Rechazo de la CPM a la declaración de emergencia penitenciaria en Buenos Aires
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un Comunicado mediante el cual sostiene que «las emergencias en materia de seguridad y penitenciaria no son una solución estructural a los graves problemas que dicen querer resolver sino más de lo mismo» y recuerdan que las sucesivas declaraciones de emergencia en la provincia de Buenos Aires «sirvieron poco: se agravaron las condiciones inhumanas de detención, creció la sobrepoblación y el hacinamiento, se consolidó la tortura como práctica sistemática, empeoró la atención sanitaria, se incrementaron los casos de personas jóvenes muertas por causas evitables y se extendió la corrupción penitenciaria». Difundimos el Comunicado de Prensa.
COMUNICADO DE PRENSA
La CPM rechaza la declaración de emergencia penitenciaria
La emergencia penitenciaria no resuelve los problemas de la política criminal: sólo profundiza las violaciones de derechos humanos.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) insistimos una vez más que las emergencias en materia de seguridad y penitenciaria no son una solución estructural a los graves problemas que dicen querer resolver sino más de lo mismo. En los últimos 15 años ha quedado demostrado que sólo generan mayores agravamientos en la vulneración de los derechos humanos.
Por ello, la CPM solicita a la gobernadora María Eugenia Vidal y a los legisladores de todas las fuerzas políticas que no se sigan aprobando pedidos de emergencia penitenciaria o policial, y que se diseñen políticas serias y adecuadas que trabajen para terminar con las graves violaciones a los derechos, asumiendo que en la provincia de Buenos Aires lo que está en emergencia es la plena vigencia de los derechos humanos.
En el mismo sentido, la CPM remitió a la Gobernadora y al Vicegobernador una nota donde se expresa la preocupación por la designación de Fernando Díaz al frente de SPB, una señal más de la continuidad en la política penitenciaria que está emprendiendo la nueva gestión.
Las declaraciones de emergencia en la provincia de Buenos Aires
La declaración de la emergencia penitenciaria remitida a la Legislatura por la gobernadora Vidal no es una novedad en la provincia de Buenos Aires: su utilización ha sido una constante en las políticas penitenciarias desde el 2001 a la fecha.
La primera emergencia físico-funcional del SPB fue decretada el 16 de mayo de 2001 por el gobernador Carlos Ruckauf, mediante el dictado del decreto 1132/01, y se extendió hasta el 15 de mayo de 2002.
En la misma línea de los argumentos actuales, el 21 de abril de 2004, el gobernador Solá interviene el Servicio Penitenciario Bonaerense mediante el decreto Nº 732/04, con el fin de «reinstitucionalizar” el SPB, a partir de «que existen hechos, denuncias, y sospechas serias sobre actos de corrupción e ineficiencia en el organismo; que somos conscientes que no hay instituciones que estén al margen de hechos de corrupción, y ante la incontrastable realidad que el Servicio Penitenciario Bonaerense no es la excepción es necesario realizar profundas reformas”. Para esto plantea en dicho texto legal que es necesario «transformar la estructura de la fuerza, creando, modificando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones, asignando o reasignando las mismas en los términos que ellas se determinen, a fin de dotarla de la eficiencia para atender sus misiones fundamentales, que se impone un nuevo esquema de conducción de la fuerza, eliminando la proliferación de organismos que tornan lentas la ejecución de las directivas del servicio y restan recursos humanos y materiales a las unidades penales”.
Apenas dos semanas después, el 6 de mayo de 2004, la Legislatura sanciona la ley 13189 que establece la emergencia del SPB por 6 meses, prorrogable por decreto 2480/04 del Poder Ejecutivo por 6 meses más, ampliándose hasta el 17 de mayo de 2005.
Luego de la Masacre de Magdalena, el Gobernador firmó el decreto 2491/05 que establece la emergencia de las obras de construcción y refacción de las unidades carcelarias, por un período comprendido entre el 25 de octubre de 2005 y el 24 de octubre de 2006.
