La coyuntura constituyente en Catalunya 1O
Un panorama de cara al 1 de octubre para poder comprender desde estas latitudes lo que está en cuestión con el Referéndum vinculante por la independencia de Cataluña, un llamado a votar que busca determinar si los ciudadanos (los que tienen el privilegio del derecho al voto, paradójicamente nacionales españoles) determinen constituirse como una República Catalana. «˜Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? .»˜Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república?»™ Es la pregunta. El proceso independentista a pesar de los incrédulos parece estar en una determinante marcha. Por Victoria Aguinagalde y Carles Ros para ANRed
Ante una avalancha de eventos que cada pocas horas se actualizan de forma trepidante, esbozamos algo del contexto histórico y político.
Contexto histórico
En Europa no siempre se corresponden las identidades nacionales y los estados. Hay varios casos de sentimientos de pertenencia nacional repartidos en varios estados, y estados con composiciones plurinacionales, sin que necesariamente sean conflictos encauzados o resueltos. Dichas correspondencias o no, entre estados e identidades nacionales son fruto de procesos históricos de transición de instituciones políticas medievales hacia estados modernos, marcadas por la tensión entre movimientos de centralización/atomización administrativa y alianzas/disputas entre casas reales. La adopción en España de una concepción borbónica de estado centralizado con voluntad de homogeneización cultural es lo que marca la primera fecha que desde el independentismo catalán se considera significativa: 11 de septiembre de 1714, día en que las instituciones y la lengua catalana fueron prohibidas por haber apoyado desde Cataluña a la dinastía de los Austrias en oposición a la dinastía de los Borbones, en una guerra de sucesión al interior de España, que ganaron estos últimos.
Desde entonces, con un paréntesis en el 1873-74 con la Primera República, el estado español mantuvo un rol de centralismo absoluto, con gobernación directa de las distintas regiones y nacionalidades que lo integran y persecución a sus culturas y lenguas, hasta la llegada de la Segunda República en 1931, donde la presión popular canalizada en unas elecciones municipales logró echar al rey e instaurar una nueva legalidad donde muchos derechos impensables hasta el momento fueron reconocidos (voto femenino, divorcio, separación iglesia-estado, derecho al aborto, descentralización territorial). El poder creciente de sindicatos y organizaciones populares en ese marco, así como la posibilidad de apertura democrática en cuanto a reclamos de las nacionalidades históricas, generaron una reacción autoritaria que devino en el golpe de estado fascista que tuvo como respuesta una revolución social y posteriormente la guerra civil (1936-1939), y la dictadura de Franco (1939-1975), que asesinó a unas 150.000 personas y suprimió los derechos civiles, sociales y culturales durante más de 30 años.
Al morir Franco en 1975, se produjo una transición de la dictadura a una monarquía parlamentaria que no conllevó ningún momento de ruptura con la legalidad franquista, sino una autoreforma paso a paso del sistema. El Rey Juan Carlos, quien pasó a ser el nuevo jefe de estado, había sido designado por Franco como su sucesor. La Constitución fue aprobada en 1978 por el 59% del electorado, con el miedo instalado permanentemente por las facciones militares de que era esto, o volver atrás.
Esta institucionalidad, usualmente nombrada desde el independentismo catalán y desde la izquierda española como «Régimen del 78”, es la que ha estado en vigencia desde entonces en su legalidad, sistema de partidos, dinámicas electorales, grupos de poder mediático y hegemonía cultural, y es la que se empieza a resquebrajar con la crisis económica del 2008, el movimiento del 15M en 2011 y con el auge del independentismo a partir de 2012.
Coyuntura política
Es en este contexto en el que se debe pensar el actual reclamo por la independencia de Cataluña, desde su multiplicidad de actores y motivos que llevan a elegir el independentismo como opción política, movimiento que pasó de representar a un 20-25% en los años 80 y 90, a representar aproximadamente la mitad de la población en la actualidad.
El sistema de partidos en el estado español propio del Régimen del 78 queda configurado por un bipartidismo altamente estable, con una derecha (Partido Popular desde los años 80 como único referente) y una socialdemocracia al estilo europeo (representada por el PSOE). En Cataluña, el bipartidismo se configura con CiU y el PSC (sección catalana del PSOE).
