06/09/2016

La cárcel para inmigrantes: entre la xenofobia y la criminalización

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El pasado 19 de agosto el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y Martín Ocampo, firmaron un acuerdo que posibilitó que el día de ayer se inaugurase la primera cárcel para inmigrantes de la Argentina. Dicha resolución fue presentada con el fin de brindar “de manera exclusiva alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria” en un edificio del barrio de Pompeya, ciudad de Buenos Aires. Estos eufemismos con los que se anunció, no intentan otra cosa que ocultar los verdaderos motivos criminalizantes y discriminatorios que acarrea el gobierno de Cambiemos y sus políticas neoliberales. Por Agostina Polischuk e Inés Oleastro, militantes de Atrapamuros.


Esta cárcel es una salida derechista a la preocupación que acompaña a Mauricio Macri -y sus funcionarixs- desde su primer mandato como jefe de gobierno porteño, en el año 2010. Lo que en aquel momento denominó como “inmigración descontrolada” luego de culpabilizar a inmigrantes por incidentes ocurridos en la toma de tierras de la Villa Soldati, hoy se menciona como un “intento de combatir la irregularidad migratoria”. Pese a las alegorías del gobierno, el objetivo es claro: la detención de aquellas personas que resulten infractoras de la Ley de Migraciones por el ingreso ilegal al territorio, seguido del desalojo del país. En pocas palabras, primero te detienen y después te expulsan.

Lo que sobran son xenófobos, no inmigrantes

La medida recientemente aplicada es cuestionable desde múltiples y variados puntos. Primero y principal, el acuerdo intenta ocultar el rol que le concierne al Estado, desvinculándolo por completo de su deber de garantizar el acceso a la documentación a quien quiera habitar nuestro país. ¿Por qué? Por una cuestión básica: Argentina está comprometida por ley a garantizar el derecho de las personas a migrar. Como dijo la abogada especializada en migraciones, Agostina Hernández Bologna, “para lograr esto hay que garantizar la regularización de esas personas, no la criminalización”.

Por otra parte, cabe destacar que la medida atenta contra la normativa N° 25871 del 2004, donde se establece que un/a inmigrante sólo puede ser detenido/a luego de que se acaben todas las instancias posibles de regularizar su situación. Es por esto que infringe la propia Constitución Nacional en donde se establece que deben defenderse “(…) los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Lejos de esto, la implementación de dicha cárcel busca promover una forma de control social en donde se utilice a quien es inmigrante como el principal problema de nuestra sociedad. No sólo no se les posibilita la regulación de sus documentos, sino que deberán pagar un 200% más los aranceles para los trámites, gracias a una medida que tomó por cuenta propia el director de migraciones. Otra traba que allana el camino hacia una única dirección: la cárcel.

Es necesario detenerse sobre las consecuencias que esto tiene en relación a los sentidos que se van tejiendo en el imaginario común. Sentidos que expulsan, que separan, que acusan y que fragmentan. Son posturas que nos retrotraen a la dicotomía “civilización y barbarie”, que buscan achicar el abanico sobre quiénes serán lxs inmigrantes que nuestro país tolera y quiénes no. Crear un centro de detención para inmigrantes, provoca la asociación de lxs extranjerxs -particularmente latinoamericanxs- con el delito criminalizándolxs y asociándolxs con una “problemática” de seguridad y orden público sin otro argumento más que el prejuicio, ya que “sobre el total de detenidos en cárceles argentinas, el 5,8% es extranjero”, según el Sistema Nacional sobre Estadísticas de Ejecución de la Pena.

Esta selección descansa en los límites de la discriminación y de la violación de los derechos humanos. Al estilo de Donald Trump, con los principios sobre la inmigración basada en el modelo de EEUU y de Europa, que busca remarcar los márgenes para que quienes están fuera de ellos “no se pasen de la línea”, se deslegitiman de forma absoluta los derechos humanos más fundamentales. ¿Cómo podemos pensar, al menos en nuestro país, que una irregularidad administrativa lleve al castigo de un delito penal?, y en el caso que así fuere, ¿por qué insistir en una cárcel particular si ningún delito penal la tiene? Todas las respuestas parecen tambalear los principios de esta medida.

Nuestras puertas están abiertas para el negocio, no para las personas

Entendemos que esta decisión política implica romper cada vez más con los puentes de diálogo hacia nuestros países hermanos. Quebrar todo tipo de lazos con nuestras naciones latinoamericanas, se hace imprescindible para seguir fortaleciendo el actual gobierno neoliberal que toca nuestra puerta, ahora más que nunca. Esto se ve muy marcado con el actual gobierno, que con pocos meses de gestión se ha encargado de dar un giro en las relaciones internacionales de 180 grados, ¿o deberíamos decir 90? Es así que ha comenzado a darle la espalda a los bloques sudamericanos para adentrarse en un vínculo mucho más directo con el capitalismo de Estados Unidos.

Resulta paradójico que se permita la libre circulación de mercadería producida alrededor del mundo, de empresas que vienen y se lo llevan todo, pero no de personas. Nuestras fronteras no están abiertas a quienes vienen a nuestro país en busca de nuevas y mejores oportunidades, porque como ya hemos mencionado, las medidas discriminatorias, antipopulares, censuristas y excluyentes parecen estar a la orden del día.

Como muchas de las políticas del gobierno, la apertura de una cárcel para inmigrantes, tampoco es nueva. Macri ya ha mostrado su afinidad con modelos de gobiernos del primer mundo y esto es sólo una muestra más de ello. Más allá de todas las irregularidades que supone encerrar a personas por ser inmigrantes, esas cárceles, implicarán violaciones de derechos en niveles altísimos, como ocurre tanto en Estados Unidos como en Europa. Si las cárceles en la Argentina transgreden, en sus más amplios sentidos, todos los elementos básicos para la vida de una persona, en este caso eso se llevará aún más al extremo, si se los/as encierra por su supuesta irregularidad, ¿cómo actuará el Estado a través de una institución que es irregular por sí misma?

Atrapamuros Educación Popular En Cárceles



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