Panorama político-sindical
Dossier| «Pacto de caballeros” entre el Gobierno y la CGT. Fracaso del Plan 1 Millón. Fuerte incremento de la deuda pública. Inflación. Conflictos salariales. Cláusulas gatillo. Cooperativas de trabajadores. Despidos. Judicialización del conflicto social. Por Mario Hernandez
«Pacto de caballeros” entre el Gobierno y la CGT
In memorian de Santiago Maldonado
Tras el resultado de las legislativas, en la Casa Rosada pusieron el pie en el acelerador para avanzar con las reformas que Macri quiere poner en marcha. Una de esas reformas es la laboral. El martes mismo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, convocó a la dirigencia de la CGT para hablar del tema e invitarla al acto en el que Macri anunciará el próximo lunes el paquete de reformas.
También avanzó con la CGT en un esquema global de rebaja del costo laboral que, además de un blanqueo amplio con perdón de deudas para los empresarios con trabajadores informales, incluirá una reducción de las cargas patronales para todos los salarios del sector privado con un tope en torno de 10.000 pesos.
La rebaja de aportes, una medida que sostuvo en su gestión el ex presidente Carlos Menem sin un aumento consecuente del nivel de empleo, será compensada por aportes del Tesoro nacional para no desfinanciar la Anses, según les explicaron los funcionarios a los gremialistas. Por ese concepto en Hacienda estiman que las empresas destinan unos 80.000 millones de pesos al año. El mecanismo, tal como fue presentado, implicaría que el primer segmento de los sueldos (en un rango no precisado de 8.000 a 15.000 pesos) no devengará cargas patronales.
La iniciativa contendrá un perdón absoluto sobre las deudas acumuladas por los empleadores por la falta de registración de sus trabajadores. También habrá un tope de entre cuatro y cinco años para el reconocimiento de los años trabajados en la informalidad, como una suerte de moratoria.
Como parte del blanqueo también se avanzó en la posibilidad de crear un sistema simplificado de contratación para la relación del denominado «trabajo-trabajo»: los ejemplos más usuales, un albañil que cuenta con un ayudante o un mecánico monotributista que planea contratar a un colaborador.
En cuanto a las pasantías, o «prácticas formativas» como prefieren llamarles el Gobierno y la CGT, se confirmó que volverán bajo el paraguas de los Convenios colectivos de trabajo y que cada gremio podrá consensuar con su contraparte empresaria el segmento de oficios y labores más adecuado para apuntalar con este mecanismo.
Los sindicalistas aprovecharon el encuentro para recordarles a los funcionarios que el Ejecutivo tiene pendiente saldar 4.500 millones de pesos de un fondo comprometido el año pasado por Macri para costear mejoras edilicias de las obras sociales o emergencias sanitarias, como parte del acuerdo global por la deuda acumulada durante el gobierno anterior con esas organizaciones.
También quedó ratificado que el Gobierno enviará al Congreso un Proyecto de ley para la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, un mecanismo ideado para reducir los juicios contra obras sociales y prepagas por tratamientos médicos o remedios no cubiertos. Ese organismo, una suerte de sistema de ART para la salud, fue ideado para constituirse como una consulta previa y obligatoria para los jueces antes de habilitar el inicio de demandas contra las prestadoras privadas, gremiales y hasta el PAMI.
La implementación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Médica será llevada al Congreso, pero depende del avance de la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) y del visto bueno de la Central obrera para que se utilicen sus fondos para ejecutar ese programa.
Al respecto, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (Cicop) rechazó la implementación de esa iniciativa oficial, entre otros motivos por oponerse a «la salud pública”, y al acuerdo en ese sentido entre la CGT y el gobierno nacional.
«El proyecto de la CUS es una estrategia de seguro de pobres y canasta básica impulsada por el Banco Mundial (BM) como alternativa a los fracasados planes focales de la década del «™90”, aseveraron.
