13/08/2010

Bs As: Se presentó Informe Comisión Provincial por la Memoria

Reproducimos:

Cárceles y políticas de seguridad en la provincia

SEVERO DIAGNOSTICO DE LA COMISION POR LA MEMORIA

En el auditorio del Pasaje Dardo Rocha de La Plata se presentó la edición correspondiente al año 2010 del informe anual del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. En su exposición el juez español Baltasar Garzón señaló que: “Las fuerzas de seguridad deben responder a principios de derechos humanos y su acción debe ser estrictamente controlada por el poder civil” y afirmó que “la prisión preventiva no es una pena adelantada ni una venganza de la sociedad. Si sucede así, falla el sistema jurídico. En otro momento de su presentación aseguró que “es inadmisible que las comisarías se utilicen como lugares de detención”.

Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel señaló que: “Las deficiencias en la política de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires son graves. Existe un agravamiento de la situación de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, con incumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por Argentina”.

Del panel de presentación participaron también Hugo Cañón, Alejandro Mosquera y Roberto Cipriano García de la Comisión Provincial por la Memoria y el secretario general de la Asociación para la Prevención de la Tortura, Mark Thomson.

El informe anual del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria plantea un crítico diagnóstico sobre violaciones a los derechos humanos en los lugares de detención y realiza una evaluación de las políticas de seguridad, niñez y penitenciarias en la provincia de Buenos Aires

En materia de políticas penitenciarias, los datos relevados por el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria dan cuenta de un significativo crecimiento de la población carcelaria en la provincia. Hay en la provincia un total de 30. 132 detenidos, 26.092 en cárceles y 4.040 en comisarías. Si se cotejan los detenidos actuales con los detenidos al iniciarse esta gestión, se advierte un crecimiento de 3.145 personas. “La existencia de más de 4000 personas en dependencias policiales -lugares que no están preparados para alojar detenidos- es la manifestación más cruda del hacinamiento y la sobreocupación del sistema en su conjunto. Las dependencias de Quilmes presentaban niveles de sobrepoblación del 113% a febrero de 2009, ya que alojaban 290 personas en lugares que sólo admitían 138. Las comisarías de Lomas de Zamora llegaban, en algunos casos, hasta un 300 % de sobrepoblación”.

Mark Thomson, secretario general de la Asociación para la Prevención de la Tortura señaló que “la democracia no ha resuelto el problema de la tortura. Se necesita para oponerse de manera eficaz a la tortura transparencia de las instituciones donde se encuentran personas privadas de su libertad y monitoreo independiente cumpliendo con las previsiones del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura”.

Más de 500 personas colmaron el Pasaje Dardo Rocha. Se hicieron presentes integrantes de organismos de DD.HH. y organizaciones que atienden la problemática de las víctimas de violencia estatal, jueces y funcionarios judiciales, legisladores y dirigentes sindicales. En representación del gobernador Scioli, estuvo presente su asesor Edgardo Binstock.

Hugo Cañón, co-presidente de la Comisión, afirmó que: “existen zonas grises en la policía bonaerense, zonas de connivencia con el delito. Éste constituye una fuente paralela de financiamiento de la fuerza y produce corrupción en sus mandos. Consta la existencia de reclutamiento de presos por el servicio penitenciario para que delincan y de ex presos y menores por parte de la bonaerense”.

Alejandro Mosquera afirmó que “los fiscales no deben delegar nunca su deber de investigación en la policía” y recordó que uno de los puntos que la Comisión planteó en su reciente reunión con Scioli fue la creación de la policia judicial”. Otro punto de la agenda planteada por la Comisión es la conformación por ley de un Observatorio de la Violencia y el Delito: “No hay producción de información certera acerca del delito”

Cómo se recordará, la Comisión Provincial por la Memoria se entrevistó el pasado 3 de agosto con el gobernador Daniel Scioli, su jefe de gabinete, Alberto Pérez y el Ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, entre otros miembros del gabinete provincial. En ese contexto hubo acuerdo en promover espacios institucionales de discusión y avanzar en el debate de algunos proyectos de ley.

