24/02/2003

HOMBRES DE NEGRO: Terrorismo de Estado de Baja Intensidad

El gobierno recurre a la represión selectiva y silenciosa para desarticular a las organizaciones populares. Sin embargo, el miedo no logra quebrar su voluntad de lucha.


Pese a las amenazas y \"apretadas\", los trabajadores desocupados, las asambleas populares, y las fabricas recuperadas avanzan en coordinación: recuperan espacios, realizan proyectos productivos y luchan contra el hambre y la represión.

El período que se inaugura a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001 marca no sólo la profunda crisis de gobernabilidad de los sectores dominantes de la Argentina. Marca también la consolidación de una nueva correlación de fuerzas de los sectores populares. Este progresivo y sostenido auge de masas es el que el gobierno nacional intentó abortar, a sangre y fuego, con la represión del 26 de junio en el Puente Pueyrredón.
La respuesta del Estado a la movilización popular fue variando en su metodología, es decir en su táctica, pero sin variar su objetivo último: la desarticulación de los sectores en lucha.
La represión del 26 marca un quiebre. Hasta ese momento, el gobierno intentó sembrar el consenso para la legitimación de su “mano dura”. Pero ante la formidable respuesta de unidad del campo popular, que conformó un frente antirrepresivo de hecho, se vio obligado a cambiar de táctica.
A partir de allí se agudizó una metodología represiva “invisible” o de baja intensidad, ejecutada por punteros del PJ, matones a sueldo o patotas policiales, que secuestran, amenazan o golpean a militantes de organizaciones de base. El objeto de esta violencia “por abajo” es parar el desarrollo interno y territorial de las organizaciones populares, principalmente asambleas y movimientos de desocupados. Es una forma de represión que actúa más a largo plazo, debilitando a los grupos, impidiendo su inserción social y afectando moralmente a sus militantes.
Una vez que el pueblo dio muestras de valor con los piquetes y las cacerolas, podemos decir que ahora la lucha popular pasa principalmente por la organización desde abajo y la articulación entre los distintos sectores, más que por las movilizaciones masivas y los enfrentamientos directos. Es el desarrollo de esta política más sólida la que intenta impedir la represión de baja intensidad.
En el corto plazo, el gobierno deberá imponer nuevas medidas económicas contra el pueblo, como el tarifazo en los servicios públicos (más de un 10%) y en los transportes que deberá aprobar por decreto, el ajuste del presupuesto 2003, la inevitable devaluación de los bonos provinciales y la quita de planes de empleo a las organizaciones de desocupados más autónomas y combativas. Y en el mediano plazo, no podrá impedir el achicamiento de la economía y el sistema financiero, lo que implicará más desocupación y más pobreza (también para los ocupados).
En este sentido, se está dando un proceso de unidad no sólo entre las distintas corrientes de desocupados (ver suplemento Trabajadores Desocupados), sino también entre diferentes sectores sociales. Los trabajadores ocupados, que ven como sus salarios valen cada vez menos, y que van a valer menos con las medidas mencionadas, se solidarizan con los movimientos de desocupados en una lucha común contra el hambre y la represión. Pese a la violencia que les da el Estado con el abandono por un lado y la represión por el otro, las asambleas populares, las fábricas ocupadas o en conflicto y los piqueteros avanzan en coordinación para recuperar espacios, realizar proyectos productivos, y luchar contra los aprietes, el tarifazo y los despidos.

Nuevo método, mismo objetivo

Las acciones represivas que pretenden el control social se desarrollan sobre varios ejes: las tareas parapoliciales de estos grupos “invisibles”; el amedrentamiento de los sectores empobrecidos a partir de la militarización de las calles (más poder a la fuerza policial); la creación de enemigos potenciales con las campañas de acción psicológica que impulsan los medios de comunicación masiva a partir del fantasma de la inseguridad; la represión abierta y directa sobre manifestantes. Pero la represión es institucional e integral y tiene como objetivo garantizar el orden social imperante.
Las fuerzas represivas utilizaron, preferencialmente, durante la década del 70, el método de “represión selectiva”, consistente en secuestro, tortura y desaparición del activismo político. Ya en los años de democracia, la violencia institucional adoptó la forma de “represión preventiva”, definida como la implementación del control social a través de herramientas represivas como las detenciones arbitrarias y masivas, torturas y gatillo fácil descargadas sobre los sectores populares y empobrecidos. La movilización popular que creció en los 90 fue una respuesta a los planes de ajuste y destrucción que se aplicaron a la economía nacional. Se retomaron los métodos de “replesalia directa”, históricamente utilizados, como son las masacres a manifestaciones. Además, la selectividad se volvió a instalar con la judicialización de la protesta social. Todos los métodos, en todo momento, tienen la necesidad de lograr el consenso de la opinión pública. Allí están sus esbirros, los medios de comunicación masiva.

