19/06/2014

Boletín de la Asociación por la Memoria, la Verdad y La Justicia de Santiago del Estero

Reproducimos:

  • Se elevaron ternas al Poder Ejecutivo para nombrar fiscales en cinco provincias
  • 531 condenados y 56 absueltos, el balance actual de los juicios
  • Moyano tiene que indemnizar al hombre que lo vinculó a la Tripe A.
  • Bahía Blanca: El arzobispo que fue procesado
  • Exdesaparecida denuncia que Milani encabezó su detención en La Rioja.

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Se elevaron ternas al Poder Ejecutivo para nombrar fiscales en cinco provincias

La procuradora General aprobó el trámite del Concurso N° 96, del que surgieron los candidatos para cubrir distintas dependencias ubicadas en Córdoba, San Juan, Tucumán, Santiago del Estero y Salta.

La procuradora General aprobó el trámite del Concurso N° 96, del que surgieron los candidatos para cubrir distintas dependencias ubicadas en Córdoba, San Juan, Tucumán, Santiago del Estero y Salta.
La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aprobó el trámite del Concurso N°96 y elevó las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo para cubrir cinco vacantes de fiscal Federal en las ciudades de Villa María, provincia de Córdoba; San Juan, provincia homónima; Tucumán, provincia homónima (Fiscalía N°2); Santiago del Estero, provincia homónima (Fiscalía N°2), y Tartagal, provincia de Salta.
Ternas de candidatos surgidas del orden de mérito:
Para el cargo de fiscal ante el Juzgado Federal de Villa María, provincia de Córdoba: 1°) Santiago Eyherabide, 2°) Eduardo Santiago Caeiro y 3°) Rodrigo Altamira. María Marta Schianni y Fernando Gabriel Alcaraz -ubicados en el cuarto y quinto lugar, respectivamente- integran la lista complementaria para el eventual remplazo de alguno de ellos.
Para el cargo de fiscal ante el Juzgado Federal de San Juan, provincia homónima: 1°) Santiago Eyherabide, 2°) Eduardo Santiago Caeiro y 3°) María Marta Schianni. Fernando Gabriel Alcaraz y Juan Pedro Zoni -ubicados en el cuarto y quinto lugar, respectivamente- integran la lista complementaria para el eventual remplazo de alguno de ellos.
Para el cargo de fiscal ante los Juzgados Federales de Tucumán, provincia homónima (Fiscalía N° 2): 1°) Pablo Camuña, 2°) Santiago Eyherabide y 3°) abogado Eduardo Caeiro. María Virginia Duffy, María Marta Schianni y Fernando Gabriel Alcaraz -ubicados en el cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente- integran la lista complementaria para el eventual remplazo de alguno de ellos.
Para el cargo de fiscal ante los Juzgados Federales de Santiago del Estero, provincia homónima (Fiscalía N° 2): 1°) Pablo Camuña, 2°) Eduardo Santiago Caeiro y 3°) abogado Juan Pedro Zoni. Carlos Hernán García, Mariano Llorens y Mariela Labozzetta -ubicados en el cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente- integran la lista complementaria para el eventual remplazo de alguno de ellos.
Para el cargo de fiscal ante el Juzgado Federal de Tartagal, provincia de Salta: 1°) Pablo Camuña, 2°) Eduardo Santiago Caeiro y 3°) Juan Pedro Zoni. Carlos Hernán García, Mariano Llorens y Mariela Labozetta -ubicados en el cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente- integran la lista complementaria para el eventual remplazo de alguno de ellos.
Ahora, el Poder Ejecutivo deberá seleccionar a un candidato de cada terna y elevar su pliego al Senado de la Nación, que decidirá si da o no su acuerdo. Cumplidos esos pasos, las personas electas prestarán juramento ante la procuradora General.

