25/10/2017

Judicialización de la protesta o cómo aleccionar a las y los que luchan

trabajadoras_unco_1.jpg A raíz de acercarse a un desenlace el conflicto que mantuvieron las trabajadores de limpieza con la facultad de derecho y la universidad del Comahue (UNCO), ANRed dialogó con Mariano Pedrero -abogado de las trabajadoras en el proceso judicial que atraviesan- quien, además de actualizar el estado de situación de las causas penales contra las cooperativistas, nos brindó una caracterización de un mecanismo coercitivo de las patronales que se consolidó de un tiempo a esta parte: la judicialización de la protesta. Por ANRed. Fotos: medios/archivo.


Mariano Pedrero es abogado de causas laborales y luchas de trabajadores y trabajadoras, está relacionado con Fasinpat-Zanon, allí dio sus primeros pasos en la profesión con apenas 24 años (recién llegado de Buenos Aires donde vivió, estudió y se graduó), se fogueó en la abogacía en ese proceso lento y laborioso de consolidación de la salida obrera a la crisis de la ceramista más importante de la capital neuquina.

Actualmente, colabora con sindicatos docentes como UNTer y ATEN-capital, y es el defensor de las trabajadoras y trabajadores de limpieza precarizados, en conflicto con la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), en colaboración con la abogada Victoria Nafo.

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¿En qué momento te acercaste a las trabajadoras de limpieza? ¿Cómo dieron con vos?

Las compañeras de limpieza, y el grupo de estudiantes que se solidarizó en su apoyo, me convocaron en una primera etapa del conflicto (hace dos años), el cual se resolvió con la inclusión de las compañeras a sus tareas de limpieza, tras conformar una cooperativa.

Cuando el contrato con la universidad venció, el conflicto se disparó nuevamente con las pérdidas de sus puestos de trabajo, lo que impulsó a las trabajadoras a la toma de medidas de fuerza y se recrudeció con las respuestas represivas que impulsó el decanato y el rectorado de universidad, con una denuncia penal contra las trabajadoras y un estudiante y la judicialización de la protesta. En este contexto me volvieron a convocar, para trabajar junto a la abogada Victoria Nafo, quien ya venía trabajando con las trabajadoras y los estudiantes.

¿En qué consistió concretamente esa respuesta represiva del decanato?

Con la justicia federal, el juez Greca, procesó a las trabajadoras y a uno de los estudiantes -que venía acompañándolas desde un principio-, por usurpación y coacción agravada.

La coacción agravada es un mecanismo muy usado en la época de Onganía, que implica una amenaza, que no se agota en la amenaza, sino que tiene un fin para que un funcionario público haga o deje de hacer una cosa. Es una amenaza que busca condicionar a una persona, cuando esa persona es un funcionario público, se convierte en coacción agravada.

Esta figura tiene un pena altísima, de hasta diez años de prisión, y es una figura con un contenido altamente reaccionario, porque se utiliza siempre como contra cara al derecho a la protesta.

Vos pensá en esto: si hay una protesta, con cierto peso, un poco de ruido, con medidas de presión, reclamando por puesto de trabajo o porque se destrabe un conflicto, los jueces pueden dar vuelta el paño y marcarla como una amenaza dirigida a un funcionario público y pueden encuadrarlo como coacción agravada.
En este último tiempo hemos notado un aumento de la utilización de la figura de coacción agravada para empezar a criminalizar la protesta. Así como a fines de los “˜90 o principios de los 2000, se empezaba a utilizar la figura del corte de ruta, porque los métodos de la gente en la protesta iban por ese lado, se utilizaba esa guadaña sobre los trabajadores. Hoy, se implementa esta figura de coacción agravada para contener la protesta social. Esto es gravísimo, porque no se distingue bien y se cercena directamente el derecho a protestar y reclamar frente a la autoridad.

Esta denuncia particular recae sobre todas las compañeras de limpieza que estaban implicadas en el conflicto, que formaban parte de la cooperativa (trabajadores y trabajadoras), tres de ellos de hecho no participaron de la protesta y fueron sobreseídos; pero se incorporó a Ángel, que es un estudiante que venía dando una mano y quedaron todos procesados.

Con Victoria apelamos esta resolución, fuimos a la Cámara Federal de Roca, y la Cámara desestimó la aplicación de la figura de coacción agravada, entendió que eso no correspondía, pero dejó latente el delito de usurpación. Así que, en este momento, no están procesados, está desestimada la figura de coacción agravada, pero queda todavía el delito de la usurpación.

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¿Cómo van a enfrentar esta segunda acusación?

La usurpación nunca existió. Nunca hubo usurpación, lo que había era una permanencia de las compañeras dentro de su lugar de trabajo, reclamando por sus puestos de trabajo. Esto no es usurpación: no hubo despojo, no hubo violencia y no estaban desarrollados todos los elementos que caracterizan el delito de usurpación.

De todas maneras esa permanencia ya cesó, porque hace unos días atrás se firmó un acuerdo, después de que hubiera una intervención muy importante de la CTA de Río Negro y el conjunto de los estudiantes, enfrentando de alguna manera al nuevo decano que es Ponce de León (que junto a un sector pequeño de estudiantes intentó por la fuerza desalojar a las compañeras), hubo una reacción muy buena, muy fuerte, que abrió una mesa de negociación ““que era lo que las compañeras reclamaban-, se logró destrabar el conflicto garantizándoles un puesto de trabajo, aunque no dentro del ámbito de la universidad, pero sí dentro de la esfera del Estado en el sistema educativo provincial de Río Negro.