Acciones de todo tipo

La avanzada represiva destinada a golpear a las organizaciones en lucha puede estar marcando un nuevo quiebre en la táctica del gobierno. Los gravísimos y silenciados hechos represivos del 20 de septiembre en Jujuy, la represión que sufren los obreros de Zanón, los aprietes de Lanús (ver recuadros), la represión a los trabajadores de Metrovías frente a la Legislatura Porteña, a los miembros de Greenpeace, a los asambleistas de Capital Federal y a los periodistas de Indymedia frente al Congreso, vallados y cacheos que se convierten en moneda corriente en las movilizaciones masivas, marcan una nueva etapa en la metodología represiva.
El Estado, a través de sus diversas acciones policiales y parapoliciales, hacen blanco en los espacios de participación y organización, tratando de sembrar el terror en los ámbitos donde se recompone el movimiento social. En el caso del amedrentamiento, el objetivo es establecer el miedo para alejar a quienes desean participar, impidiendo de ese modo el ensanchamiento de los movimientos.
La campaña de acción psicológica que se está ejerciendo sobre la población desde los medios masivos de comunicación, a partir del fantasma de la inseguridad, por un lado refuerza el miedo imperante sobre todas las capas sociales, y por otro, legitima la militarización de las calles, hecho que permite un mayor control social.

Frente antirrepresivo

El frente antirrepresivo que se conformó esponténamente luego de la masacre de Avellaneda, no volvió a conformarse durante estos meses, aún después de la violenta represión de Jujuy. Cuando el gobierno vio la reacción popular después de ese 26 trágico, inmediatamente adelantó las elecciones y cambió el modo de amedrentar a las organizaciones populares con el terrorismo de baja intensidad. De no conformarse nuevamente ese frente antirrepresivo, con las fuerzas progresistas y las organizaciones más combativas, denunciando este nuevo método de persecución y exterminio, el país volverá a vivir una situación dictatorial pero con fachada democrática.

Casos

 En la madrugada del 20 de septiembre, Estela Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, fue víctima de un atentado en su domicilio. Fue baleado el frente de su casa con armas de guerra, cuyos perdigones impactaron en el interior de la vivienda. Carlotto resultó ilesa milagrosamente. “Nos piden que paremos la mano”, declaró en relación a las denuncias que llevan adelante y que afectan a las fuerzas represivas.

 Vanina Kosteki (hermana de Maximiliano, uno de los dos jóvenes de la CTD A. Verón asesinados el 26 de junio), denunció las amenazas que comenzó a recibir a partir del 26 de septiembre. Ese día su madre declaró en una nota periodística información sobre la policía que intervino en el operativo del Puente Pueyrredón. A partir de aquí la siguieron varias veces con un Fiat Duna sin patente, le tomaron fotografías, entraron en su casa -en la ciudad de La Plata- a robar, y fueron a amedrentarla a la puerta del colegio donde concurren sus hijas.

 En Presidente Perón, feudo del Segundo Jefe de Inteligencia de Duhalde, Oscar Rodríguez, los compañeros del barrio de Maximiliano Kosteki no dejan de ser intimidados con constancia.

 En Almirante Brown se juntaron las asambleas barriales, la Coordinadora Anibal Verón y organizaciones integrantes de la CTA para denunciar al senador peronista Villaverde y al jefe de seguridad de la Municipalidad, Guillermo Carrasco, como responsables de las provocaciones y agresiones permanentes en el distrito.

 En Florencio Varela, distrito del intendente peronista Julio Pereyra hicieron llegar una amenaza de muerte a referentes de la Coordinadora Anibal Verón, por medio de una golpiza a un delegado de base del movimiento.

 En José C. Paz, los autos sin patente marcan impunemente a los militantes sociales. Después del 26 de junio, no quedó testigo, fotógrafo o abogado que aportara su testimonio en la causa de la masacre de Avellaneda que no fuera amenazado.

 Manuel Herrera es militante del Polo Obrero y fue herido de bala aquel trágico 26 de junio. Decidió presentarse como testigo de la causa contra los represores y hoy sufre amenazas e intimidaciones. El día de la represión le confiscaron la mochila, donde estaban las llaves de su casa y papeles que indicaban la dirección. Luego de esto sufrió un robo en su vivienda, donde la cerradura no fue forzada. Además, su madre recibió llamados anónimos que interrogaban su parentesco con Manuel.

 Militantes de la Corriente Clasista y Combativa denunciaron, también en septiembre, los ataques sufridos en algunos barrios de la zona platense, donde impulsan huertas comunitarias. “Fuimos amenazados por un grupo de personas que bajaron de un auto, tomaron fotos, nos agredieron de palabra y nos amenazaron de muerte… Tiempo después, un coche sin patente tiroteó la casa del hijo de una compañera de la CCC. Fueron balas de 9 mm, las oficiales”.

 Los trabajadores de la empresa Zanón, bajo control obrero, se ven acorralados desde hace dos meses por patotas pertenecientes a la hinchada de Cipoletti, pagas por el poder político, que apedrea las entradas de la fábrica y golpea a quienes puede abordar.