La organización gremial también cuestionó el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la CGT para coadyuvar a detener «la evolución de las acciones y actividades de rechazo realizadas hace poco más de un mes”, y sostuvo que la iniciativa fue promovida por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado en 2016 por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Salud, Jorge Lemus, y contiene «una distribución de fondos que contempla entre sus destinatarios principales las arcas de las obras sociales sindicales”.
«En buena medida, por ello se paralizaron las protestas cegetistas en tiempo preelectoral. Y ello permitió a la vez que desde los medios de comunicación aliados históricamente al poder se planteasen propuestas de reformas laboral, previsional e impositiva, incluyendo la de la salud en el marco de ese esquema”, afirmó.
Pareció así encaminarse una suerte de «pacto de caballeros», por el cual el Gobierno mantendrá a salvo las prerrogativas de los gremios como el monopolio de representación (consagrado en la ley sindical vigente), la preeminencia de la legislación nacional sobre los acuerdos puntuales (para evitar un efecto contagio inmediato de entendimientos como el de los petroleros en Vaca Muerta), la continuidad de las paritarias y el sostén del sistema de Obras sociales. A cambio la CGT, al menos los dirigentes presentes, sostendrá la paz social y allanará las aspiraciones reeleccionistas.
Puertas adentro, la reforma de las condiciones laborales que impulsará el Gobierno luego de las elecciones del domingo comenzó por uno de los aspectos políticamente más importantes: el marketing. Más específicamente, cómo se presentarán ante la sociedad poselectoral los cambios en los regímenes laborales que sectorialmente se comenzarán a lanzar antes de fin de año. El macrismo desplegó la misión a los ministerios, de presentarlo como un proyecto positivo y optimista. No se utilizarán frases como «reforma laboral», «movilización laboral» y, sobre todo, «flexibilización laboral», considerada como la más desagradable de todas. Por ahora, el nombre que viene en punta es el de «proyectos sectoriales de modernización de las condiciones productivas».
Fracaso del Plan 1 Millón
A siete meses de su lanzamiento con bombos y platillos, el plan del gobierno nacional para producir un millón de autos anuales está virtualmente frenado en medio de una trama de intereses que enfrenta, por un lado, a las terminales automotrices entre sí y, al mismo tiempo, a esas multinacionales con los fabricantes locales de autopartes.
El conflicto entre las terminales tiene de fondo la política de comercio exterior que lleva adelante el gobierno. Fuentes del mercado dijeron que las empresas que se están beneficiando con la fiesta de importaciones que domina las ventas locales le retiraron el apoyo al denominado Plan 1 Millón.
Solo en lo que va del año, las terminales argentinas importaron de Brasil casi 500.000 vehículos. A este ritmo es probable que 2017 finalice con una importación de más de 600.000 unidades brasileñas. Gracias a la Argentina las terminales brasileñas van a ocupar un 15 % de su capacidad Instalada total (4 millones de unidades), adicional al escaso 50% que hoy les representa su propio mercado interno (2,2 millones de vehículos).
En los hechos, solamente dos terminales automotrices participan activamente de las mesas de negociación entre las empresas y los gremios UOM y SMATA. El resto aprovecha para vender autos brasileños en niveles récord. Mientras el gobierno hace la vista gorda, el déficit con el vecino país se acumula y se acerca a los U$S 1.000 millones en el rubro automotriz, de un total estimado de U$S 4.700 millones.
En el otro frente, las autopartistas nacionales acusan a las terminales de querer aprovechar su peso para tratar de imponer la importación masiva desde los países en los que tercerizan sus producciones.
En el medio, los trabajadores contemplan los tejes y manejes de las gerencias y sus casas centrales con total incertidumbre del futuro que les espera. Las conducciones sindicales, según la palabra que utilizó el secretario general de la UOM, Antonio Caló, están para «conversar” con el gobierno.
