«Las expectativas jurídicas son muy buenas»
La abogada Liliana Mazea se mostró optimista frente a la apelación hecha a la decisión judicial de extraditar a los seis ciudadanos paraguayos que habían pedido asilo político en la Argentina.
A pesar de que se ha probado las torturas y las persecuciones a opositores políticos en el Paraguay, la Justicia argentina defendió su postura de que en ese país rige el Estado de Derecho. Por tal motivo, se les negó el derecho de asilo y se decidió su devolución. Sin embargo, la sentencia fue apelada y sólo queda esperar qué decide la Corte Suprema.
Arístides Luciano Vera Silguero, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Agustín Acosta González y Gustavo Lescano Espínola ingresaron legalmente a la Argentina para pedir refugio a causa de la persecución de la que eran víctimas en Paraguay, donde se los acusa del secuestro y asesinato de la hija del ex presidente Rául Cubas Grau. Esa incriminación sin evidencias más que obedecer a un error judicial parece ser parte de un eslabón de represión que sufren los campesinos y los militantes de partidos opositores al Gobierno.
Consultada sobre el estado de la causa, la doctora Liliana Mazea se mostró optimista: «Las expectativas jurídicas son muy buenas, pero este expediente está contaminado políticamente y a favor del Paraguay, ya que vino la madre de Cecilia Cubas – quien junto con Juan Carlos Blumberg- fue a ver al juez Ariel Lijo y al ministro Aníbal Fernández, quien muy rápidamente indicó denegar el asilo solicitado por estos compañeros».
Las irregularidades en esta causa parecen haber estado a la orden del día. «Sólo en el caso de los dos últimos militantes que entraron al país se denegó el asilo a tres días de solicitado y se detuvo a tres de ellos en el mismo Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), organismo que apoya y protege a los refugiados y en donde rige la confidencialidad de los pedidos», explica Mazea. El 2 de mayo tres de los paraguayos que habían entrado al país en busca de protección fueron detenidos por la policía con una orden de la INTERPOL. Igual suerte corrieron los otros tres miembros del Partido Patria Libre. Y ese mismo día se les informó que no habría asilo político para ellos pues Paraguay es un país democrático.
«En la Cancillería nos dijeron que en el Paraguay rige el Estado de derecho y que el MERCOSUR impediría considerar perseguidos políticos a estos campesinos. Es decir, los tratados comerciales de los Estados del MERCOSUR estarían por encima de los habitantes de los países que lo integran y de sus derechos humanos», se indigna la abogada de la Fundación para la Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA).
Algo que rara vez sucede en el sistema judicial argentino, el juez que llevaba adelante la causa- Ariel Lijo- dictó sentencia muy rápidamente. Para mediados de diciembre del pasado año, el magistrado ya había decidido su extradición. Aunque si bien creía que en el país vecino estaban dadas las condiciones necesarias para un «juicio justo» a los seis detenidos, decidió tomar algunas precauciones y pedir un seguimiento del caso por parte de las autoridades competentes. «Jugó a dos puntas, cumplió con la orden de extraditarlos y se resguardó de una posible responsabilidad en caso de torturas o muertes», aclara Mazea.
Sin embargo, la decisión de Lijo ya fue apelada y restará esperar cuánto tiempo se tomará la Corte Suprema para dar su dictamen. La defensora explica cuál es la situación actual: «Estamos ganando tiempo porque sabemos que si van al Paraguay, la pasarán muy mal, desde torturas hasta asesinatos o intentos como sucedió con los presos que por la misma causa están allí».