24/11/2017

¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad?

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Desde los medios hegemónicos se suele hablar de “inseguridad” al hablar de algún tipo de delito vinculado a robo y/o asesinato, es decir “el riesgo de ser atacado por alguien”, lo que suele derivar en un pedido de “más fuerzas de seguridad”, que a su vez tiende a derivar en un pedido de “más represión”. Desde la masacre de Cromañón en 2004, las muertes en la estación de Once en 2012, las muertes por accidentes laborales, o las muertes en accidentes de tránsito (que duplican a las muertes por homicidio doloso), las muertes en incendios o inundaciones, hasta la crisis en relación a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. ¿Cómo es posible que se siga creyendo que el problema se resuelve con más políticas represivas? Por Ramiro Giganti, para ANRed.


La información sobre numerosos detalles técnicos en relación al estado previo del submarino ARA San Juan inunda los canales de noticias. El exceso de detalles confunde a la audiencia. El único dato concreto es la desidia institucional. Se habla de los gobiernos anteriores, en algunos casos buscando desligar de culpas al actual, en otros, con datos concretos.

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En muchos casos se coincide en un recorte temporal como inicio de todos los males: la década del 80. La década donde “volvió la democracia”. Si bien es cierto que hubo una reducción de gastos en defensa militar (actualmente se estima que es alrededor del 1% del PBI, según datos del Banco Mundial) todo ese gasto público, y más, se volcó en seguridad interna, principalmente en fuerzas policiales que actualmente es alrededor del 3% del PBI.

Desde hace algunos años, Argentina es uno de los países con más policías por habitantes en el mundo (más del 5 por mil). Es el país con más policías por habitante en Latinoamérica, y está entre los 30 países con el mayor índice de policías por población en el mundo, donde los primeros lugares son ocupados por microestados como El Vaticano, o islas de la Polinesia o Caribe, con poca población y cuyo principal ingreso económico proviene del turismo receptivo (Bahamas, Bermuda, Saint Martin, etc.), o directamente islas que son bases militares o con ubicación estratégica (como las islas británicas de Pitcairn o Tristan da Cunha). Argentina es el país de más de 10 millones de habitantes que mayor índice de policías por población tiene en el mundo. Por encima de países como Francia, Estados Unidos, o España, que también se encuentra entre los 30 con mayor índice.

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En el 2016 el gobierno ya había elevado el gasto en fuerzas policiales un 88%, en relación al 2015. El resultado no fue una merma en la “inseguridad” sino un incremento en los casos de muerte por violencia institucional. El informe anual de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) de diciembre de 2016, informó sobre más de 200 muertes, una cada 25 horas, siendo uno de los años con mayor cantidad de casos desde la vuelta de la democracia.

En este contexto, el “grupo Halcón” de la Policía de la provincia de Buenos Aires recibió entrenamiento de parte de las fuerzas israelíes en territorios palestinos ocupados, una fuerza especializada en desalojar y reprimir.

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Durante el pasado fin de semana, mientras se informaba de la desesperada búsqueda del submarino, incluso con el papelón periodístico de algunos medios que publicaron información falsa al respecto, un incendio de miles de hectáreas afectó el norte de Córdoba. También fueron reportados incendios en La Rioja.

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Los incendios en La Pampa y parte de la Patagonia el pasado verano volvieron a poner en evidencia no solo la desidia gubernamental, sino también las limitaciones en materia de seguridad estructural para prevenir a la población y el medioambiente. Por nombrar un ejemplo: la falta de aviones hidrantes entre otras necesidades básicas de prevención. La pregunta es pertinente: ¿se invierte en éste tipo de prevenciones cuando se invierte en “seguridad”?

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Mientras todo esto sucede y los medios hegemónicos no hablan de otro tema, una nueva represión en manos de la Gendarmería Nacional contra una comunidad mapuche es ignorada. Los habitantes del Lof Lafken Winkul Mapu, frente al Lago Mascardi en Río Negro, se despertaron con el sonido de balazos cuando la Gendarmería irrumpió en su territorio atacando familias.

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La represión, además de dejar personas heridas, tuvo entre sus detenidos a mujeres y niños, a quienes se sometió a violencias físicas. ¿Se puede hablar de la “inseguridad” que padecen estas familias?

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En tiempos donde se acusan mutuamente quienes defienden al gobierno anterior con quienes defienden al actual, resulta pertinente recordar una nota publicada en el diario La Nación el 4 de junio de 2010 donde el actual presidente Mauricio Macri se queja por el gasto en un submarino nuclear, preguntándose “¿Para qué queremos un submarino nuclear?”.

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Probablemente, el ejemplo de inseguridad más silenciado e ignorado por las instituciones gubernamentales sea el de los accidentes laborales. Según datos oficiales, en el año 2016 se registraron más de 300.000 accidentes laborales de los cuales hubo, al menos 389 accidentes mortales en ocasión de trabajo. Es importante aclarar que éstos informes sólo abarcan al trabajo registrado, ya que el trabajo en negro está excluído de la muestra, por lo que las muertes son aún más. Las reformas laborales apuntan a incrementar éstas tremendas cifras, buscando reducir las posibilidades litigio laboral por parte de los trabajadores.

En éste contexto, trabajadores de la Línea 60, tras la muerte de David Ramallo, junto a trabajadores de otros gremios, se han agrupado para denunciar las muertes laborales. Los casos de suicido tras un despido no suelen ser contemplados en estas estadísticas. Matías Díaz, un obrero ferroviario del Roca, se quitó la vida el pasado viernes 17 de noviembre, tres meses después de haber sido despedido. El motivo de su despido fue por haber quedado lesionado tras un accidente en su trabajo.

Cuando en los medios hegemónicos se denuncia el costo laboral y se promueven políticas de ajuste, directa o indirectamente, lo que hacen es promover la inseguridad que dicen denunciar. Palabras como “flexibilización” lo que hacen es disimular el incremento de la precarización laboral, que en muchos casos supone un incremento de la inseguridad. En una coyuntura donde las muertes laborales son silenciadas y se aprueban leyes que recortan presupuesto en seguridad laboral ¿podemos incluir las muertes laborales en “inseguridad” o sólo se habla de inseguridad cuando el culpable es un “pibe chorro”?

Por último, resulta pertinente no dejar de mencionar el incremento de los femicidios, que en este año ya superaron las 250 muertes. Los casos en donde desde los medios hegemónicos se optó por poner el foco en la víctima son muchos. La responsabilidad estatal recortando presupuesto y cerrando centros de asistencia a las víctimas es una de las razones de este tremendo flagelo. La violencia machista se sigue exhibiendo y no parece haber una fuerte política preventiva e informativa para enfrentar el actual paradigma patriarcal y su complicidad con estos crímenes.


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