26/10/2016

Vidal dio marcha atrás con el Protocolo de Interrupción legal del Embarazo

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La semana pasada mediante una resolución firmada por la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, la Provincia de Buenos Aires adhirió al «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo». Días después, por tensiones políticas al interior de la gobernación se dio marcha atrás con ésta decisión. Por ANRed/ Ilustración: Disculpen la Molestia


El 18 de octubre mediante una resolución, la ministra de salud de la Provincia de Buenos Aires Zulma Ortiz, adhería al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).

Esta resolución 2095/2016, significaba un paso adelante ya que establecía que el protocolo nacional para abortos no punibles sea de «aplicación obligatoria»; en la red sanitaria provincial.Sin embargo la adhesión firmada por la ministra fue «revisada” por la administración de la gobernadora Vidal, y no se implementará por la negativa del secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand, quien frenó su publicación en el Boletín Oficial.

Según fuentes del poder ejecutivo, afirmaron al medio de comunicación Infocielo, que la negativa se debio a la presión de sectores vinculados a la Iglesia Católica (más precisamente sectores afines al Opus Dei), que estan fuera y dentro del Gabinete de Vidal. Éste sería el impedimento para que el Gobierno aplique el protocolo, regido a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Los principales opositores a la aplicación del protocolo son el ministro de Producción, Joaquín De la Torre, integrante del Opus Dei y Julio Conte Grand, Secretario de Legal y Técnica, otro hombre ligado a la derecha eclesiástica. La firma de Conte Grand era indispensable para su implementación.

Por su parte la gobernadora, Eugenia Vidal no se ha manifestado públicamente al respecto. Hay que recordar que «la legislación reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando éste ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación (art. 86, Código Penal)» y añade que»este derecho incluye a todas las personas con capacidad para llevar adelante una gestación sin discriminación que se encuentren en alguna de esas situaciones». El ejercicio de este derecho se enmarca en los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos e implica el acceso a una atención integral de calidad que asegure el respeto por la intimidad y la autonomía y el acceso a los adelantos tecnológicos e información científica actualizada, clara y veraz»Asimismo» es el Estado, como garante de la administración de la salud de la población argentina, el que tiene la obligación «de poner a disposición de quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura».

Por lo tanto, teniendo en cuenta que en Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino, según datos recabados por la Campaña Nacional por del Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, resulta urgente y necesaria la aplicación del Protocolo ILE.

Elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación en abril de 2015



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