23/09/2016

Panorama Sindical

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Dossier: La propuesta tarifaria del gobierno aumenta los subsidio a las petroleras. Tiempo de definiciones para la CGT. Paro de docentes y profesionales de la salud. Conflictos en el sector transporte. Paro de trabajadores en el SENASA. Cuadernazo por la expropiación de Donnelley. Hieren con bala de plomo a Luis Bastidas, trabajador y delegado de UPCN del Ministerio de Desarrollo Social en Neuquén. Ataque contra los trabajadores de SITRAIC. El Gobierno nacional formalizó mediante la publicación de sendos decretos, la “reorganización institucional” del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) y el “restablecimiento” del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), medida que favorece al sindicalista más PRO, Gerónimo “Momo” Venegas. Hospitales y escuelas porteñas. Por Mario Hernandez


Al productor local se le pagará un costo por encima del precio de producción, es decir, se subsidia a las petroleras que extraen y venden el gas con plata de los consumidores al tomar como referencia el precio más caro, lo que cuesta importar el gas por barco y regasificarlo en tierra (U$S 6.80 x BTU) que representa solo el 10% del consumo nacional. Es el valor aproximado de la operación más cara realizada este año. Se trata del GNL que proveyó una filial de Royal Dutch Shell.

Según la exposición que hizo en la Audiencia Pública (AP) un directivo de YPF, el costo de producción está por debajo de U$S 2 x BTU. El promedio pagado en 2015 por los usuarios fue de U$S 2.50 x BTU (dato que brindó el propio Aranguren en la AP). La demanda se abastece en un 70% con gas local.

Una investigación del Instituto de Energía Raúl Scalabrini Ortiz (IESO) señala que promediando los precios del gas producido localmente y el importado se llega a un precio consolidado de U$S 3.01, no de U$S 6.80, lo que representa un sobrecosto de U$S 3.700 millones aproximadamente. Antes el subsidio lo recibía el consumidor y lo pagaba el Estado; ahora los beneficiarios son las petroleras y lo pagará el consumidor.

A esto se suman los U$S 4.000 millones por transferencias al sector por la vía del precio del barril de petróleo más alto que el valor de importación (unos U$S 20 por arriba de los U$S 45 que cotiza en el mercado internacional).
En medio de una caída de los precios de la energía en el mundo, los precios de Argentina aumentan garantizando ganancias extraordinarias a las petroleras. No por casualidad tras la AP las acciones gasíferas treparon hasta el 10%.
El documento presentación de Aranguren en la AP recordaba que esta audiencia solo entiende sobre el traslado a la tarifa de los precios del gas al ingreso al sistema de transporte. De la revisión integral que incluye la retribución a transportistas y distribuidores se hablará el mes que viene.
El primer aumento estará por arriba del 200% promedio con posteriores ajustes semestrales y la tarifa quedará dolarizada. Lo dijo Aranguren en el foro empresario desarrollado en el CCK: “Queremos que decida el sector”, es decir, YPF, Total Austral, PAE, Petrobras Argentina y Tecpetrol, que reúnen el 78% del mercado de gas natural.

Mientras tanto, en lugar del 500% que pensaba aplicar -y que la Corte Suprema no objetó-, al aumento para los usuarios comerciales, estaría más cerca del 250%.
Los usuarios comerciales consumen un promedio mensual de 623 metros cúbicos, según los datos del Gobierno. Antes de los aumentos, pagaban U$S 0,47 por millón de BTU. En abril, el Enargas subió ese valor casi un 700%, llevándolo a U$S 3,74. Luego le puso un tope de 500%, dejando el metro cúbico en U$S 2,82.
La situación en los comercios e industrias fue puesta en la mesa de negociación, aceptando el Gobierno el pedido de las provincias y los intendentes como una muestra de flexibilidad.

Otro reclamo de los defensores del pueblo y la mayoría de los casi 400 expositores fue que un hogar receptor de tarifa social en un servicio (luz), pueda acceder al beneficio en gas y agua. También se dará participación a los intendentes en ese proceso.

