22/12/2017

Argentina represiva: instalando el clima para perseguir opositores y justificar el accionar letal de las fuerzas represivas

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La historia Argentina así lo demuestra: la instalación previa de un clima criminalizador de las luchas sociales y de justificación de las fuerzas represivas por parte de un gobierno genera siempre una mayor escalada de las fuerzas represivas en la calle, incluso con muertes. Agitando el fantasma de un “renacer de las guerrillas urbanas” el fiscal general ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes pidió nuevas leyes que impidan excarcelar a “los violentos” detenidos en manifestaciones. Por su parte, el Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, afirmó que el Gobierno está “evaluando y recopilando todo para pedirle el juicio político” a la jueza López Vergara por ordenar que la Policía no lleve armas letales a la manifestación. También pidió que se aplique la figura de “sedición” a los manifestantes del lunes pasado, señaló al “Partido Obrero, al partido de izquerda (sic), Frente Para la Victoria, ligado a La Cámpora” y la “UOM de Quilmes” como los autores de una “planificación” para “desestabilizar al gobierno”, y adelantó que investigarán la responsabilidad en “las máximas conducciones” para “solicitar en el juzgado electoral y a la Cámara Electoral sacar la personería jurídica de los partidos políticos”. Por ANRed.


Tras las violentas represiones policiales a manifestantes y periodistas durante la multitudinaria movilización contra la reforma previsional, desde el Gobierno nacional y los medios oficialistas se fue instalando en éstos días la idea de que en Argentina se está viviendo un “clima de violencia”, cuyos culpables serían las organizaciones sociales y políticas que reclaman en las movilizaciones y no las medidas antipopulares impulsadas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri y la salvaje respuesta en las calles de las fuerzas represivas del Estado ante las manifestaciones en contra.

“Hay que terminar con el festival de liberaciones”

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En éste sentido, el primero en intentar llevar la construcción gubernamental de éste “clima de violencia” de lo mediático a lo legal fue el fiscal general ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes, quien al apelar cuatro sobreseimientos de trabajadores y trabajadoras de prensa detenidas arbitrariamente por la Policía de la Ciudad en la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado del 1 de septiembre. Se trata de Ezequiel Hugo Medone y Juan Mourenza, de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Carlos Ardila Guerra, fotógrafo de ATE y Paola Barriga Montero, fotógrafa del centro Marcelina Meneses y la Universidad de Avellaneda, quienes fueron detenidos arbitrariamente por la policía por el sólo hecho de filmar y fotografiar las agresiones policiales e intentar ayudar a colegas atacados.

Basándose únicamente en los relatos y actas irregulares de los policías que participaron del operativo Moldes argumenta insólitamente que no cree que son trabajadores y trabajadoras de prensa: “Les tocó ir disfrazados de fotógrafos, pero la mascarada resultó de muy baja calidad. Tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro”, además de acusarlos de “intercambiar sus atuendos entre sí para así eludir mejor la tarea de los agentes del orden”.

Entre sus argumentos, también se permitió opinar sobre otros hechos represivos donde hubo detenciones arbitrarias al voleo por parte de las fuerzas represivas, pidió terminar con el “festival de liberaciones”, poner fin al “abolicionismo del derecho penal” de “malos jueces enrolados en la dañina doctrina del garantismo” y cambiar las leyes para que no se excarcelen a “los violentos” que participan de movilizaciones. En éste sentido, también agitó el fantasma de un supuesto “renacer de las guerrillas urbanas”. Una vez más, quien acusa de “setentistas” a las organizaciones sociales y políticas en lucha contra las medidas antipopulares, utiliza argumentos propios de la última dictadura militar.

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Ante éstas impresentables declaraciones por parte de un funcionario de la ley, entrevistado por Página/12 el abogado y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Intitucional (CORREPI), Ismael Jalil, señaló: “Pedir una ley como lo hace Moldes para no excarcelar es la consagración de un estado de excepción: con una apariencia de legalidad lo que hacen es disciplinar e impedir que la gente proteste“.

La trayectoria de Germán Moldes indica que es fiscal desde los 90′, ha sido uno de los principales impulsores de las causas contra funcionarios kichneristas, fue un activo impulsor de la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman y de la marcha a un mes de su muerte. También favoreció el cierre de la causa que involucra al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, en transferencias extrañas ligadas a sobornos de Odebrecht, y trató de desarticular la causa sobre Panamá Papers. Y es uno de los candidatos a la Procuración General, lo cual quizás explique su activa militancia oficialista.

