03/01/2016

Panorama Sindical

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Pacto social, precios y bonos de fin de año. “Solución” en Cresta Roja. Siguen sin abonar salarios y aguinaldo en el Grupo23. Reincorporan trabajadores del subte, docentes, Coca-Cola y Metalsa. Despidos en Metalmecánica (San Luis). Condenan a maquinista por la Masacre de Once. Caso Daniel Solano al fuero federal. La CD del SEOM (Jujuy) a juicio. Sindicato del Ingenio Ledesma inicia querella por desapariciones. Trabajadores del ministerio de Economía se reunieron con Prat Gay. Bono y jerarquización para becarios universitarios. Reclaman las cooperativas. Por Mario Hernández


Chantaje sin anestesia

El Ministro Prat Gay en una entrevista en el Canal América declaró: “Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto arriesga salarios a cambio de empleos”. Estas declaraciones fueron traducidas por Mario Wainfeld, en su columna dominical de Página 12: “si quieren conservar el trabajo, empiecen a bajarse los pantalones”.
También dio un índice de inflación del 3,5% para diciembre, que no se sabe de dónde sacó. Junto con el Presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que está procesado por el Megacanje, una de las causas que contribuyeron a arruinar a trabajadores y sectores medios a comienzos de la década pasada, tienen a su cargo las metas inflacionarias.

Pacto social pero sin índice oficial de precios

El último lunes de diciembre a la noche se reunieron en UPCN Hugo Moyano y Luis Barrionuevo con los “gordos”, los “independientes” y referentes del transporte.
Los temas fueron: unidad de la CGT y acuerdo salarial con el Gobierno que no exceda en mucho el 30%, a cambio del cumplimiento de la promesa de distribución a las obras sociales de los $ 26 mil millones retenidos y acumulados de aportes durante los mandatos de Néstor y Cristina de Kirchner, recomposición en Ganancias y mejora de las asignaciones familiares. El último punto estará ligado a las jubilaciones con un eventual incremento de emergencia previo a las subas semestrales previstas en la normativa.
Los dirigentes se volverán a reunir en la segunda quincena de enero, por ahora en Mar del Plata, para consagrar allí la voluntad de reunificación de la CGT en un posible Congreso extraordinario previsto para marzo. Otro punto de acuerdo: desistieron de exigir una audiencia con Mauricio Macri a la espera de que el propio mandatario tome la iniciativa de convocarlos con vistas a un eventual pacto social.
Mientras tanto, los informes de precios del Indec estarán suspendidos al menos por dos meses. Jorge Todesca que se las ingeniaba para difundir un índice mensual de precios desde su modesta consultora, ahora no puede hacerlo a pesar de contar con los recursos humanos y técnicos del Indec. ¿Qué se oculta detrás de la decisión de no publicar los indicadores de inflación? La fuerte suba en el precio de los alimentos de noviembre y diciembre, cuando el proceso inflacionario marcó un salto por el ajuste del dólar de casi el 40 %.
La consultora de Carlos Melconian (M&S) midió incrementos de hasta el 60 % en algunos productos centrales de la canasta básica entre noviembre y la tercera semana de diciembre. El promedio de los precios minoristas, según el estudio del actual presidente del Banco Nación, aumentó 6,9 % en el mismo período, duplicando el “índice Prat Gay”.
El informe del estudio de Melconian computó que el pollo tuvo el mayor aumento entre los artículos de la canasta básica, con una alza del 61,1 %. En la lista de artículos con incrementos más elevados continuó la carne de vaca, con un alza del 26,2 %, los medicamentos (19,8%), los condimentos (18,1%), los electrodomésticos (12,4%), los aceites y grasas (11,3%), el azúcar, miel, dulces y cacao (9,2%), los panes, cereales y pastas (9,8%), las bebidas (6,8%), los lácteos y huevos (8%), los artículos de cuidado personal (5,7%) y combustibles (4,6%).
En el relevamiento de la consultora, mientras que los bienes tuvieron un fuerte ajuste, los servicios anotaron subas inferiores al 2,5 %. La remarcación en muchos de los servicios comenzó a partir de la última semana de diciembre, entre la que se destaca el aumento del 15,5 % en la televisión por cable.
El anuncio de devaluación de Mauricio Macri quebró en noviembre la desaceleración en el proceso inflacionario observada desde 2014, tendencia que no fue medida sólo por el Indec sino por los indicadores de privados. El estudio de Miguel Bein la calculó, al publicar en su último informe que los precios subieron 1,6 % en el promedio de enero a octubre, al tiempo que lo hicieron al 2,9 en noviembre y al 3,8 en diciembre.
El informe de Bein indicó que el pronóstico preliminar para 2016 es de suba de precios del 36 %, lo cual estará acompañado con una caída del Producto Interno Bruto del 1,8 %. La caída del consumo de los privados, según la estimación del ex asesor de Daniel Scioli, sería aún más marcada que la de la actividad y alcanzaría al 3,7 %.
En el aumento de la inflación para 2016 tendrá un rol relevante la quita de subsidios, en particular a la energía, lo cual generará una fuerte suba en las tarifas de luz y gas de los usuarios del área metropolitana. La eliminación de retenciones al maíz y el trigo también impactará en los precios del mercado interno en 2016, dos productos centrales que ingresan en la canasta de primera necesidad de la población.
Para compensar las subas los sindicatos siguieron negociando bonos de fin de año. A bancarios y camioneros, se agregaron los trabajadores de peajes que acordaron un pago en dos tramos iguales de un suplemento de $ 6.800.
Desde Santa Fe confirmaron que están avanzadas las discusiones en la industria aceitera. Su objetivo es cerrar 2015 con un bono que, en promedio, alcance los 16.000 pesos.
Por su parte, las autoridades tucumanas confirmaron ayer que estatales y docentes provinciales recibirán un plus de $ 4.000. La decisión fue informada por el gobernador Juan Manzur. El funcionario precisó que el adicional se pagará en partes iguales durante el primer bimestre de 2016.
En la provincia de Buenos Aires ni bono de fin de año, ni paritarias. La gobernadora María Eugenia Vidal y su gabinete anunciaron que descontarán los días de paro a los trabajadores estatales.
El diputado del Frente de Izquierda Marcelo Ramal presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para el pago de un bono de fin de año de $ 6.000 para todos los trabajadores dependientes del GCBA. Abarca a docentes y auxiliares de escuela, enfermeros, médicos y residentes, y el personal administrativo de planta permanente y transitoria del estado porteño. El proyecto contempla además la solicitud de apertura de paritarias para el sector para enero de 2016. La presentación de Ramal cuenta con la firma y el apoyo de una decena de legisladores de distintos bloques de la oposición de la Legislatura.

