24/02/2009

Joven asesinada en la Cárcel de Ezeiza

Difundimos comunicado de prensa:

ANTE LA MUERTE DE UNA JOVEN DETENIDA EN EZEIZA

El pasado domingo 22 de febrero Silvia Nicodemo, una joven que estaba presa en el penal de Ezeiza, apareció colgada de una ventana del baño del pabellón con una sábana al cuello. El Servicio Penitenciario Federal informó que se le practicaron maniobras de resucitación pero que la detenida falleció antes de llegar al hospital zonal. Silvia cumplía prisión preventiva en el marco de un proceso en su contra, y había pedido en varias oportunidades el traslado a otro sector, solicitud que el SPF no atendió.

La causa abierta para investigar su muerte (a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal Nº 2 de Lomas de Zamora) fue caratulada como “suicidio”, calificación habitualmente usada para enmascarar asesinatos en el ámbito carcelario. En el caso de Silvia, la responsabilidad del SPF en su muerte no cabría solamente por su obligación de proteger la vida y la integridad física de una detenida, ni por haber desoído los pedidos de traslado. La joven habría tenido un altercado con una celadora, hecho que le valió una sanción de 20 días en celdas de castigo, y desde entonces “se la tenían jurada”, según relató su madre al diario Página/12.

Tal como reconoció en un comunicado el procurador penitenciario Francisco Mugnolo, “la muerte de un detenido en un establecimiento carcelario constituye un hecho de extrema gravedad. [“¦] la administración penitenciaria, al privar de libertad a una persona, asume una posición de garante respecto de su vida, salud e integridad física. Por ello en caso de fallecimiento de un detenido/a por cualquier causa, se plantea la posibilidad que en dicho suceso se haya producido una vulneración de derechos humanos.” (publicado por Indymedia Argentina)

Sin duda, las violaciones a los derechos humanos no son un hecho aislado sino que constituyen una práctica sistemática en las cárceles argentinas. Los “suicidios” y las “muertes dudosas” en el marco de motines y represiones a los internos son moneda corriente, aun cuando solo casos de desmedida crueldad, como las masacres ocurridas en Magdalena (2005) y Santiago del Estero (2007), cobren notoriedad pública. Al hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención, se suma la violencia cotidiana del abuso de poder, las torturas y golpizas, las humillaciones y el maltrato tanto hacia los detenidos como hacia sus familiares.

Esto se da en el marco de una incesante campaña de “mano dura” que reclama penas más severas y rechaza la excarcelación de los procesados, y de una crisis económica y social que sin duda seguirá poblando los penales de jóvenes y pobres. Pero además ocurre en momentos de un retroceso alarmante en cuanto a garantías y derechos de los presos, ya que desde noviembre pasado se han impuesto nuevas reglas que restringen seriamente, al punto de impedir, las visitas de los organismos de derechos humanos a las cárceles.

Suicidio o no, la muerte de Silvia es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, a su vez bajo la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a cargo de Aníbal Fernández, y de todas las instituciones y funcionarios del Estado que llevan adelante la política penitenciaria en nuestro país.

Exigimos EL ESCLARECIMIENTO DE LA MUERTE DE SILVIA NICODEMO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES

BASTA DE TORTURAS Y REPRESIÓN

CORREPI Sur

Teléfonos de contacto:

155-499-2811 (Martín Alderete)

153-256-5269 (Gerardo Etcheverry)

155-864-4064 (Ana)


Por la Agencia Walsh:

(AW) Tenía 21 años y fue “suicidada” en el pabellón del cual había pedido traslado sin que el Servicio Penitenciario atendiera su demanda. Todas las presas de Cárcel de Mujeres van a la huelga general de actividades en reclamo de una reunión de las voceras de los pabellones con la dirección nacional del Servicio Penitenciario Federal. Hay alerta en los organismos humanitarios por temor a más represiones.

Buenos Aires, domingo 21 de febrero de 2009 (Agencia Walsh) Silvia Nicodemo, quién recién había cumplido 21 años, fue asesinada hoy en el Pabellón 8 de la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. Según el relato de sus compañeras, desde hacía ya bastante tiempo ella venía pidiendo a las autoridades el traslado hacia otro sector y su reclamo fue desestimado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que comanda esa Unidad.

Mañana, las mujeres que se hallan tras las rejas de esta prisión realizarán una huelga general de actividades en reclamo de una reunión de las voceras de los pabellones con la dirección nacional del SPF por lo que se temen más represalias. A su vez, numerosos organismos sociales, personalidades y luchadores estarán pendientes de lo que suceda tras los muros y ya se estableció una cadena informativa de solidaridad.

Los responsables

Tal como viene denunciando esta Agencia, bajo la gestión del civil Alejandro Marambio al frente del SPF (paradójicamente dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cuyo titular es Aníbal Fernández), se retrocedió gravemente en la vigencia de tales derechos que poseen indudablemente las personas detenidas. Así, docentes de la Universidad de Buenos Aires, organismos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y hasta la misma Procuración Penitenciaria, entre otros, denunciaron las dificultades para ingresar a los penales, cuando no el impedimento liso y llano de trasponer los portones tras los cuales se mata y tortura impunemente a hombres y mujeres privados de su libertad.

En este sentido las cifras son contundentes, según datos del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc): 59 seres humanos fueron ultimados en 2008 y, seis en la primer semana de 2009. Todos se hallaban bajo la guarda del Estado, mas aún no hay responsables. Precisamente, este el marco en el que se inscribe al crimen de Silvia Nicodemo.

De este modo, el hecho de que el civil Alejandro Marambio esté al frente del SPF constituyó solo un cambio cosmético que no varió la situación de terror permanente que viven los presos y presas. Por el contrario, por primera vez en la historia de la etapa constitucional, desde 1983, organismos de Derechos Humanos, por caso la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, vieron directamente censurada su posibilidad de ingresar a las cárceles desde noviembre pasado. Ni Carlos Menem pudo conseguirlo, aunque lo intentó, si lo hizo posible el gobierno campeón de la defensa oral de los derechos humanos.

Toda excusa es buena para impedir el control y la asistencia a los presos. Así, se hace más sólido el silenciamiento de quienes primero fueron marginados y robados en gran parte de sus derechos, para luego aniquilar su entidad humana tras las rejas.

Hoy, una joven hija de nuestro pueblo, Silvia Nicodemo, -a quien el Estado encerró para mantenerla bajo su guarda- exhibe con su sangre quiénes y para qué son ocultados y silenciados en las cárceles de mala muerte de una sociedad organizada para el despojo de las mayorías

Oscar Castelnovo



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