Para la CGT llega el tiempo de las definiciones

“En mi gobierno los trabajadores no pagarán impuesto a las Ganancias”. Los dichos de Mauricio Macri en campaña electoral han mutado a “ir modificando las escalas de manera gradual porque no tenemos recursos para resolverlo en uno o dos años”, según aseguró días atrás Alfonso Prat Gay. La frase predispuso muy mal a los gremios que definirán el viernes si van o no a un paro general.
El próximo viernes cuando se reúna el Comité Central Confederal en el salón Felipe Vallese del histórico edificio de la calle Azopardo no habrá más lugar para especulaciones. La CGT tendrá que fijar una posición más allá de lo discursivo frente a la negativa sistemática del gobierno de no atender los distintos reclamos expresados por las centrales obreras.

Si bien la posición mayoritaria es la de convocar a un paro general con movilización, aún la decisión no está tomada. Desde los sectores del sindicalismo más cercanos al gobierno esperan algún gesto del oficialismo que les permita imponer su postura de postergar las acciones concretas.

La postura expresada por los ceos internacionales y nacionales en el “Mini Davos” como Paolo Rocca, CEO de Techint, declarando que “hay que convencer a los sindicatos para que no peleen por el sueldo de algunos, sino por el empleo de muchos” y los detalles del proyecto que enviará el Ejecutivo al Congreso para modificar el Impuesto a las Ganancias terminaron con la paciencia de algunos de los popes sindicales. “No nos dejan otra que ir al paro. No nos tiraron un centro”, confesó uno de los hombres que dentro del Comité Ejecutivo se alinea con el ex secretario General, Hugo Moyano.

Otro de los peso pesado de la nueva CGT unificada detalló: “Yo escucho a dirigentes sindicales que hablan de que hay cuidar la gobernabilidad. Yo digo que de cuidar la gobernabilidad se tiene que ocupar el PRO y nosotros nos tenemos que ocupar de cuidar a los trabajadores”.
A esta hora la visión más extendida impulsa un paro con movilización. Así lo confirmó uno de los hombres de los Movimientos Sociales que cerraron un acuerdo histórico con la CGT hace 15 días.

Por otra parte, el secretario general del gremio de maquinistas de trenes de La Fraternidad, Omar Maturano, salió a diferenciarse de los que reclaman a viva voz un paro general contra Macri, al plantear que esa medida se deberá adoptar solo “si no se llega a un consenso” con el Gobierno.
Maturano estimó que el viernes, en el encuentro de los dirigentes de la CGT, algunos sectores “van a plantear una medida de protesta y confrontar con el Gobierno”, mientras que “otros dirán de llamar a un acuerdo social o nacional donde se sienten todas las partes de la sociedad y buscar un camino acorde con la paz social, sin conflictos”, frente a lo cual anticipó que su sector se inclinará por la búsqueda de “consenso en el acuerdo social”.

Paran docentes y profesionales de la salud

El martes se reunió el Plenario de Secretarios Generales de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y analizó la situación Nacional y de las Provincias.
Ante la grave situación que tienen a varias provincias en conflictos y la negativa del gobierno nacional y los gobiernos provinciales de reabrir las paritarias; y la amenaza al régimen previsional docente, la Junta Ejecutiva de CTERA y el Plenario de Secretarios Generales resolvieron:

““ Exigir al Gobierno Nacional la reapertura de la Paritaria Nacional, entendiendo que esta negativa de los gobiernos nacional y provinciales forma parte de la política de ajuste sobre los trabajadores.
““ Exigir el cumplimiento de los acuerdos paritarios nacionales: Formación permanente, gratuita y en ejercicio para todo el país; cumplimiento del Fondo Compensador por docente y cargos estipulado en el Art. 3 del acuerdo paritario; continuidad de los Programas Nacionales Socioeducativos.
““ Reclamar el debate y sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que eleve el Presupuesto del 6 % al 10 % del PBI.
““ Rechazar el Plan Nacional de Evaluación “Aprender 2016”.
““ Impulsar una medida nacional unificada con todas las centrales sindicales.
““ Repudiar al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ante el cierre de la Causa Fuentealba II.

Por todo lo anterior la Junta Ejecutiva de CTERA y el Plenario de Secretarios Generales resolvió convocar al Paro Nacional Docente el 27 de Septiembre con concentración a las 10.30 hs. frente al Congreso de la Nación y movilización al Ministerio de Educación de la Nación.

El 19 de setiembre se llevó a cabo en la ciudad de Centenario el plenario de Secretarixs Generales de ATEN (docentes neuquinos) que resolvió:
Paro de 48 horas para los días 21 y 22/9 con las siguientes actividades:

 21/9: a las 11:00 Conferencia de Prensa en Casa de Gobierno.