Cresta Roja: los trabajadores fueron olvidados

El jueves, la jueza Valeria Pérez Casado, luego de varias reuniones con diferentes empresas interesadas como Coto, Molinos, Tres Arroyos o Seychu, finalmente decidió otorgar la operatoria de Cresta Roja a un consorcio integrado por las empresas Ovoport Internacional SA, Tanacorsa SA y Grupo Lacau.
La propuesta de estas empresas es por un plazo inicial de 30 días corridos durante el cual se negociarán las condiciones de una eventual explotación por un año mediante un fideicomiso.
La aceptación de este mecanismo por parte de la jueza interviniente en la quiebra de Cresta Roja, significa un negocio redondo para estas patronales. A través de este fideicomiso las patronales intervinientes se garantizan un período de prueba para ver si el negocio funciona bien y en caso de que así no fuera pueden retirarse sin ningún compromiso de su patrimonio.
Pero este tratamiento tan favorable a los empresarios no solo no garantiza ninguna estabilidad para los casi 4.000 trabajadores sino que el dictamen de la jueza también dispone que aquéllos reingresen, según cómo evolucione la producción. En el escrito de la jueza puede leerse: “En el período inicial, los operarios sólo cobrarán los Repro del gobierno nacional, mientras que progresivamente se irían incorporando los empleados necesarios para cubrir los puestos de trabajo generados por la explotación provisoria, cuyos salarios sí serían abonados por el fideicomiso a constituirse”.
El Repro es un subsidio insuficiente -$ 4.000- para una familia tipo. La negativa del Estado a hacerse cargo de los salarios apunta a quebrar el conflicto por el hambre y preparar las condiciones para hacer pasar una salida bajo cláusulas leoninas y lesivas a los derechos de los trabajadores.
Solo se llegaría a ocupar el 100 % de los trabajadores cuando la producción alcance los 400.000 pollos por día, cifra que se producía en los mejores años del negocio con Venezuela con la empresa subsidiada.
Además, las tres empresas integrantes de este consorcio que se hará cargo de operar Cresta Roja son patronales acostumbradas a la súper explotación de sus trabajadores.
Ovoprot es la segunda empresa productora de huevos en el país y controla el 28 % de la producción. Es famosa por las denuncias de trabajo esclavo y contaminación en sus plantas.
Por su parte, la patronal de Tanacorsa S.A. fue denunciada por la propia AFIP por mantener trabajadores rurales no registrados (en negro) en su planta de Chivilcoy.
El lunes 4 de Enero está programada una asamblea en la Planta 2, ahí los trabajadores deben discutir cómo resistir el ajuste que les pretenden imponer. Hay que exigir que el Estado se haga cargo íntegramente de los salarios dispuestos por convenio de todos los trabajadores y el ingreso de todos a trabajar. Si la producción es reducida que se distribuya el trabajo entre los 4.000 trabajadores para que nadie quede afuera.
Además, entre los principales acreedores de la quiebra, figuran la Afip, Rentas de Buenos Aires y varios bancos estatales. La ejecución de estas deudas impondría la expropiación de la planta por parte del Estado y su funcionamiento con todos los trabajadores adentro, en lugar de garantizar ganancias privadas a un puñado de capitalistas. La producción, bajo el control de sus trabajadores, podría tener un objetivo social y estar destinada a proveer de pollos baratos y de calidad a hospitales y comedores comunitarios y escolares.
Como señala en un comunicado el Sindicato de Trabajadores de la Carne de la provincia de Buenos Aires: “los empresarios del sector buscan excusas para evitar el compromiso de poner en funcionamiento a pleno de las plantas. Apuestan al desguace, para evitar la competencia. En este acuerdo los trabajadores fueron olvidados, ya que el objetivo el este grupo son las granjas de recría (la genética). Los empresarios se dedican a la producción de huevos y su procesamiento. Los trabajadores son descartables en este nuevo proceso”.