Como partidos políticos catalanes que llevan adelante el proceso independentista, existe por un lado el partido de centro derecha Convergència i Unió (CiU), creado durante la transición española, que tomó el reclamo por la independencia como bandera a partir de 2012, leyendo en ésta a una sociedad cada vez más harta de los casos de corrupción que explotaron en todo el estado, la crisis económica, recortes presupuestarios, etc. Una parte de este reclamo por la independencia se vio fogoneado desde Convèrgencia i Unió teniendo como eje el beneficio económico que la independencia conllevaría para la sociedad catalana, sin cuestionar las formas de estructura económica que el marco de una Unión Europea neoliberal establece. Es un caso de transformismo político exitoso, siendo que CiU es uno de los partidos más corruptos de Cataluña, y como pata derecha del bipartidismo, desde 1978 cumplió la función de garantizar la unidad de España manteniendo el nacionalismo catalán en el ámbito de lo domesticable, en muchas ocasiones como aliado del Partido Popular, forjando la natural alianza de partidos de derecha. El votante de Convergencia, además, sería el independentista más proclive a serlo por motivos nacionales, de pertenencia identitaria a «lo catalán”.
Apoyados en las impresionantes movilizaciones ciudadanas a favor del derecho de autodeterminación que se sucedieron de forma cada vez más multitudinaria desde el año 2012 al año 2017, CiU marcó cada vez más su destino a la posibilidad de realizar un referéndum por la independencia. Tratando por un lado, de cabalgar un independentismo cresciente y por el otro para esconder sus casos de corrupción. CiU perdió sus apoyos entre sus electores más moderados, así como el apoyo del gran empresariado, teniéndose que reconvertir en un nuevo partido, el PDCat, para intentar hacer olvidar el fantasma de lo que fué. A la vez, logró esconder sus siglas en un frente de partidos independentistas en las elecciones de 2015 (Junts pel sí).
En la otra ala del espectro político y partidario del escenario coyuntural actual, está la Candidatura d»™Unitat Popular (CUP) un formación independentista, anticapitalista, asamblearia, que propone la independencia de Cataluña como el momento para «˜cambiarlo todo»™, entendiéndolo desde la oportunidad que presenta un proceso constituyente. Es un movimiento que ha aglutinado a la facción joven independentista, que en el último periodo ha tenido un gran crecimiento en representación, tanto social, como parlamentaria. La propuesta de esta organización política tiene una fuerte tendencia anti nacionalista (pues considera la independencia como un motor para el cambio social y no lo vincula a lo identitario) e internacionalista. Vendría a ser un poco la antípoda del centroderechista CIU-PDCat; sin embargo la CUP ha sido fundamental para el último impulso de Convèrgencia hacia el proceso independentista, lo cual ha generado fracturas internas, aparentes debilidades que parecen revertirse, para convertirse en fortalezas.
La CUP se dispuso entonces a negociar la posibilidad del proceso de constitución de la república catalana de la mano del establishment político, con la vista puesta en que la discusión en esta nueva forma de organización dé lugar, en un proceso constituyente, a los reclamos de su movimiento por «˜cambiarlo todo»™.
Entre la CUP y PDCat se encuentra Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el histórico partido independentista creado en 1931, uno de los partidos que parecería llamado a configurar la hegemonía del centroizquierda catalán, recibiendo votos del naufragio de la socialdemocracia catalana (PSC, la sección catalana del PSOE) y de ex votantes de CiU que, habiendo salido del closet como independentistas, prefieren elegir al partido que siempre lo fué, y que además, no tiene ningún caso de corrupción. ERC es, en términos de el eje político izquierda-derecha, un partido catch-all, pudiendo encontrar en él votantes y cuadros desde la izquierda socialdemócrata al liberalismo. Ello le ha llevado a poner por delante la causa independentista a otras consideraciones ideológicas.
Estos tres partidos ERC, PDCat y CUP, son los que, después de la consulta simbólica del 9N de 2014, y ante el convencimiento de que el estado español nunca pactará un referéndum, llevan adelante la vía unilateral.
