29/05/2016

Historia y presente de las políticas de comunicación

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El lunes 23 se realizó una charla debate entre especialistas y representantes de medios comunitarios en la Universidad de Buenos Aires (Ciencias Sociales) para analizar la política de medios de los últimos años. Martín Becerra, Damián Loreti y e Ignacio Nesprías formaron parte de un debate en el que el eje se puso sobre la libertad de expresión. La charla se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales y fue organizada por la “Materia Administración y Políticas Públicas” de la carrera de Ciencia Política de la UBA, y los proyectos UBACyT “Estado y Desarrollo. El caso argentino en perspectiva latinoamericana” y “Estado, movimientos sociales y política prefigurativa en América Latina”. Por Red Eco Alternativo.


Martín Becerra, docente e investigador, comenzó su exposición haciendo una diferencia entre “censura directa” y “censura indirecta”. La primera, entrada en desuso, se sustenta en el cierre de canales y la prohibición de la palabra a ciertos periodistas o medios. Se caracteriza por un modus operandi violento y claramente autoritario. La segunda busca los mismos resultados, pero a través de otros métodos como ser, según Becerra, la concentración de medios en pocas manos, el abuso de publicidad oficial, la discriminación en las condiciones de acceso a las licencias de radio y televisión. Este discernimiento es clave para abordar procesos como los que están atravesando la Revista Barcelona o el canal Comunitario Antena Negra.

El investigador de la Universidad Nacional de Quilmes se refirió a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y estableció un paralelismo entre los procesos de discusión y debate democrático previos a su aprobación y la aceleración que se dio, durante ese mismo momento, en la concentración de medios a la cual llamó “metamorfosis en los medios de comunicación”. Becerra apuntó que estos procesos se vieron caracterizados por la presencia, cada vez mayor, de capitales extranjeros y del sector financiero.

Un ejemplo reciente de este señalamiento es la emergencia de Mariano Martinez, quien luego de la crisis por la que atravesaron Tiempo Argentino y Radio América, a raíz de la quita de la pauta oficinal, compró dichos medios. Martinez, en una entrevista al diario Perfil se definió así: “Soy Mariano Martínez, desembarqué con un grupo inversor norteamericano en la compra de medios. Empecé en el tema financiero con un grupo asiático muy grande.” A través de estos procesos, para Becerra, se “anonimiza” la propiedad de los medios a través de gerentes lo cual también requiere de una regulación.

En lo tocante a la gestión del actual presidente Mauricio Macri, Becerra se refirió al decreto 627 como “una clara manifestación del interés de los actores dominantes en telecomunicaciones para componer o restaurar las condiciones regulatorias vigentes en la Argentina hasta el 2008 cuando se permitió una acelerada concentración de estos sectores.” Ante esto contrastó el presente que atraviesa el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial en comparación a 2008: “ya no se puede separar artificialmente a los sectores con regulaciones. Las condiciones de funcionamiento del Grupo Clarín o Telefónica no son las mismas que en 2008.” Por lo tanto, “la ilusión regulatoria, restauradora, de las condiciones que regían hasta ese momento es un ejercicio cándido de volver el tiempo para atrás. En el medio hubo una discusión política y social inédita”.

En relación a la LSCA sostuvo que, a través de ella, cambió el paradigma de la comunicación por la inclusión de organizaciones sin ánimo de lucro. A este cambio lo denominó “copernicano”, por su radicalidad “no hay antecedentes en la historia ni en América Latina de un cambio así”, subrayó. En esta línea Becerra dijo que el DNU de Macri “detonó” la conformación de la Afsca. También recordó aquellos puntos de la ley que nunca se cumplieron como la entrega de licencias a medios sin fines de lucro o la definición de los medios estatales como públicos y no partidarios. A su vez, estableció una relación entre los artículos de la LSCA que restringen la concentración de la propiedad de medios, los cuales coinciden con artículos derogados por el DNU 627. A raíz de esto recordó los artículos que siguen vigentes de la LSCA como la realización de un plan técnico (“imprescindible para hacer concursos”) y lo “pésimamente aplicada que fue la ley”.

Finalmente señaló los problemas del DNU 627. Por ejemplo, su carácter “transitorio” ya que “produce efectos permanentes” o la denominación de un “Proyecto de comunicaciones convergentes”. Becerra, que ha escrito muchos textos sobre convergencia, se preguntó: “¿Qué es eso? La convergencia es un proceso polisémico. No se resuelve diciendo “vamos a hacer algo convergente y moderno”.