“Nosotros hemos solicitado que se aplique la figura de sedición”

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Otro que no se quedó atrás fue Marcelo D’Alessandro, Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, quien hace dos días en una entrevista con radio La Red apuntó contra la jueza López Vergara por ordenar que la Policía no lleve armas letales a la manifestación, haciendo lugar a una medida cautelar presentada por el legislador kirchnerista Mariano Recalde, y por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. “Fue un fallo lamentable de una jueza contenciosa administrativa, que diagrama un operativo de seguridad, sin asistirse de expertos o peritos de seguridad. Eso debilitó a la fuerza. Por eso quiero recalcar el profesionalismo de los hombres y mujeres de la fuerza que actuaron democráticamente“, remarcó. Y afirmó: “estamos evaluando y recopilando todo para pedirle el juicio político“.

Pero con contento con eso, en una entrevista matutina hoy con el programa de Nelson Castro en Radio Continental, al presentar un mapa del delito de la Ciudad de Buenos Aires, D’Alessandro señaló, con respecto a los manifestantes que participaron de la movilización del lunes pasado: “Nosotros hemos solicitado que se aplique la figura de sedición a la fiscal general Alejandra Mángano, quien así lo ha tipificado. Creemos que el grado de violencia que se vio el otro día es casi inusitado. Estamos en una línea investigativa de que ésto no fue improvisado. Queremos ir tras quien organizó ésto. Porque no es simplemente identificar y detener al violento. Había una planificación. Estamos convencidos de que fueron a desestabilizar al gobierno e instalar la violencia en lugar de la paz social. Tenemos horas y horas de pruebas fílmicas y fotográficas que analizar. Y la línea investigativa va llevando a qué partido pertenecen, cuál es la militancia que tienen y cómo se han manifestado en las redes sociales“. Asimismo, con respecto a cuáles son los partidos de los cuáles son esos “violentos”, señaló al “Partido Obrero, al partido de izquerda (sic), Frente Para la Victoria, ligado a La Cámpora” y a la “UOM de Quilmes”.

Finalmente, y mostrando su poco espíritu democrático adelantó que investigarán la responsabilidad en “las máximas conducciones” de los partidos y también “solicitar en el juzgado electoral y a la Cámara Electoral sacar la personería jurídica del partido político. Acá hay que definir: o son las reglas de la democracia o son violentos”.

“El Gobierno Nacional ha implantado un verdadero estado de excepción, suspendiendo de hecho las garantías constitucionales sin declarar el Estado de Sitio”

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Por su parte, tras la salvaje represión policial del lunes 18, en una conferencia realizada ayer en el local del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), del premio nóbel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, los organismos de derechos humanos y antirrepresivos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia leyeron un pronunciamiento donde denuncian la escalada represiva del gobierno de Mauricio Macri en donde sostuvieron: “en una ciudad militarizada, todos los manifestantes sufrimos durante horas gases lacrimógenos tóxicos, balas de goma, ataques de camiones hidrantes, a manos de una fuerza policial con órdenes de descargar toda su brutalidad contra el pueblo. Así ocultan que las fuerzas represivas disparaban a la cara de los manifestantes. Posteriormente desataron una cacería en el centro de la ciudad, con más de 130 detenidos sobre los que pesan imputaciones penales graves, como forma de amedrentamiento. Para frenar la movilización popular también el gobierno reprimió el cacerolazo espontáneo de miles y miles por la noche del 18“.

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También remarcaron que “Macri ha lanzado un ataque contra una jueza por limitarse a dictar un fallo estrictamente ajustado en lo legal, que prohíbe el uso de municiones de plomo para reprimir movilizaciones“.

En éste sentido, denunciaron: “el Gobierno Nacional ha implantado un verdadero estado de excepción, suspendiendo de hecho las garantías constitucionales sin declarar el Estado de Sitio”.

Asimismo, hicieron un recuento de los últimos hechos represivos, entre los que se destacan la represión del 20 de diciembre a trabajadores del ingenio la Esperanza de Jujuy, con una “cacería con más de 50 detenciones”, la represión de la policía de la provincia a la comunidad wichí del barrio 50 Viviendas de la localidad de Ingeniero Juárez, la represión a trabajadores y legisladores en Río Negro y en Luján, donde hubo numerosas detenciones.

Finalizaron recordando “los asesinatos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, las violentas represiones a la protesta social en las provincias, las detenciones a los manifestantes contra la OMC, la brutal represión a la manifestación de los movimientos sociales el 13/12, contra los trabajadores que protestaban el 14 de diciembre primero en La Plata y luego frente al Congreso Nacional, demuestran que el gobierno nacional y la inmensa mayoría de los gobernadores están dispuestos a imponer su ajuste violando todas las garantías democráticas si es necesario“.



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