16/12/2016

Macri: primer año de gobierno

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Este 10 de diciembre se cumplió un año de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de la Argentina. El presente informe tiene como objetivo presentar algunos elementos de balance en su primer año de gestión. Las informaciones están sustentadas en datos recopilados de organismos gubernamentales y otros de diversas instituciones. Por IEF para RedEco


Desde el inicio de su mandato, el gobierno del PRO-Cambiemos ha profundizado el modelo de concentración y extranjerización de la economía. Como resultado de esto, se ha producido una gigantesca transferencia de recursos desde las/os trabajadoras/es hacia la elite más concentrada del poder. La distribución regresiva del ingreso es la base del descontento social por el rumbo que se le impone a la economía nacional.

Un cálculo estimativo señala que, como mínimo, dicha transferencia rondaría los 32.559 millones de dólares, si a los valores presentados por el CECS para el período dic/2015-abr/2016, le sumamos el pago a los Fondos Buitre y la condonación de deuda a las empresas eléctricas. No nos equivocamos si esa suma escala por encima de esos valores.

La quita y disminución de retenciones a las exportaciones agrarias, mineras e industriales suponen una mejora del ingreso individual de los empresarios de esos sectores económicos, y una disminución de la recaudación fiscal. Por eso es el inmenso crecimiento del déficit fiscal nacional que motiva un nuevo ciclo de endeudamiento público y compromete las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo.

El desfinanciamiento deliberado del Estado es la excusa para no eliminar el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, incumpliendo una promesa de campaña del candidato Macri.

El pago a los fondos buitre implicó una nueva toma de deuda externa, relanzando así un proceso de endeudamiento histórico que en los primeros 10 meses de 2016 ya ascendía a nuevos 45.800 millones dólares. En ese marco, la deuda pública argentina al primer semestre de 2016 alcanzaba la suma de 260.000 millones de dólares según los datos oficiales. Más del 50% del PBI.

Adicionemos en este plano el perdón fiscal que supone el blanqueo de capitales promovido por el Gobierno, que favorece a quienes fugaron capitales desde hace años. La fuga se estima entre 250.000 y 400.000 millones de dólares, según sea la fuente. Las expectativas de exteriorización alcanzarán desde 40.000 a 50.000 millones de dólares. Una mínima parte de ello servirá para mejorar los ingresos fiscales.

El 17 de diciembre de 2015 se autorizó una devaluación de la moneda nacional del 42%, lo que profundizó la disparada de precios que había comenzado en noviembre, durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández.

Durante el año 2015 la inflación anual alcanzó el 34,3%. Con la devaluación monetaria se favoreció a grandes productores y exportadores, sectores que siguen demandando nuevas y sucesivas devaluaciones, argumentando que el tipo de cambio sigue atrasado y que la devaluación ya fue absorbida por el aumento de precios.

Fueron también beneficiarios los tenedores de divisas, especialmente los que habían apostado al dólar futuro. La banca y los especuladores están entre los primeros beneficiados de la política de Macri.

El año 2016 inició con una inflación del 4,15%, alcanzando el primer trimestre un promedio del 3,5%. Para el segundo trimestre, dicho promedio se elevó al 4%, debido a los incrementos autorizados en los servicios de luz, gas, agua y transporte.

Con el enfriamiento deliberado de la economía impulsado por el gobierno nacional a través de la retracción del consumo, sumado a las suspensiones de los aumentos tarifarios dictadas por la Justicia hasta tanto no se realizaran las audiencias públicas para su aprobación, disminuyó el promedio inflacionario del tercer trimestre al 1,1%.

El cuarto trimestre comienza a manifestar nuevamente un alza de los precios, con un promedio del 2,1% entre octubre y noviembre.

El período que va desde enero a noviembre de 2016 arroja una inflación acumulada del 34,9%. Por su parte, la inflación interanual es del 42,75%. La proyección anual para el 2016 rondará el 40%.

El alza de precios que se fue dando a lo largo del año repercutió negativamente en la capacidad adquisitiva de los salarios de la clase trabajadora.

Así, utilizando la Canasta de Consumo Total relevada por la Junta Interna de ATE Indec, podemos ver que desde la asunción de Mauricio Macri, el incremento acumulado hasta la última medición disponible -agosto 2016- era del 28,32%.