En cambio, “concesionan” la empresa a un grupo privado, planteando además que: “la deuda con los organismos del Estado y los bancos debería ser refinanciable a muy largo plazo para (“¦) que la firma sea viable” (La Nación, 24/12).
Después del subsidio K a los vaciadores de Rasic, vendría el subsidio PRO a los eventuales compradores privados.

Movilización contra el vaciamiento del Grupo 23 y por el pago de salarios

Por primera vez en sus casi seis años de vida, el diario Tiempo Argentino no salió a la calle el 2 de enero, la fecha en la que todos los diarios reemprenden su labor informativa luego del feriado del 1º, uno de los pocos días no laborables del año para los trabajadores de prensa escrita.
La empresa que lo edita todavía no pagó el aguinaldo de diciembre. Se había comprometido a efectivizarlo el martes 29, con un retraso de once días después del vencimiento del plazo legal. A pesar de las promesas, la empresa no cumplió y tampoco avisó. Recién oficializó el incumplimiento en la última reunión mantenida con la Comisión Gremial Interna, realizada el 30 de diciembre. En ese encuentro, la patronal mencionó como posible fecha de pago (sólo para la mitad del aguinaldo adeudado) el próximo 12 de enero, cuando también se depositaría -fuera del plazo legal- el salario de diciembre. La otra mitad del aguinaldo se pagaría en febrero con el sueldo de enero.
A la falta de pago de los aguinaldos, tenemos que sumarle que hay colaboradores -trabajadores precarizados, que facturan por sus notas- con los que se mantienen deudas que llegan al medio año de postergaciones. Hace una semana la empresa propuso un plan de pagos absurdo que pretende saldar las deudas recién en marzo.
La cartera de deudas que la patronal acumula con sus empleados también incluye 8 meses de comisiones por ventas publicitarias impagas a los trabajadores del área comercial del diario. Hasta ahora la empresa ni siquiera ha ofrecido intención alguna de pago.
Todo esto sucede en un marco general de vaciamiento que afecta el funcionamiento normal del diario.
Pero mucho peor es lo que sucede en otras publicaciones del Grupo 23, como las revistas Siete Días y Cielos Argentinos y algunas ediciones zonales de El Argentino, a cuyos trabajadores la empresa editora aún no pagó el salario de noviembre: se trata de más de sesenta trabajadores a los que ni siquiera se les ha dado una fecha concreta de pago.
Por todo esto, la última edición del año Tiempo Argentino salió a la calle sin las firmas de sus periodistas. Lo mismo ocurrirá con la primera edición de 2016. El jueves 30 de diciembre, se realizó un paro parcial en la redacción y los trabajadores del Grupo 23 hicieron una asamblea en la puerta del diario, Amenábar 23, en la que resolvieron marchar a Puerto Madero, el coqueto barrio en el que están las oficinas de los dueños. La cita es en Perón y avenida Madero, a las 17.30 del martes 5 de enero.
Tiempo Argentino es una publicación del Grupo 23, cuyos accionistas visibles son Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, pero integran un directorio donde también participa el ex funcionario de la Universidad de Buenos Aires y la SIDE, Darío Richarte. El conglomerado de medios que estos empresarios controlan, además de Tiempo Argentino, está integrado por las revistas Siete Días y Cielos Argentinos y las distintas versiones del diario El Argentino. Incluye a las radios América, Splendid, Vorterix -en sociedad con Mario Pergolini- y Rock and Pop, y el canal de noticias CN23. Según datos oficiales, entre 2009 y 2015 la empresa recibió 814 millones de pesos en pauta oficial sólo del gobierno nacional. A ese monto hay que sumarle la pauta de los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y la privada. A pesar de esta facturación multimillonaria, la empresa argumenta ahora, a veinte días de asumido el nuevo gobierno, que atraviesa problemas financieros.

