22/12/2015

Panorama Sindical

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Mientras se gobierna por decreto con el pretexto del receso parlamentario, el tratamiento del impuesto al salario espera la inauguración de las sesiones legislativas en marzo. Al mismo tiempo, el gobierno se opone a la concesión de un refuerzo salarial y previsional de fin de año, así como en las asignaciones por hijo. El propósito del “˜sinceramiento de las variables”™ es proceder a una confiscación del valor de la fuerza de trabajo. En Argentina hay una fuerte puja distributiva. Y hay un plan revalidado en las urnas para recomponer la tasa de ganancia de sectores empresarios atados al dólar, al comercio exterior y al mundo financiero. Dólar alto, eliminación de derechos de exportación, pago a los fondos buitre, retorno al mercado de créditos de bancos y fondos de inversión son los instrumentos que ofreció usar el gobierno electo. Por Mario Hernandez


“No espero que de un árbol de mandarinas salga una frutilla” (Daniel Yofra de la Federación Aceitera)

Las tres CGT avanzaron el viernes en el proceso de reunificación sindical y el primer resultado de esa señal fue una dura advertencia a Mauricio Macri: durante un plenario conjunto realizado en la sede de Azopardo 802, le exigieron el pago urgente de una compensación en los salarios, jubilaciones y subsidios para evitar el deterioro causado por la devaluación.
Sin embargo, el encuentro que contó con la presencia de 140 organizaciones gremiales (sólo faltaron los ultrakirchneristas como Antonio Caló) no resolvió ninguna medida de fuerza, a pesar que el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, tomó distancia del reclamo al señalar que es una discusión que corresponde “a cada sector” y no al Poder Ejecutivo, aunque aclaró que “si hay acuerdo entre las partes” el Gobierno lo homologará.
El plenario de secretarios generales aprobó un documento en el que también defendieron el modelo sindical vigente, se pronunciaron a favor de paritarias libres, de asegurar el financiamiento de las obras sociales y por la convocatoria del Consejo Nacional del Empleo. En su transcurso fue muy evidente que, pese a que todos los concurrentes ratificaron su compromiso de unirse, hay dos posturas entre los sindicalistas: algunos, como Hugo Moyano y Gerónimo “Momo” Venegas, se mostraron comprensivos y tolerantes ante un gobierno que lleva apenas una semana en el poder, pero otros, como el “Gordo” Carlos West Ocampo y el independiente Rodolfo Daer embistieron contra Macri.
También la influyente Confederación de Trabajadores del Transporte envió una advertencia al Gobierno. “Habrá que estar atentos a la evolución de los precios sobre el costo de vida. Históricamente las devaluaciones han golpeado el bolsillo de los trabajadores”, expresó en un documento. Y continuó: “Queremos que el mismo tratamiento dado a los sectores agroexportadores e industriales se realice con los sindicatos”.
Completando el cuadro de reclamos, Luis Barrionuevo de Gastronómicos advirtió que pedirá un aumento de 50% en las próximas paritarias. También fue categórico en su repudio a las medidas económicas Hugo Yasky de la CTA-T y anticipó que las paritarias tendrán un piso del 40 %. Hugo Moyano fue más moderado y habló del 28%, pero también se quejó de la disparada del dólar.
Fuentes de La Bancaria recordaron que el acuerdo paritario vigente vence el 31 de diciembre próximo. “Ya pedimos al Ministerio de Trabajo que convoque a las partes, pero todavía no hay ningún llamado oficial”, explicaron.
Para “determinar el incremento salarial” de 2016, los bancarios reclaman tener en cuenta el “severo deterioro existente generado por la inflación” y la “incidencia negativa y regresiva” del Impuesto a las Ganancias.
“En octubre la inflación era una cosa, digamos un 22%. Pero desde que hablaron de que iban a devaluar aumentó todo. Con un peso a $ 14,50 como calcula se va a 36% o 40%”, estimaron.
Antes de la partida de Axel Kicillof del Ministerio de Economía, los del Nación consiguieron una gratificación extraordinaria por cierre de ejercicio no remunerativa de $ 9.900. Eso no corre para otras entidades públicas o privadas a pesar que muchos empleados recibieron comentarios de autoridades sobre un plus por única vez de $ 10.000. La gran incógnita es cómo impactará la devaluación en la mesa de negociación salarial. “No vamos a permitir que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, de eso estamos seguros”, sentenciaron.
A contramano de los pronunciamientos de la burocracia sindical, el viernes la izquierda salió a las calles, en un nuevo aniversario de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 y para el próximo martes organizaciones sindicales, sociales y políticas convocan a una movilización cuyo eje central es la exigencia de un bono de fin de año, pero que además denuncia el ajuste en curso.