Las fábricas de autopartes, representadas en su mayoría por las cámaras AFAC y Camima advierten que la relación de fuerzas tiende a consolidar un modelo de industria concentrada en el rubro de las pick ups y el segmento 4×4, complementado por importación de automóviles más chicos.
Pero si en algo coinciden ambas entidades es en objetar el rol de la administración nacional en la mesa de diálogo del Plan 1 Millón porque «se está avanzando hacia una apertura”, que atenta contra el trabajo nacional en ese sector en particular. Fundamentalmente, la crítica apunta contra los funcionarios técnicos designados para la negociación, porque «no están respetando la Ley de Autopartes” que el gobierno anunció para el sector.
Más allá de esta apreciación, la razón principal parece ser la falta de inversiones, salvo excepciones, hoy no hay modelos argentinos modernos como para dar pelea en el segmento de los autos medianos y la Argentina dejó de ser un fabricante de autos chicos. Aunque las pick ups tienen más aceptación en el mercado brasileño, la participación argentina hoy no supera el 7 %. En 2013, se exportaron a Brasil 450.000 unidades, que representaron el 11% del mercado brasileño.
Fuerte incremento de la deuda pública
Entre enero y septiembre el Gobierno emitió Letras y Bonos de deuda en pesos, dólares y euros por el equivalente a más de U$S 72.000 millones, según informó el Ministerio de Finanzas.
Pero octubre arrancó con nuevas colocaciones por U$S 800 millones en Letras del Tesoro y están previstas nuevas emisiones hasta fin de año.
Uno de cada cinco dólares emitidos en el mercado internacional de deuda corresponde al Estado argentino. De acuerdo a las últimas estadísticas financieras globales, a Argentina le corresponde el 20% del market share entre las colocaciones de bonos por parte de estados soberanos, ya que acumula a septiembre 36.000 millones de dólares de los 183.000 emitidos globalmente.
En base a estos números la deuda pública a fin de año podría sumar U$S 317.000 millones equivalente a alrededor del 60 % del PBI. En diciembre de 2015 era de U$S 240.665 millones y en diciembre de 2016 sumaba U$S 275.446 millones. Para 2018 el proyecto de Presupuesto prevé un incremento por U$S 46.500 millones. Así la deuda aumentaría en 3 años en U$S 123.000 millones.
También creció la carga financiera: los intereses pasaron del 1,4 % del PBI, al 2,2 % en 2017, y aumentaría al 2,3 % en 2018.
Por otro lado, el total comprometido por el Banco Central para el pago de intereses de Lebacs ya supera los $ 280.000 millones. Si se suman los $ 157.000 millones abonados en 2016, el total por ese solo ítem ya se acerca a los $ 440.000 millones desde la asunción de Cambiemos, según el cálculo realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Esta cifra, supera por mucho el presupuesto nacional destinado a educación y cultura para 2018 y casi triplica el reservado para salud pública. Sin embargo, esos multimillonarios desembolsos a favor de los bonistas, en su mayoría bancos y fondos de inversión, que apostaron a una renta fácil, segura y positiva en términos reales, no sirvieron para bajar la inflación de acuerdo a los objetivos de la autoridad monetaria -lo cual llevó a un nuevo aumento de la tasa de 26,25 % al 27,75 %-, y profundiza el sesgo hacia las inversiones financieras en detrimento de las reales: muy pocos proyectos productivos dan una ganancia que además compense el riesgo de invertir capital en nuestro país.
No solo endeudan al país. Uno de cada tres habitantes del Area Metropolitana afirma haber contraído algún tipo de deuda en el último año. Más de un 36% admite estar bastante endeudado; y un 39% reconoce haber utilizado ese dinero para el día a día, mientras que otro 9 % lo usó con el objetivo de «pagar cuentas de servicios”, de acuerdo a un relevamiento del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM). Son pocos los que toman deuda para la adquisición de viviendas o autos (9 %), línea blanca o aires acondicionados (otro 9 %).