Reincorporan trabajadores

La Jueza Lilia Funes Montes dio lugar a una cautelar presentada, y ordenó la reincorporación del trabajador despedido Ariel Ruiz, en el marco del conflicto contra despidos que llevan adelante trabajadores de vigilancia del subte.
Vale recordar que este conflicto surgió por la negativa de las empresas que prestan este servicio a reconocer el correspondiente convenio colectivo de trabajo, y que una vez que se vieron obligadas a empezar a hacerlo comenzaron casi 30 despidos persecutorios y antisindicales.
La Jueza María Soledad Larrea dictó una medida cautelar ordenando la restitución a sus cargos de las docentes Elsa Vincová y Alejandra Bellini, del JIC 2 DE 12 de Flores a partir del primer día del ciclo lectivo 2016.
La Justicia dio lugar al amparo judicial presentado conjuntamente por los gremios Ademys, UTE, Camyp, Sedeba, las docentes afectadas y las familias del Jardín, considerando la no responsabilidad de las docentes en el caso del asesinato del niño Agustín Marrero, el grave perjuicio que la separación de las docentes implicó para los niños del Jardín, y el dictamen de la Junta de Disciplina que planteaba que no se observan hechos que pudieran ser analizados desde el punto de vista disciplinario.
Este fallo constituye un triunfo de la lucha docente, que se expresó en el masivo paro y movilización del 15 de julio pasado, y en las demás acciones y movilizaciones que llevaron adelante, no sólo exigiendo su restitución sino también el cese del sumario administrativo.
El jueves 17 de diciembre, Walter Lell, trabajador despedido de la planta de Coca-Cola de Pompeya, fue reinstalado luego de meses de lucha por su reincorporación.
Durante meses denunciaron en decenas de medios de comunicación que “Coca Cola NO destapa felicidad” para los trabajadores y sus familias. Por el contrario, piensa que puede descartar sin más a empleados que tienen hasta 20 años de antigüedad, que dejan o dejaron su vida en la empresa, cumpliendo con jornadas diarias de 12 horas de trabajo.
La reinstalación de Walter es un triunfo para todos los trabajadores y un paso importante para ir por la reinstalación del resto de sus compañeros despedidos, que siguen unidos y luchando por recuperar sus puestos de trabajo. Esto demuestra que se puede poner un freno a esta multinacional explotadora.
La Cámara de Apelaciones dejó firme el fallo que anula el despido del trabajador Mario “Charly” Lezcano.
El compañero fue despedido discriminatoriamente por Metalsa hace más de un año. La Justicia ya había fallado a su favor en primera instancia, sentencia que fue apelada por la empresa. Hace pocos días el trabajador obtuvo el fallo favorable de la Cámara, por lo cual debe ser reinstalado en su puesto de trabajo.
Un triunfo que no es casual, sino que es producto de las constantes denuncias y movilización de los trabajadores despedidos de esta autopartista.
Luego de un paro de 96 horas convocado por ATE y el Sindicato de Salud Pública, los trabajadores del Hospital Gandulfo consiguieron que 79 becarios contratados trabajen 36 horas en lugar de 48 semanales.
Entre tantas buenas, una muy mala. Venció el martes 22 de diciembre la conciliación obligatoria y 84 trabajadores de Metalmecánica fueron despedidos. La empresa, que ocupa a 600 trabajadores, tiene su planta en Villa Mercedes (San Luis), pertenece al grupo Tenaris y produce varillas de bombeo para la industria del petróleo y el gas. Entre sus clientes se encuentra YPF y es la segunda empresa exportadora de la provincia puntana.