 16:00 Concentración en Legislatura donde se trata el Proyecto de declaración en contra de la Armonización y en defensa de las condiciones jubilatorias actuales.

 22/9: Concentración y permanencia en Casa de Gobierno desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.

Paro de 48 horas para los días 28 y 29 de setiembre. El 28 con actividades locales y el 29 con Marcha Provincial.
El jueves pasado sesionó en la sede central de CONADU el Plenario de Secretarios Generales. Tras varias horas de debate, las 26 asociaciones de base presentes sintetizaron un plan de acción, en el marco del pedido de reapertura de paritarias, que incluye realizar dos nuevas Jornadas Nacionales de Protesta y Difusión: el jueves 22 de septiembre -con actividades variadas en los distintos gremios- y otra el martes 27 de septiembre que finalizará con una movilización al Ministerio de Educación y Deportes.

“Reclamamos que nuestros salarios hayan perdido poder adquisitivo pero también por la situación presupuestaria que están atravesando las distintas casas de altos estudios, que repercute claramente en el nivel de las Universidades y en su capacidad de retener a los jóvenes de sectores más vulnerables”, señaló Carlos De Feo, Secretario de Relaciones Internacionales de CONADU.

El organigrama de lucha apunta a instalar el tema en la agenda antes de la reunión prevista para el 29 de septiembre por la cláusula de revisión de paritarias. El Plenario también resolvió decretar un paro total de actividades para el próximo 4 de octubre si no existe una nueva oferta salarial.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) rechazó el jueves pasado los 158 pesos de aumento que ofreció en paritarias el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y ratificó el primer paro de 48 horas del “segundo semestre”, que realizará los días jueves 22 y viernes 23 de septiembre y que serán la quinta y sexta jornada de medida de fuerza desde el comienzo de un “plan de lucha” que ya cumplió con cuatro paros de 24 horas.
El miércoles de la semana pasada, la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires y organizaciones sociales protagonizaron en La Plata una multitudinaria jornada de lucha que comenzó con una radio abierta y conferencia de prensa frente a la Municipalidad y continuó con la movilización hacia la Casa de Gobierno y la Legislatura donde se realizó un acto para reclamar, entre otras cosas, que el presupuesto 2017 sea en favor de las mayorías bonaerenses y los sectores más desprotegidos.

En la movilización estuvieron presentes los gremios de estatales que nuclea la CTA bonaerense, ATE, CICOP, AJB, APL, la Federación Nacional Docente y seccionales del SUTEBA, además participaron las organizaciones sociales Movimiento Argentina Rebelde (MAR), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, la CTEP y Barrios de Pie, entre otros.

Conflictos en transporte

“Hoy (lunes 19) tenemos 20 coches disponibles de cada cabecera, es decir, 40 coches de un total de 344”, afirmó Esteban Simonetta, delegado de los trabajadores de la Línea 60 de colectivos. Agregó que “nunca se hizo un paro, sino que se abandonaron las tareas a partir de la irresponsabilidad patronal tras la muerte del mecánico Daniel Ramallo”.

“No creo que lleguemos a funcionar completos para el martes, sino recién miércoles o jueves”, dijo Simonetta, quien informó que las autoridades del Ministerio de Trabajo se habían comprometido a que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo realizara una revisión técnica de todas las unidades antes de volver a funcionar.

Si bien la intención era retomar el servicio el viernes pasado tras el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, los colectivos “no estaban en condiciones porque no hubo revisión técnica”, señalaron fuentes sindicales, por lo que la primera unidad partió recién el sábado a las 8:15.

La medida que comenzó hace casi dos semanas tras la muerte de un trabajador en un taller de la empresa en Barracas, hace que apenas circulen dos ramales y solo 120 de los 344 colectivos. La línea 60 volvería a funcionar con normalidad recién hoy, jueves.
Por otra parte, los vuelos de cabotaje e internacionales de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral permanecieron cancelados el viernes pasado por el paro que iniciaron los trabajadores nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en reclamo de mejoras salariales.