Matías Barroetaveña, director del CEM, considera que «se está creando una bola de nieve” y señaló que «este comportamiento de las personas está correlacionado con la política del gobierno nacional de estimular el endeudamiento de sectores como los jubilados o los beneficiarios de asignaciones familiares”. También indicó que un 36 % de los endeudados lo está con alguna tarjeta de crédito, mientras que un 31 % le pidió prestado a un banco. En el caso de las tarjetas muchas personas están pagando el mínimo, con tasas de financiamiento del 60 % anual.
Inflación
El dato de la inflación de setiembre, que arrojó un alza de casi el 2 %, muestra una suba de precios que acumula 17,6 % que ya supera el techo de la meta de inflación del 2017 (17 %) que había fijado el Banco Central.
Al día siguiente de las elecciones hubo una suba en el precio de los combustibles de entre 9 % (gasoil) al 12 % (naftas «premium”).
El llamado a audiencias públicas para noviembre para subir las tarifas de luz, gas y transporte completan los tarifazos de corto plazo. En relación al transporte, una posibilidad bajo análisis es que el boleto de colectivo pase a costar $ 10 (un aumento del 33 %) para un viaje, pero que sea de $ 15 por dos y de $ 17,50 para tres viajes diarios. También subiría el viaje en subte a $ 10, aumentarían los taxis un 12 %, la telefonía celular entre un 4-12 % y los peajes en verano.
«En suma, los aumentos mencionados aportarán en torno a 1,5 puntos porcentuales a la inflación nacional durante el cuarto trimestre del año”, sostuvo la consultora Ecolatina.
En 2018, los aumentos de tarifas volverían a impulsar la inflación por encima de la meta oficial (con un techo de 12 %), pero para Ecolatina, «la inflación promedio rondará el 17 %”.
Conflictos salariales
La Asamblea del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA) resolvió suspender, por ahora, las medidas de fuerza, no aceptar y rechazar la oferta salarial que hizo el complejo industrial y seguir con el estado de alerta y movilización. Instalarán una carpa en la plaza principal de Libertador, frente al municipio y realizarán marchas.
Con estas decisiones adoptadas por el gremio azucarero, se estima que en los próximos días se lleve a cabo un nuevo encuentro entre las partes, para acercarse a un acuerdo salarial.
ATE de Santa Cruz resolvió un paro de 24 horas para el 25 de octubre, en reclamo de una audiencia con autoridades del Consejo Provincial de Educación.
Tras rechazar la repetida oferta de un 16 % de aumento salarial para 2018, los cinco gremios aeronáuticos anunciaron que el próximo martes 31 realizarán un cese de actividades en todos los vuelos de las compañías Aerolíneas Argentinas y Austral. Denunciaron una «actitud intransigente y de provocación política del Gobierno Nacional”.
La conducción de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM), que lidera Ricardo Peidro, aseguró que «los laboratorios procuran violar las leyes de promoción de medicamentos”, por lo que los trabajadores de la actividad se movilizaron hacia el predio ferial de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y denunciaron en el contexto del Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) que esas empresas violentan «las leyes locales 10.851 de la provincia de Buenos Aires y 1.713 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)”.
Peidro explicó que «la industria farmacéutica extorsiona a los trabajadores para que se conviertan en cómplices de la violación de las normas de profesionalidad a cambio de un acuerdo salarial en paritarias”.
«No estamos dispuestos a que nos impongan un techo, como lo demostramos este año”, avisó este jueves el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.
La paritaria docente entre el gobierno bonaerense y los gremios arrancará la semana que viene y los docentes ya advierten que no van a aceptar un techo en la negociación.
También el titular de la filial bonaerense de ATE, Oscar De Isasi, reclamó que se determinen salarios mínimos por arriba de la línea de pobreza y explicó que el Poder Ejecutivo procurará aplicar «un aumento de aproximadamente el 10 % en la próxima paritaria, lo que significará regresar al lanzamiento de globos de ensayo mediáticos sin hacerse cargo ni mirar a los trabajadores”, dijo.
