26/12/2015

Aprestos para criminalizar la protesta social de los sin techo

desalojo_toma_tierras.jpgReflexiones sobre el temor que se genera desde los medios hegemónicos ante las tomas de tierras sin mencionar en ningún momento el grave déficit habitacional concentrado en las zonas urbanas y conurbanas de gran parte del país. Por Mario Hernández.


Nicolás Wiñazki escribió en Clarín: “Diosnel Pérez dice que fueron narcotraficantes los que el sábado 13 balearon su casa en la villa 20, en Lugano, y que lo denunció a la policía y que nada pasó. Pérez es uno de los líderes del Frente Popular Darío Santillán, referente político de su barrio, sobreseído en la causa por la toma del Parque Indoamericano ocurrida en el 2010. También defendió en el 2014 la ocupación del predio conocido como Papa Francisco. El Gobierno está en estado de alerta. Situaciones como las que dijo haber sufrido Pérez alimentan una hipótesis que maneja la Casa Rosada aún antes del 10 de diciembre: hacia fin de año podrían generarse incidentes sociales confusos, una escalada que podría terminar en tomas de tierra. Saqueos. Violencia.
Una de las hipótesis que más preocupa al macrismo es, justamente, que se produzca una nueva toma del Parque Indoamericano [“¦] La balacera sobre la casa de Diosnel Pérez provocó que aumenten los alertas policiales y de Inteligencia sobre posibles desmanes que puedan generarse en el lugar, ubicado en medio de barrios con una emergencia habitacional extrema.
Además del Indoamericano, las zonas que están bajo vigilancia son los distritos bonaerenses de Quilmes y Merlo ““donde continúa la toma de un predio de 50 hectáreas”“; y de ciudades del interior como Rosario o Jujuy”.

La nota publicada a mediados de semana en línea con anteriores ya mencionadas en nuestra columna, apunta a crear el temor por la toma de tierras sin mencionar en ningún momento el grave déficit habitacional concentrado en las zonas urbanas y conurbanas de gran parte del país.

Clarín junta datos inconexos y hasta incomprobables para crear un clima de conflictividad atribuible a las organizaciones del campo popular. Este cronista tuvo oportunidad de hablar personalmente con Diosnel Pérez a la salida de la conferencia de prensa que brindara en la Legislatura de la Ciudad el pasado viernes, a la que Clarín no concurrió. Allí dio detalles de la agresión sufrida a partir de un incidente personal que sufriera uno de sus hijos con miembros de una banda narco que opera en la villa y nada tiene que ver con supuestas tomas de tierra.

El caso de Merlo Norte es más conocido. A casi dos meses de la toma no se ha producido un solo incidente y los pobladores han pedido reiteradamente a la Legislatura provincial el tratamiento del caso, incluso ofreciendo pagar los terrenos abandonados desde hace años.

¿Por qué entonces el pastiche que arma Wiñazki? La conclusión sale sola. Clarín prepara el terreno para la represión.

¿Qué situaciones habitacionales alimentan la conflictividad social?

Caso 1

El martes 15 diciembre la Federación de Organizaciones de Base (FOB) del Chaco movilizó al edificio del Instituto de Vivienda para reclamar al nuevo gobierno provincial que concrete los pagos adeudados a la cooperativa de la organización.

Asimismo, exigieron el inicio de la primera etapa de viviendas para pueblos originarios y construcción de veredas en Machagai, donde esperan desde principios de año la concreción de las promesas realizadas.

“Ante la posibilidad de pasar unas fiestas sin el salario que nos corresponde recurriremos mañana a la movilización y de no haber respuestas, iremos al corte de rutas en la rotonda de acceso al puente General Belgrano de manera sorpresiva”, concluye un comunicado de la agrupación.

Caso 2

En el asentamiento Los Sánchez, ubicado en la localidad de Las Talitas, en Tucumán, son 23 familias, que viven hace 11 años en ese lugar. Tienen una tenencia de las tierras que ahora les dicen que “es trucha”, y que un empresario les inició juicio para desalojarlos.

“El Estado expropió las tierras y tenemos las tenencias precarias, pero ahora nos dicen que no nos sirve de nada”, explicó Verónica del Valle López, una de las vecinas del asentamiento: “tenemos los papeles, pero ahora aparece este supuesto dueño que supuestamente compró con nosotros adentro y quiere las tierras”.

La mujer agregó que el empresario mandó a construir “un muro de tres metros de alto con vidrios arriba y unas pocas puertitas para salir, que cuando uno sale los policías que están afuera le disparan”.

