14/12/2017

Un país vallado y represivo

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Represión de Gendarmería a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) y desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Allanamientos masivos de la Policía de Córdoba a locales de organizaciones sociales. Cacería y detención arbitraria de manifestantes y periodistas en la marcha a un mes sin Santiago por la Policía de la Ciudad. Allanamiento masivo de casas de militantes en Neuquén y Río Negro. Asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel por la Prefectura en Villa Mascardi. Represión a trabajadores y legisladores en Neuquén. Represión y detención de manifestantes tras la marcha contra la OMC en Argentina por la Policía de la Ciudad. Ayer, represión a manifestantes y legisladores que intentaban llegar al Congreso para repudiar reformas. Hoy, un Congreso vallado y rodeado de un inédito operativo de Gendarmería, Policía Federal, Policía de la Ciudad y Policía de Seguridad Aeroportuaria para que se aprueben sin resistencias las reformas impulsadas por el Gobierno de Mauricio Macri. Presos y presas políticas. Un país vallado y represivo, donde hay una persona herida (como mínimo) por las fuerzas represivas cada dos días. Un gobierno constitucional policial que avasalla (o valla) de forma autoritaria el estado de derecho y establece un virtual estado de excepción con ocupación militarizada diaria de las calles. Por ANRed.


Y ese es sólo un repaso, muy breve, de los últimos acontecimientos represivos que más trascendieron del país en los últimos meses, de un gobierno que hay que recordar que comenzó con una represión a fines de enero de 2016 de la Gendarmería a la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, que estaba ensayando en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, de la Ciudad de Buenos Aires.

Los números de la represión de Cambiemos

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Según datos de un relevamiento realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la represión social a las manifestaciones laborales y sociales por parte de las fuerzas represivas nacionales y provinciales, que toma los hechos sucedidos entre enero 2016 y noviembre 2017, se registraron 111 hechos represivos en diferentes conflictos socio laborales, donde resultaron detenidas 354 personas y heridas alrededor de 328. Esto arroja un promedio de una persona herida o detenida por las fuerzas represivas del Estado cada dos días y un caso por semana, donde el 50% de la represión fue contra protestas realizadas por trabajadores y trabajadoras, y más del 30% ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Siguiendo con las estadísticas, en 2016 el promedio alcanzó los 4,58 casos por mes, mientras que en 2017 el promedio asciende a más de 5 casos por mes.

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En cuanto a los sujetos sociales sobre los que los gobiernos descargan su represiones, el 52% fue contra protestas de trabajadores y trabajadoras formales e informales – siendo más de la mitad -, el 24% fue contra integrantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones vulnerables, el 6% contra pueblos originarios, y el 4% contra familias y vecinos que reclamaban justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad.

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Mientras que los motivos socio-políticos que generaron éstos conflictos son las protestas contra despidos y por reclamos salariales (31,5%), reclamos por alimentos y asistencia de programas sociales y de trabajadores ambulantes (18%), protestas contra las políticas de ajuste y en defensa de las fuentes de trabajo (17,1%), reclamos contra desalojos y por daños causados por temporales (13,5%), reclamos por la libertad de presos y presas políticas, como Milagro Sala o el líder mapuche Facundo Jones Huala (5,4%), reclamos por casos de gatillo fácil (3,6%), la aparición con vida de Santiago Maldonado (3,6%), reclamos medioambientales (2,7%) y las protestas contra las violencias de género (1,8%).

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Finalmente, en cuanto a la distribución de las represiones a nivel nacional, el 37, 8% se dieron en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 19,8% en provincias del noroeste argentino, el 18% en las provincias de Santa Fé, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos, en la Patagonia el 16,2% y por último, en las provincias del noreste argentino el 4,5%.

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A éstos datos del CEPA hay que agregar que a la represión el Gobierno suma la táctica de judicialización de los manifestantes.

Las reformas vienen con olor a represión

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Antes de ayer, la Policía de la Ciudad reprimió a manifestantes tras la desconcentración de la marcha contra la realización de la ministerial de la OMC en Argentina, detuvo varias horas en un estacionamiento y una librería de la avenida Corrientes a madres y niños, y finalmente detuvo a tres personas, que hoy fueron llamadas a indagatoria por el fiscal federal a cargo, Claudio Bonadío, en los tribunales de Comodoro Py, donde afuera hay organizaciones exigiendo su absolución y liberación.

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Ayer por la tarde, tras la multitudinaria movilización de organizaciones sociales contra las reformas macristas, un imponente operativo de la Gendarmería y la Prefectura dividieron por la mitad la plaza del Congreso impidiendo que un grupo de organizaciones realicen un abrazo simbólico al Congreso contra el tratamiento de las reformas. Allí manifestantes y legisladores (como la diputada Victoria Donda y el diputado Leonardo Grosso) fueron reprimidos con camiones hidrantes, gases y perros.

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Hoy en las calles de varios puntos del país, con epicentro en las inmediaciones del Congreso Nacional – que estarán absolutamente valladas con operativos de la Gendarmería, la Policía de la Ciudad, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria – será una jornada de lucha popular histórica ante el avance de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Un hecho que ha alcanzado un amplio repudio social y que ha logrado unir a la CGT, las dos CTA, la izquierda y las organizaciones kichneristas en lo que se estima será, en el Congreso, una movilización multitudinaria.

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Si la presión social no logra frenar que se apruebe ésta reforma, se estima que las reformas tributaria y laboral saldrán fácilmente, en el marco de un gobierno constitucional policial que avasalla (o valla) de forma autoritaria el estado de derecho, persigue a opositores políticos y establece un virtual estado de excepción con una ocupación militarizada diaria de las calles.



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