“Las políticas de seguridad implementadas por el gobierno provincial han tomado riesgosos atajos que dan más autonomía a las fuerzas de seguridad. A contramano del planteo del amplísimo acuerdo para una seguridad democrática que sostiene la necesidad perentoria de que el poder civil retome la conducción de la seguridad, en la Provincia se depositan esas atribuciones en un jefe policial. Esto constituye un fuerte mensaje hacia el interior de la fuerza que ve potenciado su autogobierno” señala el informe en su parte introductoria. La Comisión por la Memoria afirma además que se hace evidente “la ineficacia reiterada en la persecución de las redes delictivas así como el clasismo que expresan las prácticas policiales y judiciales, que ponen su ojo especialmente en niños, jóvenes y mujeres pobres y marginados. Se criminaliza a los más empobrecidos, pero no son visibilizados ni penalizados con igual énfasis los grupos o redes cómplices o responsables del delito complejo: trata de personas, desarmaderos, narcotráfico”.

“Que la desaparición de Luciano Arruga quede impune es un mensaje muy grave para la sociedad” afirmó Mosquera. Luciano Arruga permanece en condición de desaparecido luego de ser detenido por personal policial de Lomas del Mirador, el 31 de enero de 2009: “Testigos afirman que fue golpeado salvajemente por personal policial. Detrás de su desaparición aparece la trama del reclutamiento por parte de la policía de jóvenes como mano de obra para redes delictivas” afirma el informe.

De acuerdo a los datos relevados en el informe, los sectores que más sufren la persecución policial son los de menores recursos y, dentro de éstos, los que integran las franjas etarias que van entre los 14 y los 25 años. Se describen además un conjunto de prácticas policiales y judiciales que expresan el avasallamiento de garantías y limitaciones de acceso a la justicia: amenaza de imputación penal, robo de documentos de identidad, razzias masivas en los barrios pobres, requisas ilegales en la vía pública.

En otro párrafo la Comisión Provincial por la Memoria señala que no es posible disociar una política de seguridad democrática de políticas de integración social en una provincia con altísimos niveles de exclusión, y plantea la necesidad de acuerdos básicos para construir políticas de estado: “Lamentamos que la seguridad de los vecinos de nuestra provincia sea rehén de las campañas electorales. Y no porque cuestionemos la necesidad de debatir en profundidad entre los partidos y candidatos qué se debe hacer con este grave problema, sino porque se dan respuestas gestadas en el facilismo y se colocan cada vez más cerca del autoritarismo y la arbitrariedad”.

A contramano de las afirmaciones que suponen que la población carcelaria entra por una puerta y sale por la otra, los porcentajes de detenidos con prisión preventiva son elevados: 71 % en el caso de los varones adultos y en el caso de las mujeres asciende al 76 %. El mismo panorama se observa con los menores. De los 470 jóvenes privados de libertad por causas penales, el 70% está detenido bajo la figura de la prisión preventiva y sólo un 5% se encuentra en situación de juicio o ya condenados.

En el caso de las mujeres, aun cuando una modificación legislativa propició medidas morigeradoras o alternativas a la prisión, el impacto no ha sido significativo: sólo un 1,3% de la totalidad de las mujeres detenidas recibió el beneficio de la morigeración (en 2008 el porcentaje fue del 0,43%,). Como contrapartida, en el último año el porcentaje de mujeres detenidas aumentó un 29%.

“Es necesario que el Poder Judicial deje de usar la prisión preventiva masivamente como pena adelantada. La sobrepoblación carcelaria es responsabilidad primaria del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Judicial: su responsabilidad no termina con el dictado de prisión preventiva o con una sentencia condenatoria sino que se prolonga con la ejecución penal”, afirma la Comisión en su informe.

Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura de la Comisión señaló: “Hay una política de negación de la existencia de tortura por parte de los funcionarios del Estado, algo que sucede también con el Estado nacional. Esta situación ha sido señalada y observada en distintas instancias internacionales como el Comité de Derechos Humanos y el de Niñez de las Naciones Unidas”

En materia de violencia institucional, el número de muertes en las cárceles creció. En el año 2009 murieron 116 personas en el sistema penitenciario provincial. En el año 2008 las muertes habían sido 112. Las muertes por VIH-sida y por las denominadas enfermedades oportunistas (tuberculosis, neumonía, hepatitis) constituyeron en 2009 la principal causa de muerte en unidades penitenciarias. Por otro lado, el Informe afirma que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes perviven y son prácticas sistemáticas en los lugares de detención. Cuando estos casos son denunciados, en general los jueces apelan a los tipos penales más benévolos para los victimarios y en contados casos se los tipifica como torturas, reforzando la sensación de impunidad para estas prácticas.

En materia de políticas de niñez, el informe señala que la ampliación de los derechos de los niños consagrada por Ley de Promoción y Protección (ley 13.298) no fue acompañada por la necesaria inyección de recursos financieros. Los servicios locales y servicios regionales ““ámbitos de contención para los niños en situación de vulnerabilidad- funcionan de manera deficiente. Y restan crearse organismos tales como el Observatorio Social y el Defensor de los Derechos del Niño. Como contracara de estas deficiencias en el terreno de la promoción, se observa en la provincia de Buenos Aires un incremento importante de la detención de jóvenes en institutos cerrados y de recepción. Esto ha llevado a la sobrepoblación y alojamiento en lugares no habilitados para ello, como por ejemplo el uso de comedores abandonados donde los jóvenes debían dormir sobre mesas de cemento y sin luz eléctrica (Nuevo Dique) o un niño de 13 años y uno de 17 años que debían dormir compartiendo el mismo colchón sobre el piso (Centro de Recepción La Plata).

El accionar policial resulta el eslabón del sistema penal que provoca la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en la Provincia.

Aun cuando está expresamente prohibido el alojamiento de menores de edad en comisarías, de una encuesta realizada con adolescentes alojados en tres institutos penales se desprende que el 100% permaneció dentro de una comisaría al momento de ser detenido.

Otro señalamiento que realiza el informe se refiere a la presencia de personal masculino en las unidades penales que alojan mujeres, donde no se limita a la intervención ante situaciones de alta conflictividad -tal como ocurrió con las intervenciones del grupo de operaciones especiales en la Unidad 33 de Los Hornos-, sino que personal masculino cumple funciones administrativas y de seguridad en forma permanente, contrariando lo dispuesto por la normativa internacional.

Otro dato relevante es el significativo impacto de la desfederalización en materia de estupefacientes sobre la tasa de prisionización de mujeres. En la actualidad el 40 % de las mujeres alojadas en las unidades carcelarias de la Provincia están detenidas e imputadas por el delito de tenencia simple de estupefacientes, facilitación gratuita o tenencia con fines de comercialización. Sin embargo, un relevamiento realizado en el Departamento Judicial de La Plata revela que no existe articulación con la órbita federal para conectar esta comercialización con las redes de organizaciones delictivas.

Antes de su presentación pública, el Informe fue entregado al jefe de Gabinete Alberto Pérez, en representación del Poder Ejecutivo, y a la presidenta de la Suprema Corte de la Provincia, Hilda Kogan.

La Comisión Provincial por la Memoria está integrada por Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte, Aldo Etchegoyen, Víctor Mendibil, Mauricio Tenembaun, Elizabeth Rivas, Fortunato Mallimaci, Alejandro Mosquera, Víctor De Genaro, Daniel Goldman, Martha Pelloni, Elisa Carca, Carlos Sánchez Viamonte, Luis Lima, Verónica Piccone, Susana Méndez, Emilce Moler y Roberto Tito Cossa. Son consultores académicos, Mempo Giardinelli, Leopoldo Schiffrin, Theo Van Boven y Baltasar Garzón.

El informe concluye señalando: “Los datos que aquí se vuelcan constituyen una interpelación a los tres poderes de la provincia de Buenos Aires. Y son también un instrumento clave para el diseño de políticas públicas si lo que se quiere es transformar una realidad injusta. En ese sentido, la Comisión Provincial por la Memoria reitera su voluntad de actuar y buscar caminos de solución junto a legisladores, funcionarios del Poder Judicial y el Ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil”.



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