05/02/2018

El gatillo del presidente

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El presidente de la Nación y su gestión defienden al policía que en un video dispara por la espalda a Pablo Kukok de 18 años, que sin mirar atrás corre después de haber participado de un robo junto a otro hombre en el Barrio de La Boca el 8 de diciembre pasado. Kukok murió. Luis Chocobar, el policía, no sufrió heridas y está acusado de exceso de legítima defensa. Al igual que el video, el estudio forense demostró que la bala gatillada perforó por la espalda al joven que corría. El presidente Mauricio Macri recibió al agente policial en un recinto donde lo trató de hombre valiente y le prometió ayuda. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que Chocobar “actuó como policía”. Esa afirmación, ¿es una “buena” defensa para el agente? ¿Qué es actuar como policía? ¿Desde cuándo un policía y toda la institución policial defienden tan abiertamente un tiro por la espalda hacia alguien que está huyendo? Por Manuela Wilhelm Clérici (ANRed).


Un policía procesado por asesino, que dispara letalmente al joven que corre diez metros adelante, ¿puede ser aprobado por el gobierno y reconocido públicamente como un héroe?

“Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente”, dijo el presidente nacional, pasando por arriba de los protocolos de acción de las fuerzas de seguridad.

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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) declaró que “si un funcionario estatal utiliza un arma letal de manera injustificada y ocasiona la muerte de una persona que no era una amenaza a la vida del policía o de una tercera persona, se trata de un hecho al que los sistemas internacionales de protección de derechos denominan ejecución sumaria o extrajudicial y constituye una violación de los derechos a la vida y a la integridad física“.

María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) suma una explicación simple a la postal que calificó como “Estado de Excepción”: el agente de zona sur de la Provincia de Buenos Aires, Chocobar y el presidente Mauricio Macri sonriéndose cuando se daban la mano. “Ni en el lejano oeste le decían ‘valiente’ al que persigue y tira por la espalda”, escribió la referente antirrepresiva en su cuenta de Facebook.

El respaldo explícito y generalizado al ejecutor de parte de la gestión de Cambiemos se suma a una serie de apoyos hacia las fuerzas de seguridad implicadas en distintos crímenes estatales. Un caso paradigmático es el apoyo a las fuerzas de la Gendarmería Nacional, a cargo de Pablo Noceti y Patricia Bullrich, que desaparecieron y asesinaron a Santiago Maldonado en medio de una represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen en Chubut, particularmente con el ascenso del gendarme Echazú, principal implicado.

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Otro es el apoyo que tuvo Prefectura tras fusilar a Rafael Nahuel en Villa Mascardi, otro gatillazo que se suma a los tantos otros casos de crueldad ilegal impartida por las fuerzas estatales entre tantos otros que tuvieron el respaldo del Estado.

Las causas judiciales de los casos citados poseen pruebas suficientes para, en el caso de que hubiese voluntad política, se logre llegar a una condena. Claro, pero los agentes de seguridad implicados y, al fin y al cabo toda la institución implicada, son aplaudidos y respaldados, siendo que el gobierno quedó en evidencia tras las declaraciones donde busca influir en la justicia, dándole la espalda a los procedimientos legales o los dictámenes, revelando testigos que tendrían que estar protegidos, alterando tiempos legales de exámenes forenses, entre otras irregularidades.

Por otra parte, queda claro que las víctimas demonizadas como pobres, terroristas, chorros, indios, negros, piqueteros, son por lo general del mismo sector social. Al menos por ahora.

Dice Esteban Rodríguez Alzueta en su nota “Un paraguas político al gatillo policial”, que las declaraciones (de Macri y su cartera) “son un mensaje que aviva y ampara a la tropa, pero también una manera de reclutar las adhesiones para profundizar las reformas económicas, mientras se van probando los rudimentos de legitimación para abrir fuego contra los actores que más sufrirán las políticas de ajuste y desinversión”. Aclara, además, que las declaraciones gubernamentales no son inocentes ya que están “a la altura de las expectativas de la vecinocracia que hace rato viene pidiendo mano dura a través de las prácticas de linchamiento, justicia por mano propia, escraches de distinto tipo y tomas de comisarías”.

Entre paréntesis, este orden con más mano dura que anteriores gobiernos democráticos, intenta lograr la legitimidad de lo que se conoce como gatillo fácil, es decir, el fusilamiento por parte de fuerzas de seguridad para eliminar a cualquier persona. Mejor dicho, cualquiera cualquiera no, porque la mayoría de los casos tienen como víctima a pibes de los barrios pobres (extensivo ahora a cualquier ciudadano que quiera defender sus derechos).

