GUARDA QUE QUEMA
Más que el bastón de mando, Duhalde le pasó un «hierro caliente» al nuevo Presidente. Con un perfil progresista, la figura de Néstor Kirchner surge como un nuevo intento del régimen por recomponer su crisis de legitimidad.
Se abre un nuevo escenario político en un país devastado, donde casi un 60% de la población es pobre y más de un 25% es indigente. Esta catástrofe económica es la que impulsa a la lucha a amplios sectores del pueblo trabajador y constituye la razón de fondo que origina el conflicto social.
Ante esta coyuntura, las organizaciones del campo popular deberán fortalecer los espacios de unidad y lograr un mayor apoyo para evitar el aislamiento. Mientras continúan su lucha por un verdadero cambio social.
Al fin de cuentas, Duhalde se recibió de estadista. Luego de cederle el bastón de mando a su sucesor y protegido, partió en el avión que trasladó a Lula y su comitiva de nuevo a su país después del traspaso de mando. Una salida a lo grande inimaginable tiempo atrás hasta para el mismísimo Duhalde, quien deja un país quebrado, estabilizado en el fondo del pozo, con un 60% de pobres y casi un 30% de indigentes. Pese a esta debacle, llamativamente, existe una situación de relativa calma social; es decir, sin los estallidos lógicos que podría generar una catástrofe económica como la que soportan los sectores populares.
Quizás por esta razón, el ahora ex presidente supone que su lugar en la historia será el de una especie de bombero institucional que salvó al país del incendio total. Es más, hasta puede llegar a tener una segunda oportunidad si un quiebre profundo del orden social exige nuevamente sus servicios de pacificador. Nunca se sabe.
Favor con favor se paga
De estar al frente de una provincia de 200.000 habitantes a presidir la Nación, ése es el trayecto sin escalas del ahora omnipresente Néstor Kirchner. Y pensar que quien hoy ocupa la primera magistratura, meses atrás era un absoluto desconocido para buena parte de la población.
Claro que para llegar Kirchner tuvo que sellar una alianza con Duhalde, el jefe indiscutido de una de las principales facciones de la vieja política a la que supuestamente viene a combatir. Sin ese apoyo Kirchner no hubiera podido acceder a la Casa Rosada; pero ahora, para empezar a jugar, deberá consolidar su tropa propia y a la vez domesticar a las huestes duhaldistas. De lo contrario, será como un jefe militar que para llevar adelante sus acciones depende de un ejército ajeno, del mismo bando, pero ajeno al fin.
Por el momento, para empezar cuenta con la corriente de simpatía que logró cosechar luego de que se recuperara de los magullones provocados por la «bajada» de Carlos Menem, aunque esta inicial adhesión es tan volátil como el escuálido 22% cosechado en la primera vuelta.
Con sus primeros movimientos, torpes físicamente pero hábiles en términos políticos, Kirchner ganó el apoyo de los principales referentes del progresismo, que huérfanos de padre y madre corrieron presurosos detrás del nuevo presidente. Incluso la siempre locuaz Elisa Carrió se quedó sin palabras y ahora tiene que encontrar su lugar para hacerle oposición a un presidente que le roba gran parte de su discurso en pos de un capitalismo «transparente» y «equitativo».
Detrás de bambalinas
Los enfrentamientos entre Duhalde, Menem y Kirchner están acompañados siempre de una poderosa pirotecnia verbal que parece poner en juego exclusivamente irreductibles enconos personales. No es así, en la raíz de estos cruces se esconde un conflicto mucho más profundo y «racional»: las fricciones entre los grupos económicos dominantes, sus riñas por quedarse con una porción más grande de la torta que se achica y, producto de esto, su incapacidad para darle legitimidad al régimen político e institucional que defiende sus intereses empobreciendo a las mayorías populares.
Privatizadas, multinacionales y grupos locales, AFJP’s, banqueros (extranjeros y nativos), multimedios, empresas alimenticias, constructores, exportadores… todos tienen algo en juego, y presionan para recibir los mejores beneficios de parte de la nueva administración del Estado. En función de estos intereses construyen sus alianzas, establecen lealtades extremadamente frágiles y generalmente ponen huevos en más de una canasta.
Las enormes dificultades que tienen para configurar un statu quo consensuado explica la inestabilidad política, el fraccionamiento y resquebrajamiento de los partidos del régimen. Y como estas internas feroces no están resueltas ni mucho menos, el problema se mantiene.
Si bien logró darle nuevo oxígeno, el carácter «ejemplar» de las últimas elecciones, sólo empañadas por la jugarreta de Menem, no alcanza para resolver la crisis del régimen político abierta por la rebelión popular que echó a De la Rúa.