El viernes 13 marcharon hacia la Casa de Gobierno platense los gremios que integran la CTA Autónoma bonaerense, acompañados por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP) en demanda de la aplicación de políticas que mejoren «las condiciones de vida de los bonaerenses y las salariales y laborales de los empleados estatales”.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto que lo enfrenta con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de Algodón por la negativa a expedir la certificación de las autoridades electas de la Federación, y a la demora en la homologación de la última paritaria aceitera, la suma extraordinaria de fin de año y los dos acuerdos salariales de los desmotadores de algodón.
Por tal motivo, levantaron el paro nacional cuyo inicio estaba previsto a las 18 horas del jueves.
Cláusulas gatillo
Varios gremios firmaron cláusulas como las que se habían suscripto en 2016 que plantean la posibilidad de convocar una reunión para «analizar las posibles variaciones económicas acaecidas» y «de resultar necesario establecer ajustes incrementales», pero las patronales se negaron a aplicarla con el amparo del Ministerio de Trabajo. Fueron los casos de la Asociación Bancaria y docentes universitarios.
En 2017, éstas rigen, por ejemplo, en los acuerdos de Comercio, que fijó un aumento del 20%, en Estaciones de Servicio (20%), en la Construcción (21%) y en Sanidad (23 %).
Referentes de las cámaras empresariales reconocieron que el tema está en agenda. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, dijo que «vamos a esperar el planteo de la UOCRA. Si corresponde, actuaremos en consecuencia. Lo dice el convenio, tenemos la obligación de sentarnos y negociar». Por el lado de la UOCRA, Ricardo Camaño, secretario de Prensa, señaló que «vamos a pedir que se conforme la mesa antes de fin de mes. Pediremos una compensación y una nueva instancia».
Guillermo Lego, de la Cámara de Estacioneros, observó que «todavía no hubo contacto con el sindicato», pero, reconoció, «acordamos un 20% y eso nos va a dejar abajo».
En el contexto de una fuerte ofensiva gubernamental y empresaria sobre los convenios colectivos, las mesas podrían derivar en negociaciones de salario por productividad. Hugo Godoy, de ATE Nacional, advirtió que «si la inflación anual es del 25% tendrán que dar un 5 %. Pero convocan a la discusión en enero porque UPCN cometió la barbaridad de firmar una bonificación por productividad a partir de 2018».
En Comercio, las patronales se mostraron más reticentes. Pedro Cascales, de CAME, explicó que «no lo hemos tratado en comisión directiva. Tampoco hubo pedido del sindicato. Todo parece indicar que no va a estar abajo del 20 %. Habrá que sentarse», reconoció, aunque se atajó: «El problema es que las pymes todavía no nos recuperamos. Estamos en un equilibrio muy ajustado».
En otra cámara empresaria, que agrupa a supermercados, aseguraron que la letra del acuerdo indica que la inflación anual deberá medirse de abril a abril, período de vigencia del acuerdo. Una señal de que no será fácil sentarlos a la mesa de negociaciones.
Cooperativas de trabajadores
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial que vetó la declaración de utilidad pública los inmuebles del Hotel Bauen.
La medida, en base a un amparo presentado el 20 de marzo de este año, lleva a que se promulgue la ley 27.344 en ese sentido. Asimismo, los trabajadores requirieron como medida cautelar de no innovar, con el fin de evitar el desalojo que derivó de la acción de Mauricio Macri.
Los trabajadores de la pizzería recuperada La Casona confirmaron que deben trasladarse de su local en enero del 2018, por no poder renovar el alquiler con los actuales propietarios del inmueble.
La Casona se recuperó en julio de 2014 tras la quiebra, despidos y vaciamiento realizado por la empresa New North, que llevó a los trabajadores a conformar la cooperativa para recuperar 50 puestos de trabajo.
