17/12/2015

Decreto 13: Un retroceso más

tapa-2601.jpg
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sufrió su primer revés macrista. Al incumplimiento de la ley por parte del kirchnerismo se le suma el decreto 13 que limita las atribuciones de la AFSCA y AFTIC (1) y las subsume a un nuevo Ministerio de Comunicación. Otra estocada a la ley que nació para ampliar la pluralidad de voces y su uso político terminó dejando de lado este principio. Red Eco Alternativo.


(Ramiro Parodi-Red Eco) Argentina. La firma del decreto 13/2015 por parte del nuevo presidente Mauricio Macri “desjerarquiza” a ambos organismos, rompe su vínculo directo con el Poder Ejecutivo y les pone un “nuevo jefe”: Oscar Aguad. El miembro del partido radical señaló en Cadena 3 que “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños”. Este “trataremos de ayudarle” es una pésima (y muy previsible) noticia para los medios comunitarios a quienes, por ley se les reserva un 33% del espectro radial y audiovisual, cuestión que no fue atendida ni por el gobierno que promulgó la ley ni por el que la quiere desestimar.

La medida que el presidente Mauricio Macri lanzó busca limitar los poderes de la AFSCA y AFTIC, las cuales están conformadas por cuadros kirchneristas y cuyo principal referente es Martin Sabattella, quien tiene mandato hasta 2017. Una improvisada conclusión podría indicar que la independencia de la AFSCA no se hubiera tocado si, a su cargo, estuviera un funcionario macrista. Otra diría que Macri, a menos de 10 días de asumir, ya le está devolviendo los favores al circuito periodístico que le brindó blindaje mediático a lo largo de su campaña.

Cuando a lo largo de los años se les consultó a especialistas como Martín Becerra y Santiago Marino si existían dos leyes, una teórica, donde el texto podría favorecer la pluralidad de voces, y otra práctica, donde parecería que la disputa Kirchnerismo/Clarín se llevó por delante al papel, ellos contestaban enfáticamente que no, que la distinción era pertinente a fines analíticos pero que había una sola ley.

Y es cierto, la ley, siempre perfectible, es un marco consensuado no solo por actores políticos sino también por los aportes que hizo la Coalición por una Radiodifusión Democrática, espacio de más de 300 organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales y de pequeñas y medianas empresas. La Coalición, tras meses de trabajo en conjunto, propuso una lista de 21 puntos básicos que, según su criterio, debía tener una nueva ley de radiodifusión que reemplazara a la sancionada por la última dictadura militar y varias veces empeorada por los gobiernos democráticos que la sucedieron (2). Este proceso impregna, en principio, su letra de un carácter democrático. Dicho marco fue lo que a partir del decreto 13 se desvirtuó. Sin embargo, esto no es una novedad, la ley ya se había visto trastocada durante la gestión kirchnerista por, entre otras decisiones, la sanción de la Ley de Telecomunicaciones que habilita a las telefónicas a que presten servicios audiovisuales.

También es cierto que la AFSCA jamás fue un ente plenamente autárquico, siempre estuvo a merced de la coyuntura política y de los enfrentamientos que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo con los medios hegemónicos. Esto decantó en la consolidación de los medios tradicionalmente hegemónicos y el desarrollo de medios kirchneristas a través del reparto desigual de la pauta oficial. Por lo tanto, hoy vemos que Sabbatella llama a defender algo de lo que nunca pudimos gozar y por lo cual tampoco hizo mucho por concretar: la pluralidad de voces.

En este sentido es sumamente pertinente la lectura que realiza Lucas Molinari, de Punto de Partida / Radio Gráfica, al señalar que “soberanía es diversificar el mapa de medios. El gobierno de Cristina Fernández no lo logró. Sabbatella fue un funcionario que no impulsó a los medios populares. Si bien aplicó el “Fomento”, subsidios para infraestructura y contenidos, no avanzó con las licencias. La gestión saliente prefirió armarse de “empresarios amigos”, muchos con prontuario que hasta se convirtieron en candidatos. Una política de comunicación que no aportó en la necesaria batalla de ideas en un año electoral.”

A esta altura es pertinente recordar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2013. Ante esto se impone la pregunta acerca de “¿cuál es la ´necesidad´ y la ´urgencia´ que fomentaron dicho decreto?”. A su vez cabe repasar que uno de los argumentos más fuertes de la Corte para fundamentar su decisión fue, precisamente, esa relativa autonomía de la AFSCA respecto al gobierno de turno. Autonomía que, como señala Becerra, fue reemplazada por las competencias de “supervisión” y de “funciones de contralor” del Ministerio de Comunicaciones.

Mientras tanto el plan técnico (estrictamente necesario para otorgar licencias radiofónicas) sigue esperando (se debía realizar 180 días después de la aprobación de la ley), así como los concursos para los medios privados sin fines de lucro y una verdadera autarquía de AFSCA y AFTIC. Lo que sin lugar a dudas ocurrió, a través del decreto 13, es un retroceso en torno a las discusiones sobre la nunca plenamente aplicada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Notas:

(1) AFSCA: Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, autoridad de aplicación de la Ley SCA. AFTIC: Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Ley 27.078 “Argentina Digital”.

(2) Lamentablemente dos puntos importantes de los 21 quedaron fuera de la nueva ley:
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales. (esta composición no la tiene la AFSCA sino el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual)



0 comentarios

1000/1000
Los comentarios publicados y las posibles consecuencias derivadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Está prohibido la publicación de comentarios discriminatorios, difamatorios, calumniosos, injuriosos o amenazantes. Está prohibida la publicación de datos personales o de contacto propios o de terceros, con o sin autorización. Está prohibida la utilización de los comentarios con fines de promoción comercial o la realización de cualquier acto lucrativo a través de los mismos. Sin perjuicio de lo indicado ANRed se reserva el derecho a publicar o remover los comentarios más allá de lo establecido por estas condiciones sin que se pueda considerar un aval de lo publicado o un acto de censura. Enviar un comentario implica la aceptación de estas condiciones.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


Ir arriba