Conscientes de esto, y en su afán de relegitimación, los voceros del sistema se aferraron al importante nivel de concurrencia a las urnas (casi el 80% del padrón) y al muy bajo índice de votos en blanco y nulos (por debajo de la media histórica), para salir a proclamar la muerte del incipiente movimiento popular que surgió en diciembre de 2001 al grito de «que se vayan todos».
Sin embargo, los grupos dominantes confunden sus deseos con la realidad: apenas si dieron un paso y ya cantan victoria. Olvidan que los avances y retrocesos son inherentes a la lucha popular, y lo que hoy es calma aparente, mañana se puede transformar en explosión de rabia.
¿Producción y trabajo?
El cuadro económico de tierra arrasada va a ser extremadamente difícil de revertir. Hasta el más optimista de los funcionarios gubernamentales sabe que por más obra pública que impulse el nuevo Presidente, la desocupación se mantendrá por largo tiempo en cifras altísimas. Los niveles de crecimiento necesarios para bajar sensiblemente los índices de desocupación son inalcanzables por un larguísimo plazo y, para lograrlo, deberían revertir una tendencia estructural de la última década: la contracción sistemática de la escala de la economía nacional.
Ni siquiera la «salida exportadora», a la que muchos apuestan desde el oficialismo, es suficiente para combatir en serio el drama de la desocupación, debido a la escasa capacidad de generar empleo que tienen estos sectores de la economía. Y la cosa empeora si agregamos que la tibia reactivación económica de la que se ufana el ministro Roberto Lavagna, más que crear nuevos puestos de trabajo, profundiza la explotación de los ya ocupados, y que se apoya sobre la base de la disminución abrupta del salario real. A estas arremetidas contra el trabajador habría que agregarle que en junio vence la «doble indemnización por despido» y que el nuevo gobierno piensa darle una eliminación gradual, con acuerdo previo entre las centrales empresarias y la CGT.
Como es sabido, ante los problemas de fondo que había que resolver, Duhalde se limitó a ganar tiempo y esperar para pasarle el fierro caliente a su sucesor («Cuentas pendientes»). Y ahora Kirchner, innegablemente, lo agarra con un estilo particular. A contrapelo de los discursos hegemónicos de la última década, el santacruceño se define como un neokeynesiano, se alinea abiertamente con Brasil y apuesta a fortalecer la integración regional, para consolidar un bloque de negociación desde el Mercosur ante el ALCA. En sus discursos, opta por un perfil de centroizquierda y apela a una moderada retórica setentista para enfrentar a las corporaciones de las que supuestamente no va a ser rehén.
Si bien estas definiciones pueden sonar convincentes en el plano de las palabras, los hechos concretos no siempre van en igual sentido: Kirchner es un habitual lobbysta de Repsol, multinacional con la que mantiene excelentes relaciones debido a la sociedad de intereses que los une en torno a las regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz.
Si se mantiene fiel al estilo mostrado hasta el momento, el nuevo gobierno va a combinar en proporciones variables una retórica de confrontación, fuertes gestos simbólicos (renovación de los altos mandos de las FF.AA., solución del conflicto docente en Entre Ríos, etc.) con concesiones por lo bajo.
Las organizaciones populares y el nuevo gobierno
Los movimientos de desocupados, al cumplirse once meses del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, recibieron al nuevo presidente con un corte del puente Pueyrredón. Dos días después, diversas organizaciones piqueteras marcharon hacia Plaza de Mayo portando herramientas para simbolizar su anhelo de trabajo genuino.
Pese a las expectativas de muchos sectores, el nuevo gobierno no va a poder dar respuestas de fondo a las demandas más urgentes del pueblo trabajador. Por la sencilla razón que la resolución de esos problemas, exige medidas de tal envergadura, tan profundas, que una gestión como la de Kirchner jamás se animaría a tomarlas, pues implicaría avanzar sobre el derecho de propiedad de determinados sectores del poder económico. Algo absolutamente impensable para quien desea construir un capitalismo «serio».
Por este motivo, es indudable que el conflicto social mantendrá vigencia pero en un nuevo escenario político. Durante su campaña proselitista, Kirchner adelantó que su plan será «aislar a los violentos y dejarlos en evidencia, como paso previo a la represión estatal». O lo que es lo mismo, profundizar la distinción entre piqueteros buenos y malos, para generar las condiciones políticas que permitan en su momento la desarticulación de los segundos. Una táctica similar puede aplicar con los demás sectores en lucha, como por ejemplo con las empresas recuperadas por sus trabajadores, cuyo ejemplo paradigmático hoy es Brukman.