APLA informó que al no haber llegado a un acuerdo en la negociación salarial con la empresa y tras haber concluido el plazo de conciliación obligatoria dispuesto por el Ministerio de Trabajo, se tomó la decisión del paro que obligó a cancelar todos los vuelos.
La empresa privada de correos OCA que ocupa 7.800 trabajadores es administrada y gestionada desde el martes 13 por los trabajadores jerárquicos, luego de un conflicto que se prolongó durante algo más de una semana y que incluyó cortes de calles y bloqueos en demanda del pago de salarios adeudados.
Finalmente, Hugo Moyano pagó los salarios de los choferes, bajo el compromiso de la empresa de reembolsar el monto en un plazo de 30 días.
El pago registra un antecedente este mismo año cuando camioneros aportó 25 millones de pesos para hacerse cargo de los sueldos atrasados de 650 choferes de la firma de recolección “9 de Julio” de Mar del Plata.
El paro de choferes de OCA que duró varios días a principios de mes, generó inconvenientes en otras empresas, por ejemplo, con entidades bancarias.

Los trabajadores del SENASA paran por 10 días

Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria llevarán a cabo un Paro Nacional de 10 días, a partir de las 00 horas del miércoles 21 de septiembre, hasta las 24 horas del viernes 30 de septiembre con movilizaciones en todo el país.
El 15 de septiembre el Gobierno Nacional envió al Congreso de la Nación el Proyecto de ley del Presupuesto Nacional. El presupuesto de SENASA es de 3.746 millones de pesos para el año 2017 y un recurso de 6.192 en la proyección de la recaudación propia del SENASA para el 2017, en tasas, aranceles y el porcentaje de las importaciones. Esto indica que se impone una restricción de los recursos en el orden de 2.446 millones.

En términos reales, el presupuesto quedaría reducido para el 2017. Las partidas para el funcionamiento operativo bajan, incluso nominalmente respecto a 2016. Por lo cual en términos reales, se ven reducidas a la mitad.
De este modo, se va ver un SENASA paralizado y sin capacidad operativa. Históricamente el SENASA se financiaba con recaudación propia y aportes del Tesoro. Ahora en 2017, el Tesoro no sólo no aporta más nada, sino que se apropia de gran parte de la recaudación derivada de tasas, aranceles y del comercio exterior que el SENASA debe controlar, y que es una recaudación específicamente destinada al funcionamiento del organismo.

“Estamos en un punto de inflexión, se trata de una lucha ejemplar de todos los trabajadores del SENASA (independientemente del gremio al cual estemos afiliados, e incluso a ninguno) con la absoluta seguridad de que el futuro del SENASA, su presupuesto acorde a necesidades reales, fin de la precarización laboral, y de las pésimas condiciones de trabajo de muchos compañeros dependerán exclusivamente de la fuerza que demostremos como clase trabajadora del SENASA”, resaltó el Coordinador nacional de ATE SENASA, Jorge Ravetti.

Cuadernazo por la expropiación de Donnelley

El jueves a las 11:00 los trabajadores de la cooperativa gráfica Madygraf (ex-Donnelley) realizarán una concentración frente a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, donde repartirán 10.000 mil cuadernos escolares producidos en la gráfica bajo control obrero con el fin de exigirle a la Cámara de Diputados que apruebe el Proyecto de ley de expropiación de esta fábrica, el cual le permitirá evitar que se pierdan 200 puestos de trabajo.

Los trabajadores de esta gráfica, ubicada en la localidad de Garín en Escobar, alquilan el predio donde funcionan sus instalaciones al juzgado de la quiebra. El próximo 30 de octubre se vence el contrato de alquiler y la Justicia no ha dado señales para su renovación. De no renovarse el contrato, el establecimiento iría a remate y los trabajadores perderían sus puestos de trabajo. Lograr la aprobación de esta Ley permitirá conservarlos.
Recordemos que el 11 de agosto de 2014 los directivos de RR Donnelley Argentina S. A., luego de huir del país, cerraron el establecimiento y presentaron su propio pedido de quiebra, quedando despedidos más de 400 trabajadores. Tanto la AFIP como los trabajadores realizaron denuncias penales y de vaciamiento y quiebra fraudulenta, las cuales aún siguen en curso.

Hieren a trabajador con bala de plomo

Luis Bastidas, trabajador y delegado de UPCN del Ministerio de Desarrollo Social, está internado tras ser baleado por un policía mientras manifestaba por mejoras salariales. El hecho sucedió el miércoles por la mañana en las puertas del Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la provincia de Neuquén.
Bastidas podría haber sido un nuevo Carlos Fuentealba, el docente neuquino asesinado por un policía en el 2007, ya que la bala ingresó por su pecho cerca del corazón.