El viernes 11 realizaron una movilización para que su situación sea visibilizada.

Caso 3

Treinta y dos familias viven en el barrio Auca Liwen de Cipolletti desde hace tres años. Sin ninguna solución estatal, esta semana tendrán que afrontar un juicio que la familia empresaria Zoppi inicia contra una de las vecinas, poniendo así en riesgo al asentamiento. “Si sale mal podrían desalojar a todo el barrio”, contó María José García, una de las referentes.

El precedente más cercano es el de Villa Obrera en Fiske Menuko (ex Gral. Roca) hace un año, cuando la justicia rionegrina condenó a Martín Olivera por el delito de usurpación de tierras.

El nuevo intendente, Aníbal Tortoriello, fundó gran parte de su campaña en la regularización de los 30 asentamientos que hay en Cipolletti, pero las respuestas tras la asunción distaron mucho de las promesas.

El miércoles 16, primer día del juicio, las y los vecinos de Auca Liwen en compañía de todas las organizaciones que se solidarizan con la situación, se movilizaron desde el barrio hasta el juzgado.

La condena que podría recaer contra la vecina procesada es excarcelable, pero se pone en riesgo a todo el barrio con inminente desalojo.

Caso 4

El lunes 7 se cumplieron 5 años de los hechos del Indoamericano. Se realizó una jornada y acto recordatorio y de reclamo en Escalada y el puente del ferrocarril Belgrano Sur, convocado por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y otras organizaciones sociales.

A su vez, donde asesinaron a Bernardo Salgueiro se puso una placa denominando a la plazoleta con su nombre.

Caso 5

Vecinas y vecinos del distrito de Luján, afectados directa o indirectamente por las recurrentes inundaciones, en asambleas y reuniones, generaron un petitorio para exigir a los gobernantes las respuestas necesarias para terminar con esta situación.

A los miembros del poder legislativo municipal, provincial y nacional

Los vecinos y vecinas de Luján responsabilizamos a los diferentes gobiernos, en sus instancias nacional, provincial y municipal, por la desidia y la negligencia con la cual han manejado la problemática de las inundaciones en los últimos años. No se han implementado medidas preventivas como sistemas de alerta temprana, ni un plan de contingencia para afrontar la emergencia. Ante esta grave situación se vio la falta de gestión de los gobiernos. Fuimos los mismos vecinos y vecinas, afectados/as directa o indirectamente, quienes nos vimos en la obligación de resolver la emergencia, ante la casi nula acción estatal. En la vuelta a los hogares luego de haber bajado el agua, se pone en evidencia la falta de cloacas y de acceso al agua potable, las napas están contaminadas, y los subsidios son pocos e insuficientes, entre otros graves problemas.

Por lo tanto, exigen entre otras cosas:

“¢ Que se decrete la emergencia sanitaria en todo el distrito de Luján;

“¢ Agua potable envasada para todas las familias afectadas por la contaminación del agua;

“¢ Protección de la salud ante los distintos casos de diarrea y enfermedades ocasionadas por la contaminación del agua;

“¢ Implementar un Sistema de Alerta temprana;

“¢ Organización de un Plan de Contingencia consensuado con el pueblo;

“¢ Realización de estudios integrales que entiendan a la cuenca y el humedal como un sistema ambiental, con la debida participación ciudadana;

“¢ Que se detenga inmediatamente toda obra inmobiliaria y/o productiva que ocupe zona de humedales;

“¢ Eliminación de los canales clandestinos de los campos de producción sojera y demás productivos;

“¢ Restitución de los humedales ocupados por barrios cerrados en el distrito de Luján;

“¢ Control del vuelco de efluentes industriales en cuerpos de agua;

“¢ Control municipal con participación popular de las tierras utilizadas para terraplenes y relleno de humedales y bajos;

“¢ Obras de desagües en cada una de las autopistas y rutas en construcción;

“¢ Detener inmediatamente la obra de deforestación generada desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires;

“¢ Resarcimiento económico inmediato de todas las familias afectadas;

“¢ Red de agua potable y cloacas en todos y cada uno de los barrios y pueblos de Luján.