En resumen, el nuevo presidente llevará adelante una política dialoguista y represiva a la vez: cooptación de los sectores moderados y una táctica represiva de desarticulación de los denominados duros. Y acompañando a esto, proseguir con el proceso de «criminalización» de la protesta social, como lo demuestra la situación de los piqueteros salteños recientemente liberados, quienes siguen procesados e inhibidos de realizar piquetes (y hasta el cierre de esta edición, con uno de sus referentes todavía detenido al no poder pagar la fianza que impuso el juez que lleva adelante la causa).
Barajar y dar de nuevo
Ante este panorama, es probable que el bloque más dialoguista de los piqueteros se mueva de manera menos unificada, y que la CCC, sin dejar de negociar, juegue a dos puntas para diferenciarse un poco de Luis D’Elía. Es que ya desde la primera vuelta, el líder de la FTV/CTA llamó a votar por Néstor Kirchner «para que no gane Menem o López Murphy». Y seguramente en este período, a cambio de una tregua de larga duración, profundizará su inclinación crónica por la negociación.
Por su parte, los sectores más combativos deberán hacer equilibrio en un escenario complejo, en el cual la estrategia de confrontación deberá ser complementada con búsquedas metodológicas que les permitan evitar el aislamiento y recuperar el apoyo social logrado durante el año pasado luego de la Masacre de Avellaneda. No se puede obviar que todas las propuestas lanzadas desde las organizaciones piqueteras – tanto las que decidieron participar como las que impulsaron el rechazo electoral – sufrieron un claro revés en las últimas elecciones. E incluso hubo un 40% de votos para la mano dura de López Murphy y Menem, sumando a amplios sectores que son aliados naturales de las organizaciones populares, pero que hoy, con mayor o menor conciencia, fueron ganados por alternativas de tono fascistas.
En otro orden, los sectores del campo popular que no descartan una alianza con sectores del empresariado «nacional», deberán resistir la presión de convertirse en base social de apoyo del nuevo gobierno. Encandilados por su discurso industrialista y de tinte progresista, estos sectores pueden ver en Kirchner a un posible representante de esta inviable alianza social que pretende juntar el agua con el aceite.
De ahora en más
Más que nunca, los distintos sectores en lucha deben consolidar espacios unitarios de coordinación, para mostrarle al nuevo gobierno que no se ha roto la solidaridad entre trabajadores ocupados, desocupados y demás sectores populares.
Para esto es preciso incorporar nuevos métodos de lucha que complementen a los ya conocidos, y sumar las reivindicaciones de los diversos actores del movimiento social: educación, salud, trabajo genuino, mejora salarial, etc.
Y con esa actitud intentar sumar a la lucha a nuevos actores, para desarrollar la alianza social de los de abajo, dedicando un gran esfuerzo a crear conciencia al interior de las organizaciones populares sobre la imprescindible necesidad de una profunda transformación social.
Sin ese cambio social de raíz, cualquier «parche» surtirá el efecto curativo de una aspirina en un enfermo terminal.
Cuentas pendientes
El principal problema que el flamante Gobierno deberá resolver es la reestructuración de la deuda externa. El total de la deuda pública argentina asciende a 155.442 millones de dólares, y una parte de la misma – unos 62.000 millones de dólares – se encuentra en cesación de pago.
En lo que queda del año vencen 6000 millones de dólares y la nueva administración debe negociar urgentemente con el Fondo una postergación de esos vencimientos. A su vez, deberá ir presentando propuestas de pago a los tenedores de bonos de la parte defaulteada de la deuda.
En la negociación para postergar los vencimientos, el FMI le exigirá una serie de reformas, que incluye un reajuste de tarifas de los servicios brindados por las privatizadas, un «reordenamiento» de la deuda de las empresas que contrajeron créditos en el exterior (esto implica estatización de deuda privada), la «compensación» a los bancos por la llamada pesificación asimétrica (otra vez, que el Estado se haga cargo de las «pérdidas» a través de la emisión de un nuevo bono), el veto a la suspensión de los remates, el saneamiento del sistema bancario (es decir, su achicamiento), entre otras.
De no llegar a un acuerdo con el Fondo para postergar esos vencimientos, al Gobierno nacional caerá irremediablemente en cesación de pagos con los organismos multilaterales de crédito. Un escenario no deseado por la nueva administración, aunque Kirchner ya amenazó que los hechos demostraron «que se puede vivir sin el Fondo».