Militarización de la zona sur del GBA: la prioridad del presupuesto
El pasado lunes, sin hacer mucho ruido, en la zona sur del conurbano desembarcaron las «fuerzas federales”, como resultado del acuerdo firmado entre Nación y Provincia, que puso en la calle 1.200 efectivos para patrullar los municipios de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes. Por CORREPI
La «comunión” pactada para que entre gendarmes y prefectos lleguen juntos, fue realizada el 4 de octubre en una reunión entre el presidente Mauricio Macri, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y los ministros de Seguridad nacional y bonaerense, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. El paquete contará con un total de 6.300 efectivos de las diferentes fuerzas represivas.
Para la segunda etapa, en dos semanas, subirán la apuesta en los partidos de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Morón. Una vez más, el «remake” de lo que ya hemos denunciado con el Operativo Centinela, el Plan Unidad Cinturón Sur, y el Plan Integral de Seguridad en la Cuenca Matanza-Riachuelo, que no trajo otra cosa sino más militarización de los barrios, más control territorial de la policía, la gendarmería y la prefectura.
Embanderado en su proyecto de «Argentina sin Narcotráfico”, el Gobierno Nacional busca legitimarse en el discurso de la inseguridad, para después depositar en nuestros barrios, en nuestros parques, y en cada esquina, a los mismos que hacen posible la inseguridad.
No nos van a venir con el cuento. Estamos ahí, lo vemos todos los días. Ni «están para cuidarnos”, ni «al servicio de la comunidad». Los uniformados administran o conniven con el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución; liberan las zonas y regentean el robo organizado, hostigando a nuestros pibes para que roben para ellos.
Revisemos los antecedentes. El mes pasado, la ministra Bullrich, junto al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, anunciaron la llegada de las fuerzas federales. Dos semanas después, se incrementó notablemente el índice de homicidios, no sólo de casos de gatillo fácil sino también de asesinatos vinculados justamente a la intervención de las fuerzas de seguridad.
Así como en los doce años anteriores, el presupuesto de seguridad se incrementó un 1.096%, con un pico de aumento del 31,8% en el área de Defensa, ya se filtró que en Buenos Aires, durante 2017 se destinarán 74% más de recursos que en 2015 a seguridad y servicio penitenciario. Y el presupuesto nacional no quedará al margen: en Defensa, el presupuesto de 2016 entregó $38.961 millones, mientras que el próximo año sería de $50.600 millones, es decir, un incremento del 29,9%. Y en Seguridad Interior, crecerá un 14,9%.
Mientras tanto suben las tarifas, al mismo tiempo que crecen los despidos, y nos dicen que no hay presupuesto para trabajo, salud, educación y vivienda.
Hablemos de prioridades entonces. Para reprimir, siempre hay plata.