24/08/2017

Santiago Maldonado: giro en la investigación complica a la Gendarmería

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Tras el pedido de la familia de Santiago Maldonado, Silvia Ávila, la fiscal de la causa penal 8232/2017 del Juzgado Federal de Esquel – a cargo del juez Guido Otranto -, decidió cambiar la carátula de la investigación de la desaparición del joven por la de “desaparición forzada”. El cambio fue confirmado por Sergio Maldonado, hermano de Santiago. La decisión se da, también, luego de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el jefe de gabinete de Seguridad Pablo Noceti, y el secretario de DD.HH Claudio Avruj, se levantaran enojados de la mesa de negociación con organismos de derechos humanos, y tras la llegada de una comitiva de organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a la localidad chubutense de Esquel para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que se encuentra desaparecido forzadamente desde hace 23 días. Por ANRed.


La novedad fue dada a conocer por Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido, tras reunirse con Silvia Ávila, la fiscal subrogante a cargo de la investigación, quien además indicó que la fiscal “a fin de continuar con las medidas adoptadas en tal sentido solicitó el secreto de sumario por 10 días corridos más“.

Hasta hoy a la mañana la investigación de la causa penal 8232/2017 del Juzgado Federal de Esquel – a cargo del juez federal Guido Otranto – por la desaparición de Santiago Maldonado tras la brutal represión de la Gendarmería Nacional en la Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen (Chubut) se encontrada caratulada como “NN sobre averiguación de delito”.

En un comunicado dado a conocer hoy, la familia del joven Santiago Maldonado, junto a su abogada Verónica Heredia, anunciaron, en su carácter de querellantes en la causa penal 8232/2017 del Juzgado Federal de Esquel, que habían solicitado que se cambie la carátula de la causa que investiga la desaparición del joven por la de “desaparición forzada”.

Asimismo, la familia remarcó que “la desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado ““Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades”, a la vez que aclaró que “la desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado. Por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis“.

La familia sostiene que “la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas”. También denunció que “el paso del tiempo garantiza la impunidad. La impunidad garantiza la repetición de los hechos, como los de Iván Eladio Torres Millacura, Sergio Avalos, Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera, Daniel Solano, César Monsalvez, entre otros“.

Por el lado del Estado, la posición tanto de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, del jefe de gabinete de Seguridad Pablo Noceti, y del secretario de DD.HH Claudio Avruj, ha sido la de rechazar sistemáticamente admitir que el Estado tuviera alguna responsabilidad en la desaparición del joven.

De hecho, el martes los funcionarios se levantaron enojados de la reunión con organismos de derechos humanos, cuando Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, les dijo: “Ustedes saben lo que pasó con Santiago y no lo dicen”. Los organismos además habían exigido al gobierno que despidan a los gendarmes que participaron de la represión y al jefe de Gabinete de Seguridad, Pablo Noceti, quien estuvo en el lugar dirigiendo el operativo.

En el mismo sentido, una delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), que nuclea a organismos de derechos humanos, tendrá una audiencia hoy por la tarde en Esquel con el juez federal Guido Otranto, que debe expedirse sobre el hábeas corpus presentado por la organización por la aparición con vida de Santiago Maldonado. El EMVyJ también intentará tener una reunión con el defensor público oficial, Fernando Machado.


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