03/03/2017

“La masacre de Pergamino es responsabilidad del estado provincial”

Difundimos:

Por CORREPI

Masacre de Pergamino: Una noticia que no es novedad, una lucha que no cesa

Los diarios titularon “Siete presos murieron durante un incendio en Pergamino”. Ninguno usó la palabra “personas” para referirse a los muertos, dejando así la puerta abierta a comentarios de lectores atravesados por el discurso de la “inseguridad”, que postearon barbaridades como “me alegro, siete lacras menos”.

Aunque no se han difundido con exactitud las edades de las víctimas, sabemos que promediaban los 25 a 30 años. Eran siete muchachos encerrados por delitos menores, todos excarcelables. El más comprometido estaba acusado por tentativa de robo, los demás no pasaban de lesiones culposas, encubrimiento o quebrantamiento de arresto domiciliario. Ninguno estaba siquiera cerca de ser condenado. Uno de ellos iba a ser liberado al día siguiente y otro tenía concedida una morigeración con domiciliaria. Sus familiares cuentan que desde temprano empezaron a recibir mensajes pidiendo ayuda, avisando que algo iba a pasar en la comisaría. “No se murieron, los mataron” denuncian con razón.

Cualquier similitud con las grandes masacres en cárceles, como la de Magdalena, con 33 muertos menores de 30 años y ninguno condenado, no es simple coincidencia. Cárceles y comisarías son dos de los más eficaces engranajes del aparato represivo a la hora de exterminar indeseables para el sistema. Tiene, sobre el gatillo fácil, la ventaja de ahorrar el costo de la bala. Estar preso es la segunda causa de muerte a manos del estado. Las muertes en cárceles y comisarías representan el 39% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, porcentaje sólo superado por el gatillo fácil contra los pibes y pibas de los barrios (46%).

En Pergamino, ayer, había 19 detenidos en las celdas con lugar para menos de la mitad. Quedaron 12 vivos. En octubre de 2003, en la misma comisaría, había 20. Entre el 4 y el 7 de ese mes, murieron cuatro: dos quemados, uno ahorcado y otro por ingestión de vidrio molido.

El 8 de enero de 2006, Guillermo Defeis, de 23 años, fue detenido por un incidente con un familiar en la calle. Apenas un rato después, “fue encontrado muerto en un pasillo”, según la peculiar redacción, sin señal de sujeto activo, del parte policial, aceptado a libro cerrado por jueces y fiscales, y reproducido por la prensa del sistema.

Así como silencian quién mata, despersonalizan y deshumanizan a la víctima. No es un chico, un hombre, un joven, una piba, una mujer, es apenas si un “preso”, un caco, un malviviente, un marginal, un delincuente. Disponible. Nada para lamentar demasiado. Uno (o siete) menos para mantener, dicen después los comentarios de la “gente bien”.

Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jon Mario Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre eran siete vidas jóvenes que la represión estatal sumó a la lista que ya tiene 5.019 nombres de asesinados y asesinadas desde diciembre de 1983. Siete que suman 55 desde diciembre pasado.

Ahora dicen que “investigarán hasta las últimas consecuencias”, y que desafectaron al jefe de servicio y al imaginaria de calabozos. Lo mismo dijeron al día siguiente de cada masacre en una cárcel (Magdalena, Coronda, Santiago del Estero, etc.) o en una comisaría (Lomas del Mirador, Carapachay, Quilmes, Canning). En ninguno de esos casos hay un solo detenido. La impunidad es la otra cara de la represión.

Más que nunca, en esta etapa de nuestra historia en la que se devalúa a diario la vida del pueblo pobre y trabajador, estamos obligados a profundizar el camino de la unidad, la organización y la lucha contra todas las formas que asume la represión.


Por CPM

SOBRENCARCELAMIENTO Y HACINAMIENTO

La masacre de Pergamino es responsabilidad del estado provincial

La CPM responsabiliza al gobierno provincial por las muertes de 7 jóvenes privados de su libertad sucedidas esta tarde en la comisaría primera de Pergamino. Las únicas causas de este lamentable hecho son el sobrencarcelamiento y el hacinamiento en el que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia, producto de una política criminal largamente denunciada desde la CPM. El colapso del sistema penal que vulnera sistemáticamente los derechos de las personas es evidente y exige un contundente cambio de rumbo. Hacen falta reformas institucionales urgentes: democratización de las fuerzas de seguridad, implementación de la policía judicial, creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura, autonomía de la defensa pública y una reforma legal profunda que adecue la normativa procesal penal a los estándares de derechos humanos.

