31/01/2016

Boletín informativo nº 776 de CORREPI

Difundimos boletín informativo:

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Boletín informativo nº 776, 25 de enero de 2016

Sumario:

1. Macri y la teoría de los dos demonios
2. Gatillo fácil en Fiorito, con defensa institucional.
3. ¡Por David y Javier, por Pablo, por todos!
4. Detenciones arbitrarias: la libertad y la vida.
5. La ¿nueva? policía de la Ciudad.

Macri y la teoría de los dos demonios.

Tan sólo horas después de que Mauricio Macri ganara las elecciones, el diario La Nación, envalentonado por la conquista de un nuevo gobierno conservador y reaccionario sin tapujos, lanzó la primera piedra con su editorial “No más venganza”. En resumidas cuentas, un llamado al cese de los juicios contra los genocidas de la última dictadura militar, y una reconsideración de la militancia (la “izquierda verbosa”) de los “˜70 y el accionar de militares, jueces y fiscales. Un “freno al juzgamiento a la represión subversiva”, reclamaba el periódico de los Mitre, sin sonrojarse siquiera.

El guante fue rápidamente recogido por el gobierno de Macri. El jueves 14 de enero, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibió al grupo de presión por la impunidad a los genocidas denominado “Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas” (CELTyV). En esa reunión, que los medios caracterizaron como una clara diferencia con gobiernos anteriores, reapareció el discurso de justificación del exterminio sistemático llevado a cabo en los “™70 por la dictadura en la que confluyeron militares, policías, empresarios, jueces, fiscales y la jerarquía de la Iglesia.

A 40 años del golpe militar, el gobierno macrista quiere orientar la discusión hacia el accionar de las organizaciones populares guerrilleras, validando, por omisión, el genocidio y los crímenes del terrorismo de Estado. La “deuda” que el macrismo pretende saldar con el recibimiento del CELTyV en sus despachos, esgrime una acción y justificación para el terror implementado por el Estado, con los resabios que acompañaron las operaciones de la Triple A.

Los juicios a los responsables del exterminio de miles de compañeros y compañeras siguen representando estadísticamente apenas si un represor condenado por Centro Clandestino de Detención y Exterminio existente en el país; los Archivos de la Dictadura siguen sin ser abiertos y su información permanece ajena a la sociedad; aún faltan cientos de nietos apropiados; el ex jefe del Ejército, Gral. César Milani, y el burócrata sindical del Batallón 601, Gerardo Martínez, siguen operando campantes. A ese mismo ritmo, el gobierno de Macri levanta nuevamente la teoría de los dos demonios, al mismo tiempo que afirma la reconciliación con los represores y repunta la idea de la “guerra sucia” para justificar el genocidio.
La lucha por Memoria, Verdad y Justicia es una sola, y debe profundizarse con el compromiso consecuente del campo popular al calor de sus luchas, con nuestras banderas históricas en alto, y contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy.

Gatillo fácil en Fiorito, con defensa institucional.

Esteban Paniagua tenía 17 años y vivía en Ingeniero Budge. El domingo 3 de enero, en la esquina de Fallieres y Baradero de lavecina Villa Fiorito, junto a otro pibe habría intentado robar la moto de quien resultó ser el oficial de la Policía Federal Martín Argüello. El efectivo, que revista en la DOUCAD (División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas, mejor conocidos como los Robocop de los partidos de fútbol y las movilizaciones) disparó diez veces con su arma reglamentaria, mientras los pibes, desarmados y aterrados, intentaban escapar.

Las únicas vainas encontradas en el lugar corresponden a los disparos del policía, y aunque de inmediato se congregaron vecinos y llegó la policía (de hecho, hasta había otro federal, sobrino de un kioskero de la zona, en la esquina), no hay rastros de otras armas ni otros accidentes balísticos.

Lo sucedido provocó la inmediata movilización de vecinos y amigos, quienes no necesitaron conocer los pormenores del hecho para saber que se trató de otro caso de gatillo fácil, uno más de los que suceden en el barrio, uno más de tantos otros pibes muertos por un efectivo de las fuerzas de seguridad.

Por desgracia o fortuna, Esteban murió casi en la puerta de la casa en la que vivía Matías Barzola, también asesinado por el gatillo fácil, y cuya familia se organizó en CORREPI. Nuestras compañeras Estela y sus hijas acercaron a la familia a nuestra organización, y junto a la mamá y la hermana de Esteban ya nos presentamos en la causa.