La izquierda marchó a 14 años del 19 y 20 de diciembre de 2001

El viernes se realizó la marcha convocada por organizaciones de izquierda a 14 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre cuya denuncia principal fue contra el ajuste que está implementando el gobierno macrista contra los trabajadores.
La cita fue a las 16:00 en el Congreso para marchar hasta la Plaza de Mayo. Participaron el PTS, PO, Izquierda Socialista, la CCC, Nuevo MAS, MST, el Frente Popular Darío Santillán, entre otras.
El documento leído en la plaza afirmaba que “al cumplirse 14 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, venimos a decir a esta Plaza, centro del poder político del país que las razones esenciales que llevaron a esta rebelión siguen vigentes. Venimos a denunciar que los responsables de los asesinatos de los 39 compañeros caídos durante las jornadas de lucha siguen impunes. Exigimos castigo a De la Rúa y a todos los responsables políticos y materiales (“¦)”
Los trabajadores de Cresta Roja fueron parte de la cabecera de la marcha, llevando su reclamo contra el intento de cierre por parte de la patronal, una de esas empresas que se la “llevaron en pala” durante la década ganada.
El documento leído también afirmaba que “desde esta tribuna llamamos a todas las organizaciones obreras y populares a desarrollar la más amplia unidad de acción para enfrentar el ajuste en curso y las políticas de entrega del gobierno de Macri”.
Las consignas de la convocatoria fueron:
Bono de emergencia de fin de año. Salario, jubilaciones y planes sociales al costo de la casta familiar.
Basta de despidos y suspensiones.
No a la criminalización de la protesta.
Absolución de los docentes y camioneros de Tierra del Fuego.
Cierre de las causas y anulación de las condenas.
Derogación de las leyes antiterroristas.
No al pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa.
Que la crisis la paguen los monopolios, los terratenientes y las multinacionales y no los trabajadores y el pueblo.


Organizaciones sindicales, sociales y políticas marcharán el martes contra el ajuste

La tarde del jueves, la sede de la CTA, en la calle Lima, fue el lugar elegido por diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas para convocar a una movilización cuyo eje central es la exigencia de un bono de fin de año, pero que además denuncia el ajuste en curso.
La conferencia de prensa llamó a movilizarse a Plaza de Mayo el próximo martes 22 desde las 17:00. La convocatoria partirá desde la esquina de Belgrano y 9 de Julio. Los convocantes hicieron además una fuerte denuncia de la política que está llevando adelante el gobierno.
La conferencia resolvió enviar una carta a Mauricio Macri para exigir que “se arbitren los medios necesarios a los fines que se abone un Bono extraordinario antes de fin de año a los trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales y AUH con carácter urgente y reparador”.
La carta denuncia asimismo las medidas que viene tomando el gobierno a favor de las grandes patronales. Las organizaciones presentes reafirmaron que, más allá de si Macri responde o no, el martes habrá movilización.
Las organizaciones convocantes y participantes de la conferencia de prensa fueron: CTA Autónoma, Federación de Trabajadores Aceiteros, Sindicatos de Choferes de Camiones (CGT), CTEP, Movimiento Teresa Vive, AJB, Barrios de Pie, CONADU Histórica, AGD-UBA, Juntas Internas ATE-CTA Autónoma Capital, Trabajadores de ADeMyS, Partido de Trabajadores por el Socialismo, Polo Obrero, Coordinadora Sindical Clasista, Federación Judicial Argentina, FPDS, FPDS (CN), Izquierda Socialista, Ferroviarios Línea Sarmiento, AGTCAP, entre otras.
El lunes 14, un conjunto de organizaciones obreras, sociales y políticas se manifestaron contra el Pacto Social que impulsa la Unión Industrial Argentina (UIA), bajo el nombre de acuerdo económico y social. “Quieren imponer un Pacto Social que es un ajuste recargado”, denunciaron. Con este objetivo, la UIA reprogramó su reunión anual para después de la asunción presidencial, e invitó a dictar una ponencia al director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el inglés Guy Ryder, un especialista en negociaciones tripartitas formado en el laboratorio neoliberal que fue la Gran Bretaña thatcherista.
En este sentido, Norberto Señor, de la Corriente Política Sindical Rompiendo Cadenas, una de las impulsoras de la protesta junto con obreros ferroviarios de Haedo, aceiteros de Capital, estatales de Lomas de Zamora y Almirante Brown, docentes de ADEMYS y AGD”“UBA, cooperativistas de AGTCAP y las Comisiones Internas de Pilkington y Felfort, entre otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, consideró que “cuando ellos hablan de un Pacto Social, supuestamente para contener precios, y salarios, de lo que verdaderamente están hablando, es que mientras ya han remarcado los precios en un 20%, un 30%, mientras se preparan para volver a remarcarlos en una devaluación que nos van a tirar por la cabeza, es evidente que el Pacto que quieren es que las burocracias sindicales les garanticen que no haya medidas de lucha. Que no haya exigencia acorde a esa estampida de precios. Que en suma, se garantice la sagrada productividad de la que hablan, que es una gigantesca explotación, por la cual los trabajadores les transferimos inmensas riquezas a esos grupos concentrados”.

