09/01/2018

La protesta sigue siendo el temor del Gobierno para tratar la reforma laboral

marcha-multisectorial-al-congreso.jpgFuentes oficiales confirmaron que el tratamiento de la reforma laboral pautado para el mes de febrero se ha pospuesto para marzo-abril. Los motivos que esgrimen los diferentes funcionarios dejan en claro los efectos de las protestas del 14 y 18 de diciembre, cuando el Gobierno se envalentonó en una cruzada por aprobar un conjunto de leyes que afectaron a los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras que benefició a las diferentes capas empresariales, consolidando la idea de “un gobierno para los ricos”. Por ANRed.


La respuesta en las calles sigue siendo el punto central a desarticular. El Gobierno reconoce que varias “marchas atrás” se originaron a partir de la movilización de amplios sectores. El movimiento obrero si bien está contenido entre acuerdos y amenazas, cada concentración y repudio al oficialismo impacta en la estabilidad de las centrales sindicales. La alerta suena para los días de febrero, por ello, el fracaso de sesionar la reforma laboral. Los condicionamientos detienen los ritmos a los que se arriesgaría Macri.

Mientras, en orquesta con los medios de comunicación y el poder judicial, se realizan detenciones de manifestantes y de sindicalistas marginales. El objetivo es recomponer la imagen de un gobierno que deberá atravesar una nueva tormenta de protestas en los próximos meses, en un contexto económico para nada prometedor. Ayer detuvieron al segundo militante del Partido Obrero, Dimas Fernando Ponce, acusado de haber agredido a un policía, mientras continúa detenido el militante César Arakaki. Sin embargo, el mismo juez -Sergio Torres- dictó la falta de mérito para el efectivo Dante Barisone, quien habría atropellado con su moto al joven cartonero durante el avance policial contra la movilización del 18.

Pasada las protestas, a fines de diciembre, el gobierno operó un sinfín de órdenes para evitar que los acontecimientos alrededor de la sanción de la reforma previsional hagan mella en la imagen de la alianza Cambiemos. El primer punto fue mostrar que la capacidad para aprobar medidas tan anti-populares sea leído por los poderes políticos como una reafirmación de autoridad delante de un segmento privilegiado de la sociedad que siempre impulsa el ajuste sobre los “gastos” del Estado y que tiene por objetivo avanzar contra los derechos sociales y particularmente desarticular la potencia del movimiento de trabajadores y trabajadoras.

Pero la preocupación nodal se posó en una constante que desafía a los ceos del gobierno: cómo detener la capacidad de movilización de la sociedad argentina. La respuesta manifiesta en las calles con miles de personas en el intento de sanción de la reforma previsional del jueves 14 no fue previsto ni en las propias filas del oficialismo, que no esperaban la magnitud de resistencia que rodeó al Congreso. Esto también hizo tambalear el tejido de alianzas, recalentado por las internas y las dudas entre los gobernadores provinciales por quedar pegados a una medida que reducía el monto a las jubilaciones y asignaciones sociales. La presencia de los manifestantes se prolongó hasta la desesperación y el propio Macri propuso un DNU que fue vetado por parte de la alianza del gobierno (Elisa Carrió), en representación de un sector poderoso que sabe que parir una medida semejante por decreto puede acercar al abismo. Incluso los grandes medios -que garantizaron blindaje- le soltaron la mano y el oficialismo tuvo que volver sobre sus pasos para relanzar un nuevo intento.

El lunes 18 se afinó la estrategia comunicativa y se fortalecieron las amenazas a gobernadores y sindicalistas para lograr el apoyo a la reforma. A pesar de eso, la protesta volvió a ser masiva pero, esta vez, la represión tendría una dirección de mando más compacta: las primeras horas la policía de la ciudad protagonizó una escenificación que consistía en victimizar a la fuerza, lograr imágenes -trasmitidas en vivo- de ataques despiadados contra los efectivos. Que esas imágenes corran el eje de la jornada: la reforma previsional y los miles que se habían movilizado. Pasado el momento requerido, las fuerzas volvieron a modo “violento” y ocurrieron las avanzadas que provocaron las escenas represivas que los medios hegemónicos trataron de evitar pero fue imposible esconder. Imágenes de jubilados golpeados, atropellados, manifestantes que perdieron un ojo y otros detenidos o apaleados, incluso a vecinos ajenos a la concentración. Para ello la batería mediática se dispuso a criminalizar manifestantes. Identificar, demonizar y encarcelar a un manifestante que lanzó una piedra, una bengala o que enfrentó con una caña a la formación policial.

La jornada finalizó con el peor de los cierres en diciembre: cacerolazos en los barrios porteños que se extendieron al conurbano y en algunos puntos del país. Un sector de la capa media, el votante PRO en la Ciudad, parecía quebrarse. Hoy todas las fuentes mediáticas acuerdan en que la imagen de Mauricio Macri cayó por lo menos en diez puntos. A la par, se refuerza con operaciones comunicacionales a otras figuras de recambio dentro del oficialismo. El caso más notorio es el de María Eugenia Vidal.

Lo cierto es que la protesta mantiene alerta a Cambiemos y, en un contexto de tarifazos, de suba de precios y de casos de despidos a diario, es difícil que se reduzca.



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