Yo creo que hay conflictos irresolubles a la hora de conformar a todos los actores.” Su participación la cerró a través de una sugerencia sobre el nuevo proyecto de ley, apuntó que debía atender a las principales reivindicaciones que tenía la ley de 2009.

Por su parte, Damián Loreti, docente e investigador, comenzó remarcando la importancia de tomar a la comunicación dentro del marco de los derechos humanos. A raíz de esto distinguió dos posturas sobre cómo abordar la política de medios: “Hay efectivamente dos doctrinas alrededor del ¿qué hacer? sobre la libertad de expresión. Una la acaba de expresar el ministro Aguad, apenas asume, “esto es un negocio y se tiene que regular por las lógicas del mercado”. Esa es la mirada conservadora de lo que se llama “la doctrina clásica de la libertad de expresión”. Aquí la libertad de expresión se basa en “el respeto de la autonomía individual donde el Estado cumplía con esto garantizando la no censura previa. El resto es mercado.

Loreti, continuó “hay otra posición que es la teoría basada en el derecho internacional de los Derechos Humanos. Donde el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad más allá de abstenerse de no censurar. Allí aparece la noción de derecho a la comunicación, la cual tiene una doble vía: difundir y recibir. Por lo tanto, hay que pasar de proteger al tipo que se para en el medio de la calle a decir algo a entender que los medios son foros a donde tienen que entrar otros oradores, más allá de los dueños del foro”.

El investigador de la U.B.A. recordó la emergencia de la LSCA y la importancia que esta ley tuvo para el debate sobre el nexo entre derechos humanos y políticas de comunicación. Aunque también fue crítico con su aplicación por ejemplo en lo que fue la asignación de licencias para la televisión digital abierta.

Para Loreti es importante rescatar el marco que propone el derecho internacional sobre derechos humanos como una legislación que está más allá de la discusión entre “los 21 puntos vs el gobierno”. (NdR: se refiere a los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en los que basaron el texto de la LSCA). Loreti continuó “allí hay un problema objetivo, el Estado argentino decidió apartarse de los estándares internacionales con el decreto 267”. Criticó la autoridad de aplicación de dicho decreto ya que depende del poder político y sus miembros no tienen estabilidad alguna.

Finalmente, para Loreti “El decreto 267 detona el respeto que la ley anterior tenía por los estándares de libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos.” Sobre la LSCA sostuvo que “la aplicación tenía millones de problemas, pero lo que se hizo con el decreto 267 fue desmontar todo aquello que generaba instancias de garantía de derechos humanos para dueños y no dueños de medios”.

Ignacio Nesprías, miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos, recordó la problemática situación por la que está pasando Antena Negra* y la dificultad que tuvo el canal tanto con la AFSCA como con el Enacom. A su vez recordó una premisa básica para el sector de medios comunitarios “los sin fines de lucro no somos todos iguales. Hoy por hoy en el marco de los “sin fines de lucro”, una fundación u organizaciones muy importantes como la Bolsa de comercio o la A.F.A. tienen igual presencia que los medios comunitarios donde, a duras penas, vamos sosteniéndolo con mucha militancia y no tenemos grandes fondos.”

En cuanto a la LSCA, para Nesprías la aplicación fue “pésima”. “El Estado nos fue dejando librados a la justicia. El 33% no fue aplicado ni el plan técnico realizado. Los medios privados nos interferían y las respuestas de las autoridades de aplicación siempre fueron “arréglenlo entre ustedes. Era una ley que nos incluía, pero seguíamos sin poder estar adentro.”

En línea con Loreti, resaltó que el proceso que inauguró la LSCA permitió visibilizar a este tercer sector que no es ni privado comercial ni público estatal. Y, por otro lado, el rol de los medios comerciales que operan desde una intencionalidad manifiesta. El proceso permitió romper con esa fantasía de la independencia o de la objetividad. También rescató el otorgamiento de fondos de fomento, el empadronamiento y los pocos concursos de televisión que salieron al final de 2015.

Respecto a la actualidad, Nesprías señaló que “el decreto 267 va en contra de la democratización y a favor de la concentración de los grandes medios. Creemos que la mala aplicación de la LSCA permitió generar cierto contexto de aprobación de medidas que son nefastas para la comunicación.” De cara al futuro afirmó que “nuestro objetivo no es el lucro, la regulación debe darle espacio a nuestro sector”.

* Una nueva acusación contra Antena Negra TV

Audios completos:

Martín Becerra
Damián Loreti
Ignacio Nesprías (RNMA)



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