Justicia esquiva para los trabajadores

La sentencia del juicio por la Masacre de Once no pasó desapercibida para nadie que trabaje en el ferrocarril. Sobre todo cuando la justicia puso en un nivel de igualdad a uno de sus compañeros, el maquinista Marcos Córdoba, con empresarios y funcionarios asesinos.
Trabajadores de la Agrupación Ferroviaria Naranja se manifestaron apenas conocida la sentencia. Marcelo “Cucha” González, maquinista en la Línea Roca, señaló que “es increíble que uno de los máximos responsables de esta masacre como Jaime haya recibido menos del doble que Marcos Córdoba, el maquinista, que nada podía hacer para frenar un tren en malas condiciones y que pudo haber sido él mismo otra víctima fatal. Es muy injusto que un simple trabajador tenga una condena cuando los mecanismos estaban todos dañados por responsabilidad de altos funcionarios y empresarios”.
También a la Comisión Nacional Salvemos al tren, les pareció desproporcionado darle una condena de cumplimiento efectivo a Marcos Córdoba, cuando los responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que debieron impedir la circulación del Chapa 16, salieron indemnes de la causa.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró incompetente a la justicia provincial y el caso Daniel Solano, el trabajador golondrina desaparecido en 2011 en la localidad rionegrina de Choele Choel, pasará al fuero federal.
El abogado de la familia, Sergio Heredia, aseguró que esta es una maniobra que pone en evidencia la intención de la justicia rionegrina para sacarse de encima el caso, ya que es una “papa caliente” para todo el entramado de poder empresarial y de la casta política, muchos de ellos involucrados en el encubrimiento y obstaculización en la investigación de la desaparición y asesinato del joven trabajador golondrina proveniente de Salta. Para Sergio Heredia esta petición también resulta ser una distracción acerca de lo verdaderamente preocupante en este último tiempo, que es la liberación de los siete policías implicados directamente en la desaparición, las vejaciones y el asesinato del joven trabajador frutícola.
Uno de ellos, Juan Barrera, fue denunciado en Chimpay por la golpiza que le infringió a un trabajador golondrina de Tucumán en un local bailable de la región el pasado 26 de diciembre.
Integrantes de la Comisión Directiva del SEOM de Jujuy irán a juicio. La novedad fue comunicada en sus domicilios particulares por efectivos de la Brigada de Investigaciones y corresponde a la causa iniciada por la toma de terrenos del barrio Campo Verde pertenecientes a la familia Issa.
Cabe recordar que la ocupación de tierras ociosas por parte del Frente de Gremios Estatales de Jujuy del 5 de mayo fue consensuada por los sindicatos integrantes del frente como alternativa a la imperiosa necesidad de vivienda de los trabajadores jujeños generada por la desigual distribución de las viviendas, planes para construcción y adquisición de terrenos para empleados públicos en los últimos años. “El SEOM recibió en los últimos años solo 30 viviendas para sus más de 7.000 afiliados”, destacaban desde la dirigencia del gremio municipal.
El Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA) solicitó formalmente a la Justicia Federal ser querellante en dos causas por la desaparición de militantes sindicales y otros trabajadores de la mayor empresa de Jujuy en la operación represiva conocida como la “Noche del Apagón”, durante la última dictadura.
El pedido se suma a otro de fines de octubre pasado para actuar como querellantes en la causa “Burgos” por secuestros consumados entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en la que también está implicado Carlos Pedro Blaquier, quien en la época en que se cometieron los hechos investigados y durante décadas presidió el directorio del Ledesma.
“En las causas Bernard y Aredes se ve el accionar de Blaquier, (el entonces administrador del Ledesma, Alberto) Lemos y de las fuerzas de seguridad para desarticular la acción gremial y toda actividad sindical”, ello correspondido con que “representaban una amenaza para la empresa”, señaló la abogada Agustina Vargas Otero. Además, agregó que “éste es el primer paso para lograr la cárcel efectiva para Blaquier, Lemos y todos los responsables”.
La presentación se realizó ante el Juzgado Federal 2, a cargo del juez Fernando Poviña, por los dirigentes y abogados del SOEAIL con el acompañamiento de los secretarios generales de la CTA Autónoma Jujuy, Freddy Berdeja y de ATE Jujuy, Matías Brizuela, junto a otros militantes de esas organizaciones sindicales.
Durante la “Noche del Apagón”, fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar ejecutaron uno de los más grandes operativos de secuestro y desaparición forzada de personas en la ciudad de Libertador General San Martín, donde se hallan la planta industrial del Ledesma y La Rosadita, residencia de la familia Blaquier, a un centenar de kilómetros de la capital provincial.
Testigos claves de esos hechos declararon haber visto camionetas de Ledesma utilizadas para el traslado de secuestrados en la represión de julio de 1976, que abarcó Libertador y también las localidades de Calilegua y El Talar, donde el Ledesma, el mayor ingenio del país, posee extensas plantaciones de caña.
En la Noche del Apagón (en rigor: de los Apagones) fueron secuestradas más de 400 personas, de las cuales 33, en su mayoría trabajadores de Ledesma, permanecen desaparecidas.

