06/02/2018

Los cambios en el Progresar: ni aumento económico ni mejora educativa

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El 30 de enero el Presidente Mauricio Macri y el Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, anunciaron el relanzamiento del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Prog.R.Es.Ar) como una “nueva política educativa” fundada en la relevancia de la “inversión en capital humano”. La primera pregunta que debemos hacernos es por qué llaman “relanzar”, cuando lo que proponen es “desmantelar”. El cambio en la lógica de asignación de los recursos convierte al Prog.R.Es.Ar en una beca, lo que genera un quiebre de los fundamentos que sostenían el diseño de la política en su versión original. Por Nora Gluz* y Marcelo Ochoa**.


Recordemos que los programas de becas como política sistemática desde el Estado nacional fueron creados en el marco de la reforma educativa de los “˜90 y reconfigurados, ampliados o reducidos por las distintas gestiones de gobierno.

El Decreto 90/2018 anuncia una reestructuración en los criterios de asignación y en la cobertura, que al presentarse como un “rediseño” generan la ficción de dar continuidad a lo que para ser precisos hacen desaparecer. En su formulación original, el Prog.R.Es.Ar se sustentó en un enfoque de derechos y consistió en asignaciones sin cupos y asequibles a todo ciudadano que cumpla los requisitos. Desde allí es que el Prog.R.Es.Ar pretendió respaldar a los jóvenes para contribuir a materializar el derecho a la educación.

Al menos tres cuestiones vale la pena someter a discusión para entender qué efectos tiene el nuevo decreto.

1. La ampliación y el fortalecimiento no es más que el sinceramiento del ajuste

Entre las estrategias que se ha dado el gobierno de Cambiemos para deshacerse silenciosamente de las políticas contrarias a la ideología que sustentan y evitar los costos de las medias que pretenden implementar, se encuentra el “dejar morir”. Desfinanciar los programas y/o dejar sin tarea a los equipos de trabajo, ha sido una modalidad recurrente en las políticas desde el inicio de su gestión. Baste con ver lo que pasó con programas de inclusión como el Conectar Igualdad o el de Orquestas y Coros Juveniles, entre otros. Otra estrategia ha sido desprestigiar las políticas y sumarlas al mote de la llamada “pesada herencia”, cuestionando los criterios de asignación de recursos desde un discurso conservador que reivindica el merecimiento como la vara justa de la redistribución sin despilfarro. Ambas están presentes en el supuesto relanzamiento del Prog.R.Es.Ar que propone dos cosas: aumentar los recursos y “pedagogizarlos”.

Primera falacia: el “nuevo” Prog.R.Es.Ar no significa un verdadero incremento por varios motivos. El primero es que estaba literalmente congelado desde el último aumento que concedió Cristina Fernández de Kirchner en febrero de 2015, quien llevó el pago de $600 a $900 mensuales. Desde 2015 los estudiantes cobraron mes a mes una suma de $720, con un 20% retenido sujeto al cumplimiento de las condicionalidades, las que consistieron básicamente en ser estudiante regular de las instituciones debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación. Desde entonces el ingreso mensual para los estudiantes se vio licuado por el proceso inflacionario de estos años afectando evidentemente el bienestar de los jóvenes y de sus familias. Pero eso parece no formar parte del relato oficial que se regodea con la importancia del incremento de las asignaciones monetarias.

Sin embargo, es al menos discutible que signifique un efectivo aumento. Según los anuncios, el monto base para todas las categorías de becas dirigidas a los jóvenes será de $1600. Monto que apenas logrará recuperar la pérdida adquisitiva producto del rumbo económico que inauguró Cambiemos en los últimos dos años. Y ello sin tener en cuenta la inflación proyectada oficialmente para el año en curso. Es decir, que si el aumento porcentual del monto entre 2015 y 2018 es del orden del 77%, los datos oficiales evidencian un 40% de inflación en 2016, un 25% en 2017 y proyectan una ya cuestionada inflación del 15% para el presente año. Bajo estas condiciones, el aumento no es más que un sinceramiento del ajuste.

