14/09/2016

Córdoba: Un amparo ambiental tiene acceso en la Justicia Federal

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Le negaron el acceso en la justicia provincial. Hoy más de 25 vecinxs son reconocidxs por la justicia federal mientras esperan la designación de un nuevo juez, para abordar un amparo ambiental colectivo contra la empresa Porta Hnos. Por Melina Dassano | @MeliDassano para Ecos Córdoba


Una de las historias más impune convive en la zona sur de nuestra ciudad. Lxs vecinxs, que hace cuatro años reclaman a los gobiernos municipal, provincial y nacional, lograron acceso a la justicia. Por la puerta de adelante de tribunales federales, ingresa el 1º de junio un amparo ambiental colectivo. Por la puerta de atrás de los patios de las viviendas de barrio San Antonio, se convive con la desidia sanitaria. La historia no solo imputa hoy a funcionarios de ambiente en plena vigencia de leyes provinciales y nacionales. Condena a la propia infancia en el nombre del progreso.

Es alentador el crecimiento a gran escala de la minería, de los combustibles y el agronegocio. Con ello, avanza el Bioetanol y desde el 2013 se amplía una de las plantas más grandes en el corazón de la ciudad de Córdoba. Se estima que pasaron cuatro años de este funcionamiento ilegal sin estudio de impacto ambiental. Los vecinxs denuncian modificaciones e inversiones constantes en la empresa productora de bioetanol. Desde ese tiempo, reclaman modificación en la salud por contaminación en las zonas aledañas a la fábrica de Porta Hnos.

Dueños de sus derechos, decidieron ir hasta el final y alertaron que concurrirían a la Suprema Corte de Justicia si no se le otorgaba resolución a la morosidad de la justicia local, en respuesta a su reclamo. Al amparo de los vecinxs sobrevino un rechazo «in límine”, posterior recurso de apelación y una notificación de la defensoría de la niñez. El rechazo lo protagonizó el polémico juez federal Ricardo Bustos Fierro. Se elevó un acta de la defensoría por no haber notificado al momento, debido a que había menores en este amparo. La protagonista fue una mujer, la misma funcionaria del juzgado Mercedes Crespi, y lo firmaron todas las madres.

Un gran logro se vivió ayer lunes 12 de septiembre. La justicia federal falló por unanimidad a favor de la medida de amparo de lxs vecinxs, considerándose procedente. Por entonces, se hace lugar a la recusación que plantearon los letrados al juez Bustos Fierro, quien ya no tiene intervención. Es el comienzo de un nuevo proceso de análisis y tratamiento de un amparo ambiental donde los jueces Eduardo Ávalos, Ignacio Vélez Funes y Graciela S. Montesi, consideraron que la justicia federal es competente para intervenir en el caso.

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Entrevista al abogado Darío Ávila, representante de lxs damnificadxs:

La patio trasero del Bioetanol

Van transcurriendo cuatro años para distintos espacios de lucha socioambiental en la provincia de Córdoba, los mismos contra empresas denunciadas de contaminar y atentar contra la salud de la población. Lxs vecinxs de barrio San Antonio solo conocen la justicia social, los escraches, las tomas de municipio, movilizaciones y no más que las calles para denunciar un crimen organizado por grandes capitales locales.

Silvia Cruz respira momentos de esperanza, tiene expectativas de volver a creer en la justicia porque no puede reconocer la destrucción de nuestro futuro, de lxs niñxs. Mostramos un impactante audio realizado para ECOS Córdoba, donde la mujer sin guión publicitario, cronica lo vivido desde el patio de su casa. Lo que se escucha detrás es la fábrica en funcionamiento de Porta Hnos. y su respiración.

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La esperanza de Silvia Cruz, una vecina de barrio San Antonio:

Amparo Ambiental

El tema central del amparo presentado el pasado 1 de junio, va más allá de la contaminación existente: aborda la corrupción y atraviesa en estos cuatros años al Estado municipal, provincial y nacional. «La presente acción se inicia en contra del Estado Nacional-Ministerio de Energía y Minería de la Nación Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos (ex Secretaría de Energía), solicitando también la citación de la firma «Porta Hnos.S.A.” en el carácter de tercero.