Ver resolución

Fuente: http://fiscales.gob.ar


La estadística releva desde el Juicio a las Juntas en adelante
531 condenados y 56 absueltos, el balance actual de los juicios

En los últimos tres meses se dictaron cinco sentencias condenatorias a 22 acusados y una absolutoria que benefició a otros dos. Once de los condenados ya habían recibido pena en otros juicios. En el mismo período la Cámara de Casación revocó cuatro absoluciones. Los acusados que resultaron libres de culpa y cargo en juicios orales son poco más del 10 por ciento del total de condenados.

Por:
Lucas Miguel

531 condenados por crímenes de lesa humanidad y 56 absueltos son los últimos datos sobre el estado del proceso de juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Los números muestran que, desde el 24 de marzo pasado cuando la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad hizo públicas las estadísticas sobre los juicios, tribunales orales de distintos puntos del país dictaron cinco nuevas sentencias condenatorias a 22 acusados (la mitad de los cuales ya habían recibido condenas en otros procesos) y una absolutoria para otros dos, mientras que la Cámara Federal de Casación revocó cuatro absoluciones y ordenó que en esos casos se fijen penas.

Todas esas variables incidieron para que en poco menos de tres meses los condenados ascendieran de 520 a 531 y los absueltos bajaran de 58 a 56. De esa forma, actualmente las personas que terminaron libres de culpa y cargo en juicios orales son poco más del 10 por ciento de las que resultaron condenadas.

La primera sentencia dictada tras el aniversario 38º del Golpe de Estado de 1976 fue el 14 de mayo, cuando el TOCF de Neuquén condenó a cuatro militares y un policía federal por crímenes en La Escuelita. El ex jefe de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 182, Mario Alberto Gómez Arenas; el ex jefe de la Sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Hilarión de la Paz Sosa, y el ex jefe del personal del Comando de esa unidad, Luis Alberto Farías Barrera, recibieron 25 años de prisión. En tanto, el ex teniente coronel de Inteligencia Jorge Héctor Di Pasquale fue condenado a 17 años de prision y el ex segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza, a seis años y medio.

Quince días más tarde, el 29 de mayo, se dictaron condenas en Jujuy, Tucumán y San Martín. En Jujuy fueron condenados a perpetua el ex interventor del Establecimiento Penitenciario N°1 y ex teniente Antonio Orlando Vargas y a los ex penitenciarios César Darío Díaz y Carlos Alberto Ortiz, mientras que sus colegas Mario Gutiérrez, Carlos Ortiz y Herminio Zárate recibieron condenas de 15, 12 y 9 años de prisión, respectivamente.

En Tucumán fueron condenados a perpetua seis de los homicidas del emblemático caso de Osvaldo De Benedetti: los ex generales Jorge Eduardo Gorleri y Alberto Carlos Lucena; el ex coronel Héctor Hugo Lorenzo Chilo; el ex teniente coronel Jorge González Navarro; el ex mayor y segundo Jefe del Regimiento IXX de infantería y jefe de la Fuerza de Tareas Aconquija, Ángel Colotti, y el ex capitán Ariel Rolando Valdiviezo.

En aquella jornada del 29 de mayo fue condenada en San Martín a ocho años de prisión la obstétrica del Hospital Militar de Campo de Mayo, Lidia Fanni Villavicencio, por su participación en la apropiación de Laura Catalina De Sanctis Ovando, hija de desaparecidos.
El 6 de junio en Santa Fe fueron condenados por asociación ilícita el ex juez Víctor Brusa, quien recibió siete años de prisión; el ex agente de la Policía provincial en el Departamento de Informaciones de la Provincia (D-2), Alberto Ramos Campagnolo, a nueve años de prisión; el ex jefe de la Oficina de Coordinación dependiente del Área Militar 212, Juan Calixto Perizzotti, a ocho años de prisión; y la ex agente María Eva Aebi, a cinco años.