Integrantes de cooperativas de reciclaje arrojaron desperdicios en el microcentro porteño, a pocos metros del Obelisco. Trascendió que la protesta de los cooperativistas fue por un conflicto puntual con la empresa Burger King y el gobierno porteño.
Despidos
Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y ATE aceptaron una prórroga hasta el 23/10, de la conciliación obligatoria, para resolver el conflicto por los tres despidos en la sede Capital Federal de la empresa.
ATE INTA y el Consejo Directivo Nacional de ATE se movilizaron a la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para rechazar un informe presentado por el Ministerio de Modernización. «Sin el menor rigor metodológico y desconociendo el organigrama y la funciones sustantivas del INTA (el ministerio) ha llevado adelante un informe ilegitimo y desnaturalizado donde pone de manifiesto la superposición y el excedente de 740 puestos de trabajo, que sin duda alguna en un futuro inmediato pueden representar 750 despidos de trabajadores de planta permanente”, expresa el documento entregado por el gremio al directorio del organismo.
Los trabajadores y trabajadoras del INTA, acompañados por el CDN de ATE, por ANUSATE Capital, Juntas Internas de otros sectores y organismos, y de seccionales del AMBA, se manifestaron así en defensa de las fuentes de trabajo, por el pase a planta permanente, contra el ajuste y el desfinanciamiento del organismo.
El Congreso ya tiene preparado su primer ajuste tras los comicios. Desde el 1º de noviembre y hasta el 29 de enero de 2018, los empleados de planta permanente desde 55 años (mujeres) y 60 años (hombres) que cuenten con los aportes previsionales correspondientes podrán acceder a un plan de retiros voluntarios, tras una idea del Senado a la que luego se plegó Diputados, y que ya cuenta con el aval de gremios legislativos.
A casi dos años del inicio de la administración de Mauricio Macri, y a pesar del promocionado plan de reconversión de la gestión Cambiemos, la empresa informática Banghó pasó de tener cerca de 1.000 empleados en agosto de 2015, a 700 en diciembre de 2016 y luego las 380 personas que trabajan en la firma actualmente.
«El 80% de lo que vendemos se importa, con excepción de las computadoras de escritorio que es lo más sencillo de fabricar”, disparó Pablo Suaya, el CEO de la compañía.
En ese sentido, precisó: «Éramos la tercera marca de consumo en cadenas de retail. Cuando cambió el Gobierno, también se modificó la filosofía económica y tuvimos que adaptarnos a eso. Reconvertimos la empresa”.
Concretamente, Banghó pasó de un negocio basado en la fabricación local de notebooks, tablets y computadoras de escritorio -para lo que en 2011 había abierto una planta en Vicente López e inaugurado una fábrica dentro del Distrito Tecnológico de Parque Patricios- a importar.
En cuanto a las medidas específicas de Macri que llevaron a esta actualidad de cambio en el esquema de negocios de Banghó, la quita del arancel a las notebooks y tablets que venían del exterior fue la de mayor impacto negativo. Se pasó del 35% al 0% de un día para el otro.
En cuanto al precio de los productos, el empresario puntualizó que «la reducción del costos real para la gente fue de un 22% más o menos, no de un 35%”, pero contradijo los números que brindó el Gobierno respecto del tema: «El Gobierno habló de hasta un 50% menos, pero eso no pasó. Hoy valen entre un 20% y un 25% menos”.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para retrotraer y dejar en suspenso por espacio de 15 días los 65 despidos en la firma Unilever en Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe).
Este lunes, luego de los comicios, los obreros de la gráfica Pellerano (Quilmes) se encontraron con el taller cerrado y con un cartel que les comunicaba la quiebra. Desde ese momento los trabajadores mantienen ocupada las instalaciones de forma pacífica en defensa de sus puestos de trabajo.
Por los gremios
Los trabajadores que se desempeñan en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), delegación Córdoba, fueron hasta la sede de la Legislatura Unicameral para requerir a los representantes provinciales que efectúen gestiones ante sus pares nacionales tendientes a promover la derogación del decreto presidencial 794/17 que establece la constitución de una sociedad anónima.
