pérdida del poder adquisitivo del salario que se producirá en 2018 en los acuerdos sellados en 15%, cuando la inflación estimada por las consultoras que releva el Banco Central alcanza al 20,4% según los resultados de marzo. Por eso el Ministerio impulsa nuevamente las claúsulas de “revisión”, que ya se aplicaron en acuerdos desde el 2014 y que por la vaguedad de su formulación han demostrado repetidamente su fracaso a la hora de garantizar la recomposición salarial.

El sueño patronal de la tierra arrasada

Estos aprietes, endulzados en ocasiones con premios puntuales, a menudo monetarios para los dirigentes dóciles, no son sólo una táctica para obtener un objetivo coyuntural, como implementar el techo paritario o introducir determinadas reformas flexibilizadoras. Son parte de una estrategia de largo plazo que tiene como objetivo último la aniquilación de la organización gremial y de los derechos colectivos de los trabajadores, de la forma más completa y efectiva que le resulte posible alcanzar al gobierno.

El techo paritario del 15% en estos primeros meses del 2018 es sólo una etapa en este proceso, que el macrismo espera poder desarrollar de forma más acabada en un hipótetico segundo mandato.



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