Segunda falacia: dicen ampliar lo que en realidad fueron reduciendo, y a juzgar por sus acciones, ni siquiera tenemos la certeza de retornar al punto de partida. Veamos algunos números. A finales del año 2015, Progresar contaba con cerca de un millón de perceptores inscriptos, convirtiéndose así en el programa de mayor cobertura de los últimos años, orientado a jóvenes de sectores vulnerables de entre 18 y 24 años. Durante 2016 y 2017, los denominados “errores” técnicos en la carga y validación de información, repercutieron en la expulsión del programa de al menos el 50% del total de inscriptos. Las bajas arbitrarias continúan siendo hoy un problema que ninguna instancia gubernamental ha asumido y reparado.

Con la poca información que se maneja hasta ahora, el nuevo Prog.R.Es.Ar fusiona en un solo programa una serie de becas preexistentes a nivel nacional. Tomemos como ejemplo el nivel superior. Allí se implementaban el Plan Nacional de Becas Universitarias, el Programa Nacional de Becas Bicentenario o el Programa Nacional de Formación de Enfermería. Respecto de ellos, el nuevo Decreto más que ampliar lo existente impone nuevas restricciones al acotar el universo de potenciales postulantes al restringir las edades: el Prog.R.Es.Ar admite jóvenes de entre 18 y 24 años, pero reconoce hasta 30 años en estudiantes avanzados y ya integrantes del programa, mientras que las becas precedentes tenían como tope los 35 años en algunos casos y sin límite en otros. En relación a los montos anuales que perciben los estudiantes, las categorías más afectadas hasta el momento serán las carreras que, paradójicamente, busca impulsar el gobierno de Cambiemos. Así por ejemplo, un estudiante de segundo año de enfermería que hasta el año pasado cobraba $30.000 al año, y que asiste a un instituto terciario, sólo podrá percibir $26.000.

Por otro lado, los menos beneficiados por esta nueva medida son los estudiantes del nivel secundario. En 2015, la mayoría de los inscriptos realizaban estudios en ese nivel educativo. Para ellos el aumento sólo alcanza los $1.250 mensuales. Siguiendo los datos anteriores, este escenario ni siquiera iguala las asignaciones monetarias, sino que fragmenta las percepciones según criterios vinculados al nivel al que asisten, la carrera que cursan y el rendimiento académico.

2. El fortalecimiento del carácter educativo del programa se reduce al traslado a la cartera educativa bajo principios individualizantes y economicistas

El diseño del antiguo Prog.R.Es.Ar tuvo como fundamento garantizar la inclusión de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social en el sistema educativo mediante una transferencia monetaria con el objetivo principal de incidir sobre la expansión de las oportunidades sociales a partir de la culminación de los estudios obligatorios, la formación en oficios y/o la inserción en la educación superior.

En reconocimiento de la multidimensionalidad de los procesos de exclusión educativa que afectan de modo particular a esta franja juvenil, la política articuló dispositivos diversos, como la prestación de servicios de cuidado infantil a solicitud de los titulares del derecho que fueran madres o padres, o acompañamiento tutorial para apoyar las trayectorias educativas como suportes de la continuidad de los estudios. Para un abordaje integral de las problemáticas juveniles en los sectores más vulnerados, contempló la participación de diez ministerios en la toma de decisiones referidas al programa.

Con el Decreto 90/2018, se elimina el carácter colaborativo interministerial del Programa. Es decir, se dejan sin efecto obligaciones ministeriales específicas relacionadas a salud, trabajo, seguridad social, transporte, entre otros. Esta decisión ignora deliberadamente que la integralidad e interrelación de los derechos forma parte también de todos los estándares internacionales a los que se ha obligado el Estado argentino. Al eliminar los artículos 11 al 17 y 19 del DNU original, ponen fin al carácter integral del programa y el Estado restringe su obligación a la transferencia de dinero.