Finalmente, el lunes pasado en Salta fueron sobreseidos por prescripción el ex coronel Carlos Tozzeto Arias y el ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas, quienes en 2008 intentaron deshacerse de un registro de la maternidad del Hospital Militar de Salta. El Tribunal consideró que ese conducta no tiene la categoría de crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, debía prescribir.

Pero los números de condenados y absueltos también variaron por nuevas definiciones en la instancia revisora de sentencias que constituye la Cámara Federal de Casación. El 24 de abril, el tribunal condenó a Juan Carlos Rolón y a Pablo Eduardo García Velasco, quienes inicialmente habían sido absueltos por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y ordenó que el TOCF 5 de la Capital Federal les fije pena.

El 14 de mayo el máximo tribunal penal también revocó las absoluciones del ex almirante Rubén Oscar Franco y del ex agente de la SIDE Eduardo Ruffo en la causa en la que se juzgó en 2012 el Plan Sistemático de apropiación de niños y niñas.

Fuente: http://fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/531-condenados-y-56-absueltos-el-balance-actual-de-los-juicios/

Moyano tiene que indemnizar al hombre que lo vinculó a la Tripe A

Carlos Enrique Petroni, un ex dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), fue querellante de la causa que investigó el accionar de la Triple A y vinculó a Hugo Moyano al grupo paramilitar. El líder de la CGT se refirió luego a Petroni como “enfermo y mitómano”. Ahora tiene que pagarle.

Por: Néstor Espósito

Las expresiones utilizadas por los demandados para referirse al actor en la solicitada, como la palabra “˜mitómano”™, así como el calificativo de “˜enfermo”™ empleado por Moyano cuando se dirigía al público en la oportunidad indicada, aunque ahora al contestar demanda no lo recordara, y que fuera recogido por el diario Clarín en el artículo citado, o el de “˜enfermito”™ al que se refiere una testigo, son disvaliosas tanto en el ámbito privado como en el social

El líder de la CGT, Hugo Moyano; su abogado, el ex juez Daniel Llermanos, el sindicato de Camioneros y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros fueron condenados a indemnizar con 70 mil pesos más intereses ““que virtualmente duplican esa cifra- al militante socialista Carlos Enrique Petroni. El juez en lo Civil Juan Pablo Rodríguez dirimió así un viejo pleito originado en las afirmaciones de Petroni, exiliado político en los 70, quien aseguró en dos oportunidades ante la Justicia que Moyano integró el brazo sindical de la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como “Triple A” y comandada por José López Rega.

Carlos Enrique Petroni, un ex dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), estuvo dos años (entre 1975 y 1978) en la clandestinidad y luego emigró durante la última dictadura cívico-militar. “Regresó al país en 2005, presentándose, en el 2007, como querellante en la causa n° 6511 caratulada “López Rega, José y otros s/ asociación ilícita”, en la que se investigaban los delitos de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar Alianza Anticomunista Argentina. Allí dejó en claro la íntima relación de los integrantes de ese grupo con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, fundador en 1973 de la Juventud Sindical Peronista. Vincula a esa agrupación política, ideológica y operativamente con otros grupos, como la Concentración Nacional Universitaria, que desembocarían en la Triple A.”.

Sus afirmaciones fueron incorporadas por la Cámara Federal de Mar del Plata al “Juicio de la Verdad”, desarrollado en la ciudad balnearia de la que es oriundo. Luego lo ratificó ante el juez federal Norberto Oyarbide. Según el fallo, al que tuvo acceso Infojus Noticias, “a raíz de su declaración testimonial ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, con fecha 1° de abril del 2008 el diario Clarín publicó una nota titulada “˜Vinculan a Moyano con la CNU embrión de la Triple A marplatense”™, en la que se hace mención a los datos por él aportados”. Pero tres semanas más tarde, el 21 de abril, “en el mismo diario abarcando un cuarto de la página 8 bajo el título “˜Ante falsas imputaciones desvinculan a Moyano”™, apareció publicada una solicitada firmada por su hermano Fernando Petroni, del que se encuentra distanciado desde hace más de 30 años, por razones estrictamente ideológicas”.