Techint dio marcha atrás y reincorporó a los 190 despedidos

La siderúrgica Tenaris Siderca anuló la decisión y anunció que no tomará medidas contra el personal durante los próximos seis meses. El dirigente sindical Antonio Caló señaló que la empresa “reconoció que no era necesario despedir”.
La anulación de las cesantías se alcanzó tras un acuerdo alcanzado en una negociación entre el gremio y la empresa en el Ministerio de Trabajo.
Los despidos se habían concretado en el escenario previo a una negociación entre el sindicato y la empresa para arreglar la continuidad de un esquema de suspensiones.
El gremio y la empresa habían firmado en abril un acta de suspensión para el total del personal de la fábrica de 2.800 trabajadores, reconociéndole un pago del 85% del salario, luego reducido al 80%.
En octubre, la situación se prolongó por dos meses, hasta que venció el sábado 12 de diciembre cuando, a dos días de la asunción del nuevo gobierno había anunciado su decisión de despedir a 189 empleados.
Sin embargo, el acta firmada contempla que los trabajadores, para ser reincorporados, tienen que firmar el consentimiento de trasladarse a un sector especial de “servicios generales” con la consecuente pérdida de adicionales, lo que rebajaría el salario al 60%. Al llegar a la fábrica recibieron un chantaje brutal: o aceptan la flexibilidad laboral o siguen despedidos. Luego de ingresar a la planta y ser obligados a la firma del acta, se les informó además que quedan suspendidos hasta el 9 de enero. Así se genera una inestabilidad y vulnerabilidad mucho mayor sobre estos compañeros que sufrirán las mayores presiones para aceptar retiros “voluntarios” o suspensiones más prolongadas.
El acuerdo de Techint y la UOM hecho en el Ministerio de Triaca, cuyo Secretario de Empleo, Miguel Punte, es un hombre del riñón de Techint, ex gerente de RR. HH. del grupo, también contempla nuevas suspensiones rotativas para todo el personal cobrando al 80% los días suspendidos y el compromiso de no despedir “por condiciones de carga de planta” durante el período de 6 meses.
Por si esto fuera poco, la empresa va a despedir a unos 200 obreros que trabajan suspendidos de manera rotativa para la contratista COMAU, cuyo contrato finaliza a fin de este mes y algunas de las tareas que ellos realizaban estaban siendo cubiertas por trabajadores de planta. Ahora las harían los “reincorporados” bajo la legalidad del acta que los obligaron a firmar. Al mismo tiempo, se abre una “mesa de diálogo” para discutir las condiciones de trabajo en los sectores que quedarán con menos trabajadores. La empresa ya anticipó que quiere que los que quedan, hagan el mismo trabajo que hacían antes de los traslados. Un negocio redondo para la patronal: se ahorra todo lo que gastaba en una contratista dejando 200 en la calle, cubre ese trabajo con los 189 “reinstalados” y quiere obligar a los demás a hacer el mismo trabajo con menos obreros.
Este ataque es la continuación de lo que sucedió durante todo el 2015 donde se despidieron a 200 contratados, a 700 obreros de contratistas, 900 empleados fueron obligados al retiro voluntario y se firmaron 3 actas de suspensiones con rebaja salarial para todo el personal.
Esto había generado una fuerte resistencia que tuvo su expresión en medidas de trabajo a reglamento. El malestar se había visto reflejado también en la elección de delegados donde en varios sectores se votaron compañeros independientes a la UOM de Furlán y a La Beltrán.
Los despidos generaron la reacción autoorganizada de cientos de trabajadores que con familiares y vecinos se movilizaron por las calles de Campana en una demostración de la voluntad de lucha de las bases.
La entregada de la UOM fue repudiada por los despedidos en el Congreso de la UOM local adonde fueron casi 100 trabajadores e increparon a los dirigentes que solo atinaron a decir que “el que no quiere firmar ese acta, puede cobrar doble indemnización e irse”.
Rocca ya suma con este gobierno una quita de las retenciones a la exportación de productos industriales del 5% y los propios beneficios de la devaluación que harán aumentar sus ingresos. Se ve que quiere más aún, aunque queden cientos de familias en la calle y aumente la flexibilización. El mismo viernes se lo pudo ver por los medios televisivos al CEO de Techint, Paolo Rocca junto a María Eugenia Vidal en una conferencia “ProPymes” y en el anuncio de la construcción de dos estaciones en la línea H del Subte junto a Larreta y el mismo Macri.
Los trabajadores se volverán a concentrar en los cambios de turno. Su intención es mantenerse organizados y seguir la pelea para volver a sus puestos de trabajo. Guillermo Bentancourt, delegado expulsado por la UOM dijo: “Todos los que acompañamos en estas horas de intensa lucha seguiremos allí para continuar la pelea. Denunciamos el acuerdo de Techint con la UOM y Vidal e impugnamos la validez del acta que obligaron a firmar a los trabajadores, por ser producto de un chantaje evidente y exigimos que se reincorpore a todos los trabajadores de las contratistas y su pase a planta permanente, la vuelta a sus puestos de todos los “reinstalados” y el respeto de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de Siderca”.


