Victoria de La Alameda en la Legislatura porteña
Este jueves 15 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires decidió reconocer que el predio La Alameda es de «utilidad pública». La expropiación temporal del inmueble por el período de dos años le permite obtener las habilitaciones legales para ejercer las diferentes tareas sociales que «de hecho» allí se efectuan desde el 2001. Esta medida legislativa sigue en la sintonía de las expropiaciones que los trabajadores de las fábricas recuperadas vienen «arrancando» al poder político con la movilización y la autenticidad del trabajo.
Hace varios años que los integrantes del centro comunitario La Alameda vienen impulsando la expropiación, para que se les reconozca el trabajo social que allí realizan y para poder obtener las habilitaciones correspondientes de los proyectos cooperativos como la panadería o el comedor. En 2004 la Legislatura aprobó un proyecto en el que el inmueble se estatizaba y era cedido a la cooperativa para su uso. Aníbal Ibarra vetó esa ley.
Luego de eso la Legislatura no hizo otra cosa que «patear» el tema para adelante. Durante todo el 2006 La Alameda estuvo movilizada, presionando para obtener una respuesta. Finalmente este jueves fue arrancada la respuesta afirmativa.
La votación fue de 24 votos a favor y 19 en contra. El macrismo fue la fuerza política que siempre se opuso a la medida, dada su relación con la Liga de Rematadores y con el otrora propietario del bar de Lacarra y Directorio.
Según Gustavo Vera, esta medida no sólo es importante porque potencia los proyectos que ya funcionan y sus habilitaciones legales, también «permite atenuar el impacto de las causas judiciales de todos los procesados por nuestra labor aquí». Además, «nos abre el camino para profundizar nuestra línea contra el trabajo esclavo y contra las empresas que se basan en esta forma».
En el bar situado en Lacarra 720, funciona una cooperativa que tiene un comedor comunitario al que asisten diariamente más de un centenar de vecinos y siete emprendimientos productivos en los que trabajan 40 personas. Además desarrolla su labor una institución social que colaboradora del programa Patria Grande de la Dirección de Migraciones donde 4500 migrantes tramitaron y obtuvieron su residencia precaria. También funciona la sede de la Unión de Costureros, que protege a los costureros bolivianos que son explotados en los talleres clandestinos. Precisamente, esta organización fue la que denunció, junto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la existencia de talleres textiles con condiciones laborales de esclavitud y a 72 grandes marcas de indumentaria que se benefician con el sistema de trabajo esclavo como los casos de Kosiuko, Cheeky, Montagne, Lacar, entre otras.
Los miembros de la Alameda están convencidos que las inexplicables postergaciones que tuvo el tratamiento de este tema están vinculadas no solamente al looby que realiza la liga de rematadores que busca hacer en la esquina de Lacarra y Directorio un negocio inmobiliario, sino también al looby de las grandes marcas que usan talleres clandestinos, afectadas por las denuncias judiciales y los escraches a las que los someten a diario desde la Unión de Trabajadores Costureros y la Alameda.
Organismos estatales de la Ciudad, Nación e incluso internacionales han apoyado las actividades de la Alameda: el comedor fue legalizado por Desarrollo Social de la Ciudad; las maquinarias fueron aportadas por Desarrollo Social de la Nación y la Organización Internacional para las Migraciones; la supervisión técnica de los mismos es llevada adelante por el INTI y el Ministerio de la Producción y el centro de radicación de migrantes depende de la Dirección Nacional de Migraciones. Esto sin contar el trabajo conjunto de la Alameda y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en la investigación y denuncia del trabajo esclavo.
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