La vieja perspectiva economicista respecto de las trayectorias estudiantiles, que sólo una perspectiva individualizante respecto de lo social puede sostener, se reaggiorna en la política que propone volver educativo el beneficio sólo por dos procedimientos: que la asignación monetaria la maneje la cartera de educación y que los montos dependan de los resultados escolares (premiando a los que obtengan más de ocho de promedio y rindan exámenes complementarios).

3. La meritocracia que instaura el nuevo decreto convierte un derecho en un premio

Si los derechos sociales son alcanzados por el principio de progresividad y no regresión, es decir, que toda medida estatal tendiente a garantizar un derecho no puede empeorar las condiciones vigentes de los titulares de dicho derecho, el relanzamiento no sólo implica un desmantelamiento sino también una vulneración de derechos.

Con la implementación de este nuevo programa, tanto quienes ya están dentro del mismo como los ingresantes no sólo se verán sometidos a nuevos requisitos de acceso y permanencia sino que además deberán rendir exámenes extras para ser merecedores de un incentivo monetario más alto. Asimismo, al establecer cupos, puesto que la asignación se realizará por estricto orden de mérito, somete una vez más a competencia a los grupos más vulnerables, erradicando uno de los avances de los anteriores gobiernos que consistió en ampliar la protección a todos quienes cumplan con los requisitos, o sea, sostener el principio de universalidad del derecho a garantizar. Y redoblan la apuesta premiando los mejores rendimientos como si fuera una cuestión de los individuos.

La vieja argucia meritocrática por la cual el rendimiento es efecto de los dones y esfuerzos personales, invisibiliza las desigualdades de partida que no se limitan a los ingresos, sino que atraviesa la segregación geográfica, la falta de acceso a la vivienda, a un trabajo formal y las prestaciones sociales que ello contiene, a la alimentación, al transporte, a tiempo liberado de necesidades para destinarlos al estudio, entre otras cuestiones que el gobierno de Cambiemos no ha hecho más que empeorar con el aumento de la pobreza, del desempleo, la eliminación de impuestos progresivos acompañados de tarifazos en servicios básicos. También invisibiliza las responsabilidades pública. Por ejemplo, cómo las instituciones escolares pueden intervenir sobre esas desigualdades si los gobiernos las fortalecen, si se las acompaña con los recursos y las pedagogías adecuadas para la atención a todos los sectores sociales, si como muestra la investigación educativa se avanza en el trabajo colaborativo y en grupos diversos en sus rendimientos. Pero lejos de ello, en estos años las políticas educativas han mostrado una importante sub-ejecución en áreas relevantes como infraestructura o desactivación de recursos centrales como por ejemplo el acceso a los libros entre otras cuestiones.

Qué se relanza y qué se desmantela?

Avanzar en la justicia social no es, como cree el presidente, un tema de filantropía que se soluciona en los términos que expresó: “Cada chico que lo necesite va a tener su beca y lo vamos a apoyar”. Implica reconocer que la sociedad y no sus individuos deben comprometerse a superar las desigualdades e injusticias que son sociales y cuyas causas no residen en los talentos personales.

Una beca, con todo lo que ello supone (selección, validación de antecedentes institucionalmente legitimados, orden de mérito y asignación restringida a las posibilidades presupuestarias), no puede ser asimilada al derecho humano a la educación ni a la garantía del bienestar. Si se renuncia a ciertos principios sobre los cuales se creó el Prog.R.Es.Ar lo que se relanza es la restauración de paradigmas que creíamos superados a la par que se desmantelan conquistas ciudadanas, con todos los limites que ello pueda significar en sociedades desiguales.

* Doctora en Educación, investigadora docente de la UNGS y de la UBA.
** Magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe (CIEP – UNSAM)

Nota publicada originalmente en InfoBae



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