La desmentida fue firmada por el hermano de Petroni, pero pagada por Camioneros. Explica el fallo que “la agraviante solicitada fue contratada por Fernando Petroni y Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros a través de sendos contratos de publicidad, siendo responsable de uno de ellos el abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos. Y la misma fue abonada por el Sindicato de Chóferes de Camiones y la aludida Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros”.

Moyano declaró en la causa. “Con un pedazo de información por la que alguien dijo que se le debería preguntar acerca de lo que sabía del funcionamiento de la Concentración Nacionalista Universitaria en el año 1971, por haber sido entonces miembro de la Juventud Sindical Peronista, se obtuvo que el diario Clarín publicara una nota bajo un titular que lo vinculaba con la Triple A. Frente a ello, lo llamó por teléfono el Sr. Fernando Petroni (hermano del actor y a quien conoce desde hace muchos años) para presentarle disculpas familiares, aduciendo que su hermano padece una enfermedad que no le permite distinguir la realidad ni medir adecuadamente las consecuencias de sus acciones, con lo que por su parte, dio por terminado el asunto”.

La publicación de la solicitada parece desmentir aquello de que “dio por terminado el asunto”. Más aún, “a los términos volcados en la mencionada solicitada, se suman las expresiones vertidas por el nombrado demandado en ocasión del seminario “˜Cultura y medios en la Dictadura y Democracia”™, del 9 de mayo de 2008, en la Sala Borges de la Biblioteca Nacional, donde en el aducido marco de una campaña de agresiones del mencionado diario, se quejó, entre otros motivos, por el artículo citado, y esgrimió en su defensa que “˜el hermano dijo que el testigo está enfermo, así que no se puede tener en cuenta lo que dijo”™”, refleja el fallo.

Ofensa al honor

Carlos Enrique Petroni querelló a Moyano por “calumnias e injurias”, pero la causa, tras una larga serie de planteos del abogado del jefe sindical, prescribió cuando estaba en los umbrales del juicio oral y público. El juez civil Rodríguez evaluó que “una decisión como la que decretara la extinción de la acción penal por la razón señalada, no impide analizar los hechos con entera libertad en el ámbito civil”.

Así lo hizo. Y llegó a la conclusión que indica que “la ofensa al honor que puede generar un daño resarcible no es sólo la imputación mentirosa, sino también la verdadera. Ello porque en materia jurídica no opera la regla ética de la verdad por la verdad y se responsabiliza a quien la expresa cuando esa verdad es nociva para el honor ajeno y no existe un motivo justificado para darla a conocer. Una cosa será la investigación histórica de esas circunstancias para probar la verdad de las manifestaciones, y otra convertirlas en hechos notorios, porque si no eran tales, la divulgación incide sobre la pública consideración y es ofensiva”.

“Las expresiones utilizadas por los demandados para referirse al actor en la solicitada, como la palabra “˜mitómano”™, así como el calificativo de “˜enfermo”™ empleado por Moyano cuando se dirigía al público en la oportunidad indicada, aunque ahora al contestar demanda no lo recordara, y que fuera recogido por el diario Clarín en el artículo citado, o el de “˜enfermito”™ al que se refiere una testigo, son disvaliosas tanto en el ámbito privado como en el social y poseen una indudable entidad para producir descrédito y lesionar el derecho al honor del damnificado, lo cual cobra una mayor dimensión aún, si se aprecia que fueron vertidos en respuesta a la mencionada declaración testimonial, en un tema de alta sensibilidad social”¦ Ello toma una mayor relevancia porque los dichos ofensivos fueron rodeados de otras explicaciones orientadas a darles un mayor sustento, como el intento de hacer creer que el accionante no se encontraba en el país cuando ocurrieron los sucesos”.