Claramente hubo sectores de la universidad que aprovecharon el conflicto para escalar posiciones, para ubicarse políticamente, el año que viene hay elecciones en la universidad. Pero de todos modos hay que decir que ninguno de los sectores en pugna quiso ofrecer una solución a las compañeras: tendrán sus diferencias internas, pero tienen un gran acuerdo que es mantener la tercerización y la precarización laboras para las trabajadoras de limpieza dentro de la UNCO.

Esta situación se da no solamente en Roca, sino que se da en otros puntos de la universidad. Lo que desnudó este conflicto es la precarización laboral que existe en la universidad pública, es ahí donde todos los sectores se ponen nerviosos y ninguno quiere dar respuestas ni una solución de fondo.

En este sentido el conflicto tiene gran importancia, porque desnuda esta situación y esperemos que pueda ser retomado por otros trabajadores y trabajadoras a la hora de reconocer y luchar por mejoras en sus condiciones laborales. Otro punto a tener en cuenta es ver qué van a hacer estos sectores de la universidad, cuando el año que viene se vote el presupuesto universitario y tengan que rediscutir los contratos por la limpieza: a ver si los van a precarizar o si van a empezar a respetar el convenio colectivo de trabajo que rige en las universidades públicas y que impide esta precarización laboral.

¿Cómo respondieron a esos grupos que buscaron victimizar a la gestión de la universidad, frente al conflicto económico y el recorte presupuestario?

La UNCO, en tanto empleadora, no es víctima de nada. De hecho continúan con la precarización de otros trabajadores y trabajadoras en otros asentamientos, que realizan el trabajo de personas que tendrían que estar en la planta permanente de la universidad: porque el servicio de limpieza forma parte esencial para el desarrollo de funciones de una facultad; no puede haber una facultad que no esté limpia, con lo cual los trabajadores y las trabajadoras que realizan esa tarea ““que es un trabajo tan digno como cualquier otro-, deben requerir las condiciones de cualquier otro trabajador y deben pertenecer a la planta permanente, que ingrese por concurso o por los mismos caminos con los que ingresa cualquier trabajador docente o no docente a la facultad. Entonces, la universidad no es víctima de nada, las víctimas -en todo caso- son las trabajadoras de limpieza que, además de estar precarizadas, estuvieron a punto de perder sus trabajos.

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Espero que a partir de esta lucha, los sectores kirchneristas de la universidad que empiezan a denunciar las reformas laborales de Macri, tengan la sinceridad y no sean cínicos, y reconozcan que puertas adentro de la universidad hay trabajadores precarizados, en los claustros docentes, no docentes, en los claustros estudiantiles. Muchos de estos sectores, que intentaron posicionarse victimizando a la universidad, argumentando que el ajuste venía de Macri y “˜no había nada que hacer”™, tienen que saber que sí hay que hacer y lo que hay que hacer es enfrentar al ajuste y pasar a todos los trabajadores de la universidad a planta permanente.

¿Cuáles son los pasos a seguir para dar un cierre definitivo a este conflicto?

En estos días estamos presentando el acta acuerdo al que se llegó, de hecho hubo una instancia de mediación, hubo una instancia de acuerdo, con lo cual no tiene ningún sentido avanzar con una causa penal. De todas maneras seguiremos demostrando que no hubo delito de usurpación, que se trató de una permanencia de las compañeras, por lo cual tampoco desde este punto tiene sentido que continúe la causa.

En este sentido las autoridades se comprometieron a no continuar el conflicto por la vía legal y a colaborar con la no judicialización de la protesta, así que vamos a presentar esta argumentación y a solicitarle al juez que no procese a las compañeras y compañeros, que deje sin efecto la causa que no tiene ningún sentido.

Esta perspectiva puede madurar, salvo que el juez Greca lo que esté intentando sea una especie de ejemplificación, que mantenga la causa un poco para aleccionar a las compañeras y otro poco para enviar un mensaje al resto de los trabajadores y trabajadoras, que no sería raro por el clima político que estamos viviendo en nuestro país. En ese sentido y llegado el caso, lo enfrentaremos no sólo por la vía legal, sino como venimos haciendo con el apoyo de la comunidad educativa, del movimiento estudiantil, con la movilización.

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¿Cómo se explica esta actitud de parte de la justicia?

Hay una doble intencionalidad en la justicia para poner en acción un mecanismo de control de la protesta: por un lado, busca golpear a las compañeras por luchas en defensa de sus puestos de trabajo y, por otro, aleccionar al resto de los trabajadores cuando se moviliza para reclamar por lo que le pertenece o por lo que cree que es justo, lo que se le viene no es una solución sino una causa penal. Es un intento de control social para mantener el estatus quo, para evitar que la gente reclame por sus derechos, esa es la pelea que permanentemente hay que estar dando: no es una cuestión solamente jurídica, si no se está apoyado en la organización, en la movilización y la lucha, la justicia avanza, avanza y avanza.

¿Cuál es el resultado al que aspiran como defensa?

Lograr el sobreseimiento y que la causa se caiga es siempre un paso adelante para las peleas que se vienen.

Estamos en un momento muy complicado con varios presos políticos en nuestro país: los Qom, Milagro Salas, los mapuces. Venimos de una terrible represión, desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, y toda la polémica que intentan instaurar para hacer zafar las responsabilidades que tiene la gendarmería y, en el gobierno de Macri, a Patricia Bullrich.

Es una pelea a dos puntas: por un lado tratar que ningún compañero más tenga una causa encima y lograr la libertad de todos los compañeros que se encuentran detenidos y que son presos políticos; y, por el otro, buscar el castigo de la represión, buscar el castigo de aquellas personas que permanentemente pegan con balas de goma y gases, y que -entre otras cosas- acaban de asesinar a Santiago Maldonado. Me parece que son dos movimientos que van de la mano para fortalecer las luchas del campo popular y los trabajadores.



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