29/09/2017

“Seguimos exigiendo justicia por Andrés Núñez”

img_20170929_173700_1_.jpgAyer, a 27 años del secuestro, la tortura y la desaparición de Andrés Núñez por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata; familiares y amigos, el Colectivo Contra el Gatillo Fácil e HIJOS La Plata realizaron una jornada de lucha en pleno centro para exigir justicia por Andrés Núñez, Johana Ramallo, Santiago Maldonado y todos y todas las desaparecidas en democracia. Por ANRed


En las esquinas de 7 y 50 del centro platense el Colectivo Contra el Gatillo Fácil, HIJOS La Plata y familiares y amigos de Andrés Núñez realizaron una jornada de lucha por la visibilización del caso del joven que fue secuestrado y torturado hasta la muerte un 28 de Septiembre de 1990 por la Brigada de Investigaciones de La Plata.

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Mirna, la esposa de Andrés Núñez continuó una incansable lucha por conseguir justicia completa durante estos 27 años que pasaron. Ella estuvo junto con Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán, víctima de gatiilo fácil en febrero de 2013 cuya causa quedó impune con la absolución del asesino Sargento Walter Flores; y Marta, la mamá de Johana Ramallo, quien está luchando porque el Estado la encuentre e investigue quién mantiene a la joven de 23 años desaparecida tras más de dos meses de su secuestro. Estas tres luchadoras junto con los demás organismos de derechos humanos de La Plata realizaron la jornada con la consigna “¡SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN DE ESTADO!” y “Aparición inmediata de Santiago Maldonado”, el joven de 28 años que fue secuestrado por la Gendarmería Nacional en la Pu Lof Cushamen en Chubut el 1 de Agosto de este año.

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Tras un juicio en 2010, los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, sentencia confirmada en agosto de 2012. Pero durante 20 años el coautor del crimen, Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo de la justicia. Fue capturado en agosto de 2012 con identidad falsa en Neuquén y el pasado 31 de marzo obtuvo una condena a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua como coautor funcional de la privación ilegal de la libertad, en concurso real con torturas seguidas de muerte, provocadas a Andrés. La sentencia fue apelada por la defensa del asesino y el 12 de octubre habrá una audiencia de la partes ante la Sala 5 del Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces Jorge Celesia y Martín Ordoqui.

Hay además, muchas cosas señaladas en el comunicado que convocó a la jornada: el ex juez Amílcar Vara, destituido en 1998 en juicio político por encubrimiento en las causas Nuñez, Bru y en otros de 25 casos de crímenes policiales, murió impune en marzo de 2014.

Al mismo tiempo, pese al intento de cerrar la causa, en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Ese tramo del expediente está en instrucción, pero la última jueza de la causa, la Dra Marcela Garmendia, se apartó del expediente aduciendo que entiende que la causa está prescripta. Rechazado el planteo por la Cámara Penal platense, se debe sortear un nuevo magistrado que complete la investigación, que hasta ahora permanece acéfala.

Otra de las exigencias para lograr una plena justicia por Andrés Núñez es la búsqueda de Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, quien fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró, torturó y desapareció a Andrés de su casa de Villa Elvira. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo.

“La familia de Andrés ha aportado información sobre los contactos de este criminal, especialmente sobre su madre, que vive en General Belgrano. Se ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para encontrarlo y ponga a disposición herramientas para una investigación seria para detenerlo. En una fenomenal tomada de pelo, en 2009 una abogada se presentó en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la imputación y firmaba de puño y letra el recurso. Ocupada en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez. La tardanza del Estado en llevar a juicio a estos criminales sólo genera más impunidad”



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