Estatales

Una delegación de la Junta Interna de ATE-MECON fue recibida por el flamante Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, a quien le presentaron el estado de situación de los empleados del organismo y enumeraron una serie de reclamos referidos a su estabilidad laboral, la situación salarial y las condiciones laborales.
Hicieron especial hincapié en lo que consideran que es la situación más crítica que existe actualmente en el Ministerio, que es la de quienes realizan tareas en condición de monotributistas, bajo los denominados contratos de asistencia técnica, con una especial mención al sector informático que ha desarrollado una pelea importante por los derechos que les corresponden.
En relación a la situación salarial, la Junta Interna desarrolló sus propuestas de recomposición de los ingresos vinculadas a la aplicación de artículos del convenio colectivo como el reparto del excedente presupuestario (art. 91) o el pago de distintos adicionales (Función Específica, Plus Informático, entre otros). También señalaron la importancia de otorgar, en un plano más inmediato, una suma de emergencia para todo el personal del Ministerio; además de solicitar que se confirme el pago de las horas extras a quienes las realizan.
Finalmente, se solicitó que se devuelva la Compensación de Hacienda a los trabajadores de esa Secretaría, un derecho adquirido que fue avasallado por las anteriores autoridades.
Diversas organizaciones de becarios -entre ellas, Jóvenes Científicos Precarizados (regionales Buenos Aires y La Plata), Becarios UBA y ATE CONICET- se manifestaron el pasado 16 de diciembre en el Ministerio de Ciencia y Tecnología para reclamar por el derecho de los investigadores en formación a contar con un aguinaldo, derecho que les es negado merced a que no son considerados trabajadores sino estudiantes.
Los recibieron el Gerente de RR.HH., Alberto Arleo, y el vicepresidente a cargo del organismo, Miguel Laborde, quienes insistieron en esa postura y reconocieron que no estaba garantizado este año el otorgamiento del “bono” de fin de año que se les venía dando en otras oportunidades.
Los investigadores en formación resolvieron continuar movilizados y se concentraron nuevamente el 23 de diciembre, en las puertas del Ministerio de CyT (Godoy Cruz 2320), organizando una feria de ciencias.
Finalmente, los directivos del Conicet informaron el pago del bono de $ 1.300 y la jerarquización salarial.