Los trabajadores neuquinos sumaron un abrazo simbólico al edificio de Vialidad Nacional en la ciudad de Neuquén, a las medidas de fuerza que vienen realizando ante el intento de privatización del organismo.
Una nutrida marcha, convocada por el Frente de Gremios Viales, agrupó a los viales de Casa Central, el Primer Distrito Buenos Aires, y trabajadores de los puentes sobre el Riachuelo, para estar presentes en la reunión de la Comisión Bicameral el martes pasado.
En dicha reunión se planteó la importancia que ha venido teniendo Vialidad Nacional a lo largo de sus 85 años de historia en la comunicación del conjunto del país, del rol federal de la misma, de la labor cotidiana de sus trabajadores, que también realizan tareas fundamentales en las emergencias debidas a catástrofes como, por ejemplo, la caída de puentes por inundaciones o los corte de ruta por problemas climáticos.
En este sentido la Comisión determinó citar a que comparezca el Ministro de Transporte, Dietrich, y que sea escuchado el punto de vista de los trabajadores viales, asimismo se discutió que el decreto era inconstitucional ya que pasaba por arriba al Congreso Nacional dado que el gobierno se tomaba atribuciones legislativas, ya que existe la Ley de creación de la Dirección Nacional de Vialidad con todas sus funciones que no pueden ser transferidas a una Sociedad Anónima ya que violaría dicha ley. Junto con vulnerar el Convenio colectivo y sus conquistas.
En conjunto con estudiantes, autoridades de instituciones educativas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y familias, la UTE (docentes de Capital) expuso el martes 17 su rechazo a «la implementación de una reforma inconsulta el año próximo”.
El miércoles 11 se paralizaron por 24 horas las actividades en Mina El Aguilar (Jujuy). Según informó la Seccional Aguilar de la Asociación Obrera Minera de la Argentina (AOMA), la medida fue decidida en asamblea y obedece a la falta de respuesta a los reclamos de los trabajadores. Entre ellos se destaca la falta de ventilación en los lugares del interior de la mina, sostenimientos deficientes, presión para trabajar en lugares inseguros y sobre tareas por falta de personal.
El Ministerio de Desarrollo Social fue intimado a que en un plazo máximo de diez días cumpla con la cautelar que ordena restablecer las pensiones no contributivas suspendidas o eliminadas bajo apercibimiento de aplicar «astreintes” (sanciones monetarias contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial). La cartera que conduce Carolina Stanley fue notificada de la resolución de la jueza de la Seguridad Social, Adriana Cammarata, que impone la ejecución de la orden «considerando el muy elevado número de personas involucradas en el colectivo y su estado de vulnerabilidad que impone su atención inmediata”. Hasta el momento, la cartera de Desarrollo sólo restituyó 9.728 prestaciones por invalidez sobre más de 126.000 canceladas.
Judicialización del conflicto social
La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio -junto con organizaciones gremiales y organismos de derechos humanos-, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el retroceso en materia de derechos laborales y sindicales, como consecuencia de las políticas de gobierno de Cambiemos.
Además señalaron la injerencia e intervención del Estado en las organizaciones gremiales, el avasallamiento al principio de división de poderes por medio del pedido de juicio político a magistrados del trabajo, y la estigmatización de los abogados laboralistas, acusados de llevar adelante la mentada industria del juicio y componer una mafia local.
La 165° audiencia de la CIDH, se desarrolló en el Palacio Legislativo de la Ciudad de Montevideo, durante la mañana del martes, y contó con una masiva presencia de dirigentes sindicales y trabajadores de la entidades gremiales denunciantes, abogados laboralistas y la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeida, Presidenta de Madres Línea Fundadora y Lita Boitano, titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
El 30 de octubre comienza el juicio contra los delegados de Editorial Perfil, acusados de violar la libertad de prensa por haber realizado un paro de actividades contra los despidos producidos un día de elección de delegados en la empresa.