Vidal dio un ultimátum a los dueños de Cresta Roja y criticó a sus trabajadores

“Paguen la deuda o vendan la empresa”, dijo la gobernadora en una conferencia en la que se refirió a los conflictos laborales más fuertes de los últimos meses.
María Eugenia Vidal compareció en una conferencia de prensa para informar que los 189 operarios despedidos por el grupo Techint serán reincorporados en sus puestos y que los trabajadores de Cresta Roja recibirán el apoyo del Gobierno provincial y nacional en su reclamo.
Tras reunirse con el presidente Mauricio Macri, la gobernadora brindó una conferencia de prensa junto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que aseguró que la Nación y la Provincia trabajarán “en el cuidado de los puestos” de los operarios de Rasic Hermanos, que vende los pollos “Cresta Roja”, pero criticó el corte que los trabajadores realizaron en la autopista Riccheri, en al acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza.
“El conflicto, para nosotros, no debe ser expresado cortando el acceso a Ezeiza. Hay un marco de diálogo con los representantes gremiales y no es necesario sostener este corte”, puntualizó.
El viernes 11, el “flamante” ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recibió a los delegados de Cresta Roja y a representantes del Sindicato de la Alimentación de zona sur como primer medida al frente del Ministerio.
El ministro confirmó a los delegados presentes que el gobierno no piensa destinar un peso para cubrir los salarios adeudados de los trabajadores y que sólo otorgarán las REPRO que ya habían sido designadas por el gobierno de CFK. A la par de que Macri le acaba de otorgar millones a los sojeros, a los trabajadores de Cresta Roja los quiere arreglar con 4 mil pesos para vivir todo el mes de diciembre, con fiestas de fin de año incluidas, y sin ninguna perspectiva para los meses venideros.
El lunes pasado, los trabajadores de faena se movilizaron al municipio de Esteban Echeverría y al municipio de Monte los trabajadores de las granjas. Fueron tras la promesa de que el pago de las quincenas saldría de las cajas municipales. Se llevaron una promesa flaca del municipio de Ezeiza y en Monte ni siquiera los atendieron.
Al respecto, el martes se desarrolló una Audiencia Pública en el Congreso Nacional con la participación de más de 100 trabajadores de Cresta Roja, convocada por los Diputados del Partido Obrero Soledad Sosa, Pablo López y Néstor Pitrola que integran el bloque del FIT. Además, se hicieron presentes los Diputados Pablo Tonelli del PRO y Myriam Bregman del PTS. Se presentó un Proyecto de Resolución que acompañan Pitrola, Sosa, López, Bregman, Facundo Moyano y Alcira Argumedo, en el que se propone la intervención URGENTE del Poder Ejecutivo garantizando la continuidad de la fuente de trabajo.
Continuando con Vidal, presentó su repertorio de medidas para arrancar la gestión: luego de convertir el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en Secretaría, se ordenó desde la entidad la reubicación arbitraria de cincuenta trabajadores y el despido de los ingresantes en el último año, a pesar de haber sido incorporados por acuerdo de paritarias.
La directiva se conoció hace unos días y el martes se intentó plantear el conflicto entre la Junta gremial y delegados de UPCN en la sede del Instituto en la ciudad de La Plata, pero un grupo de patovicas les impidió el ingreso de manera hostil. Luego de una jornada cargada de tensión, se resolvió realizar una nueva reunión al día siguiente para esclarecer la situación de los trabajadores de planta permanente que se pretenden trasladar.
Ante la reunión mantenida por la Gobernadora María Eugenia Vidal con los sindicatos docentes provinciales, calificada por ambas partes como altamente positivo, pese a no haber tenido definiciones más allá del compromiso anunciado del pago de sueldo y aguinaldo, los Consejos Ejecutivos de las Seccionales Multicolor del Suteba (La Plata, La Matanza, Bahía Blanca, Quilmes, Tigre, Berazategui, Escobar, Ensenada y Marcos Paz) convocaron a conferencia de prensa el lunes 21 a fin de manifestar públicamente, entre otras reivindicaciones:
Ratificamos nuestro reclamo de salario igual a la canasta familiar, aumento del básico y eliminación de las sumas en negro.
Ante el aumento que han sufrido los productos de primera necesidad, planteamos la indexación mensual del salario de acuerdo al costo de vida.
Reclamamos un bono de emergencia de fin de año de $ 5000, o el pago de doble aguinaldo a fin de compensar la pérdida del poder adquisitivo sufrida en el último período por la carestía.
Reclamamos al Suteba provincial la realización de asambleas y plenario de delegados provincial para fijar el pliego de reclamos y plan de lucha para conquistarlo.
Rechazamos cualquier intento de limitar los reclamos de la docencia y los trabajadores en general por intermedio de un Pacto Social. Exigimos paritarias libres, sin techo, y con paritarios electos en asamblea.