Por las cooperativas

La Organización Tupac Amaru continúa con su acampe en la Ciudad de Buenos Aires, pero ahora frente a la Secretaría de Vivienda de la Nación, en Esmeralda 255. En medio de un fuerte operativo policial, el martes levantó el campamento que armaron desde el 23 de diciembre en la plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio, para reclamarle al gobierno de Macri que garantice la continuidad de los planes de construcción de viviendas.
El acampe porteño, que contó con la participación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), es solidario con la Red de Organizaciones Sociales en Jujuy, que desde hace 17 días instalaron otro campamento frente a la Casa de Gobierno provincial. Su objetivo es reclamarle al gobernador Gerardo Morales por la continuidad laboral de 20.000 cooperativistas jujeños, integrantes de la Tupac Amaru.
En el marco de la campaña de la Digna Educación del Encuentro de Organizaciones (EO), trabajadores y trabajadoras de cooperativas textiles se movilizan este miércoles al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba para exigirle que se cumpla con un acuerdo firmado a comienzos de diciembre.
En ese acuerdo (firmado por el Ministro de Educación Walter Grahovac) el Estado Provincial se comprometía a garantizar antes del 31 de diciembre los fondos para comenzar la producción de mochilas y cartucheras para los miles de niños y niñas de la Ciudad y del Interior de Córdoba que las necesitan para empezar el ciclo escolar 2016.
El dinero aún no está a pesar de lo acordado. Esta falta de cumplimiento, no sólo pone en riesgo que niños y niñas no tengan lo básico para empezar el ciclo lectivo, sino que
además dificulta la situación de más de 70 familias que se sustentan a través del trabajo cooperativo.
Los trabajadores del Frigorífico Incob, autogestionado por sus trabajadores, se movilizaron por el microcentro de Bahía Blanca. De fondo sonaba su grito de guerra: “Incob es de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode” y “Aquí están, ellos son, los obreros sin patrón”.
“Nosotros vinimos hoy con todos los compañeros para manifestarnos en la Intendencia. Estamos laburando muy bien, estamos llevando un sueldo mejor, sin embargo nos siguen poniendo trabas desde la Municipalidad. Por otro lado, hace un mes y medio sufrimos un ataque y por ahora no se hizo justicia. Ahora vamos a ir a Fiscalía para que esto no quede así nomás”, declaraba uno de sus referentes, mientras recibían el apoyo de transeúntes, colectiveros y docentes que iban hacia sus lugares de trabajo.
El restaurant platense “La Aguada” tiene una orden de desalojo impulsada por los dueños del inmueble. El negocio es gestionado desde 2001 como una empresa recuperada.
Representantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) organizaron un abrazo simbólico en defensa de la fuente laboral de los 16 trabajadores en cercanías de la Plaza San Martín de La Plata.
En el año 2000, en momentos de crisis, los empleadores entregaron el mando del comercio a los trabajadores. Armaron una SRL a los trabajadores y los incluyeron como socios. En el ínterin cambiaron de nombre la propiedad y se la pasaron a sus hijos, luego armaron un contrato de alquiler entre la SRL y sus hijos (como dueños del local) y de esta forma no solo evitaron pagar enormes indemnizaciones, sino que le sacaron un beneficio al negocio mediante un alquiler.
Una vez que se venció el contrato de alquiler, allá por 2009, los dueños comenzaron a exigir mayores montos. Lo último eran 80.000 pesos mensuales. A uno de ellos, se le abonó la mitad hasta pocos meses antes de la sentencia de desalojo dictada por el juzgado en lo Civil Nº 21.
Hace pocos días el Concejo Deliberante declaró de interés municipal al restaurant, y eso se logró en el marco de la convocatoria del abrazo solidario. Dicha declaración abre la posibilidad de que el Estado se haga cargo del problema.
No obstante, el negocio inmobiliario debe ser muy grande, es un local único en el centro de la ciudad, debe valer una fortuna, máxime si lo convierten en un edificio como anticipó el diario local. Lo que no toman en cuenta es el valor histórico. Es un restaurante que está hace 80 años, varias generaciones de platenses comían allí. Ya no es más de un dueño, es patrimonio de todos los platenses. Como prueba, en el conflicto de “La Aguada” confluyeron todas las fuerzas políticas y se han logrado consensos que en otros ámbitos son imposibles.
Se realizaron las elecciones en el Sindicato Ceramista de Neuquén. La histórica agrupación Marrón, que dirigió el sindicato por 15 años, fue dividida en dos listas, la “Marrón independiente”, que obtuvo el 59,87%, y la “Bordó Marrón desde las bases”, impulsada por el PTS, que obtuvo el 40,13%. Alejandro López de la Marrón será el Secretario General y Andrés Blanco de la Bordó Marrón será el adjunto.

Fuentes: La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, APU, Télam, Página 12, Clarín, Prensa Obrera, www.ambito.com, www.cronista.com, www.diariobae.com, Indymedia Argentina y ANRed.



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