Criminalización de las protesta social

En setiembre en la provicia de Jujuy, se montó un operativo de penalización de las organizaciones populares, que fue incluso más allá de lo que se había intentado el 26 de junio. Más de 170 personas fueron detenidas después de una represión provocada sin sentido por la policía, y para ello incursionaron en las casas de los manifestantes, e incluso de quienes integraban las organizaciones convocantes a la protesta pero no habían estado movilizados aquel día. Las causas que se invocaron contra los manifestantes involucraban directamente a las organizaciones y no solamente a las personas en delitos encuadrados en el Código Penal, que no son excarcelables.
Por otra parte, la represión y la judicialización de las demandas sociales se intaló también en la Ciudad de Cipolletti, provincia de Rio Negro. Tras el recorte de los Planes de Empleo y de la asistencia alimentaria a los desocupados, tres integrantes del MTD y la CTD local fueron acusados penalmente por el Gobierno después de la protesta. Se trata de Martín Muñoz, Carlos Berilla y Gladys Cerda; las autoridades reconocieron que son “los primeros en la mira de una ofensiva legal”. La estrategia represiva fue reconocida públicamente en el diario “La Mañana del Sur” del 24 de octubre: “El intendente Julio Arriaga decidió romper lanzas en forma completa y total contra las organizaciones de desocupados. La estrategia tiene dos frentes distintos: por un lado, la municipalidad no atenderá en adelante a los dirigentes del sector, mientras que por el otro se plantea recurrir a la Justicia ante cualquier hecho como cortes de calle o que afecte las instalaciones públicas”. A pocos kilómetros de allí, hace semanas, los trabajadores ceramistas de Zanón habían sufrido el acoso de bandas organizadas para enfrentarlos y debilitar la lucha por la que sostienen produciendo bajo control obrero la fábrica ocupada.

Lanús: escenario de la represión parapolicial

En el partido de Lanús, territorio de Manuel Quindimil (presidente del PJ bonaerense y vice del nacional), la violencia institucional y parapolicial se ha agudizado desde que asumió Duhalde. Una alarmante cantidad de aprietes, amenazas, maltratos y secuestros se han repetido allí desde enero contra distintas organizaciones sociales y políticas.

 Juan Arredondo, del MTD de Lanús, fue baleado en el pecho por un policía del Servicio Penitenciario cuando junto a sus compañeros manifestaba frente a la municipalidad.

 Luis Barrios, de la Coordinadora de Unidad Barrial (C.U.Ba.) fue baleado en Remedios de Escalada (Lanús) cuando salía hacia una movilización en repudio a la represión del 26 de junio. Luis iba acompañado por dos testigos de la causa del 20 de diciembre.

 Varios testigos y familiares de la causa por la masacre del 26 de junio fueron víctimas de amenazas tanto en el barrio La Fe de Monte Chingolo como en Escalada.

 El lunes 7 de octubre a las 8.30 de la mañana, tres hombres y una mujer secuestraron a Guillermo J. Pérez del MTD de Lanús, con el objeto de interrogarlo y golpearlo. Apenas lo subieron al automóvil, el conductor le dijo: \"vos sos piquetero y estuviste detenido en la Comisaría 1ª de Avellaneda el 26 de junio sentado al lado de las rejas de la celda\". Luego de la sorpresa que le propinó la exactitud de los datos, comenzó un interrogatorio a fuerza de maltratos que duró cuatro horas y media donde los hombres quisieron saber cuántas personas componen el movimiento que integra, cuáles son los más activos, donde viven y con cuántas personas comparten sus viviendas. Guillermo desarrolla tareas comunitarias en la bloquera del MTD donde trabajaba Darío Santillán.

 Un punto que marca confluencia entre política y represión es el Bingo Royal, que dista a unos 50 metros de la estación de Lanús. Allí fue secuestrado un asambleísta de Témperley en el mes de septiembre, cuando se dirigía a la fábrica tomada Lavalán de Avellaneda. Cuando el tren se detiene en la estación de Lanús se le acercan dos personas que le muestran placas de la Policía Federal y lo hacen bajar. Lo llevan unos 50 metros hasta la puerta del Bingo de Lanús y ahí aparece un automóvil donde lo suben. Luego lo dejan en Fiorito. Se trata de un integrante de la Asamblea de Témperley, que lucha contra el Tarifazo en conjunto con otras organizaciones.

 El jueves 31 de octubre, un día antes de que la Coordinadora Aníbal Verón marchara desde los Tribunales Federales de Comodoro Py hasta la Casa de la Provincia de Río Negro para denunciar la criminalización de la protesta social, ocurrió otro de los tantos aprietes que sufren los desocupados. Un grupo de desconocidos ingresó al obrador del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús y rompió todas las bolsas de cemento con las que los integrantes del MTD fabrican los ladrillos. Además de la inutilización del cemento, robaron dos bolsas de cal y dañaron todas las herramientas del obrador. De todos los materiales de trabajo, sólo faltaron las dos bolsas de cal, un elemento muy utilizado en el conurbano para efectuar pintadas proselitistas.
Por algunos de estos hechos, el 19 de octubre se desarrolló una jornada de denuncia, donde se congregaron alrededor de 1000 personas integrantes de asambleas populares, colectivos de arte, movimientos de desocupados, organismos de Derechos Humanos y partidos políticos.



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