El juez Rodríguez falló “haciendo lugar a la demanda promovida por Carlos Enrique Petroni y en consecuencia, condeno a Fernando Héctor Petroni; Hugo Antonio Moyano; Federación Nacional de Trabajadores Camioneros; Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires y Daniel Hugo Llermanos a abonarle, dentro de los diez días de notificada la presente, la suma de $ 70.000, con más sus intereses y costas”.

Fuente: http://www.infojusnoticias.gov.ar

EL TITULAR DE LA DIOCESIS DE BAHIA BLANCA, GUILLERMO JOSE GARLATTI

El arzobispo que fue procesado

Está involucrado en el encubrimiento agravado del ex capellán Aldo Vara durante los ocho meses que estuvo prófugo de la Justicia, acusado de delitos de lesa humanidad. Garlatti fue procesado también por desobediencia.

Por Diego Martínez

El arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo José Garlatti, fue procesado ayer por el encubrimiento agravado del ex capellán Aldo Vara durante los ocho meses que estuvo prófugo de la Justicia. El juez federal subrogante Alvaro Coleffi consideró probado que Garlatti omitió informarle sobre el Fondo Integral de Solidaridad (Fides) que el arzobispado le siguió pagando a Vara mientras el Estado ofrecía una recompensa para capturarlo y que ocultó también otros datos útiles para la búsqueda, descubiertos en el allanamiento a la Curia. El magistrado sostuvo que el arzobispo intentó durante su indagatoria “explicar lo inexplicable”, al sostener que “no pensó” o “no se le ocurrió” que los datos que ocultaba fueran valiosos para la Justicia y lo procesó también por el delito de desobediencia. El empresario Leopoldo Bochile, ex apoderado de Vara, quien murió poco después de su detención en Paraguay, fue procesado por encubrimiento.
Imputado por delitos de lesa humanidad en el Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca, Vara estuvo prófugo desde agosto pasado, cuando la Cámara Federal ordenó su captura, hasta el 28 de abril cuando Interpol lo detuvo en Ciudad del Este. Un día después, enterados de que su apoderado nunca había dejado de cobrar el Fides, los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani certificaron el dato en la Curia y denunciaron por encubrimiento a Garlatti y Bochile. Citado a indagatoria, Garlatti se explayó sobre el rechazo que se prodigaban con Vara desde su gestión como obispo de San Rafael, cuando le encomendaron la misión de “encauzar” el Instituto del Verbo Encarnado donde se terminaría refugiando el ex capellán, pero sugirió falta de criterio para justificar su silencio sobre el pago del Fides cuando el propio juez Coleffi le había reclamado “todos los datos” que tuviera sobre el prófugo. “No lo tuve presente”, “no se me ocurrió”, “nunca se me pasó por la mente”, se excusó al declarar, e incluyó en el desliz a todo el personal del Arzobispado: “A nadie se le ocurrió pensar dónde iba a parar esa plata”, aseguró.
“No es posible creer que no haya sido motivo de interés para el Arzobispado procurar una búsqueda minuciosa y eficiente que tuvieren sobre Vara”, consideró el juez. “Más bien aparece como una línea definida porque lo mismo ocurrió ante el reclamo de organizaciones de derechos humanos, el Ministerio Público Fiscal y aún la propia jerarquía eclesiástica”, resaltó Coleffi, en referencia a los distintos interlocutores ante quienes el Arzobispado bahiense dijo desconocer el paradero de Vara. “No hablamos de un delito común cuyo conocimiento puede escaparse a la consideración general. Estamos hablando de un clérigo incardinado en el Arzobispado local, imputado de lesa humanidad, sobre el cual se decidió no dar toda la información que existía en el Arzobispado. Desconocer esta trascendencia o esta dimensión es intentar explicar lo inexplicable”, subrayó.
“El pago ininterrumpido por parte del Arzobispado de un fondo Fides, por interpósita persona, importa inocultablemente un aporte ““hasta imprescindible”“ para sostener económicamente a un imputado de lesa humanidad, o para mantener un estado de clandestinidad o fuga del mencionado Vara”, sostuvo el juez. Coleffi consideró “curioso” que el legajo de Vara no estuviera en el Arzobispado, máxime cuando Garlatti dijo ser “muy cuidadoso en lo que hace a la documentación” y aclaró que todo dato “se guarda en legajos personales”. Ante la intervención “activa” y el conocimiento del arzobispo sobre los pagos mensuales, sumados a la situación de prófugo de Vara, concluyó en procesarlo como autor de “encubrimiento por favorecimiento personal”, agravado por ser delitos de lesa humanidad los imputados al ex capellán militar.
Más allá de la imputación por encubrimiento que había pedido el Ministerio Público, el juez avanzó sobre el delito de desobediencia. “La actitud obstaculizadora se traduce en no dar toda la información a la Justicia ante un reclamo específico, lo que frustró la acción jurisdiccional y facilitó, sin duda, el estado de prófugo de Vara, puesto que perjudicó el desarrollo de una pesquisa”, sostuvo. “El conocimiento previo de Garlatti sobre la situación de Vara resultó indudable, por lo cual la (in)contestación cabal de lo requerido marca la responsabilidad del Arzobispado. De ello da cuenta que hasta adoptó la precaución de consultar a un letrado particular (en referencia al abogado Héctor Bertoncello) para elaborar las respuestas”, destacó. Coleffi enumeró documentos y manuscritos sobre Vara secuestrados durante el allanamiento a la Curia “que hubieran sido útiles” para la búsqueda, remarcó que estaban junto a la nota enviada en noviembre por tres organizaciones de derechos humanos y sin embargo “fueron omitidos de informar” ante su requerimiento. Garlatti y Bochile fueron procesados sin prisión preventiva y el juez fijó sus responsabilidades civiles en 7000 y 4500 pesos, respectivamente.
Fuente: Pagina 12

