ONU revela datos estructurales devastadores sobre alimentación en Argentina

ONG’s alemanas denunciaron al estado argentino antel a Organización de las Naciones Unidas por violar el derecho a la alimentación de millones de ciudadanos. Los programas alimentarios y de transferencias de ingresos existentes son absolutamente insuficientes y apenas han paliado parcialmente la vulnerabilidad alimentaria.

En los casos que visitó la misión, los beneficiarios de los programas siguen padeciendo hambre, mientras que otros grupos igualmente afectados no tienen acceso al programa de transferencia de ingresos», afirmaron en un durísimo informe la FIAN (Food First Information & Action Network) y la EED (Servicios de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo). El escrito también informa que «los beneficios de los programas se reparten como dádivas de un sistema clientelista». Ambas ONG formalizaron luego de una visita a comunidades del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, zonas rurales de Tucumán y desocupados del Gran Buenos Aires agrupados en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón.

La denuncia, presentada el lunes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), está basada en las conclusiones de una misión de la EED -organización que actúa como la agencia de desarrollo central de las Iglesias Protestantes en Alemania- y la FIAN -institución que tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas y cuenta con miembros en más de 50 países- , que permaneció en el país del 15 al 20 de enero de 2003. Durante su estadía, los representantes de las ONG’s visitaron a los movimientos de trabajadores desocupados de Solano, Lanús y Guernica en la provincia de Buenos Aires (enrolados en el MTD Aníbal Verón); al Centro Comunitario Carballito-Villa Muñecas Norte en la provincia
de Tucumán; y a comunidades campesinas de la provincia de Santiago del Estero integrantes del MOCASE. También entrevistaron a miembros de Abuelas de la Plaza de Mayo, Asociación Civil Madre Tierra, Asociación Sindical de
Profesionales de la Salud/Provincia de Buenos Aires, Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal CECOPAL/Córdoba, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

Luego de visitar las poblaciones mencionadas el informe concluye que «a la luz de las obligaciones que el Estado argentino asumió con la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la misión pudo establecer que el derecho a la alimentación adecuada de las personas en los casos visitados está siendo violado». Y destaca que «la
explotación de los trabajadores y las trabajadoras en los cultivos de cítricos en Tucumán es una violación al derecho a tener un trabajo digno y a tener acceso económico a la alimentación», ya que los jornaleros «no están en condiciones de mantenerse a sí y a sus familias de estos empleos debido a que el Estado argentino no cumple con la obligación de garantizar protección
laboral efectiva».

El escrito denuncia los permanentes hostigamientos que sufren los movimientos sociales visitados, y resalta que «la falta de apoyo estatal a los proyectos productivos autogestionados de los MTD Solano, Lanús y Guernica, así como del Centro Comunitario Carballito constituyen una
violación a la obligación de facilitar los esfuerzos propios que las personas afectadas hacen para alimentarse dignamente». Y detaca que «el Estado argentino tiene la obligación de garantizar el acceso a insumos,
herramientas, capacitación y tierras necesarios para que los trabajadores y las trabajadoras desocupadas superen la exclusión social y puedan vivir de su propio trabajo».

El informe concluye que «el Estado argentino está en la obligación de demostrar que no violado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales (PIDESC)», del cual es Estado parte ya que en 1994 fue incorporado a la Constitución Nacional. En los artículos 1 y 2 de dicho Pacto queda constancia de que los Estados adheridos al mismo «tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad del derecho» a la alimentación, así como econocen «el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra elhambre».

«Así el Estado argentino demostrase que carece de recursos para cumplir con las obligaciones mínimas que el PIDESC le impone, el Estado no queda descargado de sus obligaciones. Si tal fuera el caso, el Estado argentino también tendría que demostrar que ha hecho todo lo posible por conseguir la ayuda de la comunidad internacional para evitar que sus
ciudadanas padezcan hambre», afirma el documento.

Ambas ONG’s, recomiendan que los planes sociales «cubran a todos los grupos en situación de vulnerabilidad alimentaria. En el caso puntual del Programa de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, debería reabrirse la
inscripción, y extenderse su ámbito de aplicación a los sectores que aún no reciben las prestaciones (jóvenes desocupados, mayores de 60 años sin cobertura social, jefes de hogar desocupados sin hijos)». Por último, el
informe destaca que las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial «tienen responsabilidad en el grave deterioro de las condiciones de vida de millones de personas en Argentina».