Por su parte, la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires realiza la misma medición, aunque el incremento acumulado es del 25,1%. Teniendo como referencia dichos montos de las Canastas de Consumo, es necesario evaluar la variación de los salarios en el mismo período.

Así, el 2016 inició con un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de $6.060. Luego de la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil llevada a cabo en mayo de este año, se pautaron tres aumentos de manera que en enero de 2017 su valor sea de $8.060. En junio se elevó a $6.810 y en septiembre a $7.560 -monto vigente hoy- restando la última actualización para enero próximo. Cabe destacar que la CTA Autónoma rechazó dicho “aumento” por considerarlo insuficiente.

En términos porcentuales, el incremento pactado del SMVM fue del 33%, mientras que la inflación acumulada a noviembre ya ronda el 35%. Sin embargo, si se toma en cuenta el costo de la Canasta Total de consumos, el SMVM cubrió a lo largo del año sólo un tercio de su valor. Como ejemplo, puede decirse que durante 2016, de un mes de 30 días, el SMVM sólo alcanzaba a cubrir entre 11 y 12 días.

Otro elemento para tener en cuenta en relación a los salarios es el promedio de aumentos obtenidos en los acuerdos paritarios alcanzados en las negociaciones colectivas de este año. Es necesario recordar que desde 2013 los salarios vienen siendo actualizados por debajo de la inflación anual, lo que se ha traducido en una constante pérdida de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, así como de una profundización de la desigual distribución de la riqueza entre las/os trabajadoras/es y la burguesía.

Siguiendo esta línea, el año 2016 no parece ser la excepción ya que el promedio de “aumentos”, actualizaciones salariales, alcanzado en las negociaciones colectivas es del 30,2%, mientras la inflación acumulada ya los supera en 4,7 puntos. Desde 2013 a la fecha, los salarios han sufrido una pérdida en torno al 18,1%.

Según los datos brindados por el Indec sobre Distribución del Ingreso para el 2do trimestre de 20163, el promedio de ingresos percibido por los 16 millones de encuestados fue de $9.716. Al mismo tiempo, el 50% de dicha población tenía ingresos individuales por debajo de los $ 7.200, apenas por encima del SMVM de ese momento ($6.810).

Analizando la situación de nuestros jubilados, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informa que el 70,5% de ellos cobra la jubilación mínima, es decir $5.661. Al mismo tiempo, la Canasta Básica de la Tercera Edad confeccionada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires cuesta $14.062, lo que significa que el haber mínimo jubilatorio cubre sólo el 40% de su valor.

Es conocido por todos el desastre derivado de la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en 2007, con el fin de alterar la producción de información estadística nacional. Así, los datos sobre inflación, desocupación, crecimiento y pobreza fueron manipulados, incluyendo el amedrentamiento de los trabajadores.

Para el caso de la pobreza, los valores dejaron de publicarse directamente en 2013. Por este motivo, se ha recurrido a los estudios elaborados por el Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA), para el período 2011-2015, mientras que para el año 2016 se retoman los datos oficiales del Indec.

Los niveles de pobreza en nuestro país han aumentado sostenidamente en el último lustro, arrojando para el 2011 un 24% de la población, en 2013 ya era un 27,4%. Las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno Macri han llevado a que dicho valor ascienda en 2016 hasta el 32,2%.

Vale hacer la aclaración que los datos de pobreza elaborados por el Indec para 2016 sólo remite a 31 Aglomerados Urbanos -unas 27 millones de personas-, por lo que el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza supere el 32%Es posible establecer relaciones entre los niveles de pobreza y los ingresos percibidos por los trabajadores, en base a la información oficial antes indicada.

En cuanto a los ingresos percibidos por hogares, el informe de Distribución del Ingreso para el 2do trimestre de 2016 señala que el ingreso medio total recuperado por el decil más bajo (entre $ 100 y $ 5.000) fue de $ 3.730 por hogar mientras que el decil más alto (entre $ 35 mil y $ 718 mil) obtuvo $ 51.321 promedio.

