Represión contra los pobres en Bariloche (¿Será su forma de luchar contra la pobreza?)

Reproducimos:

En estos últimos días, los asesinatos cometidos por personal policial en Bariloche y las contrapuestas reacciones frente a esos crímenes han sido reflejadas en numerosos medios de comunicación.

Hay acuerdo acerca de la síntesis de los hechos: el joven Diego Bonnefoi, de 15 años, fue asesinado en la madrugada del 17 de junio por personal de la policía rionegrina en el Alto de Bariloche, zona que por su pobreza está fuera de los recorridos turísticos, y, en el marco de la protesta de gran parte de la comunidad, harta de la represión policial que cotidianamente sufre y de la marginación a la que son sometidos, fueron asesinados otros dos habitantes del Alto (Matías Carrasco de 17 años y Sergio Cárdenas de 29 años), además de un número de heridos superior a la veintena. Ninguno de los tres jóvenes estaba armado al momento de ser asesinado, aunque al primero la policía habría tratado luego de ponerle una 22.

Tras una nueva serie de reclamos populares y la definición en su apoyo de diversas organizaciones sindicales, en el día de ayer hubo una marcha a favor de la policía (y encabezada por un patrullero), reclamando contra la mudanza de la Comisaría 28º del Alto (a pesar de tratarse de un gesto simbólico, ya que se la desplazaría apenas a tres cuadras), claramente hegemonizada por los comerciantes que quieren mostrar una imagen «ordenada” de cara a la próxima temporada. Las versiones sobre el número de concurrentes bailan al compás de la posición que se tome: así, mientras los voceros de las clases pudientes llegan a 3.000 manifestantes (incluso 4.000 en algún periódico neuquino), mientras otros bajan esa cifra a quinientos. El intendente, a su vez, reclamó al gobernador «acciones concretas vinculadas a los reclamos de mayor seguridad”.

No es necesario ahondar en la noticia para contemplar que las distintas visiones de clase llevan a enfoques diferentes sobre la policía: los que sufren su accionar como fuerza represiva que garantiza el mantenimiento de la situación existente la repudian (al menos cuando asesina a los jóvenes en forma evidente), mientras que los que desean mantener a cualquier costo sus posiciones de privilegio son concientes del rol que cumple y por ende la defienden sin preocuparse ni siquiera por parecer políticamente correctos.

El concepto de seguridad de los sectores dominantes es también muy claro: la seguridad es exclusivamente la garantía de que nadie los prive de alguna porción de su propiedad, ni cause daños, ni realice acción alguna que pueda perjudicarlos económicamente (por ejemplo, enturbiando la imagen idílica de la ciudad que pretenden dar a los turistas). Para ellos, no forma parte del concepto de seguridad la garantía de ningún otro derecho: ni la seguridad laboral (en sus dos facetas: la posibilidad de obtener un empleo debidamente registrado y permanecer en él y, además, la realización de las tareas en condiciones adecuadas de seguridad e higiene), ni la posibilidad de obtener una jubilación digna, ni el acceso a la educación o a la salud (si es necesario, pagarán servicios privados), ni siquiera el acceso a una vivienda digna. Tampoco se les ocurre pensar que ellos o sus hijos puedan ser torturados o asesinados por el personal policial (no se equivocan, la mayoría de las víctimas son personas de escasos recursos económicos). Por eso los «delincuentes” son los manifestantes que reclaman por sus vecinos muertos, no los policías que los asesinaron ni los políticos que los utilizan para controlar al pobrerío.

Reiteradamente hemos caracterizado a la represión como inherente al sistema capitalista y como herramienta coercitiva del Estado burgués, que «“independientemente del gobierno que lo administre y en tanto representante de los intereses de los sectores dominantes»“, necesariamente recurre a estrategias represivas como el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias con el objetivo de ejercer el control y el disciplinamiento social y para garantizar la aplicación de sus políticas de hambre y exclusión. Esta convicción nos lleva a reafirmar que se trata de un accionar sistémico ejercido por el Estado; por ende, rechazamos los discursos que pretenden cargar las responsabilidades exclusivamente sobre los autores materiales de los hechos o, como mucho, sobre los jefes de los operativos: la policía rionegrina tiene como una de sus finalidades centrales (no declarada, por cierto) la represión preventiva hacia los sectores más empobrecidos y marginados, como forma de mantener la situación de desigualdad imperante.

En la represión posterior al asesinato de Bonefoi participó la «B.OR.A.” (Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto), el cuerpo especial represivo de la policía rionegrina, ratificando la responsabilidad política de quienes tomaron la decisión de que interviniera contra los manifestantes. En la página oficial de internet de la Policía de Río Negro (cuyo lema es nada menos que «Soporta y Abstente” se definen las funciones de la B.O.R.A.., que resumiremos en la parte pertinente: tiene «el objeto de hacer frente a situaciones extremas; («¦) para realizar tareas cuando existen conflictos sociales” y su finalidad es «lograr la resolución del conflicto sin poner en riesgo la integridad física de terceras personas, del personal policial o incluso del delincuente protagonista de los hechos o minimizar sus consecuencias en casos que exista resistencia, sea física o armada” (¿cómo compatibilizar esta finalidad con los asesinatos de Carrasco y Cárdenas?). Pero, además, al describir las hipótesis de intervención «imprevistas”, entre las que se encontraría la de la represión en Bariloche, afirma que «Son generadas por la delincuencia y constituyen una situación de crisis”. Según esta lectura, compartida por varios de los participantes en la marcha en apoyo a la policía, las personas que reaccionaron en repudio del asesinato de Bonefoi deben ser consideradas como delincuentes.

Desde CADeP expresamos nuestra solidaridad hacia todos aquellos que son víctimas de esta represión y ratificamos nuestra voluntad de colaborar en la tarea común de confrontar la represión estatal con unidad, organización y lucha, para lo cual es necesario que construyamos una visión contrahegemónica de los derechos humanos, que enfrente a los discursos justificativos de sus violaciones, como el tan limitado como efectivo (gracias a su permanente repetición para transformarlo en sentido común) discurso de la «seguridad”, que funda la brutal actuación policial contra los personas de menores recursos.

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES E

INTELECTUALES DE LOS ASESINATOS Y LA REPRESIÓN

EN BARILOCHE!

BASTA DE GATILLO FÁCIL Y REPRESIÓN

NO A LA LEY ANTITERRORISTA

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES

APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA

CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS

FRENTE A LA REPRESIÓN:

¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

Para contactarnos:

CADeP se reúne todos los martes a las 20 horas en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Corrientes 1785 2º «C», capital (teléfono: 4371-8066).

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