Caso 6

El 21 de diciembre se cumplirá un año de los incidentes causados por la guardia y propietarios del barrio privado San Benito en Maschwitz, quienes atacaron a vecinos de los alrededores que intentaban circular por áreas usurpadas por las urbanizaciones privadas con el aval de la Intendencia. Los propietarios, además de agredir a los vecinos, les iniciaron causas judiciales por invasión a la propiedad privada, daños y lesiones graves, por el simple hecho de hacer valer el derecho constitucional de circunferencia, o de sirga, de camino público paralelo a un río, un espacio navegable de aguas nacionales.

El responsable de este emprendimiento es Jorge O”™Reilly, el dueño de la empresa EIDICO, responsable de construir los barrios privados del Complejo Villa Nueva con el aval de Sergio Massa. Apunta a apropiarse de la adyacente Punta Querandí. La tasa de privatización urbana más alta la tiene precisamente Tigre, bastión massista, llegando al 40% de la superficie continental, donde los bañados que amortiguaban las crecidas y lluvias están siendo rellenados para construir.

Recordemos que durante la última década del gobierno “nacional y popular” en la provincia y el país la expansión urbana del conurbano se realizó mayormente bajo la forma de urbanizaciones privadas, llegando a sumar un total aproximado de 400 km2. Esto representa el 20% del suelo donde habita menos del 2% de la población del AMBA: 300.000 personas. La legislación a favor del boom de los barrios y ciudades cerradas elevó el precio de las tierras periféricas y potencialmente urbanizables, dejando cada vez más excluidas a las familias trabajadoras que tradicionalmente adquirían lotes por esas zonas, creando ciudades privadas para una élite que usurpa la calidad de vida a quienes no la pueden pagar al precio fijado por la especulación inmobiliaria.

No todas son pálidas

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) elaboró un informe a favor de la protección del territorio público, educativo, arqueológico y sagrado Punta Querandí. El escrito fue dirigido al presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Ariel Franetovich, y al intendente de Tigre, Julio Zamora. “En la medida en que los Pueblos debaten, construyen y reconstruyen su propia historia también forjan la necesidad de espacios públicos, que nos son reclamados y constituyen una reparación para los Pueblos Originarios”, planteó el organismo.

“Desde el INAI nos dirigimos a la Administración de Infraestructura Ferroviaria para solicitar que dé lugar a esta necesidad colectiva, que arbitre los medios para que desafecte de la venta, del terraplén entre la calle Brasil y el arroyo Garín en su desembocadura al Canal Villanueva, que asciende a 130 metros de largo aproximadamente, para un espacio de uso común, con gestión de los vecinos y del Movimiento en Defensa de la Pacha y Pueblos Indígenas que han sabido hasta hoy proteger, de una manera distinta, al patrimonio de todos los argentinos. Para ello, el presente escrito solicita sea reconocido como un Lugar público, educativo, arqueológico y sagrado Punta Querandí”.

El escrito es otro importante paso para la lucha por el reconocimiento del sitio sagrado Punta Querandí. En el 2011, el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas se había posicionado de una manera similar tras ser consultado por el Municipio de Tigre, que también solicitó una opinión al INAI. En concreto, los dos órganos de aplicación de los derechos de los pueblos originarios -a nivel provincial y nacional- se expresaron a favor de la protección del espacio y de las distintas actividades que allí se realizan.

Esto representa un nuevo retroceso para el empresario Jorge O”™Reilly y la desarrolladora inmobiliaria EIDICO, quienes pretenden apropiarse de Punta Querandí. Recordemos que hace sólo casi tres meses, el 28 de septiembre de 2015, el juez de primera instancia Carlos Héctor Alvarez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal 11, rechazó la demanda que la empresa impulsaba desde el año 2010 contra la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). De esa forma, la Justicia Federal avalaba la decisión de ADIF de no escriturar un boleto de compra-venta firmado en abril de 2007 entre el Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE) y Chilespa Sociedad Anónima, quien luego cedió sus derechos a Desarrolladora San Benito (EIDICO).

La desafectación de las tierras de Punta Querandí de la compra-venta del 2007 efectuada por la ONABE-ADIF es uno de los primeros reclamos del Movimiento en Defensa de la Pacha. El Municipio de Tigre se negó a solicitar esta medida. Tampoco quiso declarar el sitio como de interés cultural. Luego de más de media década de lucha, el informe del INAI fortalece la lucha del sitio sagrado de los pueblos originarios.

El organismo nacional se expresó no sólo a favor de Punta Querandí, también habló de la necesidad de conformar una “Red de espacios de la Memoria y de la Identidad de los Pueblos Originarios”, en el marco del Programa de Restitución de Restos Humanos y Reparación Histórica de los Pueblos Originarios de Argentina (Resolución INAI Nº328/2010). En ese sentido, agregó: “Estos espacios de la memoria pretenden constituirse como un espacio histórico, identitario y sagrado para su continua recreación en el presente”.