El gobierno pretende imponer un “protocolo de protesta social”

Las protestas y los cortes que los trabajadores de Cresta Roja y Siderca realizaron el viernes sacaron a la luz la agenda macrista para “la protesta social”. El gobierno aprovechó esas medidas de fuerza y lanzó advertencias para quienes en el futuro salgan a protestar.
El día anterior el Consejo de Seguridad Interior, con la ministra Patricia Bullrich a la cabeza, había pedido al presidente Macri que decrete la “Emergencia en Seguridad” en todo el país.
En línea con esta política, en la tarde del viernes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que desde el Gobierno se está trabajando junto a la Justicia en un “protocolo de protesta social” para que los reclamos en la vía pública sean “previsibles” y se permita “la libre circulación” de autos, camiones y colectivos.
El macrismo intentará aplicar a nivel nacional lo que fue una constante en la Ciudad de Buenos Aires. La represión conjunta entre la Metropolitana y fuerzas federales en el Parque Indoamericano, en el año 2010, que dejó un saldo de tres muertos; en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda, en 2013 la policía de Macri reprimió brutalmente a pacientes, médicos y enfermeros; el año pasado en el barrio Papa Francisco, a fuerza de topadoras y disparos, la misma policía desalojó a los habitantes que buscaban un lugar para vivir.
La lista enorme de acciones represivas a manos del macrismo incluye el desalojo y represión con balas de plomo en la Sala Alberdi, la represión en el Parque Centenario, pasando por el accionar de la disuelta UCEP que se encargaba de “limpiar” de personas en situación de calle las veredas de la Ciudad. Y el jueves pasado, la militarización de la estación Lacroze de subterráneos, ante la interrupción del servicio de la Línea B que realizaron los trabajadores tercerizados para reclamar frente a casi 30 despidos.
La propuesta de un “protocolo de protestas sociales” no es nueva, vale recordar que el 1° de marzo de 2014, en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, Cristina Fernández había dicho que se debían limitar las protestas sociales y terminar con los cortes de rutas y calles. Fue entonces cuando un eufórico bloque del PRO en plena Asamblea Legislativa aplaudió a la ex presidenta al ver que compartían la agenda contra los trabajadores.
Poco después, en abril de 2014, diputados kirchneristas encabezados por Diana Conti y Carlos Kunkel impulsaron un proyecto de ley para “regular la protesta social”.
En aquel momento, Sergio Berni saludó la intención pero insistió con que no era necesario ya que con el Código Penal alcanzaba.
Los trabajadores de Ademys repudiaron la presencia policial en la sede del sindicato durante la asamblea que se llevó a cabo el viernes 11. Cuando el oficial de la Policía Federal fue consultado por su presencia, les informó que había sido “mandado” por la asamblea donde se iba a discutir la nueva situación política y las medidas a seguir en la lucha en defensa de la educación pública.