Un caso aparte lo constituye el universo político que se conoce como «els comuns” (los comunes). La alianza política Catalunya en Comú, liderada simbólicamente por Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que llegó a las instituciones con un capital político altísimo después de años de militancia en movimientos sociales, especialmente la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, uno de los colectivos que más efectivamente simbolizó el espíritu del 15M, con su confrontación al poder financiero a través de escraches y desobediencia civil. Este movimiento se arma en base a una confluencia de diferentes partidos y viene a representar una renovación de la izquierda institucional con muchas posibilidades de convertirse en partido de gobierno catalán, pero encontró en el conflicto Cataluña-España el problema que anteriormente había encontrado el PSC: su electorado es diverso en relación a sus pertenencias identitarias, la importancia que le da y sus propuestas de resolución del conflicto, lo cual le ha llevado a tener por bandera la idea de una España federal y un referéndum pactado (algo imposible con las mayorías parlamentarias españolas del corto y medio plazo). Así, se consideran un partido que defiende el derecho a la autodeterminación pero con sus bases divididas entre la opción unionista y la independentista, cosa que los ha hecho sentir incómodos ante la opción de referéndum unilateral que plantean Junts pel Sí (PDCat y ERC) y CUP.
El resto de partidos con representación en el parlamento catalán, PP, PSC y Ciutadans, conforman el bloque constitucionalista o unionista, para quienes la simple idea de pensar en que se pueda hacer un referéndum atenta contra la constitución española y el valor que le suelen asociar, la convivencia. Son partidos que consideran que la legitimidad emana de la legalidad y para los cuales los eventos de los últimos años en Cataluña son una deriva de radicalidad. Son los partidos más vinculados al poder económico y mediático en el estado español. A este espectro político se le suman los intentos de movilizaciones unionistas, primordialmente orquestadas por la asociación Societat Civil Catalana, que fracasaron en sus aspiraciones numéricas, además de ofrecer habitualmente imágenes de concentraciones donde se mueve con comodidad la extrema derecha y la simbología fascista.
En lo que respecta a otros actores políticos, los sindicatos se pronunciaron claramente en favor del derecho de autodeterminación. Por su parte las patronales, española y la catalana mayoritaria, están en contra de la realización del referéndum, y la banca también se manifiesta en contra de forma habitual.
A parte de los partidos, un sinfín de actores políticos se posicionan e inciden en lo que en los últimos años se ha conocido como el proceso independentista. Primordialmente, las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, quienes han capitaneado las movilizaciones callejeras masivas de los últimos años, en algunos casos marcándole los tiempos al gobierno catalán y en otros siendo funcionales a su estrategia partidaria. En ese mundo, y junto a otras asociaciones como la Asamblea de Municipios por la Independencia o Súmate, conviven la multiplicidad de razones independentistas, desde el utilitario y derechista «España nos roba”, hasta el hecho de sentirse catalán y no español, mezclados con gente que sintiéndose española considera el sistema político español amordazado, junto a gente que simplemente quiere tener un sistema político más cercano y saneado, o aspiraciones de cambio social. Por ello, si bien el nacionalismo catalán está altamente presente en el independentismo, no es su único motor.
¿Y qué está pasando estos días?
En la marcha determinante por la independencia encabezada por los partidos políticos y la demanda de la sociedad civil, la llamada a la votación del 1 de octubre ha provocado la reacción autoritaria del gobierno del PP encabezado por Mariano Rajoy, que ha llevado a la suspensión de la autonomía de Cataluña a través de un estado de excepción encubierto, ya que si bien no se aplicó el artículo de la constitución española previsto para eso (requeriría de la aprobación del parlamento español) sí ocurrieron hechos equivalentes: la suspensión de la autonomía financiera del gobierno catalán, la toma por parte de la guardia civil española de varias sedes del gobierno catalán y el arresto de 12 de sus altos cargos y la asunción de la cadena de mando de la policía catalana por parte del Ministerio del Interior español.
Frente a la deriva represiva, una parte mayoritaria de la sociedad catalana ha salido a las calles a tomar la posta por su derecho a la autodeterminación, llamándose a la desobediencia frente al gobierno central. Los acontecimientos en la última semana se precipitaron a una velocidad e intensidad pocas veces vista en el estado español en los últimos 40 años. Y más lo harán en los días que quedan antes del 1 de octubre. Estos días en Cataluña se está viendo algo nunca visto: un gobierno compuesto por gente que históricamente estuvo vinculada al orden, llevando a cabo acciones de desobediencia institucional y generando un clima que favorece situaciones parecidas a las que se vivieron con la toma de las plazas en el 15M de 2011, desobediencia y movilización civil permanente.