El fiscal a cargo de la causa pidió la detención del policía bajo la imputación de “homicidio calificado”, delito por el que podría recibir prisión perpetua, pero ya hizo su aparición la defensa institucional del asesino. Una vez más, como casi siempre que un integrante de las fuerzas federales mata o tortura, asumieron su defensa los abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos ““ División de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de la Nación. En este caso, se trata del mismo profesional que defiende al federal Javier Iván Almirón, asesino de Gonzalo Crespo (Saavedra, CABA) y a Alejandro Aguirrez Mansur, Juan Leonel Segovia y Martín Olguín, los policías federales responsables del doble homicidio calificado de Carlitos Abregú y Emanuel Ojeda (Moreno, Pcia. de Buenos Aires).

Debemos repetir lo que venimos diciendo desde que, en abril de 1991, nos cruzamos por primera vez, en la causa Bulacio, con estos funcionarios ministeriales de planta, cuya intervención tiene un paso previo, que es el análisis, por las autoridades del ministerio, de que el caso amerita la defensa orgánica e institucional:

El decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965 para el Personal de la PFA, establece que la asistencia letrada institucional a policías en actividad o retirados se brinda “cuando se trate de causas exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial”.

Nada puede ser más claro: a criterio del Poder Ejecutivo Nacional, el federal Argüello está preso “a consecuencia del ejercicio de la labor policial”. El gatillo fácil es política de estado, y por eso lo defienden como parte de la función pública.

Además de Miguel Ángel Espósito (asesino de Walter Bulacio), la División de Asuntos Penales ha defendido a los policías Juan José Luquet (asesino de Marcelo Báez), Jorge Goyochea (asesino de Marcos Viera), Luciano Cruz Gaete Ossandón (asesino de “Kunky” Méndez), Alberto Segovia (asesino Mauro Vega), Javier Almirón (asesino de Gonzalo Crespo), los cuatro policías asesinos de Marcelo Maione Míguez; los agentes del servicio penitenciario Galarza, Mir y Tocayuk, que torturaron hasta la muerte a Fito Ríos, hijo de Delia Garcilazo; otros torturadores como Carlos Fabián Chávez y Víctor Pablo Barrionuevo; los policías en la causa Cromañón; la cúpula federal de 2001 en la causa del 20 de diciembre y los policías asociados a la patota en el asesinato de Mariano Ferreyra; los asesinos de Carlitos Abregú y Emanuel Ojeda, y, ahora, al asesino de Esteban Paniagua.
La intervención de estos abogados-funcionarios, recurrente y sistemática en las causas donde el gobierno de turno decide defender públicamente su “derecho” al poder de fuego contra la población, es la prueba más evidente de que la represión es política de estado.

¡Por David y Javier, por Pablo, por todos!

La mañana del 3 de marzo de 2013, en la ribera de Quilmes, el subcomisario de la 1ª de Quilmes, Alfredo Alberto Veysandaz, fusiló por la espalda a Marcelo Javier Alarcón y David Heber Orlando Vivas e hirió a Marcelo Claudio Lúquez, cuando los chicos discutieron con el policía porque les tiró el auto encima en una calle sin veredas. Veysandaz justificó su accionar inventando un supuesto robo piraña por parte del grupo de chicos en el que él era la pobre victima que ejercía su legítima defensa. Varios medios locales no tardaron en levantar esta versión de los hechos, validando el discurso de la inseguridad y la necesidad de más policías “heroicos” que, como el subcomisario, hicieran su trabajo. Por su parte, el resto de la institución policial fue cómplice desde un primer momento del hecho, permitiendo que se adulteraran pruebas y encubriendo a Veysandaz, a la vez que ejercía amenazas contra los chicos sobrevivientes, para que dieran una versión distinta de lo sucedido.