Distintos gremios estatales, como ATE-CTA, ATEN (docentes), SEJUN (judiciales) y ADUNC (docentes universitarios), y el Sindicato Ceramista de Neuquén, realizarán un paro el jueves 22 y se movilizarán conjuntamente hasta la Casa de Gobierno en repudio al accionar policial.
Nuevamente la justicia laboral de Tierra del Fuego dispuso el desafuero sindical de docentes. En este caso llegaron las exclusiones de tutela para René Massa, Alejandro Gómez, Gastón Benítez y Horacio Solís. En total suman 9 los afectados.
Al respecto, Horacio Catena, Secretario General de SUTEF y la CTA de Tierra del Fuego, señaló: “No existe antecedente en democracia de quita de tutela sindical por hechos de protesta social gremial. La última vez fue en la dictadura militar”.
En Río Grande (T. del Fuego), los trabajadores de la autopartista Visteon mantienen la ocupación de la planta. El viernes hubo una concentración de metalúrgicos que marchó a la empresa ocupada donde se realizó un acto.

“Hay una situación de incertidumbre y en ese marco no hay garantías sobre los puestos de trabajo de las compañeras y los compañeros que representamos. Son 35 compañeros que están dentro de la Unión Obrera Metalúrgica, pero además tenemos 10 trabajadores más que pertenecen a limpieza, seguridad, gastronomía y ven con absoluta preocupación esta misma situación que vemos nosotros”, señaló el Secretario de Organización d la UOM Río Grande, Marcos Linares.
La presidente de la Cooperativa Renacer de la provincia fueguina, Mónica Acosta, dio a conocer que el Ministro de la Producción de la Nación, Francisco Cabrera, habría prometido ayuda a las empresas radicadas en la provincia, a cambio de reducir personal. Desmintió que no haya un plan nacional para la provincia, por el contrario, el plan existe y tendría relación con allanar el camino a la apertura de importaciones por un lado y, por otro, a inversiones de capitales ingleses interesados en el petróleo de Malvinas, que requieren de una provincia chica.

Las patotas de la burocracia sindical buscan frenar la organización independiente de los trabajadores

El pasado miércoles 20/7, tuvo lugar un nuevo ataque de las bandas de Gerardo Martínez hacia el Sitraic. Las víctimas fueron esta vez los trabajadores de la delegación San Pedro.
La agresión se desarrolló al término de una asamblea del Sitraic con los trabajadores afiliados en la obra del Hotel Azahar, radicada en la ciudad. Se trata de una obra de casi 100 trabajadores donde un cuarto de ellos decidió comenzar una experiencia sindical con una nueva alternativa gremial para los trabajadores.

Una semana después, la delegación La Matanza del Sitraic sufrió graves amenazas por parte de personal de la UOCRA a cargo del Secretario General de la seccional de la zona Heraldo Cayuqueo.
Una vez en las instalaciones del sindicato manifestaron que las obras identificadas con las banderas de la UOCRA les pertenecían a ellos y que no querían ver al Sitraic en aquellos lugares, ni mucho menos dialogando con los trabajadores de esas obras. La advertencia fue seguida de distintas amenazas en la que se tomarían represalias a la integridad física de los compañeros del Sitraic. El personal de la UOCRA manifestó que conocía el paradero y la vivienda de cada uno de los integrantes del equipo del Sitraic, como un medio para persuadirlos para que desistan de su actividad gremial.

El pasado viernes 1 de julio, y luego de una semana de desarrollo del juicio oral y público, se conocieron las primeras condenas por el juicio a los responsables del asesinato del trabajador de la construcción Darío Avalos.
De los 6 delegados de la UOCRA imputados, dos fueron hallados culpables de homicidio agravado y otros cuatro de homicidio en agresión.
El juicio no fue uno cualquiera, sino que se sustanció por medio de un jurado de 12 ciudadanos que dictó el veredicto condenatorio contra la patota de la UOCRA. Durante 5 días corridos, los jurados fueron espectadores de la trama de negocios, acuerdos y frivolidad que caracterizan el modus operandi de la UOCRA en todo el país. El plan criminal que terminara con la vida de Darío Avalos y del que participó la empresa, el estado y la UOCRA, es una práctica común de Gerardo Martínez que ha instalado una marca registrada en todo el país.