Reserva Grande (Chaco): entregan títulos de propiedad a comunidades indígenas

Fue el sábado 6 de diciembre. En el acto estuvieron presentes las autoridades del Gobierno provincial, encabezadas por su titular, Jorge Capitanich; la presidenta del Idach, Andrea Charole; además de representantes de las etnias toba, wichí y mocoví de las comunidades aborígenes del Chaco.

La Reserva Grande es un área de 308.000 hectáreas, ubicada en el noroeste provincial, donde conviven comunidades de los pueblos originarios y alrededor de 200 familias criollas. Para la distribución de las tierras se sumaron otras 62 hectáreas de terrenos fiscales, para totalizar las 370 mil hectáreas que se distribuyeron en 100.000 para cada etnia y las restantes 70.000 para la población criolla que habita la reserva.

La presidenta del Idach, Andrea Charole, definió como “un hecho histórico para los pueblos originarios del Chaco” y agregó que también lo es “para el Idach que es un organismo que tiene que velar por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades y hemos logrado concluir el tema de la tierra, una deuda que el Estado mantenía desde hacía demasiado tiempo”.

En el año 2007, el Instituto del Aborigen Chaqueño y los Pueblos Originarios presentaron ante la Justicia un recurso de amparo contra Gobierno de la provincia del Chaco para que se cumpla con la mensura, distribución y entrega de los títulos de propiedad de la Reserva Grande a los pobladores aborígenes y realizar así el acto de reparación histórica que se debía a las comunidades aborígenes.

Convocados por el Idach y con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de Colonización, la Defensoría del Pueblo y la Asesoría General de la Gobernación, entre otros actores, se está cumplimentando con la sentencia.

Para llegar a un acuerdo con todos los actores de la situación, desde el Idach se impulsó una consulta con todos los representantes de los Pueblos Originarios. En cada una de las consultas se contó con traductores, para que la comunidad tenga pleno entendimiento de lo que se explicaba y se debatía.

Sin embargo, el dirigente de la Asociación Mowitob, Antonio Mocovi, dijo que el gobierno provincial se había comprometido en 2012, a través de un decreto, a ceder a esa organización la posesión y administración de las 300.000 hectáreas de la Reserva Grande ubicadas en el noroeste de la provincia. Adelantó que presentarán un recurso ante la Justicia para evitar que se concrete la subdivisión y la entrega de tierras a criollos.

“Ahora nos encontramos con esta nueva propuesta, que nos cae mal. Nosotros rechazamos esta actitud del Estado hacia nuestra organización y sobre todo hacia los pueblos indígenas. Queremos que se frene esta nueva forma de subdividir o fragmentar la propiedad indígena. Cuando se hizo la mensura, el gobierno se encontró que en estas tierras había poblaciones criollas, con 198 familias. Nosotros no hablamos de desalojo, porque somos hermanos y tenemos sentimientos hacia el prójimo, pero esas tierras son nuestras y queremos que el Estado las entregue tal cual lo había planificado. El Estado tiene que relocalizar a las familias criollas”, señaló el dirigente de la organización Mowitob.

Ingresaron 900 familias al predio Abasto (La Plata)

La posibilidad de habitar las tierras del predio de Abasto, que hasta hace unos pocos meses era campo de batalla de inmobiliarias, el poder político y económico de La Plata, que dejaba en la calle a cientos de familias, hoy es una realidad. Con la Ley de expropiación en sus manos, los vecinos y las vecinas vencieron.

Compartimos comunicado.

Tan solo un día resta para que las más de 900 familias puedan ingresar a sus tierras. Mañana ellas sembrarán la piedra fundamental, la de la victoria de un pueblo que se organiza y une por lo que cree, por lo que necesita.

Para eso tuvieron que plantársele a la mafia del negocio inmobiliario, a la estigmatización de los medios hegemónicos de comunicación y a la feroz represión policial.

Nada de esto pudo contra el poder popular. Las familias consiguieron la ley de expropiación.

Después de más de 8 meses de resistencia, de organización a través de delegados por manzanas y teniendo que acampar a la vera del predio surcando el crudo frío del invierno, con incertidumbres y cansancios pasó, todo esto pasó”¦ pero lo que no pasó, ni dejó de pasar fue la convicción, el sueño, la unidad que siendo dura y compleja se mantuvo siempre firme y hoy podemos saborear contentos sus primeros frutos.