Exdesaparecida denuncia que Milani encabezó su detención en La Rioja

En diálogo con Perfil, Verónica Matta relató que tenía 17 años cuando la detuvieron. Estuvo tres años presa. El contacto con Milani y Ledo.

“Sí, es él. Lo recuerdo más joven y un poco más flaquito, pero es Milani. Es el mismo rostro que guardo en mi memoria”. Con estas palabras, y al ver la foto que ilustra esta nota, Verónica Matta reconoció al teniente general César Milanicomo el militar que comandó el operativo de su detención ilegal en La Rioja por el que permaneció tres años presa de la dictadura.

Matta se había acercado a la audiencia pública en el Congreso de la Nación convocada por el Frente de Izquierda en un nuevo aniversario de la desaparición del soldadoAlberto Ledo, crimen de lesa humanidad que involucraría al jefe del Ejército, y allí tomó la palabra y contó la historia de su detención. Por primera vez y en exclusiva paraPerfil.com, Matta explica por qué señala a Milani como el hombre que comandó su detención.

“Cuando vi a Milani por los últimos acontecimientos me dio un escozor, porque lo reconocí”,cuenta Matta. “Empecé a leer que había estado en La Rioja, até cabos y saqué conclusiones. Había sido el militar joven que había llevado la voz cantante durante mi detención”, agrega. La mujer tenía 17 años y era estudiante del Colegio Nacional Joaquín V. González, una tradicional institución educativa riojana. “Participaba como delegada en las actividades estudiantiles, teníamos programas de radio y una actividad social y política importante para nuestra juventud”, explica.

“En esas circunstancias conocí a Alberto Ledo, que hoy está desaparecido.Compartíamos salidas, música, guitarreadas, que eran muy comunes en La Rioja”, sostiene Matta. Cuando los militares tomaron el poder, el clima político en la provincia cambió. “Se vivía un clima muy particular desde antes del golpe. Con quienes nos reuníamos sabíamos que se venía algo pesado. Después del golpe empezaron a detener a muchas personas. Con mis amigos nos juntábamos, les llevábamos libros a los detenidos. Yo sabía que en algún momento iban a venir por mí”, relata. El presentimiento de Verónica Matta se cumplió el 16 de julio de 1976, exactamente un mes después de la desaparición del conscripto Alberto Ledo.