De forma similar, el 25 de septiembre de 2014, en la ciudad de Fiske Menuco (Río Negro), le tocó a Pablo Vera, de 23 años, caer ante las balas policiales. El escenario montado por el autor del crimen, el policía Jorge Villegas, es uno muy familiar: argumentó que Pablo estaba robando su auto y habló de un confuso forcejeo donde se le escapó un tiro. Claro que ese relato no guarda relación alguna con la realidad que se fue probando a partir de sus profundas contradicciones, incluso con posteriores relatos de Villegas. A las innumerables trabas que opuso el sistema judicial (compuesto por algunos ex policías), los familiares y amigos de Pablo Vera se enfrentaron al discurso único que crearon los medios en torno al difunto como un “conocido delincuente”, que remarcaba el “intachable historial” del policía acusado. Se organizaron y conformaron la Coordinadora13 de Enero, junto a los familiares y amigos. Cuando el 28 de noviembre del mismo año, se realizó una gran movilización en contra de la excarcelación de Villegas, la represión se desató con toda su ferocidad, sin distinguir chicos o mujeres embarazadas. Con el saldo de 23 detenidos, los camaradas de Villegas hicieron su parte en aplastar toda voz disidente.

Así es como podemos darnos cuenta que sea donde sea, el gatillo fácil no es cosa de un solo loquito suelto o un mal elemento dentro de la fuerza policial. Es una política general, llevada a cabo por los uniformados asesinos, apañada por el poder judicial que garantiza la impunidad y justificada por los medios hegemónicos que crean la figura del “joven delincuente” al que, por peligroso, sólo le cabe la pena capital.

Ante tamaña estructura criminal, solo hay una respuesta: la organización desde abajo y la movilización. Casi tres años después, los familiares de David y Javier, junto a CORREPI y a la par con otras organizaciones sociales, han logrado que Veysandaz quedé preso a la espera del inminente juicio, acusado de triple homicidio (dos consumados y uno en grado de tentativa). Por su parte, los familiares y amigos de Pablo Vera, organizados en la Coordinadora 13 de Enero, han sacudido Fiske Menuco con el reclamo de justicia por Pablo y por todos los pibes que la policía rionegrina ha asesinado. En ambos caso también se puedo notar como la justicia se niega a juzgar a los ejecutores como funcionarios públicos, asignando penas mucho más leves que las que deberían recibir.

El 17 de febrero comienzan los dos juicios. En los tribunales de Quilmes. sobre Av. Yrigoyen, a las 9 de la mañana, se inicia el juicio por David y Javier. Paralelamente, en esos mismos instantes, en los juzgados de General Roca (Fiske Menuco), se va a sentar al policía Villegas en el banquillo de los acusados. Invitamos a copar las calles por todas las vidas que la policía arrebata a diario en nuestros barrios. Porque contra la represión, la organización y la lucha son nuestra única defensa.

Detenciones arbitrarias: la libertad y la vida.

Como decíamos en el Boletín nº 775, el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo y reforzado aval a las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. El dato, puesto en contexto, no es una anécdota menor en la historia represiva de nuestro país. La averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones nos cuesta centenares de miles de detenciones arbitrarias por año. Calculamos (debemos calcular sobre la base de la experiencia, porque ningún gobierno, ni nacional ni provincial larga los números oficiales) que más de la mitad de las personas que pasan por un calabozo policial no estaban acusadas de cometer un delito, sino que fueron víctimas de alguna de estas herramientas para el control social.
Pero también cuesta vidas. Más de la mitad de los muertos en comisarías, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o “para identificar”. Eran, según el eufemismo policial/judicial, “demorados” o “contraventores”, no detenidos, arrestados o aprehendidos por orden judicial o delito flagrante.

Buena parte de las detenciones arbitrarias se vincula directamente con las prácticas de recaudación, como pueden atestiguarlo vendedores ambulantes, manteros, trapitos, personas en estado de prostitución, artistas callejeros y todos los que, de una forma u otra, se la rebuscan para sobrevivir en la vía pública. Todos saben que tienen dos opciones: pagar puntualmente la “cuota” a la comisaría, o ser hostigado sistemáticamente con las detenciones, en las que, además de perder un día de trabajo (y la mercadería, en su caso), nunca falta alguna ubicua trompada que recuerde al infractor que mejor que denunciar es arreglar. Y muchos de ellos son los que engrosan nuestro Archivo de Casos cuando, en la jerga policial, “resulta ser un flojito y se les queda”.