En paralelo, el 20 de diciembre de 2005 se sanciona la ley 13.417 que vuelve a declarar el estado de emergencia del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección General de Salud Penitenciaria (órganos dependientes del Ministerio de Justicia de la Provincia) entre el 19 de enero de 2006 hasta el 18 de julio de ese año, período extendido por decreto del Poder Ejecutivo hasta el 18 de enero de 2007.
Posteriormente, luego de la sanción de la ley 13.677, las dependencias anteriormente mencionadas volvieron a estar en estado de emergencia entre el 20 de enero de 2007 y el 19 de julio del mismo año, aunque su vigencia fue ampliada por decreto desde el día siguiente hasta el 19 de enero de 2008.
Una de las primeras medidas del gobernador Daniel Scioli, a poco de asumir, fue promulgar la ley 13800 que prorrogó nuevamente el estado de emergencia del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección General de Salud Penitenciaria entre el 20 de enero de 2008 y el 19 de julio de 2008. Al igual que en los casos anteriores, ese plazo fue extendido por decreto del Gobernador por otros seis meses, es decir hasta el 19 de enero de 2009.
La ley 13972 dio continuidad a este estado de emergencia al prorrogar la fecha de su vigencia a partir del 20 de enero de 2009 hasta el 19 de julio de 2009, límite extendido hasta el 19 de enero de 2010 por medio del decreto 1080/09.
Como puede verse en la síntesis descripta, las primeras y principales medidas adoptadas por los gobernadores Ruckauf, Solá y Scioli para enfrentar la crisis penitenciaria que todos diagnosticaron fue promover estados de emergencia con los mismos objetivos: realizar trabajos de construcción, ampliación o refacción de instalaciones carcelarias; eludir los mecanismos de control y normativas que rigen la transparencia y el control de dichos actos ejecutados por funcionarios del Poder Ejecutivo; colocar al personal en una situación de disponibilidad para los cambios que se hicieran; habilitar manejos discrecionales o arbitrarios en el otorgamiento a determinadas empresas de importantes trabajos públicos, o favoreciendo a proveedores vinculados con adquisiciones de materiales y equipos.
Todas estas emergencias permitieron a los distintos gobernadores no aplicar las disposiciones establecidas por la Ley de Contabilidad, la Ley de Obras Públicas, la Ley General de Expropiaciones, el Código Fiscal, así como eximirse del cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado, de la Ley Orgánica de Asesoría General de Gobierno, y de la intervención del Consejo de Obras Públicas.
Todas estas emergencias sirvieron poco: se agravaron las condiciones inhumanas de detención, creció la sobrepoblación y el hacinamiento, se consolidó la tortura como práctica sistemática, empeoró la atención sanitaria, se incrementaron los casos de personas jóvenes muertas por causas evitables y se extendió la corrupción penitenciaria.
La emergencia de hoy es la misma de siempre
La actual emergencia penitenciaria promovida por la gobernadora María Eugenia Vidal reproduce sin matices las emergencias descriptas. Son calcadas, incluso al crear una presunta comisión interpoderes para coordinar medidas a adoptarse. Una comisión similar creó la ley del gobernador Scioli y nunca se implementó.
Los distintos poderes ejecutivos han solicitado sistemáticamente a la Legislatura distintos instrumentos legales que les permitieran ampliar las competencias específicas que le confiere la Constitución de la Provincia, violentando principios esenciales del sistema republicano de gobierno.
A pesar de disponer de estructuras, recursos y herramientas que permiten desarrollar políticas penitenciarias planificadas y respetuosas de los derechos humanos, se optó por declaraciones de emergencia que no contemplan la realización de diagnósticos rigurosos ni la construcción de información seria.
Las sucesivas emergencias no cambiaron nada: no se solucionaron los problemas estructurales y, peor aún, cada tanto toman estado público graves sucesos que demuestran el fracaso o la insuficiencia de las medidas adoptadas.