Los acusados son: Rubén Schofrin (Secretario Adjunto/SiPreBA), Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Velázquez y José Luis Quartana, todos trabajadores de prensa y periodistas de la editorial.
Si prospera la denuncia, la pena prevé de uno a seis meses de prisión y es un grave intento proscriptivo contra el movimiento sindical y los trabajadores que luchan contra la precarización, los despidos y el cierre de medios en un marco de ajuste general del sector.
El Secretario adjunto de Luz y Fuerza de Zárate contaminado con radiación y despedido, Damián Straschenco, debió declarar ante la Justicia culpabilizado por la empresa de intoxicarse a propósito.
La hipótesis de sabotaje que argumenta la empresa ha sido hasta el momento la única línea de investigación considerada por el juzgado. «La idea de instalar por todos los medios posibles que Straschenco se auto envenenó es inverosímil y perversa, construida por las mismas personas que durante años intentaron deslegitimarlo y buscaron despedirlo. A 24 horas de sucedido el envenenamiento, ya NASA había creado una comisión interna ad hoc que había instalado y difundido que se había tratado de un sabotaje”, sostienen desde el sindicato.
Organizaciones sociales, políticas y gremiales repudiaron la intención del Juzgado Federal, a cargo de Hugo Greca, de procesar a los dirigentes rionegrinos Rodolfo Aguiar (secretario general de ATE y la CTA-A), Manuel Hermida (secretario adjunto de la Central) y Raúl Rajneri (integrante de la Corriente Clasista y Combativa).
El procesamiento surge en base a la protesta realizada el 18 de noviembre del año pasado en el marco de la Jornada Nacional de lucha para lograr una Ley de Emergencia Social que evitara los despidos de trabajadores de Expofrut.
Un operativo represivo con orden judicial desalojó la protesta de trabajadores del municipio de Caleta Olivia (Santa Cruz) sobre el acceso norte a esa ciudad, en la ruta nacional 3. Con escopetas antimotines y gases lacrimógenos, Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Cruz dispararon con balas de goma sobre el cuerpo de cinco trabajadores.
Desde hace varios días más de 50 trabajadores vienen reclamando el pago de haberes de septiembre.
Durante la mañana del jueves, la Mesa de Unidad Sindical realizó una conferencia de prensa en Río Gallegos. «Sobre la ruta estaba Gendarmería Nacional y la Policía provincial: a la hora de reprimir, el kirchnerismo y Cambiemos son lo mismo”, aseguró el Secretario general de ATE Caleta Olivia, Carlos Garzón.
Una buena. El jueves se publicó la sentencia de la Suprema Corte de Mendoza a favor del delegado gremial del Supermercado Átomo, Jonathan Neira, restituyéndole los fueros gremiales.
Mientras sucedía el juicio laboral, la persecución aumentó no solo en la empresa sino que Jonathan fue imputado penalmente junto a legisladores del FIT y otros referentes sindicales, por participar del paro nacional del 6 de abril con organizaciones sindicales, de derechos humanos, sociales y políticas. En esta causa también hay un pedido de sobreseimiento para Neira.
El histórico fallo de la Corte fue por unanimidad. Los jueces basan sus argumentos en la defensa de la libertad sindical revirtiendo parte de la jurisprudencia de la Corte, por lo que con este fallo se conquista también un nuevo precedente.
En los argumentos la Corte da por tierra con que la exclusión de la tutela sindical es solo una medida cautelar, permitiendo de esta forma al trabajador recurrir hasta la última instancia judicial para defenderse de la quita de los fueros.
Fuentes: Equipo de Comunicación de la CTA, www.ambito.com, Anred, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, APU, La Izquierda Diario, www.diariobae.com, www.infonews.com, Tiempo Argentino, Página 12, Clarín, La Nación, Infogremiales, www.ate.org.ar