Frente a la muerte de siete jóvenes en la comisaría primera de la localidad bonaerense de Pergamino, la CPM exige a la autoridades provinciales asumir su responsabilidad, ordenar una investigación profunda de los hechos y clausurar, de forma inmediata, todos los calabozos de las comisarías de la Provincia. Estas muertes son muertes anunciadas. No son las primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes.

Todas las personas detenidas están bajo custodia del estado. Esto quiere decir que la muerte de cualquiera de ellas es responsabilidad directa de las instituciones que las tienen a su cargo. Esto es lo que ha sucedido aquí, agravado aún más porque lo que condujo a este lamentable hecho es una situación de deterioro generalizado ya conocido por las autoridades.

Desde hace años la CPM viene denunciando esta situación ante la justicia argentina y en los organismos internacionales. A principios de 2015, la CPM presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el estado de hacinamiento y superpoblación y la práctica sistemática de la tortura en las comisarías bonaerenses. Esta presentación fue avalada por el organismo que ordenó al estado provincial una inmediata respuesta. En diciembre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia avaló estas denuncias en un informe contundente sobre la situación.

Según las cifras presentadas en el X informe Anual de la CPM, El sistema de la crueldad, durante el año 2015, la superpoblación en comisarías alcanzó, en algunos casos, un 500%. La situación general hoy para toda la provincia indica que sobre un total de 1060 camastros hay más de 3.000 detenidos.

Cuando en diciembre de 2015 el nuevo gobierno provincial, a pocos días de asumir, declaró la emergencia penitenciaria y en materia de seguridad, una vez más la CPM volvió a advertir que lo que estaba realmente en emergencia en la provincia eran los derechos humanos. Algo similar había hecho el gobierno de Daniel Scioli un año antes y también los gobiernos que lo precedieron.

De emergencia en emergencia, la cuestión de fondo sigue sin ser considerada seriamente en la Provincia. Es necesario reconocer las causas reales que han llevado a este estado calamitoso a todos los lugares de encierro, sean cárceles, comisarías o centros para menores. Es este estado de cosas el que habilita la violación sistemática y cotidiana de los derechos humanos y no produce ningún aporte serio al mejoramiento de la seguridad para nadie.

No es posible hablar de motín intentando de este modo responsabilizar a quienes clara y evidentemente son víctimas. Por eso, estas muertes son responsabilidad del estado y las causas no pueden buscarse en otro lado que no sea una política criminal que durante años ha insistido, y lo sigue haciendo, en políticas regresivas que vulneran los derechos de las personas y no han aportado ninguna solución a las demandas de mayor seguridad.

Estos hechos son responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial que no pone en marcha las políticas institucionales que hacen falta: hay que democratizar las fuerzas de seguridad que violan sistemáticamente los derechos humanos; implementar la policía judicial para que la policía deje de detener arbitrariamente, armando causas judiciales en su accionar de regulación del delito en los territorios; darle verdadera autonomía a la defensa pública para que pueda intervenir en igualdad de condiciones con las fiscalías y crear, de una vez por todas, el mecanismo provincial de prevención de la tortura, a fin de controlar externamente a las fuerzas. A esto debe agregarse que deben modificarse las leyes penales regresivas que constituyen herramientas para esta inflación del sistema penal. También los jueces, con el uso indiscriminado de la prisión preventiva, contribuyen a este cuadro grave de violencia institucional.

La CPM exige una urgente y profunda investigación de lo sucedido y advierte, una vez más, a las autoridades provinciales, a los funcionarios judiciales y a todos los sectores políticos que avalan estas políticas regresivas, que es indispensable repensar seriamente el rumbo que han tomado para revertir de manera urgente sus efectos. Nuestra sociedad se merece políticas de seguridad que respeten los derechos humanos de todas y todos.



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