“Esa noche yo ya estaba durmiendo, pero lo hacía con un solo ojo porque el clima era muy complicado, unos ruidos de autos me despertaron -recuerda-. Salí por el balcón y vi tres autos con muchos militares armados. Mi viejo subió a mi cuarto y me avisó que debía bajar, que me buscaban. Me vestí con bastante parsimonia mientras los militares esperaban en la sala. Bajé y vi toda la escena. Había hombres más grandes, todos con las armas. Mi viejo preocupado hablaba con ellos. Había una figura que contrastaba con el resto de los presentes. Era un jovencito vestido de militar, muy puesto, carilindo, y que llevaba la voz cantante. Le decía a mi viejo: ‘No se preocupe, doctor’. Mi papá preguntaba: “˜¿Pero a dónde la llevan?”™. “˜No le podemos decir, doctor”™, le decía este militar jovencito. Mi viejo era abogado e hizo llamar a un vecino para que testifique que me estaban llevando, eran don Feiling, que murió. También recuerdo que le pidió al militar joven que firmara un papel y tengo el recuerdo de que lo firmó.Ese hombre para mí era Milani”, asegura la mujer.

 “¿Qué pasó después?”, pregunta Perfil.com.

 “‘No te preocupes, en dos días estás en casa’, me dijo mi viejo. Pero estuve casi tres años presa. Me subieron a un auto, el militar joven, que para mí es Milani, se fue en otro a seguir el raid. Esa noche detuvieron a varias otras personas. Fue como una “˜Noche de los lápices”™ riojana. Me llevaron al Instituto de Rehabilitación Social, que fue un centro clandestino de detención en la provincia. Varios días después, en medio de un interrogatorio, se me subió la venda de los ojos, porque me mantenían vendada y atada cuando me llevaban a interrogar. Como se subió la venda, pude mirar y reconocí a este militar que había estado durante mi detención. Ese militar joven estaba dentro del centro clandestino de detención, en medio de los interrogatorios”.

Matta fue legalizada por el juez Catalán, actualmente preso por delitos de lesa humanidad y que está acusado en el caso Ramón Olivera, por el que también se acusa a Milani. Su testimonio es el quinto que involucra a Milani en crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura. En la audiencia del Congreso convocada por el Frente de Izquierda también participó Graciela Ledo, hermana del conscripto desaparecido, que ayer mismo pidió mediante sus abogados querellantes la indagatoria como acusado del teniente general César Milani.

Perfil.com pudo conversar con la abogada María Elisa Reinoso, abogada de la familia Ledo, que presentó ante la justicia informes de inteligencia adscriptos a la causa que investiga el asesinato del soldado Roberto Villafañe, en los que se menciona a Ledo como “marxista trotskysta, perteneciente a la zona La Rioja del PRT-ERP y responsable del frente político del PRT-ERP en la Universidad Nacional de Tucumán, participante del intento de copamiento del R-17 Catamarca y de haber llevado la tarea de captación de soldados en la unidad”.

Varios testigos señalaron que Milani hacía inteligencia entre los conscriptos y el actual jefe del ejército firmó el informe falso que señala que Ledo había desertado del ejército, cuando en realidad había sido desaparecido. El testimonio de Verónica Matta complica aún más la ya difícil situación del hombre elegido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para dirigir al ejército de la nación.

Fuente: http://www.elindependiente.com.ar/digital/ver_noticia.php?id=6690

ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA. FAMILIARES DE DESAPARECIDOS y EX PRESOS POLITICOS DE
SANTIAGO DEL ESTERO



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