Impugnan la omisión en que habría incurrido la Autoridad Administrativa Nacional en orden al otorgamiento de la habilitación para funcionar de la planta de Bioetanol de la firma «Porta Hnos. S.A.”, cuestionando también la falta de presentación y aprobación de «Evaluación de Impacto Ambiental” y la no realización de «Audiencias Públicas previstas por la Ley General del Ambiente n° 25.675”, como lo expresa el escrito.

A partir de su rechazo queda explícito «»¦Los jueces deben ser extremadamente prudentes y cautos en la concesión del recurso de amparo, debe reservarse exclusivamente a aquellas situaciones en que los derechos fundamentales son allanados por actos de arbitrariedad y cuando ante la urgencia del caso resulten ineficaces las soluciones legales o reglamentarias” (C.Fed. La Plata, Sala II, 4/2/60, cit. por Sagües, Néstor. P. «Acción de Amparo, Ed.Astrea, pg.115).

«Por lo expuesto es que la admisión de la presente acción podría resultar en una desnaturalización de los trámites y procedimientos en vigencia en los niveles de gobierno competentes que estarían interviniendo, tanto la Municipalidad de Córdoba como la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. Por lo expuesto, corresponde rechazar in límine la acción intentada (Art. 3). Dése noticia al Sr. Fiscal Federal en los términos del art. 39 de la ley 24.946”, según lo expresa la cédula de notificación, que sorteó en aquel entonces a la Fiscalía 1 de Ricardo Bustos Fierro, ingresado junto a los amparos por el tarifazo del gas.

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Dialogamos sobre el amparo ambiental con el letrado Carlos Gonzáles Quintana y la expansión del daño que provoca Porta Hnos. sobre lxs vecinxs:

La fisura del capitalismo

Recordamos que en el ciclo del biocombustible, abordamos inversiones millonarias. Lo que no se contempla en la «responsabilidad social” de estas empresas es a cuánto sube el costo en la salud que impacta mes a mes sobre la población afectada. Porque tenemos que hablar de que esta planta en particular no se encuentra en zona industrial. Y en reiteradas oportunidades, fue denunciada en tribunales penales de la provincia y el municipio.

Tenemos una «emergencia sanitaria” notable a nivel nacional, sin inversiones y con un deterioro en el ambiente que está por encima de la producción financiera y por debajo de los índices de la pobreza, que crece sin retorno y no hay un cambio estratégico, ni visible, de mejorar la calidad de vida de la población. A los despidos, tarifazos, aumentos de costos de vida, se suma el incremento al deterioro del medio ambiente y con ello la salud de lxs niñxs.

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En materia económica, advierten que el precio de estos combustibles varían según el origen del bioetanol, según este provenga de la caña de azúcar transgénica o maíz e igual procedencia industrial, teniendo a la última semilla liderada por Monsanto, un 20% menos de ganancia. Así mismo, como el precio no se encuentra atado a valores internacionales del petróleo no se ve afectado en el vaivén comercial. Tan es así que el gobierno nacional decreta la Resolución 139/16, publicado en Boletín Oficial, donde se plantea la conformación de una «Mesa de trabajo del sector sucroalcoholero”.

En realidad, la ley N°26.093 de promoción de los biocombustibles, sancionada en 2006, no se había pensado por una cuestión de precios sino para diversificar la matriz energética, agregar valor con los granos e impactar de manera positiva en el medio ambiente, lo cual aquí en Córdoba no se cumple. El amparo en esa dirección es correcto, porque el mercado del bioetanol está regulado por el Estado. Hay 5 plantas para etanol de maíz. Hoy los «etanoleros” de maíz tienen una capacidad instalada de 559.400 m3.

Yendo al plano ambiental, estos combustibles generan un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero superior al 60%, lo cual se puso de manifiesto en la Cumbre Climática de París. Tantas cumbres en materia de sostenibilidad que bancamos a miles de funcionarios, para terminar de sostener la contaminación a gran escala. Mientras se festeja que China y Estados Unidos adhieren a dicho protocolo, se atribuyen inversiones millonarias al desarrollo automotriz, sin contemplar la procedencia y efectos nocivos de la Pro «Revolución Industrial”.

Testimonios tomado en las puertas de Tribuanles Federales:



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