También están los esquemas algo más elaborados, que tantas veces hemos denunciado: la brigada “levanta” alguno bien vulnerable, por ejemplo con algún pasado de “conflicto con la ley”, y, siempre después de un par de golpes que funcionan como “incentivo”, le ordena que vuelva en un par de días con una suma de dinero variable o le arman una causa. Le pasó a Desiderio Meza, que tuvo el buen tino de avisar a CORREPI, lo que permitió la detención de los policías de la comisaría 30ª con las manos en la masa, pero también a Jorge “Chaco” González, que murió 14 días después por la hemorragia interna causada por las patadas en la comisaría 5ª de Fiorito. O el aprovechamiento de estas facultades de llevarse alguien a la comisaría para “ablandarlo” y que admita hacerse cargo de algún delito que los policías no tienen ganas de investigar. Así murió Sergio Durán, a los 17 años en la comisaría 1ª de Morón, y desapareció Andrés Núñez en La Plata, en 1990.

El verano es propicio para estas prácticas extorsivas. Todos conocemos alguien que fue parado en la ruta con un farolito roto o el seguro vencido, y, una vez en la comisaría, fue forzado (siempre con el “incentivo”) a llamar a un familiar para que le mande dinero. Hasta ha ocurrido con turistas extranjeros, que debieron pagar su “rescate” con una remesa de euros, como hace unos años en Santa Fe.

Por eso, cuando denunciamos la práctica sistemática de las detenciones arbitrarias no estamos simplemente defendiendo el derecho a caminar tranquilo por la calle, tengas la pinta que tengas. Es, también, la defensa de la vida de nuestros pibes, que nos convoca a organizarnos cada vez más.

La ¿nueva? policía de la Ciudad.

Ya votaron los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, y el traspaso de alrededor de 18.000 policías federales a la órbita porteña, para sumarse a los 6.500 metropolitanos, es ley, con 39 votos a favor, 11 abstenciones y 3 votos en contra.

Votaron en contra los legisladores del Frente de Izquierda, Patricio del Corro y Marcelo Ramal, y Fernando Vilardo, de AyL. Los dos primeros, en sus intervenciones, denunciaron los crímenes de ambas policías, especialmente en sus operativos conjuntos, como las represiones del Indoamericano, el Hospital Borda, la Sala Alberdi y el barrio Papa Francisco y se apoyaron en los datos que surgen del Archivo de Casos de CORREPI. El diputado del PTS, Patricio del Corro, destacó la presencia, en la manifestación que se realizó en la puerta del edificio, y en el recinto, de familiares de víctimas de las policías federal y metropolitana, como nuestras compañeras Marta Almirón y Soledad Barrientos.

La bancada del Frente para la Victoria, después de un arduo debate interno, pues varios ““especialmente los más vinculados a la burocracia sindical- querían votar a favor, decidió abstenerse, con el argumento de que debía discutirse en el Congreso Nacional. Los 39 votos positivos sumaron al PRO, Confianza Cívica y al Interbloque ECO, que contiene a Suma+, el Partido Socialista, la Coalición Cívica y el Partido Socialista Auténtico.

En definitiva, pasaron a la Ciudad toda la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (con las comisarías), y una parte de Bomberos, Policía Científica, Investigaciones, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y Aviación, aunque todavía no está claro cómo se resolverá el tema del escalafón (la PFA tiene escalafón de oficiales y suboficiales, la Metropolitana escalafón único) y cuestiones nada menores como el enorme negocio de los servicios adicionales y la remuneración.

La ley, denominada Convenio de Transferencia Progresiva, establece que los ministerios de Seguridad de la Ciudad y la Nación podrán hacer acuerdos complementarios y formarán equipos de trabajo conjuntos “para llevar adelante las etapas de transición y consolidación”. Como venimos denunciando, un comando conjunto para la represión, reforzado por el segundo proyecto que se votó, que autoriza al Poder Ejecutivo a “realizar las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias que resulten necesarias”. O sea, a sacar dineros de donde mejor le parezca al GCBA para destinarlo a la nueva megapolicía.

Todo en línea con lo que, a nivel nacional, estableció la “emergencia en seguridad”, que, además de aunar acciones entre las fuerzas policiales conla Gendarmería, la Prefectura y las Fuerzas Armadas, con posibilidad hasta del derribo de aviones, también quita todo control legal, judicial o administrativo para compras de armamento y movimientos de personal.

Veremos pronto, en las calles y los barrios, en las manifestaciones y movilizaciones, y en todos los ámbitos imaginables, cómo nuestra vida cotidiana empeora todavía más con estas medidas.

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