Por otro lado, el 70 % de los hogares obtuvo ingresos menores a $ 20.100. Esto significa que no alcanzan el valor de la Canasta Total de consumos mínimos de un matrimonio con dos hijos, estimada en $19.163,80 para el mes de junio (coincidente con el fin del segundo trimestre) por la Junta Interna de ATE Indec. Ya en agosto -última medición disponible-, dicho valor era de $ 20.132,30 por lo que se convertía en prácticamente inalcanzable.

El Gobierno Macri viene tomando distintas medidas a lo largo del año que han repercutido negativamente en el mercado laboral, generando cientos de miles de despidos y cesantías. Desde un plan de revisión de contratos en el Estado, con el fin de aplicar una reducción y reorganización de personal; pasando por la apertura de importaciones para productos que compiten con la industria local y ponen en riesgo las fuentes de trabajo que miles de PyMES generan; hasta los aumentos en los servicios públicos que golpearon fuertemente a la industria, llevando a muchas empresas al cierre.

Es un tema muy delicado para fábricas recuperadas o cooperativas de trabajo. Pueden tomarse como válidos los datos generados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), quienes indican un total de 162.141 despidos en el sector privado y 70.145 en el público, al mes de noviembre de 2016. Mientras que a principios de año, los despidos en el sector público superaban a los privados -estimados en 18.613 y 10.561, respectivamente-, esta tendencia se revirtió a partir de marzo para seguir ampliándose hasta duplicarla.

Los datos brindados por el Indec, señalan que desde el 3er trimestre de 2015 al 2do trimestre de 2016 la desocupación creció un 57%, pasando de 5,9% a 9,3%. Por su parte, la subocupación se elevó un 30%, trepando desde el 8,6% al 11,2%. Las Estadísticas de Registros Laborales para el 2do trimestre de 2016 – también elaboradas por el Indec-, que tienen como fuente las bases del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) confirman la pérdida de puestos de trabajo desde el inicio de la nueva gestión.

En contraste con el discurso de la generación de puestos laborales genuinos que tanto declama el gobierno de Mauricio Macri, se perdieron 90.109 puestos de trabajo registrados en relación con el 1er trimestre de este año. Si tomamos como base el 4to trimestre de 2015, en donde asume el nuevo gobierno, los puestos laborales perdidos ascienden a 118.079. A pesar de los informes privados antes citados que señalan el aumento de los despidos, los últimos datos correspondientes al 3er trimestre de 20167 señalarían una caída del desempleo de 0,8% con relación al trimestre anterior.

Al escenario regresivo para la mayoría de la población, caracterizado por la alta inflación y pérdida de capacidad adquisitiva salarial, el aumento de la pobreza y los despidos, debe señalarse el avance de mecanismos de reforma laboral regresiva, como las modificaciones a la legislación de riesgos del trabajo. En el mismo sentido se apuntan un conjunto de iniciativas para motorizar cambios en el derecho protectorio del trabajo. El objetivo apunta a reducir el costo de producción empresario, especialmente el salario, favoreciendo a las patronales y flexibilizando aún más las condiciones de trabajo de nuestro pueblo.

Conclusiones

El punto más débil en la consideración pública de la gestión presidencial remite a la economía, donde se han afectado todos los indicadores sociales. Ha crecido el desempleo, el subempleo y la precariedad laboral y salarial, situación que impacta en la mayoría de la población.

Claro que no siempre se insiste en la enorme distribución regresiva originaria, lo que supone pocas personas muy favorecidas por la política de Macri.

Los ingresos populares han sido reducidos por efecto de la inflación y la recesión económica. Son miles los puestos de trabajo perdidos en el sector estatal y privado. El aumento de las tarifas de servicios públicos de luz, agua o gas impacta negativamente en la consideración social sobre la gestión Macri.

El debate al interior de la Gestión presidencial evidenciado en el encierro de Chapadmalal a comienzos de diciembre de 2016, apunta a revertir la situación económica y recuperar consensos deteriorados desde la asunción presidencial en diciembre del 2015.

Nuestro interrogante es si pesará más la iniciativa política del gobierno, sus alianzas con sectores de la oposición, o si el conflicto social obstaculiza los planes de estabilizar un consenso social creciente a las reaccionarias políticas de Macri.

