Santiago Maldonado: se profundiza la macabra trama de encubrimiento
Luego de 41 días de haber negado todo, el Gobierno aparece con su propia investigación paralela que busca «tirar unos gendarmes por la ventana», para salvar a la institución y al propio Gobierno nacional en su responsabilidad por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Difundimos la declaración del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH).
Con el resultado de algunas de las pruebas de ADN realizadas por una dependencia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió rauda e irresponsablemente a volver a afirmar que este «despeja muy fuertemente de lo que ha sido acusado el Gobierno: una desaparición forzosa». La ministra vuelve así a la hipótesis que sostenía con vehemencia en aquella conferencia de prensa realizada un mes atrás en la sede de su cartera. El 11 de agosto afirmaba que «Santiago Maldonado no fue detenido por la Gendarmería», y agregaba que «de ninguna manera vamos a aceptar que se plantee que esta es una desaparición forzosa, en la medida que eso es una construcción».
Se pretende así desde el poder a volver a una «foja cero», después de 41 días de que Santiago desapareciera en el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional sobre el Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, Chubut.
1) Muestras totalmente viciadas
Las muestras en las que se informa que no hay compatibilidad genética con Santiago Maldonado fueron tomadas varios días después de su desaparición, cuestión que evidentemente permitió que Gendarmería tuviera el tiempo suficiente de eliminar cualquier rastro de Santiago.
Pese a que el Defensor oficial de Esquel, Fenando Machado, tomó nota de la desaparición de Santiago el propio 1 de agosto alrededor de las 19.10 horas, y que Julio Saquero, uno de los titulares de la APDH local, se apersonó a la mañana siguiente con otros compañeros en los escuadrones de Gendarmería de Esquel y El Bolsón para averiguar si ahí estaba detenido Maldonado. Y luego hizo la denuncia de la desaparición ante la fiscal Silvina Avila en la tarde de ese 2 de agosto, recién el 5 de agosto, cuatro días después de los hechos, se realiza el primer rastrillaje sobre la Pu Lof.
El 6 de agosto el juez ordena una revisión de vehículos del Escuadrón 35 de Gendarmería de El Bolsón, algo que se realizó por parte de la Policía Federal sin ningún funcionario judicial presente. El compañero Saquero de la APDH estuvo en el lugar de los hechos y relató que todos los vehículos estaban impecables, recién lavados, salvo uno que la Federal no revisó porque el propio comandante Méndez de Gendarmería afirmó que era de otra dependencia. Recién el 10 de agosto se hace un rastrillaje al Escuadrón 36 de Esquel y se vuelve al de El Bolsón, en el que, «extrañamente», ya no estaba el vehículo sucio que no se había revisado. Cinco días después, el día 15, allanan el Escuadrón 37 de la localidad de General San Martín, situado al sur de Esquel.
En el comunicado del Juzgado Federal de Esquel se consigna que varias muestras de material genético obtenido, sugestivamente, son «no viables para ser cotejadas»,
Como lo indican los especialistas en criminología, las primeras 48 o 72 horas son clave, fundamentales, para obtener las pruebas físicas de un crimen. Tanto la fiscal Avila como el juez Otranto le otorgaron un tiempo precioso a Gendarmería para destruir o contaminar pruebas vitales en el caso.
2) Otranto: juez y parte
El juez Guido Otranto está imposibilitado de investigar hasta el final qué sucedió con Santiago Maldonado, pues él es quien ordenó la presencia de la Gendarmería el 31 de julio para acabar con un corte de ruta realizado por miembros de la comunidad mapuche para exigir la libertad del lonko Facundo Jones Huala.
Él mismo ordenó una violenta represión el 10 de enero pasado, donde decenas de gendarmes con una brigada de caballería, helicópteros y drones ingresaron a la Pu Lof con la excusa de liberar las vías del tren turístico «La Trochita».
Preguntado el domingo sobre si iba a llamar a declarar al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, el Dr. Otranto respondió que no tenía previsto citarlo, pese a que hay testimonios en la causa que prueban que Noceti estuvo al principio y al final del operativo que terminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El juez continuó explicando lo inexplicable: «A mí, en la reunión que tuve con Pablo Noceti acá, me reconfirmó lo que ya me había adelantado por teléfono el día anterior: que la Gendarmería y las fuerzas provinciales iban a actuar por iniciativa propia cada vez que hubiese un corte de ruta con violencia». El juez Otranto aseguró que no va a llamar a declarar a Noceti a pesar de que este funcionario fue el que anunció, alentó, condujo y justificó el operativo.
Estas declaraciones las hizo inmediatamente después de haber recibido en su despacho a otro de los compañeros de Noceti, el secretario de Seguridad Interior Gerardo Milman.
3) El Gobierno nacional arma la causa «a la carta»
Según varios medios, el pasado domingo Gerardo Milman, enviado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, «aterrizó en Esquel con información relevante para la causa». Esta «información» consiste en el armado de una causa para hacer zafar a Gendarmería y al propio Gobierno nacional de un crimen de lesa humanidad, como es una desaparición forzada, para transformarlo en una suerte de «homicidio en riña».
