Informe sobre el estado del derecho a la alimentación en Argentina
FIAN y el EED presentan hoy (5/5/03) los resultados de su misión internacional de investigación a Argentina ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en Ginebra en su período de sesiones del 5 al 23 de mayo. El informe será entregado de igual forma al Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, Sr. Jean Ziegler.
La misión investigadora fue realizada entre el 15 y el 20 de enero 2003 para establecer el estado del derecho a la alimentación adecuada en Argentina. FIAN (Food First Information & Action Network) es la organización internacional de derechos humanos que trabaja por el derecho a alimentarse. El EED (Servicio de las iglesias evangélicas en Alemania para el desarrollo) actúa como la agencia de desarrollo central de las Iglesias Protestantes en Alemania.
El informe destaca que el Estado argentino está violando el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada de millones de sus ciudadanos. Los programas alimentarios y de transferencias de ingresos existentes son absolutamente insuficientes para garantizar el derecho fundamental a estar libre de hambre y apenas han paliado parcialmente la vulnerabilidad alimentaria. Además, el Estado no proteje a las familias campesinas poseedoras en el Noroeste y Noreste argentino de desalojos forzados, ni a las trabajadoras y los trabajadores de la explotación laboral. La actuación de las instituciones financieras internacionales como el FMI también fue críticada en la medida que ha limitado el gasto social y la capacidad del Estado argentino de movilizar recursos para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.
En aras de contribuir a la vigencia de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la misión se permite recomendar al gobierno argentino y a los gobiernos responsables de las actuaciones de las instituciones financieras internacionales medidas conducentes a garantizar el pleno disfrute del derecho humano a la alimentación adecuada. Dentro de las más importantes se destacan: garantizar programas suficientes y adecuados de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria; poner fin a las prácticas de desalojos forzados de familias campesinas poseedoras e implementar políticas tributarias que redistribuyan la riqueza y proporcionen al Estado los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.
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