La cantidad de víctimas de gatillo fácil se traducen año a año en un archivo de casos de la CORREPI, que durante los 721 días de gobierno de Cambiemos contabilizó un total de 725 hombres y mujeres, pibas y pibes asesinados por su aparato de seguridad. “Esto convierte a Mauricio Macri en el primer presidente argentino desde 1983 en superar el índice de una muerte por día, está matando una persona cada 23 horas”, señala el informe que permite ver dónde se ubica el asesinato a Pablo Kukok a sus 18 años a manos de Luis Chocobar, policía de la fuerza local de Avellaneda.

El asesinato por su espalda es siempre justificado por el aparato estatal ante el argumento de que esa persona estaba cometiendo un delito o era peligrosa, o solo porque existía la posibilidad de que luego de huir, esta persona siga cometiéndolo. Como dice bien claro Patricia Bulrrich: “El agente Chocobar actuó en cumplimiento deber policial, frente a una situación en la que había una persona agredida con múltiples heridas, a los gritos, dio la voz de alto, persiguió al delincuente hasta hacer cesar el delito con el objetivo de que esa persona no agreda y mate a otro”.

Si bien en ningún protocolo de fuerza de seguridad está permitido matar a alguien por la espalda, muchos sabemos el código implícito de las fuerzas de seguridad ante un acto que ponga en peligro la propiedad privada. Aún así, el acto de fusilar al ladrón cuando huye, como muestra el video donde Chocobar gatilla el arma no para defenderse sino para acabar con la vida de Pablo, el ladrón, dispara una pregunta: ¿qué es lo que hace que cierto sector de la población de todas maneras lo justifique, y lo avale como hace públicamente, mediante una visita casi de honor el presidente Macri recibiendo al policía procesado?.

Un tiro por la espalda a alguien que está huyendo excede al código policial desde ya, pero también excede al código del barrio, el más primario de la sociedad donde se rechaza y se considera innoble el ataque por la espalda. Pero en este caso, como señala el presidente, si no se hace esto, los vecinos y las vecinas no estarán protegidos, y hay que defender a quien los protege.

Sin embargo, ya que resulta peligroso el mensaje construido desde este gobierno sobre quién se lleva cada título se abre el debate sobre quiénes son considerados vecinos y quiénes delincuentes. Delincuente y vecino no parecen ser compatibles en el léxico gubernamental.

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“Un caso más en que la Justicia actúa a favor de los delincuentes y no de la seguridad de los vecinos”, dijo Horacio Rodríguez Larreta refiriéndose a la decisión del juez Enríquez de procesar al policía Chocobar con una condena de 30 años de prisión y el embargo en 400.000 pesos por haber matado de un balazo a Pablo Kukok.

Además, el jefe de gobierno porteño aprovechó el programa televisivo de Mirta Legrand para mostrarse disconforme ante este “mundo del revés” porque a Chocobar “no se lo puede juzgar por la legítima defensa porque un policía también tiene la responsabilidad de defender al resto”. Mientras Larreta concluía que “le salvó la vida a un turista”, Ivonne Kukok, la mamá de Pablo Kukok, declaró en la televisión sobre el policía que mató a su hijo por la espalda: “Si hubiera sido héroe, el turista no hubiera sido apuñalado ni le hubieran robado. Él apareció después de que pasó todo. Mi hijo cayó casi llegando a su casa en Suárez, cuando el hecho fue en Garibaldi. El policía no sabía ni quién había apuñalado, solo sabía que salieron corriendo dos personas. No veo que sea una legítima defensa, no estuvo defendiendo a nadie ni defendiéndose a sí mismo”.

Larreta e Ivonne coinciden que no hubo legítima defensa pero por razones bien disociadas, articuladas a concepciones distintas sobre la vida, donde no hay reconciliación. Donde quizá el primero ve una cuestión policial, ella tiene la experiencia de madre, vecina, y un hijo asesinado.

“A principios de 2017 se tiró más para el lado de la calle, de los amigos y me costó muchísimo que me ayudaran a internarlo porque me decían que tenía que ser más adicto para que llegara a un grado que pudieran internarlo“, dijo Ivonne Kukok a un programa de radio y contó que le pidió al juez para que pudiera ser internado y tener un tratamiento psicológico: “abrir un poco su mente, poner los pies en la tierra y ver que no porque seamos pobres vamos a hacerle el mal a la gente”.

Estos casos de gatillo fácil que son respaldados con sonrisas y abrazos del gobierno a sus perros fieles tal vez son parte de su necesidad de preparar el terreno para futuros achiques y ajustes como la Reforma Laboral.

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Un disparador para pensar cómo construyen amigos y enemigos teniendo en cuenta la conflictividad social que ocasionan los tarifazos, despidos masivos, desinversión, entre otras medidas gubernamentales que afectan a los actores de las clases bajas, y que se extiende además sobre sectores con empleo estable. Lo que probablemente engrosará las movilizaciones en las calles y se vean, cada vez, menos vecinos deseables para el gobierno.



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