23/09/2016

Los tiros policiales y la política de la impunidad

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Fuentealba, Barreiro y Bastidas. Son apellidos que han quedado estrechamente vinculados a la violencia policial contra manifestantes más allá de las notables diferencias en cada caso. La garantía judicial de impunidad es la constante que habilita la continuidad de estas prácticas. Por 8300 web


“Los nombres son los mismos, las bestias son las mismas que en aquel 2007: Jorge Lara y la policía asesina del gobierno provincial”, señaló ATEN en un comunicado de prensa. Quienes sufren los tiros también son, de alguna manera, los mismos: personas movilizadas. En esta ocasión, un delegado de UPCN.

En esta oportunidad, las imágenes de las cámaras de seguridad del Ministerio se difundieron rápidamente. Esa publicación no es ingenua. No pretenden señalar al autor del disparo, cuyo nombre de una u otra manera se conocería. Buscan, por el contrario, fundamentar los motivos que llevaron al cabo Fabián Escobar a apretar el gatillo. Para ello exponen el accionar de UPCN que forzó el ingreso al Ministerio de Seguridad Trabajo y Ambiente.

Con estas imágenes, comunicadores y comentaristas se esfuerzan en igualar la fuerza ejercida por algunos manifestantes y la respuesta con armas mortales por parte de la policía en una versión remixada de los dos demonios que en este nuevo periodo nacional es cada vez más frecuente. Sabemos, sin embargo, que la “violencia” ejercida por un grupo de personas, vinculadas con un sindicato y desarmadas no puede ser homologada al accionar de las fuerzas represivas del Estado que utiliza sus armas de fuego.

¿Qué recaudos puede ofrecer un efectivo que al ser golpeado por un manifestante le dispara al pecho estando a menos de un metro? El juez de la causa, Diego Piedrabuena, aceptó el pedido de la fiscalía de acusar al efectivo por intento de homicidio agravado. Posiblemente sea sancionado. Pero otra vez los responsables políticos del hecho saldrán sin mancha de la red judicial como con Fuentealba, como viene pasando con Barreiro.

Los apellidos de las víctimas demuestran que no es una excepción, una “manzana podrida”. “No es un policía, es toda la institución”, se cantó en la marcha convocada para repudiar el ataque al delegado gremial.

Mismos actores en similares papeles

El diputado Raúl Godoy (PTS-FIT) exigió “el inmediato esclarecimiento y determinación de los responsables materiales y políticos de este gravísimo hecho”. En tanto, su par Santiago Nogueira (LDS) reclamó la conformación de “una comisión especial de la Legislatura para que acompañe la investigación judicial, porque la Fiscalía en esta provincia no acusa a la policía, tenemos como ejemplo la causa Fuentealba II y la causa del docente Barreiro”.

El ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente que recibía el reclamo de UPCN, Jorge Lara, era Jefe de Gabinete de Sobisch en 2007 cuando la policía asesinó a Fuentealba. Pocas horas antes de aquella represión el funcionario había asegurado: “el gobierno no va a ejercer la fuerza para desalojar”. Después de una de las más grandes movilizaciones de la historia provincial, la que el 9 de abril reclamó la renuncia de Sobisch, dos carteras fueron descabezadas y Lara fue reconocido con un superministerio de Gobierno, Educación y Justicia.

Con Jorge Sapag ya en la Casa de Gobierno, Lara fue dejado de lado pero volvió con mucho poder en 2014. Desde entonces se mantiene casi incuestionable. Ayer los afiliados a UPCN que se quedaron reclamando tras el disparo pedían su renuncia.

La llamada causa Fuentealba II sufrió recientemente un nuevo revés judicial. La sala penal del Tribunal Superior de Justicia anuló la extensión de la investigación. Lo que implicó el sobreseimiento de los 15 funcionarios con responsabilidades políticas en el asesinato del docente en 2007.

En el mismo sentido, uno de los fiscales designados para la investigación del disparo que hirió al delegado de UPCN, Maximiliano Breide Obeid, había sido el encargado de investigar la represión en la Legislatura cuando se trataba el pacto entre YPF y Chevron. El mismo día de los hechos se apresuró a decir que la herida que sufrió el docente Rodrigo Barreiro había sido ocasionada por un “proyectil no convencional”. El por entonces gobernador Jorge Sapag hizo declaraciones similares. Deslindaron así las responsabilidades policiales. Aunque tras las pericias se supo que era una posta de plomo similar a las utilizadas por la fuerza, Breide Obeid nunca acusó a los responsables de aquel operativo. Ahora, en soledad, la querella avanza en ese sentido.

Fuentealba, Barreiro y Bastidas. No se termina con ellos la enumeración. Teresa Rodríguez, Pepe Alveal, Braian Hernández, Matías Casas, y tantos pibes que la policía asesina permanentemente. Casualmente el mismo día del disparo, el gobernador Omar Gutiérrez anunció por twitter compra de móviles para la policía, policía cuya escuela de formación lleva el nombre de Adalberto Staub el responsable de la matanza de Zainuco.



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