14/08/2017

¿Por qué perdieron?

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A finales de marzo pasado, el legislador oficialista Carlos Presas había sido consultado sobre el rol que tuvieron las políticas públicas provinciales, ya sea por acción u omisión, sobre la actual situación crítica que vive la provincia de Córdoba en materia ambiental. El funcionario, uno de los máximos defensores de la reforma a la Ley de Bosques, respondió con tono altanero frente al grabador: “Tan mal no estamos haciendo las cosas. La gente nos vota desde hace 20 años”. Cuatro meses después, las urnas le respondieron con un cachetazo a la soberbia y a la impunidad. Casi dos décadas llevó. Por Daniel Díaz Romero y Lea Ross (ECOS Córdoba).


Desde hace 20 años, Córdoba es una provincia plagada de pueblos fumigados, donde los habitantes conviven a diario con cánceres, sin conseguir respuestas por parte del Poder Ejecutivo. Una provincia con zonas devastadas por inundaciones que sembraron muerte y destrucción a su paso, ya sea por el crecimiento de las napas por la baja absorción de la soja o por la expansión voraz de la mancha urbana, cuya respuesta por parte del oficialismo ha sido poco satisfactoria. Una provincia que no tiene un plan integral de tratamiento de residuos en la provincia; y que cuando la propone, la ciudadanía advierte que va de mal en peor, como la propuesta de Cormecor de instalar una planta de tratamientos pegado al predio donde se desbordaron los residuos peligrosos de Taym, abasteciendo a la mitad de la ciudad de Córdoba con agua de dudosa calidad durante semanas.

Una gran crisis ambiental que más la padecen los habitantes del interior provincial. Es ahí donde el peronismo cosechaba los votos necesarios para mantener su hegemonía.

Y como para cerrar el círculo, su intento de aprobar una Reforma de Ley de Bosques repleta de maniobras para favorecer la expansión agropecuaria sobre los bosques nativos, fue recibido con un enorme rechazo a partir de las fuertes movilizaciones, impulsadas por el activismo en distintas comunidades del interior.

Sumado a esto al reproche por parte de los sectores del agro-negocio, que entre la quita de retenciones por parte del gobierno macrista y el incremento del impuesto inmobiliario rural, sumado a que el propio gobierno provincial no logró ni siquiera reformar la ley de desmonte a su gusto, evidentemente también tuvieron su cuota de insatisfacción.

Incluso, la aprobación de la Ley Agroforestal, a partir de ceder ante el pedido de cambios en los artículos por parte de la oposición, podría haber sido un último intento desesperado para encandilar tanto a los sectores del agro como a los que se preocupan por los desmontes. Evidentemente, no fue suficiente.

Un día, Juan Schiaretti, José Manuel de la Sota y sus políticas ambientales iban a tener que pagar un alto costo político. Sus legisladores, también.

Por supuesto que no es lo único que influyó en esta derrota electoral. Difícil saber en qué porcentaje. Pero alguna vez iba a influir el desmadre socio-ambiental que vienen ejecutando impunemente desde el Estado provincial desde hace décadas.

Finalmente, ese día llegó.

2017 fue el año en que la provincia se convirtió en un polvorín de conflictos socio-ambientales que señalaban las malas políticas del gobierno. Los partidos políticos y sus dirigentes ya no pueden subestimar las exigencias de los habitantes de los territorios. Porque a la exigencia de una democracia verdaderamente participativa, Unión Por Córdoba la despreció y pagó en las urnas. Los “ambientalistas” votaron hoy.

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