14/09/2016

CABA: Reunión por la situación de la comunicación, comunitaria, alternativa y popular

Reproducimos

Declaración de la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular

Durante dos días estudiantes, docentes e investigadoras/es de las universidades nacionales de Avellaneda, Buenos Aires, Comahue, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Plata, Misiones, Quilmes, Río Negro y Salta compartimos la reunión abierta sobre la situación de la comunicación comunitaria, alternativa y popular en el nuevo escenario político argentino y latinoamericano y la reunión anual de la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP), realizadas en el marco del XVIII Congreso de RedCom. Las conclusiones producidas en estos espacios inspiran la presente declaración.

Las/os docentes e investigadoras/es reunidos en la RICCAP expresamos nuestro rechazo a las políticas públicas impulsadas por el actual gobierno nacional que tienen como consecuencia una regresión respecto del ejercicio del derecho humano a la comunicación y que afectan particularmente a las experiencias de comunicación comunitaria, popular y alternativa.

El ahogo presupuestario a las universidades nacionales ha dificultado o impedido la sostenibilidad de proyectos orientados al fortalecimiento de la comunicación comunitaria, popular y/o alternativa impulsados desde nuestras casas de estudios. Del mismo modo, estos proyectos se vieron afectados por el cese de los convenios del Estado con las universidades nacionales, muchos de los cuales habían permitido el desarrollo de procesos de formación y fortalecimiento de comunicadores/as comunitarios comprometidos con los procesos de ampliación de derechos desde sus territorios.

A partir de las modificaciones dispuestas por decreto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), las universidades nacionales, así como el sector de medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos, vieron disminuida su representación en los órganos de diseño de política pública en materia de comunicación. En contraposición, las modificaciones dispuestas desde diciembre de 2015 expresan una gubernamentalización de los órganos de aplicación encargados de regular los servicios de comunicación audiovisual. Asimismo, los supuestos debates convocados por el Ente Nacional de Comunicaciones para la creación de una ley de comunicaciones convergentes no garantizan ni facilitan la participación de estudiantes, docentes e investigadoras/es universitarias/os comprometidos con el desarrollo de la comunicación comunitaria, popular y alternativa.

La sostenibilidad de los medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos, a quienes promovemos activamente desde nuestras estrategias de formación, extensión e investigación, se encuentra en una situación de amenaza producto de la falta de ejecución del fondo de fomento previsto en la LSCA (FOMECA); del aumento de tarifas de los servicios públicos; de la exclusión del sector en la distribución de pauta oficial por no poseer licencias o autorizaciones; de la ausencia de llamados a concursos o la falta de entrega de autorizaciones para hacer efectiva la legalidad de este tipo de medios, y de la flexibilización de los límites a la concentración mediática. La presencia de estas emisoras en el mapa comunicacional ““derecho consagrado en la legislación nacional como en los estándares internacionales de libertad de expresión- se torna de suma importancia en un contexto de reducción de los medios masivos que comuniquen acerca de las perspectivas y del accionar de los movimientos y las organizaciones populares.

Por último, el aumento del empobrecimiento y del desempleo ha obligado a las poblaciones de los territorios en los que desarrollamos nuestras intervenciones a atender sus necesidades más urgentes de alimentación y trabajo. Análogamente, las organizaciones y movimientos sociales junto con los que trabajamos se ven urgidos en el desarrollo de acciones que protejan los derechos laborales; educativos; a la salud; a la memoria, verdad y justicia; a la protesta; a la libertad -tanto de ciudadanos argentinos como de personas migrantes-, ante la afectación que conllevan diversas políticas públicas recientemente dispuestas. En este contexto de urgencia y desesperación, el desarrollo de proyectos comunicacionales que profundicen la expresión de los sectores populares, la ciudadanía comunicativa y la democratización de las comunicaciones encuentra difíciles condiciones de realización y despliegue.

Ante estas situaciones, exigimos al gobierno nacional:

 el cese de políticas que limitan o vulneran el ejercicio del derecho a la comunicación, así como del conjunto de los derechos humanos;

 la restitución de políticas públicas que se adecúen a los estándares internacionales en materia de derecho a la comunicación, que recuperen el protagonismo de las universidades en el diseño y la implementación de políticas de comunicación y que promuevan el desarrollo de la comunicación comunitaria, popular y alternativa;

 el pago de los montos adeudados a través del FOMECA a las emisoras sin fines de lucro y de pueblos originarios y la apertura de la convocatoria para la presentación de proyectos correspondientes al año 2016, tal como lo exige la Ley 26.522;

 la no discriminación de este tipo de medios en la asignación de la publicidad oficial y la generación de políticas de apoyo a la elaboración y difusión de producciones locales;

 el cese de la criminalización y persecución de actores y organizaciones vinculadas a los sectores comunitarios y populares.

Por otra parte, exigimos tanto al Congreso Nacional como al Poder Ejecutivo la continuidad de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y de sus políticas y acciones de promoción del derecho a la comunicación y la ciudadanía comunicativa.

Exigimos esto desde el convencimiento de que sin el fortalecimiento de una comunicación comunitaria, popular y alternativa, no será posible la construcción de un mapa comunicacional basado en la diversidad y el pluralismo, así como de una sociedad más justa.

Ciudad de Buenos Aires, 10 de septiembre de 2016

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