Cuestionan nombramiento en la Ciudad de Buenos Aires

Mauricio Macri eligió a Emilio Basavilbaso para desempeñarse como futuro titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La organización Inquilinos Agrupados, ven “con preocupación que el organismo que administra la seguridad social, las prestaciones a los jubilados y financia iniciativas sociales como el PROGRESAR, PROCREAR y la AUH, sea encabezado por Emilio Basavilbaso, el funcionario responsable de la crisis habitacional que sufre nuestra Ciudad”.

Según datos que brinda IA, “la Ciudad de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de inquilinos del país, uno de cada tres habitantes alquila su vivienda, lo que representa unos 900.000 porteños. Ese número crece sostenidamente desde 2001, cuando el porcentaje era de 21%. Paralelamente, las inmobiliarias se manejan con una absoluta impunidad, garantizada desde el Gobierno de la Ciudad”.

“A pesar de que existe una ley que prohíbe una comisión mayor a un mes de alquiler, ninguna inmobiliaria la respeta”, indican. “Esa violación de la normativa, le significa al conjunto de las inmobiliarias porteñas una facturación diaria de un millón de pesos en negro, que salen directamente del bolsillo de los inquilinos. Paradójicamente y para cerrar el círculo, el organismo que debe controlar a las inmobiliarias -CUCICBA-, está compuesto por las mismas inmobiliarias”.

Frente a esta situación “el Instituto de la Vivienda, a través del Banco Ciudad, lanzó un plan ampliamente publicitado: el Alquilar se Puede. En los meses previos a las elecciones a Jefe de Gobierno, se destinaron 80 millones de pesos a la promoción nacional del programa porteño, que ofrecía un crédito para que el inquilino pague los requisitos ilegales de las inmobiliarias y una garantía bancaria que nadie acepta. El resultado del programa, mucho menos publicitado, fue escandaloso: sólo ocho personas fueron “beneficiadas” por el programa dirigido por Emilio Basavilbaso”.

“El Instituto de la Vivienda, es responsable, además, de la tragedia ocurrida en el complejo habitacional de Villa Soldati. A raíz de una baranda que cedió, tres adolescentes cayeron de un sexto piso. Uno de ellos murió y los otros dos quedaron con graves secuelas. El accidente ocurrió en un complejo habitacional que tenía obras por terminar desde 2012, que nunca fueron realizadas por el Instituto que dirigía Basavilbaso, que hasta desoyó dos órdenes judiciales para que las ejecutara”.

Asimismo, indican que “el próximo director ejecutivo de Anses no sólo es responsable por la falta de urbanización de las villas, sino que ha demostrado un profundo desprecio por sus habitantes. Emilio Basavilbaso, cara visible de la política de vivienda de la Ciudad, tuvo una gestión en la cual prefirió las obras de maquillaje a las obras estructurales, priorizó los intereses de las inmobiliarias y las constructoras, impulsó compulsivamente los desalojos y dejó a los sectores más vulnerables de la sociedad indefensos ante la voracidad del mercado”.

Por último, afirman que “los inquilinos formales, los de conventillos, los de hoteles familiares y los de pensiones estamos preocupados por las políticas que puedan surgir desde la nueva gestión de Anses, principalmente por el futuro del plan Pro.Cre.Ar”.

Siguiendo por la CABA, la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires anuló el permiso de obra otorgado a la empresa TGLT S.A, para construir tres torres de 21, 25 y 30 pisos respectivamente, en el barrio de Caballito.

Por último, el jueves el movimiento “V de Vivienda” realizó una manifestación artística en el Obelisco. Frente a la negación del derecho a la vivienda digna, se preguntaron: ¿por qué conformarnos con las falsas soluciones que nos ofrecen? ¿Por qué acostumbrarnos a vivir en una Ciudad donde la vivienda es un negocio y no un derecho? Por el contrario, los movimientos sociales no queremos conformarnos ni acostumbrarnos. ¡Queremos que se garanticen nuestros derechos, queremos vivienda digna, queremos Ciudad para todxs!

Fuentes: Clarín, FOB-Regional Chaco, Enredando las mañanas, Red Eco Alternativo, El Zumbido de Neuquén, La Izquierda Diario, ADN, movimientoendefensadelapacha@gmail.com, www.chacodiapordia.com, Anred, APU, Observatorio del Derecho a la Ciudad.



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