La condena de los primeros imputados de la UOCRA abre el camino para la prisión de los responsables intelectuales de este crimen: Walter Leguizamón y Héctor Cabrera. Es la primera condena a una organización criminal que se extiende por todo el país y que se encuentra en una profunda descomposición como lo demuestra el SITIC, de la ciudad de Santa Fe, que logró la Inscripción Gremial para operar en el territorio santafesino. Víctor Grosi, secretario general del Sitraic, aseguró que “es una muy buena noticia que los trabajadores puedan optar por afiliarse al sindicato con el que se sientan más representados”.

Desde el lunes se está cumpliendo un acampe con una importante movilización de trabajadores de la zona sur a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), entidad que nuclea a las principales empresas de la industria. El Sitraic instaló un acampe en pleno Bajo porteño por el reclamo de la inmediata reapertura de las paritarias, un 40% de aumento del básico de la construcción, la reactivación de la obra pública y los puestos de trabajo y un seguro económico para el parado de la construcción hasta tanto se garanticen los puestos de trabajo.

Una ayudita para mis amigos

El Gobierno nacional formalizó mediante la publicación de sendos decretos, la “reorganización institucional” del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) y el “restablecimiento” del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), medida que favorece al sindicalista más PRO, Gerónimo “Momo” Venegas.

Según el decreto 1014/2016 publicado en el Boletín Oficial, el proceso estará a cargo de dos personas del riñón de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el gremio que conduce Venegas: Vanesa Utrera será la “delegada reorganizadora” del Renatea, mientras que Ramón Ayala, Secretario Adjunto del gremio, llevará adelante el procedimiento en el Renatre.

El Renatea había sido creado en 2011 mediante la Ley 26.727 de Trabajo Agrario, a través del cual ese organismo, un ente autárquico en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, absorbió todas las funciones del Renatre.
Sin embargo, el 25 de noviembre pasado, tres días después del triunfo del frente Cambiemos en el balotaje presidencial, la Corte Suprema declaró la “inconstitucionalidad” del Renatea, aceptando un recurso de queja que Venegas había presentado en agosto de 2012 contra un fallo de la Cámara laboral porteña que había validado el organismo creado por el kirchnerismo.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) pasa su momento de mayor exposición mediática. Primero la intervención judicial ordenada por el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral y luego la detención de su ex titular Omar “Caballo” Suárez, dejaron al gremio en medio de una feroz disputa desde distintos sectores de poder.
La intervención a cargo de la diputada del PRO, Gladys González, logró el cometido. González es considerada por Macri como uno de los pilares en el armado del PRO en el Conurbano bonaerense. Ex candidata a intendenta de Avellaneda por Cambiemos, aunque tenía domicilio en Capital Federal, fue denunciada por corrupción, sobornos y tráfico de influencias durante su paso como directora del Banco Ciudad. Desde su llegada al SOMU buscó perpetuarse en el manejo de una caja de 25 millones de pesos mensual. El plan se vio trunco por la falta de consenso interno y la oposición de los trabajadores de la actividad que rechazan las decisiones tomadas desde su intromisión.

Desde Trabajo se comenzó a sondear la posibilidad de que Alejandro “Serrucho” Gómez desembarque en el gremio. Con un pasado que recuerda escándalos y expulsiones en los gremios de Tintoreros y de Juegos de Azar, “Serrucho” fue enviado a la convulsionada seccional patagónica de Madryn para tantear su adaptación. Todo indica que será difícil que el hombre que trabaja en la cartera laboral, no se sabe bien de qué, pueda arribar sin problemas a un gremio al que no pertenece.

Mientras corren los días y se acerca la fecha de caducidad de la intervención, la Justicia Laboral sigue sin pronunciarse sobre los comicios realizados en octubre de 2015. En caso de que no haya nulidad los dirigentes electos deberían volver a sus cargos, porque estarían todavía en vigencia. En ese caso, Mario Morato, sería quien se quede con el sillón de Secretario General aunque no descartan ir a nuevos comicios.