Quita de subsidios a las tarifas

A menos de una semana de haber asumido como ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció la emergencia energética, la quita de los subsidios y la modificación del cuadro tarifario vigente.
Según el ministro van a “enfocar los subsidios en esos segmentos de la población que realmente lo necesitan”. El reajuste tarifario comenzará por el área metropolitana y el conurbano bonaerense. El ex-CEO de Shell aseguró que los hogares de menores recursos van a tener un block de consumo de 150 kilowatts por mes gratuito.
A su vez, a pesar de no haber realizado los anuncios, los entes reguladores de Córdoba, Santa Fe y Mendoza decidieron realizar incrementos de hasta 40 % para este verano.

La burocracia sindical recibió su regalito navideño

Mauricio Macri le dio al sindicalismo el control de los fondos de las obras sociales. El jueves se publicó en el Boletín Oficial la designación del médico Luis Scervino como presidente de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Se trata de un sanitarista que se desempeña como director médico de la obra social de los trabajadores de Obras Sanitarias e integra el comité de expertos que asesoran a la CGT Balcarce sobre temas de seguridad social.
Esta designación fue negociada con el macrismo por José Luis Lingeri, líder del sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires y ex titular de otro organismo que manejaba la plata de las obras sociales (ANSSAL) en el gobierno de Carlos Menem, pero el nombramiento de Scervino fue avalado también por Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo.
El desembarco sindical en la Superintendencia es interpretado como un intento de Macri de garantizar la paz social en su gestión. Scervino tendrá en sus manos negociar cómo se devolverán a las obras sociales los 40.000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución, destinado a financiar los tratamientos médicos de alta complejidad, que el gobierno de Cristina Kirchner mantuvo inmovilizado.
También deberá tratar de que Macri acepte el pedido gremial de que se limite la libre elección de las obras sociales para evitar que los aportes de los trabajadores de altos ingresos terminen en las prepagas y así desfinancien el sistema solidario de salud.

Ate Capital demandó la inconstitucionalidad y recusación de Rosetti y Rosenkrantz

El pasado 10 de septiembre de 2015 la Corte Suprema realizó una audiencia pública a los fines de debatir sobre la titularidad del derecho de Huelga, en el marco de la causa “Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la República Argentina SA s/ Juicio Sumarísimo”, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado, que logró su reincorporación en el Correo.
En dicha audiencia, tanto el actor como la organización sindical defendieron la titularidad del derecho de huelga de los trabajadores tal como lo dispone el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
En virtud del dictado del Dto. 83/2015 donde se designan a los Dres. Rosetti y Rosenkrantz, la Asociación de Trabajadores del Estado-Seccional Capital, demandó su inconstitucionalidad y la recusación de los jueces por estar vinculados a la UIA en su pasado y, por tanto, haber un temor de parcialidad y prejuzgamiento.

Paros en los ingenios tucumanos

El martes los trabajadores de los ingenios Aguilares y Santa Bárbara de la provincia de Tucumán realizaron distintas medidas de fuerza en reclamo de los salarios adeudados.
Por su parte Roberto Palina, en su triple carácter de Secretario General de FOTIA, empresario azucarero y Secretario de Trabajo de la Provincia declaró en un programa radial: “Son cinco los ingenios en la provincia que hasta el momento están en conflicto”.


Fuentes:
La Nación, Equipo de Comunicación de la CTA, Página/12, iProfesional, Resumen Latinoamericano, Zárate Alerta, Infogremiales, Diario Contexto (La Plata), Clarín, Anred, Red Eco Alternativo, Indymedia Trabajadores, La Capital (Rosario) y Ambito.com



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