Después de haber puesto en cuestionamiento la presencia del joven Maldonado en el Pu Lof el 1 de agosto, de haber apostado a que había quedado gravemente herido por un puestero el 21 de julio y que era ocultado por los propios mapuches, de sembrar intrigas de todo tipo y tenor como que la familia no quería colaborar, que Santiago se habría fugado a Chile, que estaría en la clandestinidad, que fue visto en alrededor de diez provincias, de haber montado provocaciones con infiltrados en las movilizaciones y extraños atentados, el poder de las evidencias y la movilización popular llevaron a que debieran empezar a reconocer que Santiago sí estuvo el día de la represión y que tuvo algún tipo de contacto con los gendarmes. Pero esa realidad la intentan convertir en un relato «para resguardar a la institución», como dijo la ministra Bullrich. Y para salvarse ella misma, y todo el Gobierno nacional, agregamos nosotros.
Según uno de los dos medios que más reproducen los distintos relatos del Gobierno en esta causa, un subalferez habría «actuado violentamente movido por la furia y la adrenalina del momento y golpear a Maldonado hasta llevarlo a la muerte» (Clarín). La otra versión que va en sintonía, afirma que otro efectivo «habría herido de un piedrazo a un manifestante» (La Nación).
Luego de 41 días de haber negado todo, el Gobierno aparece con su propia investigación paralela que busca «tirar unos gendarmes por la ventana», para salvar a la institución y al propio Gobierno nacional en su responsabilidad por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
4) Ganar tiempo para que continúe la impunidad
El Gobierno nacional con el acuerdo del juez Otranto mandó cientos de efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura a Esquel que desde hace cuatro días están haciendo un rastrillaje en las márgenes del río Chubut en una supuesta búsqueda del cadáver de Santiago Maldonado. Pese a que la geografía del río (poca corriente, ramas, baja profundidad) impediría que un cuerpo se pudiera mover más que unos metros, después de 40 días el juez ordenó que se realizara el cinematográfico operativo «por tiempo indefinido», siempre en el lugar donde se lo llevaron a Santiago y nunca en las dependencias y los efectivos de Gendarmería.
Entretanto, recién el martes 12 de septiembre declararon los primeros tres efectivos de la Gendarmería que participaron del operativo represivo del 1 de agosto. Y lo hicieron no como imputados, sino en carácter de testigos. Este hecho no es menor, pues cualquier declaración en la que se auto-incriminaran como testigos, no se podría utilizar para imputarlos.
A los ritmos electorales del Gobierno, el juez Otranto en vez de haber llamado a indagatoria a todos los que participaron en la represión, monta un show mediático que desvía la atención sobre la verdadera responsabilidad material y política del crimen de Estado que significa la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
5) No hubo errores, no hubo excesos
En su línea de defensa, el Gobierno lleva al absurdo su responsabilidad en esta desaparición forzada, para seguir sosteniendo que es víctima de una campaña de desprestigio, generada por la oposición política. Ningún organismo de derechos humanos, ni la propia familia, han sostenido que fue Mauricio Macri y Patricia Bullrich los que ordenaron la desaparición forzada de uno o alguno de los luchadores mapuches. Pero de allí no se infiere que solamente pudo haber habido «excesos» de un puñado de gendarmes.
Santiago Maldonado desaparece en el marco de una represión que fue orientada explícitamente por el propio Gobierno nacional, como pueden dar cuenta las declaraciones del propio Pablo Noceti a una radio amenazando con meter presos a todos los miembros de la «RAM» «estén donde estén», la reunión que realizó en Bariloche el 31 de julio con los ministros de Seguridad y los altos mandos de las Policías de Río Negro y Chubut, junto a oficiales de alto rango de Gendarmería para tratar «el tema mapuche», y las propias declaraciones del Dr. Otranto que manifestó que Noceti le adelantó que las fuerzas federales «iban a actuar por iniciativa propia cada vez que hubiera un corte de ruta con violencia».
El Gobierno es responsable por haber generado un marco político, en consonancia con el Estado chileno, que envalentonan y les da luz verde a las fuerzas represivas para que actúen sin piedad contra «el enemigo», esta vez la comunidad mapuche de Cushamen.
Pero, asimismo, debemos decir que el Gobierno puso a todo el aparato del Estado y a sus medios de comunicación afines al servicio de montar el encubrimiento que denunciamos.
Este lunes 18, a once años de la desaparición de Jorge Julio López marcharemos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, esta vez para también preguntarnos: ¿Dónde esta Santiago Maldonado? El Gobierno y el Estado son responsables.
Myriam Bregman
Alejandrina Barry
María Victoria Moyano Artigas
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
Buenos Aires, 12/09/17
Contacto: 11 4170 2198 (Myriam Bregman)