El estilo del liderazgo político de Macri puede calificarse como de “ensayo- error” en materia de ajuste económico, avanzando todo lo que el conflicto social permite, con críticas que se hacen desde la derecha por no ser más drástico en el ajuste económico, y claro, desde la izquierda ante el costo del evidente ajuste realizado.

Ante las críticas, el gobierno negocia desde su minoría parlamentaria, Es lo que el oficialismo denomina “diálogo”, que le ha permitido aprobar leyes esenciales para avanzar con la gestión. Claro que con la complicidad de la burocracia política, legislativa, sindical y social.

Expectativas cercanas

La expectativa oficial está en el ingreso externo de capitales, situación demorada durante el 2016 e imaginada ahora para su concreción en 2017.

Toda la apuesta está concentrada en el ingreso de inversiones externas, ya que ni la inversión pública o privada local está en condiciones de activar la economía.

El principal sector de inversión puede ser el Energético, especialmente aquellas que apunten a diversificar la matriz energética local. El programa RenovAr8 -para la producción de energías limpias-, impulsado por el Ministerio de Energía y Minería, es la punta de lanza en esta estrategia por captar inversiones extranjeras. En este sentido se busca también reactivar la explotación de hidrocarburos no convencionales, especialmente los ubicados en el yacimiento Vaca Muerta.

También el área de las Comunicaciones constituye una esfera de expectativa para la radicación de inversiones. Se apuesta también a la Construcción a través de grandes emprendimientos inmobiliarios en los principales centros urbanos que, aunque responden más a una lógica de especulación, le son de utilidad al gobierno para la llegada de dólares. En este plano se inscribe las Alianzas Público Privadas, la nueva cara de las privatizaciones en el Siglo XXI.

Por último y afirmando una característica de los últimos años, el sector de las Finanzas genera esperanza oficial, lo que incluye el elevado endeudamiento. Entre 2016 y 2017 podría incrementarse la deuda pública en 90.000 millones de dólares, el mayor nivel de endeudamiento de los últimos años.

La política exterior de Argentina es de acercamiento a una orientación liberalizadora, por lo que favorecerá acuerdos de libre comercio de todo tipo para atraer inversores externos. Seguirá el camino iniciado como observador en la Alianza del Pacífico y en toda forma de apertura de la economía, consolidando el déficit comercial, base del nuevo fundamento para el acrecentamiento de la deuda del Estado. Ese es el marco de la complicidad con Brasil para sancionar a Venezuela en el Mercosur.

Los sectores sociales afectados por el ajuste económico demandan actualización de los ingresos regulares y aquellos que estén asociados a políticas sociales. Es la base para pensar en potenciales niveles de conflictividad social, más allá de cualquier voluntad de diálogo que se esgrima y de complicidades -o traiciones- en la burocracia sindical o la burocracia de los movimientos sociales.

Desde el oficialismo se pretende actuar para modificar los convenios colectivos de trabajo, de manera tal que mejore la rentabilidad empresaria. En sentido inverso, las centrales y organizaciones sindicales pretenden mejorar ingresos, defender sus convenios colectivos y generar nuevas mejoras en las condiciones laborales, lo que augura una expansión de la conflictividad social.

El debate sobre el Impuesto a las Ganancias ocupa la información periodística de fin de año, con consecuencias en la disputa por la gestión del orden capitalista. Para las/os trabajadoras/es sigue siendo un desafío la eliminación del impuesto a las ganancias de 4ta categoría, la generación de nuevos impuestos a los altísimos ingresos y una profunda reforma tributaria que discuta la coparticipación para un verdadero federalismo. Ello requiere un gran debate popular.

El 2017 es año de elecciones parlamentarias de medio turno, por lo que el gobierno estimulará el consumo para disputar consenso electoral. Es una gran incógnita el resultado de esas elecciones, lo que define la posibilidad de otro turno presidencial de la gestión Macri en 2019, o de avizorar alguna variante diferente para la gestión del capitalismo local.

Otra incógnita remite al gobierno Trump y las modificaciones que ello suponga en los vínculos con la región, especialmente con el gobierno Macri a la expectativa del ingreso de capitales externos.

Las incertidumbres pueden habilitar la emergencia de procesos de convergencia político popular para gestar alternativas que se propongan objetivos más allá de la gestión del capitalismo.



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