Por su parte Hugo Moyano y Gerónimo “Momo” Venegas también buscan extender sus tentáculos hacia los marítimos. El moyanismo patrocina la agrupación “Juan Ocampo”, que contiene a los dirigentes que fueron echados por Suárez y luego iniciaron las denuncias en su contra. El mayor problema de este grupo es que tres de sus máximas figuras están impedidas de competir electoralmente porque tienen causas en su contra. Rubén Moreira, Jorge Agustín Vargas y Alejandro Giorgi figuran procesados en las mismas causas que el “Caballo” y salpicados por las mismas irregularidades por su paso por la conducción del gremio, por lo que la única carta “blanca” que les quedaría por jugar sería la de Luis José Clemente. Por su parte, la “Agrupación 33 Celeste y Blanca”, tiene el respaldo del “Momo” Venegas.

Para el ex mandamás del gremio las cosas pintan negras. Con pocas chances de apelar a una defensa sólida para justificar su patrimonio, Canicoba Corral rechazó el pedido excarcelación de quien manejara el SOMU por 28 años, por entender que hay riesgo de entorpecimiento de la investigación en su contra. Suárez deberá seguir preso y los pronósticos más alentadores hablan de por lo menos 6 o 7 meses en esa condición.

¿Cómo nos ven?

Prat Gay dijo recientemente que luego de la baja de la inflación en agosto, los salarios ya crecían por encima de la suba de precios y que la inflación no era una de las cuestiones centrales de la política económica.
Sin embargo, para Fiona Mackie, Editora Regional para América Latina de la Unidad de Inteligencia de The Economist, la inflación seguirá siendo alta este año, de 41%. Además sostuvo que el mal de muchos problemas está en la caída de los commodities que golpeó a América Latina en general y a la Argentina en particular, un país donde no hay producción con valor agregado.
Para Fiona el país tiene una larga lista de objetivos por corregir con un desafío extra: lograr el acompañamiento de la gente, “hacerla subir a bordo”, en especial con miras a las elecciones de mitad de término en 2017, un año que registrará en marzo una incómoda inflación del 30%.
Para sumar a la gente, es necesario, de acuerdo con su mirada, subir el nivel de ingreso de la población y crear empleo de calidad.

Hospitales y escuelas porteñas

Los porteños calificaron al personal de los hospitales públicos con la nota más alta: 7,5 sobre un total de 10. La más baja fue para el estado edilicio: 4,2. Estas son algunas conclusiones del Indice de Calidad de los Servicios Públicos, un estudio elaborado por la consultora de Julio Aresco para el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA).
Mientras, el 55,8% de los consultados afirma que la calidad del personal docente es alta y merece un puntaje de 7 a 10, en tanto que el 27,7% la califica entre 5 y 6 puntos, pero el 37,8% opina que el estado de los edificios escolares es malo, y lo evalúa de 1 a 4. La nota promedio para el personal docente es de 6,6, pero la infraestructura edilicia queda calificada con 5,1.

A modo de ejemplo, la Escuela Bellas Artes Manuel Belgrano, un colegio del barrio de Barracas, está tomado desde el 5 de setiembre por reclamos ante el pésimo estado edilicio, pero sus alumnos destacan al personal docente. “Está muy capacitado”, afirman. Aunque “el contexto organizacional y edilicio no ayuda para nada. Los profesores se ven condicionados por esas decisiones de arriba que tienen que ver con la currícula y ese buen nivel educativo que pueden darnos no se termina plasmando en la práctica”.
La semana pasada, en el Lenguas Vivas de Retiro, cayó mampostería del techo en uno de los pasillos y a la salida de un café que funciona en el edificio. Además, hay baños clausurados por falta de mantenimiento.
En los hospitales públicos la situación es parecida. “El edificio se cae a pedazos, no lo arreglan hace años, se quejó Rita Carrizo, paciente del Hospital Rivadavia, ubicado en Las Heras y Austria, en Recoleta. También reconoce que “la atención individual de cada médico es buenísima”, y agrega: “Es muy difícil hasta pedir un turno, pero lo peor son las condiciones en las que trabajan los pobres doctores, que no solo se tienen que bancar goteras y caños rotos, tampoco pueden con todos los pacientes y encima son ellos la cara visible de la queja”.

Fuentes: sonidogremial.com.ar, www.sitraic.org, Resumen Latinoamericano, Clarín, La Razón, Ambito Financiero, www.tiempoar.com.ar, www.diariobae.com, Resumen Latinoamericano, El Argentino, La Izquierda Diario, www.infogremiales.com.ar, www.ctabuenosaires.org.ar,



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